Ma. Elena Pedroza Mendoza
Expediente 1233/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1233/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Elena Pedroza Mendoza
Actuaciones
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y a sus autorizados, el acuerdo de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del quince al veinticinco de noviembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente, así también que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE....
- Principal
...En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del quince al veinticinco de noviembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente, así también que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE....
- Principal
...Vista la demanda de garantías promovida por ...contra actos del Juez Cuarto Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Cabe destacar que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- La diligencia de embargo de fecha 16 dieciséis de octubre del 2019 dos mil diecinueve, dentro del expediente número 712/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil que sobre pago de pesos promovió el endosatario en procuración de FRANCISCO ROSAS COLOR, frente a la suscrita...". Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima materializada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]. El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como es el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, al amparo sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, siempre y cuando sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción mencionada permite advertir que, para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: El acto reclamado sea una resolución o actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Ese recurso o medio de defensa sea factible dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la disconforme para contradecir el proceder del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la notificación impugnada. Sostiene lo expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: ...En ese tenor, el Código de Comercio acepta que en los procedimientos seguidos ante los tribunales civiles pueden suscitarse cuestiones incidentales, es decir, diversos asuntos que afectan la solución del negocio principal y que resulta necesario resolver en forma específica para la debida continuación y conclusión del juicio, sólo que atento a la técnica seguida en el juicio ejecutivo mercantil, que concede especial importancia a la celeridad del procedimiento, proscribe de la sustanciación de artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Esto implica que no se detendrá el juicio principal cuando se introduzcan temas que requieran la sustanciación de tales incidentes, pero no significa que no sea posible introducir en el juicio temas accesorios, que ameriten una solución singular y pronta, ya que la misma legislación lo autoriza en los dispositivos mencionados. Así, el Código de Comercio autoriza la sustanciación de cuestiones incidentales y establece las normas que deben seguirse para resolverlas, a saber: Que los incidentes se substanciaran en la misma pieza de autos, sin que suspenda el trámite del juicio principal. Se tramitaran verbalmente o por escrito, según disponga la ley. Al promoverse el incidente en forma escrita y al darse contestación al mismo, deberán proponer las partes las pruebas, fijando los puntos sobre las que versaran. Admitidas o desechadas las probanzas, se señalara fecha para el desahogo de la audiencia que será indiferible y deberá celebrarse dentro del término de ocho días, mandándose preparar las pruebas que así lo ameriten. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos, citándose para dictar la interlocutoria que proceda. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. En ese orden de ideas, el Código de Comercio admite de manera general los incidentes como medio de defensa, y establece un sistema propio de tramitación. Con base en lo anterior, es inconcuso que dicho código mercantil permite que se propongan temas incidentales como en el caso lo es la nulidad, pero ciñéndose en ese aspecto a la forma especial de tramitación que establecen los artículos 1349 a 1357. Ahora, es preciso ponderar que el embargo realizado con motivo del juicio ejecutivo mercantil -juicio del que emana el acto reclamado- en términos del artículo 1394, tercer párrafo, del Código de Comercio, pueden ser combatidos sus vicios propios a través de la nulidad. Cabe señalar, que conforme a dicho precepto, la impugnación del embargo, tiene como efecto remediar los defectos o vicios propios de éste. Medio de defensa que no fue interpuesto por la parte peticionaria, al menos porque no aparece probado. Bajo ese contexto, si contra el acto reclamado resulta procedente el incidente mencionado, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Máxime que la parte quejosa integra la relación jurídica procesal en el contradictorio de origen, pues quedó acreditado con la manifestación en la que, bajo protesta de decir verdad, señala que es parte demandada en el juicio. Además, debe establecerse que en el caso concreto, no se está en la hipótesis de excepción a que se refieren los incisos a) y b), del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque el embargo reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de un acto privativo de libertad. Tampoco se surte la excepción al inciso c) -tercero extraño- en atención a que la peticionaria tiene el carácter de parte en el expediente natural, de ahí que, si fue omisa en interponer el medio de impugnación correspondiente, antes de acudir en demanda de amparo indirecto, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata. Finalmente, la procedencia de ese incidente no se encuentra supeditada a la interpretación de otra norma, pues como se destacó, es el propio Código de Comercio el que prevé los incidentes como medio de defensa en esos procedimientos. Sostiene lo expuesto la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 28/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, visible en la página 207, con número de registro 200390, de rubro y texto siguiente: "...de demanda inicial, el cual consta de tres actos distintos que deben realizarse en la misma diligencia sin solución de continuidad, los que se encuentra sujetos para su validez y eficacia, a las formalidades y requisitos exigidos en aquéllos, o sea, requerimiento, embargo y emplazamiento. En la que además, determinó que no puede desconocerse que esos actos jurídicos distintos se encuentran estrechamente vinculados entre sí; esto es, el requerimiento y embargo no pueden concebirse jurídicamente en forma independiente y ajena a su notificación pese a ser actos distintos, pues ésta constituye un requisito indispensable para su validez. De ahí que, consideró que la nulidad afecta tanto el emplazamiento, así como el requerimiento y embargo; finalmente, concluye que, el requerimiento y embargo pueden por sí mismos adolecer de vicios propios distintos a los que se analice en la nulidad del emplazamiento; vicios que por sí mismos motivarían su anulación, sin que ello trascienda al emplazamiento practicado. Lo que permite concluir, que resulta procedente la nulidad del embargo trabado con motivo del juicio ejecutivo mercantil; de ahí que, la quejosa está en condiciones de combatir los actos reclamados a través del incidente de nulidad, sin que ello afecte el emplazamiento. No resulta óbice el hecho de que el criterio jurisprudencial invocado haya sido emitido conforme a la Ley de Amparo abrogada, pues dicho criterio ha sido reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la Tesis Aislada 1a. CCXLV/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, de la Décima Época, con registro 2015730, de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; donde el Máximo Tribunal determinó que al combatirse un embargo por medio de un incidente de nulidad de actuaciones, la resolución que recaiga a éste último será impugnable a través del juicio de amparo indirecto, al resultar un acto de imposible reparación; lo que permite concluir que el embargo reclamado será impugnable por el medio de control constitucional una vez que se agote el incidente de nulidad respectivo. Sin soslayar que en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estableció que procede el juicio de amparo indirecto en contra del auto de exequendo porque es un acto de imposible reparación. Empero, en la diversa tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) la Sala aludida determinó que aún en contra de actos de ejecución irreparable previo a la promoción del juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa legales procedentes. La tesis en comento es del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle de ...y autorizando para tal efecto a ...quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales número 2003905, 3558005, 4499299 y 09139215, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil y únicamente para recibirlas a ...toda vez que la promovente manifiesta que son pasantes de la citada licenciatura. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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