Ma. Estela González Loera
Expediente 822/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Estela González Loera
- Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente; se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente procedimiento, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente; se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente procedimiento, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos.
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Zacatecas, Zacatecas, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la interesada interpusieran recurso de revisión contra la resolución de quince de julio de la presente anualidad, dictada en el presente juicio de amparo, que decretó el sobreseimiento de este juicio, fuera de audiencia, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Finalmente, devuélvanse a las autoridades responsables las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, con que se formaron los tomos I, II y III, agregando a los presentes autos, las carátulas que las contenían.
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Zacatecas, Zacatecas, quince de julio de dos mil veintidós. Visto; el estado de autos, de los que se advierte que en el presente juicio de amparo se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de manera notoria, manifiesta e indudable, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En efecto, en el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Para acreditar lo anterior, conviene destacar que la responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, allegó copia certificada de las constancias que integran el juicio sucesorio intestamentario 75/2022 de su índice, promovido a bienes de María del Refugio Loera Cuellar y/o María del Refugio Loera Cuellar viuda de González, de las que se advierte que el promovente del citado juicio José Flavio González Loera, aquí tercero interesado, solicitó el desistimiento del mismo y lo ratificó ante el citado Juez, por lo que, mediante determinación de diez de junio del presente año, se tuvo al promovente por desistido del mismo y se ordenó el archivo definitivo del expediente, además ordenó la devolución de los documentos fundatorios de la acción. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. En mérito de lo anterior, se colige que han cesado los efectos del acto reclamado. Es así, porque la quejosa reclamó en el presente juicio la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de María del Refugio Loera Cuellar y/o María del Refugio Loera Cuellar viuda de González, radicado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, bajo el número de expediente 75/2022, así como las actuaciones practicadas en éste, a partir de la junta de reconocimiento de herederos y designación de albacea; sin embargo, dichos actos, dejaron de surtir efectos el diez de junio de dos mil veintidós, pues en esa fecha se tuvo a José Flavio González Loera, por desistido de la sucesión en su perjuicio y se ordenó el archivo del expediente como totalmente concluido. Con las constancias y señalamientos a que se han hecho referencia, se advierte que se destruyó totalmente la afectación aducida por la quejosa. Documentales con las que se dio vista a la parte quejosa mediante auto de cinco de julio de dos mil veintidós, sin que a la fecha, la parte impetrante del amparo hubiera hecho manifestación al respecto. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, cesaron en sus efectos jurídicos, precisamente porque José Flavio González Loera, denunciante en el juicio sucesorio intestamentario 75/2022, a bienes de María del Refugio Loera Cuellar y/o María del Refugio Loera Cuellar viuda de González, aquí tercero interesado, se desistió de la tramitación del citado juicio, en su perjuicio y, se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar a la amparista, de ahí que se afirma han cesado los efectos de los actos reclamados. Es aplicable al caso que nos ocupa la Tesis Aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Por tanto, el diez de junio de dos mil veintidós, se inhabilitaron los actos reclamados, por lo que debe considerarse que han sido destruidos sus efectos en forma absoluta, de modo tal, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, y toda vez que se encuentran programadas las diez horas con diez minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, se procede a dejar sin efectos, dado el sobreseimiento decretado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencial: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".
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