Ma. Esperanza Félix Rojero

Expediente 1039/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1039/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
15/09/2015

Partes del expediente

  • Ma. Esperanza Félix Rojero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En quince de septiembre de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del uno al catorce de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de agosto de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 1039/2015. DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintisiete de agosto del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1039/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Director Local de la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en México, Distrito Federal y Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Torreón, Coahuila. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales que la quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda, así como con las que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Director Local de la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, como justificación de sus actos. A lo que el Juez acuerda: Con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales antes señaladas, así como la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio, y se pasa a la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que no fueron formulados por ninguna de las partes; en consecuencia, al no haber más alegatos que tener por reproducidos y sin pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se declara cerrada la etapa de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y se procede a dictar la resolución siguiente: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1039/2015, promovido por MA. ESPERANZA y MA. LIDIA DE APELLIDOS FÉLIX ROJERO; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, del cual le tocó conocer a este Órgano Jurisdiccional, MA. ESPERANZA y MA. LIDIA DE APELLIDOS FÉLIX ROJERO, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Zacatecas. Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en México, Distrito Federal. Director del Registro Público de Derechos de agua del Organismo Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Torreón, Coahuila. Acto reclamado: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el diecisiete de febrero de dos mil quince, dentro del expediente número ZAC-L-0312-17-02-15. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. En proveído de diecisiete de junio de dos mil quince, se admitió la demanda de garantías en sus términos; se ordenó solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal Federal, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor de la presente acta. C O N S I D E R A N D O: I.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el diecisiete de febrero de dos mil quince, dentro del expediente número ZAC-L-0312-17-02-15. II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad ." II.2.1. Inexistencia. El Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en México, Distrito Federal y Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Torreón, Coahuila, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos reclamados que se les atribuyen. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza: El Director Local de la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado que se le atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este Tribunal Federal advierte de oficio que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que este Tribunal Federal comparte. El artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, de la demanda de garantías se advierte que las quejosas MA. ESPERANZA y MA. LIDIA DE APELLIDOS FÉLIX ROJERO, reclamaron la omisión de la responsable de dar respuesta a su petición presentada el diecisiete de febrero de dos mil quince. Sin embargo, el Director Local de la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de abril de dos mil quince, dirigida a las aquí quejosas MA. ESPERANZA y MA. LIDIA DE APELLIDOS FÉLIX ROJERO, a través del cual dio respuesta a la petición presentada el diecisiete de febrero del presente año, por las citadas quejosas, la cual le fue notificada el seis de julio del año que corre; documental que reviste plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal. Así las cosas, de las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable Director Local de la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, el diecisiete de abril del presente año, resolvió lo relativo a la petición que le formularon las quejosas mediante escrito presentado ante su instancia el diecisiete de febrero del año en curso; determinación que les fue notificada el seis de julio del año que corre; por tanto, al haber dejado de existir la omisión de dar respuesta a su petición, de que se duelen las impetrantes de garantías, es inconcuso que ello se traduce en que fueron restituidas en el pleno goce de las garantías individuales que estimaron vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía, la Jurisprudencia que a la letra reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto, y con apoyo además, en los artículos 74, 75,77 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de garantías, promovido por MA. ESPERANZA y MA. LIDIA DE APELLIDOS FÉLIX ROJERO, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza.- Doy fe. mtm

  3. Principal

    El veintidós de julio de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del Despacho con el oficio registrado con el número 14566. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de julio de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA DEL ORGANISMO DE CUENCA, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON SEDE EN TORREÓN, COAHUILA; sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Con apoyo en lo establecido en los ordinales 9 y 28, fracción I, de la Ley de la Materia invocada, se tienen como Delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas que indica y como domicilio para recibir notificaciones el que refiere en el comunicado de cuenta. Ahora bien, con el contenido del oficio de cuenta y con los diversos informes justificados del Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado, con sede en esta ciudad y del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en México, Distrito Federal; dése vista a la parte quejosa para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo y la parte quejosa se imponga del contenido de los informes de las autoridades responsables y no dejarla en estado de indefensión, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de julio del año en curso y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy En esta fecha se giraron los oficios 17623, 17624 y 17625

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "El veintidós de julio de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del Despacho con el oficio registrado con el número 14566. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de julio de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA DEL ORGANISMO DE CUENCA, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON SEDE EN TORREÓN, COAHUILA; sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Con apoyo en lo establecido en los ordinales 9 y 28, fracción I, de la Ley de la Materia invocada, se tienen como Delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas que indica y como domicilio para recibir notificaciones el que refiere en el comunicado de cuenta. Ahora bien, con el contenido del oficio de cuenta y con los diversos informes justificados del Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado, con sede en esta ciudad y del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en México, Distrito Federal; dése vista a la parte quejosa para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo y la parte quejosa se imponga del contenido de los informes de las autoridades responsables y no dejarla en estado de indefensión, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de julio del año en curso y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy En esta fecha se giraron los oficios 17623, 17624 y 17625".

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