Ma. Estela Campos Jimenez

Expediente 840/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
840/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Ma. Estela Campos Jimenez
  • Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, glósese a los presentes autos el cuaderno original relativo al incidente de suspensión, para que obre como corresponda y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General de referencia procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Finalmente, privilegiando el ahorro y racionalización de los recursos, resulta innecesario conservar las constancias que ******************** a su informe justificado la autoridad responsable Jueza Décimo Noveno Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por tanto, remítanse las referidas constancias a la autoridad en mención, debiendo dejar glosada en los presentes autos, la carátula que se formó con motivo de las mismas; sin que resulte necesario acusar recibo de dicho anexo, ya que el sello de recibido por la autoridad hace las veces de acuse. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa y tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, que dice: Quejosa: Ma. Estela Campos Jiménez Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 840/2022; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el dieciocho de mayo siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Ma. Estela Campos Jiménez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el [1] Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos con residencia en Puente de Ixtla y [2] actuaria adscrita a dicho juzgado, así como [3] el Juzgado Décimo Noveno Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, por los actos reclamados siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- El exhorto número 56/2022, así como el acuerdo de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintidós, del exhorto antes referido ejecutado por el Actuario adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, relacionado con el expediente 721/2017, tramitado por el Juzgado Décimo Noveno Civil de Proceso Oral con sede en la Ciudad de México. 2.- El actuar de la Fedataria Pública la Lic. María del Carmen Bustinzar Galindo, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, Primera Secretaria Civil, toda vez que no corroboró por los medios idóneos de ser el domicilio correcto para la ejecución de la diligencia." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo; pidió a las autoridades responsables su informe justificado; dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; requirió al Juzgado Décimo Noveno Civil de Proceso Oral, con sede en la Ciudad de México, para que al momento de rendir su informe justificado manifestara los nombres de los terceros interesados en el juicio natural de origen, para estar en aptitud de llamarlos a juicio; le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, una vez recibido el informe justificado rendido por las autoridades responsables, este juzgado en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, reconoció con el carácter de terceros interesados a Guillermo Calderón Martínez y Artemio Contreras Sánchez, los cuales fueron emplazados, el primero mediante exhorto, el veintiocho de junio del año que transcurre y, el segundo de los mencionados a través de despacho, el seis de julio de dos mil veintidós, quienes no se apersonaron a juicio, ni ofrecieron alegatos. Finalmente, el veintisiete de julio de dos mil veintidós, previo diferimiento, fue celebrada la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de entrega del bien inmueble materia del juicio de origen, es atribuido a autoridades civiles, con ejecución material en la circunscripción de este Juzgado Federal que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsable ordenadora Acto reclamado [1] Jueza Décimo Novena Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México. La orden de entrega y desocupación del bien inmueble ubicado en el kilómetro ocho de la carretera a Michapa, en la localidad Palo de los Fierros, del municipio de Amacuzac, Morelos contenida en la sentencia condenatoria de uno de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio oral civil 721/2017, promovido por Guillermo Calderón Martinez en contra de Artemio Contreras Sánchez (aquí terceros interesados), en el que se reclamó la rescisión del contrato verbal de compraventa de dicho inmueble y diversas prestaciones. Autoridades responsables ejecutoras Actos reclamados [1] Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Puente de Ixtla; y [3] Actuaria adscrita al mismo, b) La ejecución de dicha orden, dentro del exhorto 56/2022, en el cual el fedatario público en diligencia de veintiséis de abril de dos mil veintidós, solicitó la entrega del inmueble en cuestión y ante la negativa de desocupación, procedió al lanzamiento y desposesión del bien inmueble de referencia, actos que no se reclaman por vicios propios Cabe señalar que la quejosa no es parte en el juicio de origen por lo que reclama tales actos como tercero extraño auténtico a dicho proceso. III. