Ma Elida Rangel Fernandez

Expediente 768/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
768/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Ma Elida Rangel Fernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el pedimento ministerial firmado electrónicamente por el licenciado Rafael de Santillana Gómez, Fiscal Revisor Titular de la Agencia Adscrita a este Juzgado en Materia de Amparo, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, en atención a que en veintisiete de junio del presente año, se dictó la sentencia correspondiente dentro del presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL veintisiete de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 768/2022, promovido por Ma Elida Rangel Fernandez, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Por otro lado, no ha lugar a diferir la presente audiencia con el objeto de ordenar el emplazamiento del señalado como tercero interesado, pues con la celebración de la presente audiencia constitucional se busca consagrar el principio de expeditez contemplado en el artículo 17 Constitucional, aunado a ello, el sentido de la resolución no variaría; por tanto, lo único que traería el diferimiento es el retardo del fallo, contrariando el ánimo del principio de celeridad procesal consagrado en el artículo constitucional citado. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). Asimismo, hago constar que en el juicio 2072/2021 del índice de este juzgado obra el oficio 1233/2022 signado por el Presidente de la Junta Especial número treinta y siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al que anexa copia certificada de las constancias posteriores al auto de ejecución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral número 841/2010. En ese orden, téngase a la vista como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para el trámite del presente juicio, los autos las constancias pertinentes que obra dentro del juicio de amparo 2072/2021; así mismo, se ordena agregar a los presentes autos copia de las constancias necesarias del citado juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto, se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 103/2007, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, junio de 2007, página 285, número de registro digital 172215, la cual en su rubro y texto dispone: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." A continuación se abre el período probatorio: La Secretaria da cuenta con las constancias que la parte quejosa y la autoridad responsable allegaron al presente cuaderno. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 768/2022, promovido por Ma Elida Rangel Fernández, por conducto de su representante legal Joel Vicente Flores Sarno; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintidós, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibido en este juzgado el mismo día, compareció Ma Elida Rangel Fernández, por conducto de su representante legal Joel Vicente Flores Sarno, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: El dejar de diligenciar en sus términos el auto de ejecución de fecha 9 de noviembre de 2021, el dejar de señalar hora y fecha para que se diligencie en sus términos el requerimiento, pago y embargo, el dejar de hacer uso de los medios de apremio a fin de que el patrón cumpla en sus términos, dentro del expediente 841/2010." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 768/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 841/2010, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de diligenciar en sus términos el auto de ejecución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 841/2010. Lo anterior es así, pues del estudio integral de la demanda de amparo, el quejoso refirió -en específico en su capítulo de antecedentes-, que presentó demanda laboral, reclamando diferencia de aguinaldo y otras cuestiones laborales, seguido que fue el proceso, se dictó laudo definitivo y convenio de pago, mismos que señala se encuentra firmes, tramitándose actualización del crédito laboral, se dictó auto de ejecución sin que se haya cumplido, ni se haya desplegado actividad procesal alguna. De ahí que, de análisis integral de la demanda de amparo, se concluya que reclama la omisión de diligenciar en sus términos el auto de ejecución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 841/2010. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La existencia o inexistencia de los actos reclamados, es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, consistente en la omisión de diligenciar en sus términos el auto de ejecución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 841/2010; ya que corresponde a la parte que obtuvo sentencia favorable apersonarse con el actuario adscrito a la Junta a fin de diligenciar el auto de ejecución dictado por la presidencia de dicha Junta en nueve de noviembre de dos mil veintiuno, conforme a lo dispuesto por el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo. Con relación a lo anterior, debe decirse que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de actos de naturaleza omisiva en que incurre una autoridad, debe existir previamente la obligación correlativa de realizar el acto positivo, conforme lo dispongan las normas legales. Por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales o legales que ineludiblemente esté constreñida a realizar; y no simplemente por el sólo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que el quejoso indica. En este aspecto es ilustrativa la tesis 1ª.XXIV/98, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y tres, Tomo VII, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del epígrafe y contenido siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Pues bien, en el caso, resulta oportuno destacar que el Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento, dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. Se invoca por orientadora la Jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia(s): Laboral, Registro: 2000025, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." En el caso, de las constancias que integran el presente expediente se advierte lo siguiente: Que se trajo como hecho notorio el oficio 1223/2022 de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, enviado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, dentro del juicio de amparo 2072/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. Que a dicho oficio se adjuntó el auto de ejecución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, proveído por el cual en cumplimiento a la resolución de liquidación de cinco de abril de dos mil diecinueve, se despacha ejecución. Así como la diligencia de notificación de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, practicada a la actora por conducto de su apoderado legal, dentro del expediente laboral 841/2010. Documentos a los que se le otorga pleno valor probatorio, al tratarse de un documento público, atento a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, de la cual se desprende que en esa fecha se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la parte demandada y se comisionó al actuario adscrito a la junta, para que asociado con la parte actora o con su apoderado legal, se constituya en el domicilio del instituto demandado, a fin de ejecutar el laudo dictado en el referido asunto. Lo anterior, permite concluir que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no se encuentra obligada legalmente para ejecutar de motu proprio el auto de requerimiento de pago y embargo dictado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 841/2010; pues para lograr el desahogo de la diligencia correspondiente, se requiere que la parte actora -aquí quejosa-, se asocie con el actuario comisionado; lo cual no ha ocurrido en la especie, o al menos, no obra constancia de ello. En tal virtud, como la omisión reclamada se sitúa en la etapa ejecutiva de un laudo, las actuaciones se encuentran sujetas a impuso del ejecutante; por tanto, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no se encuentra obligada legalmente para ejecutar el auto de requerimiento de pago y embargo dictado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 841/2010. De ahí la inexistencia de la omisión atribuida a la autoridad laboral. Así lo expuesto, resulta lógico y jurídicamente razonable, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad responsable no está legalmente constreñida a acatar el laudo, de oficio, de manera que si la parte quejosa promovió este juicio para combatir la omisión genérica de la autoridad laboral de llevar a cabo la ejecución forzosa del laudo en los términos que refiere, es evidente que no existe el acto omisivo atacado en el juicio de amparo que nos ocupa, en los términos que han quedado precisados. En las condiciones relatadas, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de la omisión reclamada a la responsable. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ma Elida Rangel Fernández respecto a la autoridad señalada como responsable y acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, como está ordenado en los proveídos de cuatro de febrero y dieciséis de abril de dos mil veintiuno, remítase el presente juicio de amparo, así como los originales de los escritos de agravios, ampliación de agravios y complementario de dicho recurso con folios (1621, 1678, 2082, 2249); de fecha dos, nueve y once de febrero de dos mil veintiuno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de que turne a quien corresponda el recurso de revisión interpuesto por el licenciado Vicente Turrubiates Cortina, autorizado de la quejosa Silvia Esther Martínez Rodríguez. Asimismo, dese vista a la Analista Jurídica - SISE-, a fin de que realice la vinculación del presente asunto al Tribunal de Alzada correspondiente. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, con copia de las constancias pertinentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria Encargada del Despacho por ausencia del titular, en términos del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida por el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario que autoriza y da fe.

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