Ma. Elena Rivera Luviano
Expediente 906/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ma. Elena Rivera Luviano
- Simón Rivera Luviano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de quince días que concede la ley, a fin de que las partes se inconformaran respecto al proveído de once de enero del presente año ..., por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio, en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa y terceros interesados, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero; sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. (...) En ese contexto, debe decirse que mediante sentencia dictada el veinte de abril de dos mil quince (fojas 86 a 95), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Ma. Elena Rivera Luviano, para el efecto de que: "(.) lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Dos, por conducto del Magistrado Titular, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, deje sin efectos la resolución de cinco de marzo de dos mil doce, dictada en el expediente 190/2011, respete a la quejosa la garantía de audiencia y la llame a las diligencias de jurisdicción voluntaria en comento, para los efectos del artículo 533 del ordenamiento adjetivo civil federal invocado, toda vez que la determinación recaída en el aludido expediente, es susceptible de variarse o modificarse, al no constituir una sentencia con la fuerza de cosa juzgada, por no existir litigio o contienda judicial, sino únicamente la declaración de un derecho derivado de un acto jurídico determinado. (.)". Ahora bien, como un esbozo sobre los efectos restitutorios de una sentencia protectora, es pertinente dejar apuntado que el efecto jurídico de toda sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven cuando el acto sea de carácter positivo, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, y para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis con relación a la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el efecto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal supuesto acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley. Bajo ese orden de ideas, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, se está en presencia de actos de carácter negativo, puesto que la ejecución de la sentencia de amparo se constriñe en que el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Dos, por conducto del Magistrado Titular, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, dejara sin efectos la resolución de cinco de marzo de dos mil doce, dictada en el expediente 190/2011, respetara a la quejosa la garantía de audiencia y la llamara a las diligencias de jurisdicción voluntaria, para los efectos del artículo 133 del ordenamiento adjetivo civil federal invocado, y éste se colma con obedecer lo que se ordena en forma obligada, pues dicho supuesto encuadra en la hipótesis normativa contemplada en la segunda parte del artículo 77 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo anterior, la Secretaria de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, por oficio número 864/2015 (fojas 141 a 143), comunicó a este Juzgado que el Magistrado Supernumerario Unitario, en ausencia del Magistrado de su adscripción, dejó insubsistente la resolución de cinco de marzo de dos mil doce, emitida en el expediente 190/2011, de su índice, ordenando emplazar a juicio a Ma. Elena Rivera Luviano, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley Agraria, a efecto de que compareciera a la audiencia de ley que fijó para las once horas con cuarenta minutos del siete de octubre de dos mil quince; por lo cual, mediante diverso 967/2015, la referida autoridad, remitió copia certificada de la constancia de emplazamiento realizado a la citada quejosa. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado; de modo que cuando la concesión es "para efectos", no basta suprimir el acto inconstitucional, sino que la autoridad responsable queda vinculada a realizar uno o varios actos que restauren las garantías violadas. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Dos, por conducto del Magistrado Titular, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, dejara sin efectos la resolución de cinco de marzo de dos mil doce, dictada en el expediente 190/2011, respetara a la quejosa la garantía de audiencia y la llamara a las diligencias de jurisdicción voluntaria, para los efectos del artículo 533 del ordenamiento adjetivo civil federal invocado. De las constancias que remitió la referida responsable, se advierte que siguió los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Notifico a los terceros interesados Pio Rivera Luviano y Simón Rivera Luviano, el proveído de once del presente mes y año, dictado por este Juzgado, mediante LISTA que se fija en los ESTRADOS del Juzgado de mi adscripción; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente
- Principal
NOTIFICO a la quejosa MA. ELENA RIVERA LUVIANO, el acuerdo de once de enero de dos mil dieciséis, mediante LISTA que se publica en los ESTRADOS del Juzgado de mi adscripción, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo en vigor, en razón de que transcurrió el plazo de dos días hábiles concedido en el AVISO, que se fijó el doce del presente mes y año, en la puerta de acceso del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, sin que hubiesen comparecido ante el Juzgado de mi adscripción a notificarse del citado auto, el cual, en su parte conducente dice: ".Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa y terceros interesados, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero; sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. (...) En ese contexto, debe decirse que mediante sentencia dictada el veinte de abril de dos mil quince (fojas 86 a 95), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Ma. Elena Rivera Luviano, para el efecto de que: "(.) lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Dos, por conducto del Magistrado Titular, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, deje sin efectos la resolución de cinco de marzo de dos mil doce, dictada en el expediente 190/2011, respete a la quejosa la garantía de audiencia y la llame a las diligencias de jurisdicción voluntaria en comento, para los efectos del artículo 533 del ordenamiento adjetivo civil federal invocado, toda vez que la determinación recaída en el aludido expediente, es susceptible de variarse o modificarse, al no constituir una sentencia con la fuerza de cosa juzgada, por no existir litigio o contienda judicial, sino únicamente la declaración de un derecho derivado de un acto jurídico determinado. (.)". Ahora bien, como un esbozo sobre los efectos restitutorios de una sentencia protectora, es pertinente dejar apuntado que el efecto jurídico de toda sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven cuando el acto sea de carácter positivo, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, y para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis con relación a la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el efecto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal supuesto acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley. Bajo ese orden de ideas, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, se está en presencia de actos de carácter negativo, puesto que la ejecución de la sentencia de amparo se constriñe en que el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Dos, por conducto del Magistrado Titular, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, dejara sin efectos la resolución de cinco de marzo de dos mil doce, dictada en el expediente 190/2011, respetara a la quejosa la garantía de audiencia y la llamara a las diligencias de jurisdicción voluntaria, para los efectos del artículo 133 del ordenamiento adjetivo civil federal invocado, y éste se colma con obedecer lo que se ordena en forma obligada, pues dicho supuesto encuadra en la hipótesis normativa contemplada en la segunda parte del artículo 77 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo anterior, la Secretaria de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, por oficio número 864/2015 (fojas 141 a 143), comunicó a este Juzgado que el Magistrado Supernumerario Unitario, en ausencia del Magistrado de su adscripción, dejó insubsistente la resolución de cinco de marzo de dos mil doce, emitida en el expediente 190/2011, de su índice, ordenando emplazar a juicio a Ma. Elena Rivera Luviano, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley Agraria, a efecto de que compareciera a la audiencia de ley que fijó para las once horas con cuarenta minutos del siete de octubre de dos mil quince; por lo cual, mediante diverso 967/2015, la referida autoridad, remitió copia certificada de la constancia de emplazamiento realizado a la citada quejosa. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado; de modo que cuando la concesión es "para efectos", no basta suprimir el acto inconstitucional, sino que la autoridad responsable queda vinculada a realizar uno o varios actos que restauren las garantías violadas. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Dos, por conducto del Magistrado Titular, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, dejara sin efectos la resolución de cinco de marzo de dos mil doce, dictada en el expediente 190/2011, respetara a la quejosa la garantía de audiencia y la llamara a las diligencias de jurisdicción voluntaria, para los efectos del artículo 533 del ordenamiento adjetivo civil federal invocado. De las constancias que remitió la referida responsable, se advierte que siguió los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente."
- Principal
Agréguese el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, acusa recibo del oficio por el cual se reexpidió el diverso de veintinueve de mayo del año en curso, informa que deja insubsistente la resolución de cinco de marzo de dos mil doce, emitida en el expediente 190/2011 de su índice. resérvese acordar lo conducente, una vez que la autoridad responsable remita copia certificada de la diligencia de emplazamiento a juicio a la aquí quejosa.
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