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la [1] Jueza Décimo Novena Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, así como su ejecución por parte del [2] Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Puente de Ixtla y [3] actuaria adscrita al mismo, pues al rendir sus informes justificados las personas titulares de los juzgados de referencia aceptaron la existencia de los actos reclamados y la actuaria responsable se adhirió al informe rendido por el juez de su adscripción. Además, la autoridad señalada en primer lugar remitió copias certificadas del juicio oral civil 721/2017, a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, y de las que se desprende la sentencia condenatoria dictada por la juzgadora referida el uno de julio de dos mil diecinueve en la que se ordenó la entrega del bien inmueble en cuestión; así como que respecto del juez y actuaria señalados como autoridades responsables ejecutoras, el exhorto 56/2022, del que se desprende que participaron en la ejecución de los actos reclamados, documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues la quejosa se ostentó sabedora de los actos reclamados el veintiséis de abril de dos mil veintidós, sin que de las constancias del juicio se advierta que haya tenido conocimiento en data diversa a la manifestada; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintisiete de abril al diecinueve de mayo de dos mil veintidós, descontando el treinta de abril, uno, cinco, seis, siete, ocho, catorce y quince de mayo de dos mil veintidós, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, si la demanda de amparo se presentó el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, es concluyente su oportunidad. V. Antecedentes del acto reclamado. En el caso, de las constancias que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, relativas al juicio oral civil 721/2017, derivan los siguientes antecedentes: Ante el Juzgado Décimo Noveno Civil de Proceso Oral con sede en la Ciudad de México, se radicó el juicio oral civil 721/2017, instaurado mediante escrito inicial de demanda presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, por Guillermo Calderón Martínez, por propio derecho, en contra de Artemio Contreras Sánchez -todos aquí terceros interesados-, en el cual se demandó como acción principal la acción rescisoria del contrato verbal de compraventa celebrado por los mismos, respecto del bien inmueble ubicado en kilómetro ocho, de la carretera a Michapa, en la localidad Palo de los Fierros, Amacuzac, Morelos. Una vez que se admitió a trámite la demanda y se emplazó al demandado, quien dio contestación a la misma y que fueron ofrecidas y desahogadas las pruebas de las partes intervinientes, en audiencia de juicio desahogada el trece de marzo de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva, en la que se absolvió al demandado Artemio Sánchez Contreras, de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas. 3. Inconforme con la sentencia definitiva que antecede, el actor Guillermo Calderón Martínez promovió amparo directo, el cual fue radicado bajo el número de expediente D.C. 313/2018, por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal al impetrante y, en cumplimiento a dicha ejecutoria la Jueza Décimo Novena Civil del Proceso Oral de la Ciudad de México, dictó la sentencia definitiva de cuatro de julio de dos mil dieciocho, en la que declaró: i) la rescisión del contrato verbal de compraventa respecto del inmueble ubicado en kilómetro ocho, de la carretera a Michapa, en la localidad Palo de los Fierros, Amacuzac, Morelos, y por ende condenó al demandado Artemio Contreras Sánchez, a la desocupación y entrega del inmueble materia de dicho contrato con sus frutos y accesiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se procedería al lanzamiento a su costa, ii) condenó al demandado al pago de una renta por el tiempo que ocupó el inmueble referido, iii) le condenó a entregar los comprobantes respectivos de energía eléctrica, agua, teléfono y en general todos aquellos que hayan sido contratados, iv) condenó al actor Guillermo Calderón Martínez, a la devolución del monto recibido por concepto de la compraventa, más los intereses legales que dicha cantidad hubiere generado, asimismo se le condenó a cubrir el monto de las mejoras que se le realizaron al inmueble materia de litis, v) absolvió al demandado de las demás prestaciones reclamadas en la demanda inicial y finalmente vi) no hizo especial condena en costas. 