Ma. Elena Ortega Alvarado
Expediente 217/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. Elena Ortega Alvarado
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de julio de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 217/2018-I-A, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo segundo, de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Téngase recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de doce de junio del presente año. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Cárdenas, San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales, la cual quedó registrada en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número217/2018-I-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda y escritos aclaratorios, de los que se advierte que la quejosa reclama la determinación de notificarle por estrados dentro del juicio ordinario civil por petición de herencia 41/2017, promovido en su contra por ******************** expediente en el cual aduce ya fue dictada la sentencia correspondiente. En la especie, este órgano de control constitucional advierte opera de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XIV, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" La causal en comento establece la improcedencia del juicio de amparo cuando se reclaman actos que debido al inejercicio del derecho de impugnación de manera tácita o expresamente, tienen el carácter de consentidos. En la especie, la quejosa señala como acto reclamado la determinación de la autoridad responsable de efectuarle las notificaciones por estrados en el juicio ordinario civil por petición de herencia 41/2017 en el que funge como demandada, lo que alega dio lugar a que desconociera la fecha para absolver posiciones y las subsecuentes actuaciones como la sentencia dictada en dicho procedimiento, determinación que manifiesta causó ejecutoria, sin que hubiere promovido la nulidad de la notificación de su notificación, no obstante de haber tenido conocimiento de tales actos el veintinueve de mayo del presente año. De lo expuesto, se advierte que los actos que reclama la quejosa, se reputan consentidos, dado que a pesar de haber tenido conocimiento de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, no impugnó a través del incidente de nulidad la notificación relativa a esa determinación; de modo que al no haberlo hecho así, produjo el efecto procesal de consentir tácitamente la notificación de dicha resolución y, por ende, la sentencia definitiva, así como cualquier violación que pudiera haberse cometido en el curso del procedimiento. Ello porque, toda controversia jurisdiccional que ha concluido con una sentencia cierra toda posibilidad de combatir las actuaciones practicadas con anterioridad a la emisión de dicho fallo y la única manera de destruir la firmeza que ha adquirido el juicio es a través de los recursos que establece la ley o del juicio de amparo, en caso; empero, en la especie no se está en algún caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo, toda vez que la quejosa es parte y compareció a dicho procedimiento al aducir que al no haberse localizado en el domicilio que señaló para recibir notificaciones la responsable ordenó se le notificara por estrados, por lo que era menester que se promoviera el incidente de nulidad, pues de resultar procedente, dejarían expeditos los derechos de la promovente para hacer valer el recurso correspondiente en contra de la sentencia definitiva y alegar en él las violaciones que pretende reclamar en esta vía. De ahí que, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se prevé el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia 771, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, tomo II, página 855, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada." También, es aplicable a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, página 392, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. LAS VIOLACIONES PROCESALES LO SON, CUANDO NO SE AGOTO RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA. Si la quejosa no promovió en contra de la notificación del fallo pronunciado en la controversia, incidente de nulidad, produjo el efecto procesal de consentir tácitamente de su parte la notificación de dicha resolución, y por ende la sentencia definitiva, así como cualquier violación que pudiera haberse cometido en el curso del procedimiento, ya que de haberse intentado el incidente, y en su caso resultando procedente, dejarían expeditos los derechos de la recurrente para hacer valer el recurso de apelación y alegar en él las violaciones que pretende reclamar en la vía constitucional; de ahí que siendo evidente que tales actos aparecen tácitamente consentidos, resulta notoriamente improcedente la demanda de garantías, en términos de lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia número 9, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1985 "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA".
- Principal
Téngase recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de cuatro de junio del presente año. Vistas las manifestaciones vertidas en el escrito aclaratorio de cuenta, requiérase nuevamente a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, por escrito y con siete copias de su escrito relativo: Precise si promovió la nulidad de la notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 41/2017, de cuya ejecutoria señala en su escrito aclaratorio tuvo conocimiento el veintinueve de mayo del presente año, o algún otro medio de impugnación en contra de tales actuaciones; y en caso afirmativo, el estado procesal del mismo. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de junio de dos mil dieciocho. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ************** contra actos de Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Cárdenas, San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; en consecuencia, regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 217/2018-I-A. PREVENCIÓN Ahora, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 108 del propio ordenamiento, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con siete copias de su escrito aclaratorio: Exhiba dos copias más de la demanda de amparo que promueve, para estar en posibilidad de emplazar a todas las partes, dado que la original es para el expediente, una para cada autoridad responsable, que en el caso son dos, una para cada tercero interesado que en el caso son dos, una para dar la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos para formar el incidente de suspensión solicitado. Precise la etapa en la que se encuentra el juicio ordinario civil 41/2017 promovido por J. Guadalupe y María Trinidad, ambos de apellidos Ortega Villa, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Cárdenas, San Luis Potosí, en el que aduce figura como demandada. Precise cuando tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.161/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1079, libro 3, Tomo II, Febrero 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a la personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.
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