Ma. Elena Zamora Ángel
Expediente 17/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia En Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares
- MA. ELENA ZAMORA ÁNGEL y Otros.
- Ma. Elena Zamora Ángel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a veintidós de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en proveído de once de febrero anterior, adjuntó como sustento a su informe justificado en un tomo, copias certificadas del tomo II, del expediente original del juicio sucesorio intestamentario número 974-1/2001; por tanto, debido a lo innecesario que continúen a disposición de este juzgado las referidas constancias, y en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cuatro de abril de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a éste órgano jurisdiccional, en la que hace constar, por los motivos que expone, su impedimento para notificar la resolución de veintinueve de marzo de este año a la quejosa Ma. Elena Zamora Ángel, en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, dicha notificación deberá realizarse por lista, así como las subsecuentes aún las de carácter personal. Notifíquese.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 17/2016; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de enero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Ma. Elena Zamora Ángel, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora Primera Secretaria Actuaria Licenciada Karina Carbajal Rodríguez, adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Todas con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "a) Señalo el auto de fecha 08 de Diciembre de 2015 con fecha de publicación 09 de diciembre de 2015, en el expediente familiar 974-1/2001 relativo al incidente de impugnación de cuentas anual 2014, promovido por TOMÁS CARRERA SÁNCHEZ, en contra de SALVADOR CARRERA SÁNCHEZ del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, expediente 974-1/2001." TERCERO. Previo desahogo de prevención, por auto de veinte de enero de dos mil dieciséis se admitió a trámite la demanda, la cual fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 17/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar a los terceros interesados y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en una ocasión tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio sucesorio intestamentario en el que la quejosa se ostenta como tercera extraña, atribuidos a autoridades con sede en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a la demanda de amparo así como a su escrito aclaratorio se precisa que la quejosa ostentándose como tercero extraña a juicio, reclama por esta instancia el auto de ocho de diciembre de dos mil quince emitido en el expediente 974-1/2001 relativo al incidente de impugnación de cuentas anual 2014, a través del cual se le negó su solicitud en el sentido de que se le eximiera de comparecer al desahogo de la prueba testimonial ofrecida a su cargo, en razón de no ser parte para promover en el citado expediente, aunado a que el auto por el cual se admitió la prueba a su cargo quedó firme al no ser recurrido por las partes. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, ya que así lo reconocieron expresamente al rendir rendir sus respectivos informes justificados (folio 55), lo que constituye una confesión en términos de lo dispuesto por los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º; lo que además se robustece con la copia certificada de las constancias que integran el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Matilde Sánchez Arenal número 974/2001, que allegaron las responsables al sumario (tomo I), las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del citado Código Federal Procesal Civil, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO.- Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el numeral 77, ambos de la legislación de la materia, este último interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 77, de la ley de la materia, que establece que la finalidad de una sentencia en la que se conceda la protección de la justicia de la Unión consiste en restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Dicha restitución debe atender en todo caso a la naturaleza del acto reclamado, pues si se trata de un acto de naturaleza positiva, el cual implica un hacer de las responsables que afecta la esfera jurídica del gobernado, el efecto de la protección federal será para que las autoridades dejen insubsistentes sus actos, de forma tal que coloquen al quejoso en el mismo estado en el que se encontraba antes de que aconteciera esa afectación. Por su parte, cuando la violación consiste en un acto negativo, ya sea porque la autoridad se niegue a hacer algo o se abstenga de hacerlo, la protección federal se otorgara con la finalidad de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio especulativo, por lo cual, para determinar la procedencia del mismo, es necesario verificar que la sentencia protectora pueda producir la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, y sólo en el hipotético caso de que no se pudieran concretar los efectos de la posible concesión del amparo, dada la referida finalidad práctica, ningún caso tendría estudiar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo cual se actualizaría la hipótesis de improcedencia del artículo 77, interpretado en sentido contrario, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. Luego, como se indicó el acto reclamado consiste en el auto de ocho de diciembre de dos mil quince, dictado en el expediente número 974/2001 relativo al incidente de impugnación de cuentas anual 2014, promovido por el tercero interesado Tomás Carrera Sánchez en contra del diverso tercero Salvador Carrera Sánchez, con motivo del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Matilde Sánchez Arenal, mediante el cual, se negó a la quejosa su solicitud en el sentido de que se le eximiera de comparecer al desahogo de la prueba testimonial ofrecida a su cargo, en razón de no ser parte para promover en el citado expediente, aunado a que el auto por el cual se admitió la prueba a su cargo quedó firme al no ser recurrido por las partes. Sin embargo, mediante oficio recibido en esta fecha registrado en la libreta de correspondencia común de este Juzgado con el número 5614, el Juez responsable remitió copia certificada de las constancias relativas a la audiencia celebrada el dos de marzo de dos mil quince, en el incidente de impugnación a las cuentas de administración anual de dos mil catorce, en el expediente 974/2001 de su índice, la cual goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, de la que se aprecia que Tomás Carrera Sánchez (tercero interesado) se desistió de la prueba testimonial con cargo a la aquí quejosa Ma. Elena Zamora Ángel; prueba documental que este órgano de control constitucional toma en consideración para resolver el sentido de este asunto, no obstante que se exhibió con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, con apoyo en la jurisprudencia número 25/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1279, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Consecuentemente, debe decirse que en el hipotético caso de que al analizar el acto reclamado se determinara que el proveído de ocho de diciembre de dos mil quince, dictado en el expediente número 974/2001, relativo al incidente de impugnación de cuentas anual 2014, en el cual se negó a la quejosa su solicitud en el sentido de que se le eximiera de comparecer al desahogo de la prueba testimonial ofrecida a su cargo, por no ser parte para promover en el citado expediente, fuera ilegal y se concediera la protección constitucional para que las autoridades responsables dejaran insubsistente el mismo, dicha concesión no podría materializarse, pues, como se aprecia de las constancias exhibidas por el Juez responsable, en diligencia de dos de marzo de dos mil dieciséis, el tercero interesado Tomás Carrera Sánchez, se desistió de la citada prueba testimonial, lo que se acordó favorablemente en la referida fecha; por lo que, aun cuando continúan surtiendo sus efectos jurídicos, la concesión del amparo no podría producir la restitución en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. En ese sentido, en el caso opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el mencionado artículo 77, con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la ley de la materia, ya que ante tales circunstancias a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal si como se indicó el tercero interesado Tomás Carrera Sánchez se desistió de la prueba testimonial ofrecida con cargo a la aquí quejosa, cuya inconstitucionalidad en esta vía se reclama, por ende, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en este asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente juicio, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: UNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 17/2016, promovido por Ma. Elena Zamora Ángel, por su propio derecho, contra los actos, autoridades responsables y por los motivos reseñados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así, lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, asistido de la licenciada Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS JUAN DE DIOS CARREERA SÁNCHEZ Y EDUARDO CARRERA SÁNCHEZ, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, CUYO PUNTO RESOLUTIVO ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: "...SE RESUELVE: PRIMERO.- E SOBRESEE EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 17/2016, PROMOVIDO POR MA. ELENA ZAMORA ÁNGEL, POR SU PROPIO DERECHO, CONTRA LOS ACTOS, AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LOS MOTIVOS RESEÑADOS EN EL CONSIDERANDO ÚLTIMO DE ESTA SENTENCIA..."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES..
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