4. Inconforme con la sentencia definitiva que antecede, el actor Guillermo Calderón Martínez promovió nuevo amparo directo, el cual fue radicado bajo el número de expediente D.C. 672/2018, por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal al impetrante y, en cumplimiento a dicha ejecutoria la Jueza Décimo Novena Civil del Proceso Oral de la Ciudad de México, dictó la sentencia definitiva de uno de julio de dos mil diecinueve, en la que reiteró los puntos que no fueron materia de la concesión y únicamente modificó la condena al demandado al pago de una renta por el tiempo que ocupó el inmueble referido, a partir del mes de junio de dos mil quince, hasta su desocupación y entrega y se abstuvo de condenar al actor de cubrir al demandado las mejoras que se le realizaron al inmueble materia de la litis. 5. Toda vez que las partes no se inconformaron con la sentencia definitiva que precede y que el demandado no dio cumplimiento voluntario a la misma en el término que se le concedió para tal efecto; mediante auto de diez de junio de dos mil veintiuno, la jueza de origen ordenó girar exhorto al juez competente en el municipio de Amacuzac, Morelos, para que en auxilio de las labores de dicho juzgado requiriera al demandado le hiciera entrega al actor del inmueble ubicado en kilómetro ocho, de la carretera a Michapa, en la localidad Palo de los Fierros, Amacuzac, Morelos, apercibiéndole que en caso no hacerlo de manera voluntaria se ordenaría el lanzamiento a su costa, concediéndole al juez exhortado las facultades más amplias para llevar a cabo la ejecución de la sentencia dictada en autos. 6. Previo diversos exhortos enviados y recibidos sin diligenciar por la Jueza responsable, en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, giró nuevamente exhorto al Juez Mixto en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para que en auxilio de las labores del Juzgado, requiriera al demandado la entrega del inmueble ubicado en kilómetro ocho, de la carretera a Michapa, en la localidad Palo de los Fierros, Amacuzac, Morelos, en los términos del auto de diez de junio de dos mil veintiuno. 7. El exhorto referido en el punto que antecede, fue admitido mediante acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós, dictado por el Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Puente de Ixtla y, radicado bajo el número 56/2022 de su índice, mismo que fue debidamente diligenciado por la Actuaria adscrita en dicho Juzgado, ya que como se observa de autos, el veinticinco de abril de dos mil veintidós acudió al domicilio multicitado y dejó citatorio en poder de Normando Sotelo Vasabe, quien dijo ser empleado de Artemio Contreras Sánchez, a fin de que la esperara en el domicilio en que se actúa, a las once horas del veintiséis de abril de dos mil veintidós, para el efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter judicial, apercibiéndole que en caso no hacerlo, se entendería con quien se encontrara en el domicilio en que se actúa. Finalmente el día veintiséis del mes y año citados, la actuaria judicial se constituyó nuevamente en el domicilio señalado y toda vez que el demandado no se encontraba, procedió a llevar a cabo el lanzamiento, entendiendo la diligencia con Julio César Trejo Robles. De los antecedentes narrados se obtiene que la quejosa Ma. Estela Campos Jiménez, no es parte en sentido formal ni material en el juicio oral civil 721/2017, del índice de la Jueza responsable, pues a éste compareció como parte actora Guillermo Calderón Martínez, por propio derecho y se reconoció como demandado a Artemio Sánchez Contreras; además, de las actuaciones remitidas, no consta que la quejosa en alguna forma haya comparecido al juicio ni que se encuentre en posibilidad de comparecer al no ser parte; por tanto, se tiene que cuenta con el carácter de tercera extraña a dicho procedimiento. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien las que de oficio se adviertan actualizadas, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia que surge de la interpretación entre el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico ya que el contrato privado de compraventa que exhibió como prueba de su parte es insuficiente para demostrarlo; tal como se demostrará a continuación. Si bien, el artículo 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén que tendrá el carácter de parte quejosa quien aduzca un interés jurídico o legítimo, los mismos preceptos determinan que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa, lo que implica que sea titular del derecho fundamental que estime violado y que esté dirigido en su contra. En ese sentido, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante la autoridad correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Lo anterior considerando que el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Partiendo de lo anterior, es posible comprender que la quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente que los actos que reclama afectan su interés jurídico de manera personal y directa, lo cual consiste en la acreditación de la titularidad sobre los derechos o posesiones