Ma. Esther Sanchez de Villeda
Expediente 968/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. Esther Sanchez de Villeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 435/2022. Destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por ser innecesarias. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la Superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 435/2022. Ahora bien, en relación a su requerimiento, remítanse de inmediato la totalidad de las constancias del auto recurrido. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la quejosa Ma. Esther Sánchez de Villeda, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la Superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Ma. Esther Sánchez de Villeda, con seis copias y un anexo que acompaña, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos. No obstante lo anterior, en el caso, se advierte que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: En septiembre de dos mil trece, se tramitó el juicio ordinario civil por nulidad de contrato de compraventa, registrado bajo el expediente 472/2013, en contra de la quejosa. Posteriormente, refiere que objetó unas documentales de la parte actora y unas periciales en grafoscopía y la contraria parte objetó unas documentales, recayendo el diez de marzo de dos mil veinte un auto donde la autoridad responsable desechó sus objeciones y admitió las objeciones de la parte actora. Luego, la quejosa recurrió el aludido auto en revocación, siendo resuelto dicho recurso el veintiuno de junio de dos mil veintidós, motivo del acto recamado. Esto es, el acto reclamado se hace consistir en el desechamiento y admisión de las referidas pruebas. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por estos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, como se ha visto, el acto reclamado se hace consistir en la determinación emitida por el Juez Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, por medio de la cual admitió y desechó las pruebas ofertadas dentro del expediente 472/2013 de su índice. Por tanto, se estima que la determinación reclamada no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte promovente, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que inciden en la correcta o incorrecta admisión, desechamiento y/o desahogo de pruebas dentro del aludido asunto. Cierto, pues la repercusión del acto impugnado, únicamente implica que el procedimiento natural continúe por sus etapas hasta llegar al dictado de la sentencia definitiva, en donde se apreciará la forma y grado en que se valoró el citado medio de prueba aportado por la tercero interesada; cuestión que, contrario a lo manifestado por la impetrante del amparo, evidentemente no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. En efecto, puesto que la consecuencia generada por el acto reclamado, en última instancia, se insiste, atañe a la correcta o incorrecta admisión, desechamiento y/o desahogo de pruebas dentro del juicio natural; empero, no lo da por concluido, ni priva a la parte promovente de los bienes y derechos que se controvierten en el expediente en lo principal, pues ello será propio del análisis del fondo de dicho asunto, ya sea condenando o absolviendo a la allá parte demandada. Así, en todo caso, los vicios que pudieran haber acontecido con la emisión del acto reclamado, pueden derivar de una violación a las leyes que norman el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo; porción normativa que en lo conducente señala: 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; En consecuencia, la determinación reclamada implica que el gobernado continúe con el procedimiento respectivo, de modo que, en caso de afectar las defensas de la impetrante del amparo, será hasta que se dicte la resolución correspondiente, cuando se verá si tal actuar trasciende o no al resultado del fallo; por lo que, por el momento, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino que éstas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables si la parte afectada obtiene fallo favorable. Asimismo, se cita al respecto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, de abril de 1994, Octava Época, con registro digital 205484, que dispone: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto. En esa tesitura, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ma. Esther Sánchez de Villeda, contra actos del Juez Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en la ciudad de Rioverde, San Luis Potosí y otra autoridad. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese personalmente.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Ma. Eric Rico de Alfaro801/2018
- Ma. Erica Arellano Salas277/2020
- Ma. Ernestina Magaña Gutierrez707/2022
- Ma. Ernestina Martinez Lopez548/2020
- Ma. Estela Juarez Vega536/2021
- Ma. Esther Andrade Martínez603/2021
- Ma. Esther Sanchez de Villeda477/2020
- Ma. Esther Sanchez Moreno1107/2019
- Ma. Esther Sanchez Moreno1253/2019
- Ma. Esther Sanchez Moreno1265/2019
- Ma. Esther Sanchez Moreno1266/2019
- Ma. Eugenia Gutierrez Alviso564/2019