Ma. Esther Cruz Hernández

Expediente 736/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
736/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Ma. Esther Cruz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...II

  2. Principal

    ...se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******, en contra de los actos y autoridades precisadas en la consideración segunda de este fallo, por los motivos y fundamentos explicados en el último apartado...II

  3. Principal

    ...Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el apoderado legal de la Delegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual da contestación a la vista efectuada del dictamen emitido por el perito médico oficial de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales, Delegación Querétaro, de la Procuraduría General de la República, y al efecto, realiza diversas manifestaciones. Asimismo, informa las gestiones realizadas para seguir con el tratamiento y diagnóstico de la aquí quejosa, entre ellas, la programación para la valoración de cierre o permanencia de colostomía, el cinco de julio de dos mil dieciocho, para lo cual se solicitó el ingreso con veinticuatro horas de anticipación, sin embargo, dicha quejosa fue omisa en presentarse ante el centro médico correspondiente, por lo que se toma nota de las cuestiones referidas, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Finalmente, con apoyo el artículo 9° de la Ley anteriormente referida, téngase a dicha autoridad responsable, designando como delegados de su parte a las diversas personas que indica en su respectivo oficio; asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que invoca...II

  4. Principal

    ...Visto el oficio de cuenta signado por la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales en el Estado de Querétaro, atenta a su contenido, agréguese únicamente a los autos para que obre como constancia, lo anterior, en virtud de que mediante proveído de treinta de junio de dos mil dieciocho, se acordó lo conducente. Asimismo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Jonathan Magdaleno Rojas, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación al dictamen exhibido por el perito oficial en el presente asunto, el cual fue agregado en fecha treinta de junio actual y los argumentos esgrimidos por la responsable en cumplimiento al requerimiento formulado en esa misma fecha. Atento a lo anterior, toda vez que el ocursante manifiesta sobre las incongruencias que refiere la autoridad responsable en el informe de que se trata, hágase de su conocimiento que el informe rendido por la responsable constituye de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, el documento a través del cual las autoridades responsables manifiestan la existencia o inexistencia del acto reclamado, en el caso que nos ocupa, la falta de atención médica que reclama la impetrante del amparo en su escrito inicial de demanda, y las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, es decir, dicho documento implicará en su contenido, la contestación a la demanda de amparo promovida por un particular afectado ante los tribunales federales. En tal virtud, dicho documento en su contenido sólo probará la existencia de las declaraciones realizadas por las autoridades, revistiendo el carácter de afirmaciones o negaciones hechas por una de las partes y las cuales deberán ser apoyadas con las pruebas necesarias para su demostración, que dichas declaraciones puedan por sí mismas acreditar la veracidad de lo manifestado. Por lo que, la impugnación del contenido en cuanto a su veracidad, constituirá la materia del fondo del juicio de amparo, estando en posibilidad la quejoso de desvirtuar lo afirmado o negado por la autoridad responsable, mediante las pruebas que estime pertinentes. En este orden de ideas cabe concluir que, si bien el informe de que se trata al ser documento público puede ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad (continente), no sucede lo mismo respecto del contenido de dicho documento, ya que en esta última hipótesis lo que se pretendería demostrar es la falsedad de las declaraciones hechas por la autoridad responsable, lo que constituirá materia del juicio de amparo al decidirlo en lo principal, estando en posibilidad el quejoso de desvirtuar dichas declaraciones con las pruebas que estime pertinentes, y dando lugar, en tal caso, a la responsabilidad de las autoridades según lo dispuesto en el artículo 262 del citado ordenamiento legal. Así, el artículo 122 de la Ley de Amparo en vigor autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes y precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que sólo da competencia al Juez para apreciar, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. Por su contenido e informe apoya lo anterior la jurisprudencia número P./J. 5/2001 de la Novena Época emitida por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, en Enero de 2001, Materia(s): Común, visible a página 10, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido." No obstante lo anterior, téngasele al autorizado de la parte quejosa haciendo diversas aseveraciones a manera de alegatos, los cuales de ser procedentes serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, conforme al precepto 124 de la Ley Amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de la audiencia constitucional. Ahora, en relación a la prueba pericial asociada con la inspección judicial ofertada en el escrito de cuenta, ante la responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona Número 3, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, a efecto de que la persona encargada de realizar la diligencia respectiva, realice lo siguiente: "[.] Establezcan la causa de la incontinencia y realizar estudio y evaluación detallada de la quejosa. A fin de que determinen si hay afectación nerviosa (vejiga neurogénica). Establezcan los peritos cual es la mejor técnica de intervención quirúrgica de acuerdo a la edad de la quejosa. Establezcan cual es la mejor manipulación, toda vez que la quejosa cuenta con cirugías previas a las que ha sido sometida. Establezca si es necesaria se le practique la colostomía. Y en su casi se determine si es posible la reconexión del intestino. Se establezca si dicha colostomía requiere más tiempo o será permanente. [.]" Al respecto, dígase al ocursante, que no ha lugar a tener por admitido dicho medio de convicción, en virtud que la probanza que refiere no es pertinente para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, porque si bien es cierto el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que son admisibles todos los medios de prueba, también lo es que estos deben cumplir con los requisitos de idoneidad y pertinencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencia VI, 2º.C. J/196, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1290, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO. CUÁLES DEBEN ADMITIRSE. Aún cuando en el juicio de garantías sean en principio aceptadas toda clase de pruebas, conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, sólo deben ser admitidas aquellas que sean conducentes a justificar la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 78, segundo párrafo, del ordenamiento legal en cita." Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la prueba que oferta el peticionario no es idónea para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, por los motivos que a continuación se exponen: En efecto, los actos por los cuales se instó este juicio de amparo, lo son diversos hechos omisivos que se traducen en: la abstención de ordenar que la directa impetrante reciba la atención médica necesaria para aliviar los padecimientos físicos que presenta. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se observa que la responsable ha realizado los actos correspondientes al acatamiento de la suspensión de plano decretada en autos, y refiere que, para el caso en concreto, se necesita practicar diversos estudios para determinar el tratamiento idóneo para el bienestar de la quejosa; asimismo, en apoyo al mismo, dicha autoridad remitió diversas constancias relativas al expediente clínico de la quejosa Ma. Esther Cruz Hernández, con número de afiliación 0216-51-1279-4, el cual obra en el archivo clínico del Hospital General de Zona Número 3 de la Delegación Querétaro. Aunado a que, como lo estableció la autoridad responsable, con motivo de la observación inmediata de la quejosa, a la fecha se realizan estudios auxiliares al diagnóstico practicado con motivo de los padecimientos que refiere la impetrante, y, como lo dijo la responsable en su oficio agregado en fecha treinta de junio de dos mil dieciocho, derivado de los estudios ya practicados con motivo de los malestares atenientes a la quejosa se señaló como fecha probable para la intervención quirúrgica para el día jueves cinco de julio del año actual. Ante tales circunstancias, cabe traer nuevamente a remembranza los principios de idoneidad y pertinencia de la prueba del que se hablaba en un inicio, pues el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Por ello, se insiste, los datos que se pretende sean dilucidados con la inspección ofertada, no constituyen la materia del presente juicio, pues como ya se dijo, lo que se combate en esta instancia Constitucional tiene que ver con actos omisivos por parte de la autoridad responsable, siendo que es a dicha autoridad responsable a la que le compete determinar los padecimientos y tratamientos que necesita la quejosa atendiendo a su actual estado de salud. En consecuencia, se desecha el medio de convicción anteriormente indicado. Apoya a lo anterior, la tesis número I.1o.A.14 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Materia(s): Común, Página: 1888, Tomo XXIII, Febrero de 2006, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son lo siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia."...II

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