afectados por los actos reclamados. En la especie, la parte quejosa acudió a la instancia constitucional ostentándose tercera extraña al juicio oral civil 721/2017, del índice del Juzgado Décimo noveno Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el argumento de que se ordenó el lanzamiento, desocupación y entrega del inmueble que dice haber adquirido mediante contrato privado de compraventa de cuatro de junio de dos mil dieciséis. Por tanto, con base en las circunstancias expuestas, para que la quejosa acredite su interés jurídico es necesario que concurran los elementos siguientes: i) Que tiene la condición de tercera extraña a la controversia de la que derivan los actos reclamados. ii) Que tiene la calidad de propietaria del inmueble controvertido. iii) Que la afectación de ese derecho de propiedad tenga origen en los actos u omisiones reclamadas. Ahora, de las constancias obrantes en este juicio se observa que sí concurre el elemento i), pues la quejosa Ma. Estela Campos Jiménez, no es parte en el juicio oral civil 721/2017. Sin embargo, el segundo de los elementos, marcado con el inciso ii) no está comprobado, pues la impetrante de amparo no presentó un título que la justifique como propietaria del inmueble controvertido y, por ende, que la omisión y actos reclamados le perjudiquen en su esfera jurídica, con lo que también se demuestra la falta de acreditación del inciso iii). Lo anterior es así, ya que la quejosa refiere ser propietaria del bien inmueble ubicado en kilómetro ocho de la carretera Federal Michapa-Amacuzac, colonia Palos de Fierro, Tetecala, Morelos, por lo que para acreditar la titularidad de éste, exhibió copia certificada del contrato privado de compraventa de cuatro de junio de dos mil dieciséis, (fojas 16 y 17 del amparo indirecto), celebrado entre Artemio Contreras Sánchez, en su carácter de vendedor y la aquí quejosa Ma. Estela Campos Jiménez, como compradora, respecto del bien inmueble citado, el cual se encuentra ratificado ante el Juez de Paz municipal de Tetecala, Morelos el quince de mayo de dos mil diecinueve, asimismo se encuentra certificado mediante asiento veintiséis mil trescientos noventa y tres, de nueve de mayo de dos mil veintidós, del Protocolo del Notario Público número ciento trece del Estado de México. Tal documento es insuficiente para acreditar el interés jurídico referido, dado que la data que debe tomarse en cuenta en ese documento, es posterior a la en que se emitió el acto reclamado, esto es, la orden de requerimiento y entrega del bien inmueble ubicado en kilómetro ocho de la carretera a Michapa en la localidad Palo de los Fierros, Amacuzac, Morelos, así como su ejecución. Se explica: La certeza de la fecha de un documento no tiene regulación en la ley, sino que deriva exclusivamente de la jurisprudencia, razón por la cual hay que atender al contenido expreso de los criterios que sobre el particular ha sustentado el alto tribunal. En relación con ese tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en la Jurisprudencia de la Novena Época, en materia Civil, Tesis: 1a./J. 46/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999, página 78, con número de registro digital: 192662, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.- Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio, pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." (Novena Época, Primera Sala, Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 256, página 214). También, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio que aparece resumido en la siguiente tesis jurisprudencial: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.- La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." (Sexta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXVI, Cuarta Parte, página 63). De lo expuesto se advierte que nuestro máximo tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se da cualquiera de las hipótesis ahí previstas; es decir, ha establecido que los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta y ello acontece: a) a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) a partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) desde la muerte de alguno de los contratantes. En ese sentido, se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquélla a partir del día en que se incorpore o inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, adquiere fecha cierta cuando se celebra ante fedatario público o funcionario autorizado pues existe certeza sobre la fecha en que fue elaborado, ya que es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley, a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así, a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Finalmente, el fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de prefabricar un pacto de voluntades por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos. Por tanto, únicamente bajo estos supuestos, puede