Ma. Elena Velasco Valle y Otros.
Expediente 1034/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gerardo Escobar Hernández
- Ma. Elena Velasco Valle y Otros.
- Gerardo Escobar Hernández y Otros.
- Efraín Escobar Velasco y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Certificación de archivo.
- Principal
Juzgado acepta competencia planteada. Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, por medio del cual acusa recibo del expediente remitido e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada; por ende, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Efraín Escobar Velasco y otros, la cual registró bajo el número 683/2022. Archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso j, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que este órgano jurisdiccional declinó competencia para resolver el presente juicio, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
Se recibe exhorto diligenciado. Agréguese el oficio signado por la secretaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 167/2022 (orden 362/2022); enviado para notificar al quejoso el auto dictado el veinticinco de octubre del año en curso; lo que así ocurrió el veintiocho de ese mes y año. Se ordena dar de baja la referida comunicación en el libro de gobierno respectivo así como en la estadística mensual.
- Principal
SE RECIBE EXHORTO DILIGENCIADO. Agréguese el oficio signado por la secretaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 165/2022 (orden 360/2022); enviado para notificar al quejoso el auto dictado el dieciocho de octubre del año en curso; lo que así ocurrió el día veinte de este mes y año. Se ordena dar de baja la referida comunicación en el libro de gobierno respectivo así como en la estadística mensual. En esa línea, en razón de que de la comunicación de cuenta se desprende que el peticionario Efraín Escobar Velasco precisó que también señala como acto reclamado, la respuesta que otorgó el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo, en el sentido de que no había cupo para recibirlo en ese lugar de reclusión, se provee sobre el escrito inicial de demanda. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Atento a la obligación que prevé el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la lectura íntegra de la demanda y sus anexos permite advertir que la parte quejosa señala como actos reclamados: El traslado ejecutado del quejoso directo Efraín Escobar Velasco, del centro de reclusión en que se encontraba en Estados Unidos de América al Centro Federal de Readaptación Social número 8 en Guasave, Sinaloa; sin que se haya efectuado al centro de reclusión que se encuentra más cercano a su domicilio. La respuesta que el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo otorgó, en el sentido de que no había cupo para recibir a Efraín Escobar Velasco en ese lugar de reclusión. SE DECLINA COMPETENCIA. Se estima que este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, no es constitucional ni legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo. "El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. [.]¨ De lo anterior se desprenden tres hipótesis para fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de una demanda de amparo, a saber: Será competente el juez federal del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de distrito de esas jurisdicciones, a prevención ante el que se presente la demanda; y Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, se considera actualizada la primer regla de competencia, esto es, que el Juzgado de Distrito que debe conocer de la presente demanda de amparo es aquel en cuya jurisdicción se haya ejecutado el acto reclamado, en este caso, el que ejerce jurisdicción en el municipio de Guasave, Sinaloa. Para evidenciarlo, nuevamente se trae a cuenta que los promoventes señalan como acto reclamado el traslado ejecutado de Efraín Escobar Velasco al Centro Federal de Readaptación Social número 8 en Guasave, Sinaloa, en lugar de haber sido recluido en el lugar que se encuentre más cercano a su domicilio, así como la respuesta que otorgó el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo, en el sentido de que no había cupo para recibir a Efraín Escobar Velasco en ese lugar de reclusión. De lo que se sigue que dichos actos reclamados tienen ejecución material, ambos en el lugar en el que el quejoso actualmente se encuentra recluido. Se explica: En primer lugar, del análisis integral de la demanda se desprende que entre dichos actos hay conexidad, pues se encuentran estrechamente relacionados con la pretensión final de la parte quejosa, esto es, que Efraín Escobar Velasco sea recluido en el centro penitenciario más cercano a su domicilio. Ahora bien, el primero de tales actos consiste en el traslado ya ejecutado y concluido del quejoso, desde diverso país, en este caso, los Estados Unidos de América, al Centro Federal de Readaptación Social número 8 en Guasave, Sinaloa. Esto es, el traslado, como acto de tracto sucesivo, tuvo lugar en diversas demarcaciones territoriales, iniciando fuera del país y concluyendo en el Estado de Sinaloa. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 322/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto interpuesto contra la orden para trasladar a un interno de un centro de reclusión a otro, cuando su ejecución no ha iniciado, o bien, ha concluido, se surte a favor del juez de distrito que previno. Sin embargo, también en esa ejecutoria se estableció que los jueces que pueden conocer del reclamo respecto de ese traslado, aunque son competentes a prevención, necesariamente deben tener jurisdicción en cualquiera de los lugares en donde dicho traslado está siendo o fue ejecutado. Lo anterior se desprende de sus consideraciones: "63. Así, atento a lo dispuesto por el primer párrafo del numeral invocado, si la orden de traslado debe tener ejecución, trata de ejecutarse, se está ejecutando o se ejecutó en un solo Distrito Judicial, del asunto conocerá el juzgado que ejerza jurisdicción en dicho lugar, pero si la citada ejecución debe comenzar en un Distrito Judicial y continuar ejecutándose en otro, la competencia territorial para conocer del caso corresponderá a los Juzgados de Distrito con jurisdicción en cualquiera de esos lugares, a prevención, en términos de lo previsto en su párrafo segundo, inclusive, si el traslado está totalmente ejecutado, pues su consumación no modifica su naturaleza jurídica". (Lo resaltado es propio). En ese tenor, es claro que este juzgado de distrito carece de competencia por territorio para conocer de ese acto reclamado en particular, debido a que se trata de un traslado concluido que no tuvo lugar -en ninguna de sus fases- dentro de la demarcación en la que ejerce jurisdicción. Sin que en el presente asunto haya indicios de que el quejoso vaya a ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo -donde sí tiene jurisdicción este juzgado-, ya que ello únicamente atiende a una expectativa de derecho de la parte quejosa, no así a un derecho adquirido. