Ma Esthela Sahagun Ramos

Expediente 2711/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2711/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Ma Esthela Sahagun Ramos
  • Mario Becerra Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: a) ".Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve; además, la autoridad deberá dejar insubsistente el recibo oficial expedido el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve (****), por la actual Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar, le sea aplicada ésta; la restitución en el goce de la garantía violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cuota mínima, por constituir el acto de aplicación de la norma impugnada, así como sus consecuencias por ser fruto de un acto viciado. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades competa, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, emita otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la suma que haya pagado en exceso, tal como consta en el recibo oficial ***, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados.." Al respecto, por oficios ***, recibidos el dieciséis de diciembre de dos mil veinte y dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la responsable, remitió copias certificadas del acuerdo de desincorporación, así como del acuse de devolución a la parte quejosa; comunicado que se atendieron, por parte de este órgano jurisdiccional y con los cuales se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno; sin que manifestara alguna inconformidad con relación a su contenido. Constancias, que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos, pues desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve; además, dejó insubsistente el recibo oficial expedido el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve (A45086153), y emitió otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la suma que pagó en exceso; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria, y tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, del aludido acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIO DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL AVISO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Zapopan, Jalisco, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: a) ".Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve; además, la autoridad deberá dejar insubsistente el recibo oficial expedido el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve (****), por la actual Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar, le sea aplicada ésta; la restitución en el goce de la garantía violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cuota mínima, por constituir el acto de aplicación de la norma impugnada, así como sus consecuencias por ser fruto de un acto viciado. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades competa, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, emita otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la suma que haya pagado en exceso, tal como consta en el recibo oficial ***, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados.." Al respecto, por oficios ***, recibidos el dieciséis de diciembre de dos mil veinte y dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la responsable, remitió copias certificadas del acuerdo de desincorporación, así como del acuse de devolución a la parte quejosa; comunicado que se atendieron, por parte de este órgano jurisdiccional y con los cuales se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno; sin que manifestara alguna inconformidad con relación a su contenido. Constancias, que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos, pues desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve; además, dejó insubsistente el recibo oficial expedido el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve (A45086153), y emitió otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la suma que pagó en exceso; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria, y tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, del aludido acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIO DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL AVISO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Zapopan, Jalisco, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Reanudación. Atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero del año en curso, así como del diecinueve de enero al quince de febrero de dos mil veintiuno, se suspendieron las labores en este órgano jurisdiccional, además de que el dieciséis y diecisiete de febrero del presente año, se declararon inhábiles pero laborables. Por tanto, acorde a lo establecido en los Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, así como las circulares CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, se reanuda el procedimiento, para los efectos legales conducentes. Se recibe oficio Téngase por recibido el oficio firmado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, a través del cual remite copia certificada de diversas constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, así como con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por último, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese; y, personalmente a las partes.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se reanuda procedimiento. Atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero del año en curso, se suspendieron las labores en este órgano jurisdiccional. Por tanto, acorde a lo establecido en los Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, así como las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, de esta última, específicamente lo instruido en la sección II, se reanuda el procedimiento, para los efectos legales conducentes. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en acuerdo de veinte de octubre se requirió a la responsable para que a su vez requiriera a las demandadas para que cumplieran lo sentenciado en el juicio de origen, en un plazo de treinta días. Al respecto, la responsable emitió el acuerdo de veintiséis de octubre último, mismo que notificó a la parte demandada el veintinueve siguiente. De tal suerte, se aprecia que el referido plazo de treinta días ha concluido y, por lo tanto, se requiere a la responsable para que informe si la parte demandada en el juicio de marras ya cumplió con lo sentenciado o no. En caso de que la demandada no haya cumplido con lo sentenciado en el juicio de origen, deberá la responsable de dictar un nuevo acuerdo en el cual: ".establezca claramente si a su criterio se actualiza una causa grave que merezca la suspensión del servidor público, que no obstante haber sido apercibido de manera gradual, continúa en actitud pasiva o contumaz que origine el incumplimiento del laudo y, de ser así, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 111/2018 (10a), proceda a remitir las actuaciones correspondientes al Congreso del Estado, solicitándole al presidente del Congreso que, en uso de sus atribuciones y obligaciones que le confiere la ley y la jurisprudencia en cita, decida a la brevedad sobre la procedencia o no de la suspensión". Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la fecha en que se le haga efectiva dicha sanción,1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y puesta a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $86.88 (ochenta y seis pesos pesos 88/100 moneda nacional). Tocante a la promoción de cuenta, por una parte, dígase al promovente que deberá estarse a lo fijado párrafos atrás y por otra, en relación con la solicitud que realiza a efecto de que se dé vista al Agente del Ministerio Público, como lo indica en su ocurso, se le informa que en caso de que este Juzgado de Distrito advierta la probable comisión de alguna conducta de naturaleza delictiva, procederá como legalmente corresponda. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.): "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato1." Entretanto y al margen de lo anterior, quedan a salvo los derechos de las partes para que, si así lo desean, procedan como estimen pertinente. Notifíquese.

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