ser considerado como de fecha cierta un documento, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Además de que, nuestro máximo tribunal ha sostenido que para que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio tengan eficacia probatoria y surtan efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta; y, en el texto de la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO", se establece también que la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros. Lo anterior, porque ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Por tanto, señala que la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes, sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, como se dijo, la promovente exhibió copia certificada de un contrato privado de compraventa de cuyo contenido se desprende como fecha de celebración, el cuatro de junio de dos mil dieciséis, no obstante, su valoración debe atender a la fecha cierta a que alude nuestro máximo tribunal, la cual no corresponde con la del documento en sí -el cual incluso no es original sino una copia autorizada del mismo-, sino la de su certificación, considerando además que sólo si ésta es anterior al acto vulneratorio, se considera demostrado el interés jurídico. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J. 21/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, página 259, abril de dos mil diez, de rubro y texto: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." De esa manera, el documento adquirió fecha cierta, concretamente cuando fue certificado por el notario en cuestión, esto es el nueve de mayo de dos mil veintidós; siendo que esa data es posterior a aquélla en que inicio del juicio de origen (veinticinco de octubre dos mil diecisiete) y a la relativa al dictado de la sentencia definitiva (uno de julio de dos mil diecinueve); de ahí que es indudable que no se cumple con la exigencia descrita en el criterio jurisprudencial que antecede para tener por acreditado el interés jurídico. No pasa desapercibido para esta juzgadora, que del contrato traslativo de dominio exhibido por la quejosa, se observa que sus firmas se encuentran ratificadas ante el Juez de Paz Municipal de Tetecala, Morelos, el quince de mayo de dos mil diecinueve, sin embargo, no puede considerarse esta última como una fecha cierta de tal documento, debido a que en los numerales 83 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, no se establece facultad alguna a los Jueces de Paz para intervenir en esa clase de actos como fedatarios públicos; lo cual clarifica el propio artículo 84 de la misma normatividad, el cual establece que la naturaleza de tales funcionarios es la de fungir como auxiliares de los tribunales de la federación y del estado, en la práctica de diligencias, de lo que se deduce que no se tratan de funcionarios facultados para intervenir en esa clase de actos como fedatarios públicos; de ahí que dicha ratificación no puede tomarse en cuenta, al no tratarse de un documento presentado ante un funcionario público por razón de su oficio. Consideración que se encuentra robustecida por los razonamientos contenidos en las tesis VI.1o.C.121 y C XX.2o.1 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con registros 167285 y 2002621 respectivamente, las cuales son del contenido siguiente: "CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA. NO ADQUIERE FECHA CIERTA EL CELEBRADO ANTE UN JUEZ DE PAZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADA). La extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio visible en la página 63 del Volumen LXVI, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.", del cual se colige que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene, entre otras hipótesis, desde la fecha en que dicho documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio. Por tanto, los documentos en los que se estipulan actos traslativos de dominio respecto de un bien inmueble, celebrados ante un Juez de Paz, no pueden considerarse como de fecha cierta, para efectos de acreditar el interés jurídico en un juicio de amparo, debido a que los artículos 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, 4o. y 71 de la Ley del Notariado, ambas del Estado de Puebla, anteriores a las vigentes, no establecen facultad alguna a los Jueces de Paz para intervenir en esa clase de actos como fedatarios públicos; de ahí que al no tratarse de un documento presentado ante un funcionario público por razón de su oficio, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 74, fracción III, de la misma norma." "RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ MUNICIPAL NO ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR ESAS ACTUACIONES Y, POR ENDE, NO ADQUIEREN FECHA CIERTA, NI RESULTAN SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2983, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). El citado precepto otorga facultades