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.) igualmente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia." Ahora, por cuanto ve al acto reclamado enlistado en el inciso b, esta juzgadora igualmente considera que carece de competencia territorial para conocer de él, por lo siguiente: Como ya se precisó, ese acto reclamado consiste en la respuesta que el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo otorgó al quejoso a Efraín Escobar Velasco, en el sentido de que no había cupo para recibir en ese lugar de reclusión; es decir, se trata de un acto negativo que sí tiene ejecución material, ya que repercute directa y materialmente en el lugar en donde el quejoso se encuentra en reclusión, esto es, en Guasave, Sinaloa, dado que sus efectos se traducen en que el quejoso no sea trasladado al lugar al que solicitó, y que por tanto, permanezca en aquel sitio, actualizándose así la hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a donde se haya ejecutado el acto reclamado. Con antelación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que los actos que inciden en la permanencia del quejoso en el centro de readaptación en el que compurga la pena, deben ser considerados como aquellos que tienen ejecución material para efectos de definir la competencia del juzgado de distrito que deba conocer de su reclamo. Al respecto, concretamente, al resolver la contradicción de tesis 95/2020, justificó lo anterior en que la resolución que determina improcedente la concesión de un indulto -cesación de la privación de la libertad- tiene por consecuencia que el quejoso permanezca en su situación actual y, por ello, tiene una ejecución material, la cual ocurrirá en el lugar donde aquél se encuentre recluido, porque allí se seguirá ejecutando la pena cuya extinción se solicitó. Por igualdad de razón, esta juzgadora determina que carece de competencia legal para conocer del acto reclamado señalado en el inciso b, porque si bien es cierto que éste no constituye una determinación que negó el cese de la pena privativa, sí negó expresamente al quejoso las condiciones bajo las cuales él pretendía seguir compurgando su pena, lo que se traduce en que éste permanecerá interno en las condiciones, y muy importante, en el lugar en el que lo ha venido haciendo desde que fue trasladado al centro penitenciario con sede en Guasave, Sinaloa. Por lo que, la competencia para conocer del amparo indirecto contra esa determinación que determinó la improcedencia de modificar el lugar y la forma en que habrá de seguir compurgando su pena, se surte a favor del juzgador en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario donde el reo se encuentre recluido, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo de artículo 37 de la Ley de Amparo. Es orientadora para tal conclusión, la jurisprudencia 1a./J. 16/2021 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE DETERMINA IMPROCEDENTE UNA SOLICITUD DE INDULTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juzgado de Distrito es competente para conocer del amparo indirecto promovido contra el oficio dictado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que se determinó improcedente el indulto solicitado por una persona recluida en un Centro de Readaptación Social, ya que para uno el competente es el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad responsable, mientras que para el otro lo es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubique el Centro de Readaptación Social. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso es el legalmente competente para conocer del amparo indirecto contra el oficio emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal por el que determinó improcedente el indulto, ya que el acto reclamado tiene una ejecución material al incidir en la permanencia del quejoso en el centro de readaptación en el que compurga la pena. Justificación: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas distintas de tracto sucesivo para determinar la competencia en amparo indirecto atendiendo a si el acto reclamado tiene ejecución unívoca, plural o carece de ejecución material. Ahora bien, en el caso es aplicable la primera regla, a saber, la relativa a que es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, porque esta Primera Sala ha sostenido que los actos que determinen la permanencia de la persona en su lugar de reclusión generan una consecuencia material, es decir, una ejecución material. Ante ello, si una persona presentó una solicitud de indulto cuya concesión favorable implicaría, inter alia, la cesación de la privación de la libertad personal ante la extinción de la pena, la resolución que la determina improcedente tiene por consecuencia que permanezca en su situación actual y, por ello, tiene una ejecución material. Dicha ejecución material ocurrirá en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, porque allí se seguirá ejecutando la pena cuya extinción se solicitó". Por tal motivo, si los dos actos reclamados tienen ejecución material en el lugar en que se encuentra recluido el quejoso Efraín Escobar Velasco, a saber, en el municipio de Guasave, Sinaloa, con apoyo en lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en ese sitio a fin, de que provea lo que conforme a derecho corresponda. Remítase, previo cuaderno de antecedentes que se forme, el original del presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa con residencia en Los Mochis, para que por su conducto lo turne al juzgado correspondiente. Solicítese al Juzgado que corresponda conocer de su contenido, se sirva acusar el recibo de estilo respectivo.
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