a la "autoridad municipal" para que intervenga en la certificación de actos entre particulares, cerciorándose de la voluntad de los sujetos que participan en él y de la autenticidad de sus firmas plasmadas en el documento. Ahora bien, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo "municipal" es un adjetivo perteneciente o relativo al Municipio, y éste es el conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional, regido por un Ayuntamiento, el cual realiza funciones de gobierno y administración; por tanto, dicho precepto está dirigido a aquellas potestades que desempeñan sus funciones en el ámbito administrativo. En esas condiciones, aun cuando en la denominación del Juez se utiliza la palabra "municipal", esta autoridad no forma parte integrante del Ayuntamiento municipal, pues el numeral 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado establece que los funcionarios integrantes del Ayuntamiento municipal, como órgano de gobierno y administración, son el presidente, síndico y regidores, tanto propietarios como suplentes, pero no contempla, como parte integrante o como autoridad municipal al aludido Juez; además, el Código de Organización del Poder Judicial de la entidad, en su artículo 16, fracción VII, vigente hasta el 19 de junio de 2012, contempla a los Jueces municipales como parte integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es decir, forman parte del Poder Judicial del Estado, no del Ejecutivo; por ende, la "autoridad municipal" a que se refiere el numeral 2983, fracción III, citado al rubro, no es el mencionado Juez municipal, pues no ostenta un cargo municipal ni es parte integrante del Ayuntamiento; en consecuencia, la ratificación de contenido y firma ante el Juez municipal, respecto de documentos, no tiene validez y, por ende, no adquieren fecha cierta, ni resultan suficientes para justificar el interés jurídico en un juicio de amparo indirecto." De allí que la copia certificada del contrato privado de compraventa que anexó la quejosa con su demanda resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico, al contar con una fecha cierta posterior al acto de desposesión reclamado, sin que tampoco demostrara con las diversas pruebas que allegó, la existencia de un derecho a poseer el inmueble en cita, con base en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas. Ello ya que si bien la promovente exhibió como documentales el avalúo catastral, copia certificada de plano catastral, declaración para el pago de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y la constancia de que fueron pagados los derechos de traslado de dominio de bienes inmuebles con el recibo oficial 1787, todas expedidas por el Director de Predial y Catastro del Ayuntamiento Municipal de Tetecala, Morelos el cuatro de mayo de dos mil veintidós, tales inscripciones resultan ser de fecha posterior a la emisión del acto reclamado, además de que no producen efectos constitutivos de derechos y únicamente son de carácter informativo, ya que las mismas no demuestran la existencia de algún derecho de propiedad o posesión por parte del quejoso, sino únicamente que la quejosa realizó tales trámites. Sin que tampoco tales inscripciones del inmueble ubicado en carretera federal Michapa-Amacuzac S/N, palos de Fierro, Tetecala, Morelos, a nombre de la quejosa, varíen la fecha cierta del documento traslativo de dominio exhibido. Por ende, con base en la anteriores consideraciones, es que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos reclamados Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, al no atribuírseles vicios propios, tal como dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239008 y de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ma. Estela Campos Jiménez, por las consideraciones contenidas en el considerando V, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el considerando II, ambos de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  3. Principal

    audiencia constitucional celebrada

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, visto el oficio de cuenta signado por el Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Puente de Ixtla, Morelos; a través del cual en cumplimiento al requerimiento realizado en autos, informa que la comunicación oficial número de orden 208/2022, origen 63/2022 del índice de este juzgado federal, fue remitido a mediante oficio 930 de data siete de julio en curso. Atento a lo que antecede, se tiene por cumplido el requerimiento hecho en autos, para los efectos legales conducentes; asimismo agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio de cuenta, en razón de que con fecha ocho de julio de la presente anualidad, fue recibida en este órgano jurisdiccional la comunicación oficial requerida a la oficiante. Notifíquese Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

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