Ma. Elena Martínez Salazar

Expediente 1/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Ma. Elena Martínez Salazar
  • Integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1/2019-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de abril de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, a la parte tercero interesada ANASTACIO MEDINA FLORES, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. Resolución que en lo conducente dice: Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por MA. ELENA MARTINEZ SALAZAR, respecto del auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en el expediente laboral 01/1237/13, por los motivos expuestos la parte considerativa de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que da fe.en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1/2019-II, promovido por MA. ELENA MARTÍNEZ SALAZAR, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el dos de enero de dos mil diecinueve ante este Juzgado, MA. ELENA MARTÍNEZ SALAZAR, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Numero Uno de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Previo requerimiento el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 1/2019-II, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se emplazó al tercero interesado Anastasio Medina Flores y se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se fijaron las once horas del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta de esa fecha. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es:  El auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 01/1237/13, del índice de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, lo que se acredita con las documentales que anexó a su informe justificado consistentes en diversas constancias que obran dentro del expediente laboral antes citado, las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su propio artículo 2º CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que esgrime el quejoso, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. En el caso, se advierte de forma oficiosa, la actualización de una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V de la Ley de la materia, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Sobre el particular, se retomará lo determinado por el Pleno del Máximo Tribunal del país al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, falladas respectivamente en sesiones de veintidós de mayo de dos mil catorce y diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en las que medularmente se dijo, en lo que aquí concierne: Que el artículo 107 de la invocada ley de la materia, contiene dos señalamientos que permiten comprender el alcance de la citada expresión: a).- El primero, contenido en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, b).- El segundo, contemplado en su fracción V, que norma el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones, se determinó que por actos de imposible reparación se debían entender aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Federal, o bien, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También, se apuntó que sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva -la cual, de actualizarse, no necesariamente llega a trascender al resultado del fallo-. Tomando en cuenta lo anterior, se establecieron dos condiciones para calificar la aludida imposibilidad:  La primera, identificada con la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que se indicó equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y,  La segunda, que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza meramente formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento -momento en el que sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva-. Tales consideraciones quedaron plasmadas en las jurisprudencias localizables en la Décima Época, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con los números P./J. 37/2014 (10ª.), registro 2006589 y P./J. 1/2016 (10ª.), registro 2011428, que son del rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Una vez establecido qué se debe entender para la procedencia del juicio de amparo indirecto por "actos de imposible reparación", se arriba a la conclusión de que el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciado por la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos en la expediente laboral 01/1237/13, en el que reservó acordar lo conducente respecto a la petición de la quejosa (MA. ELENA MARTINEZ SALAZAR), no contiene esa característica para efectos de la procedencia de esta instancia constitucional. Previamente al análisis de la causal de improcedencia mencionada, debe señalarse los antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de origen, que destacan lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, ante la autoridad responsable, el apoderado legal del demandado Bruno Martínez Ramírez, informó el fallecimiento del mismo (foja 48). 2. En escrito de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el apoderado legal del actor solicitó a la junta responsable que al no quedar prueba pendiente que ameritara diligencia especial, se concediera un término a las partes para formular alegatos (foja 50). 3. En acuerdo de diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, la autoridad responsable, dio vista a la parte actora para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera; asimismo, en relación a la formulación de alegatos, manifestó que no había lugar a acordar de conformidad, por lo que debería estarse al estado de los autos (foja 51). 4. El treinta de octubre de dos mil diecisiete, notificó a la parte actora (foja 52). 5. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, el apoderado legal de la parte actora, solicitó se practicaran las diligencias necesarias a efecto de llamar al representante legal de la sucesión para integrar el proceso y expresara lo que a su derecho convenga (foja 55). 6. El siete de noviembre del dos mil diecisiete, la junta ordenó al actuario adscrito a efecto de que emplazara a juicio a la sucesión intestamentaria del de cujus Bruno Martínez Ramírez (foja 56). 7. El ocho de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo -previo citatorio- una notificación en el que supuestamente se emplazó a la sucesión intestamentaria y/o testamentaria del de cujus Bruno Martínez Ramírez, por conducto de quien legalmente lo representara (foja 57 a 60). 8. El catorce de febrero de dos mil dieciocho, María Elena Martínez Salazar (aquí quejosa), en su carácter de hija del finado Bruno Martínez Ramírez, se apersonó con motivo del acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, dando contestación a la supuesta sucesión que pretende realizar el actor Anastacio Medina Flores (foja 81, 83 a 86). 9. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, ordenó girar oficio al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y al archivo general de notarías del Estado de Morelos, para el efecto de girar instrucciones a quien corresponda e informaran si dentro de sus archivos existía algún registro de alguna sucesión intestamentaria o testamentaria del de cujus Bruno Martínez Ramírez (foja 87). 10. Posteriormente, existe una promoción sin que se advierta la fecha, en el que el actor por conducto de su apoderado legal, solicitó se hicieran efectivos los apercibimientos y se diera la continuidad con la secuela del proceso; al no haber pruebas qué desahogar se señalara término para formular alegatos (foja 94). 11. El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, María Elena Martínez Salazar, solicitó se regulariza el procedimiento y se acordara su promoción presentada el catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 97). 12. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la junta responsable acordó lo siguiente: ". VISTO .- EL ESCRITO DE CUENTA CON NÚMERO DE FOLIO 004298, DIGASE A LA PROMOVENTE QUE NO HA LUGAR A RECONOCERLE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA, ASI COMO EL DOMICILIO PROCESAL QUE PRETENDE SEÑALAR EN RAZÓN DE QUE COMO SE ORDENÓ EN PROVEIDO DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, UNA VEZ QUE ESTA AUTORIDAD OBTENGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL MISMO, POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS SE ACORDARÁ LO CONDUCENTE, RESPECTO A SU PETICIÓN. AHORA BIEN, TODA VEZ QUE DE AUTOS SE ADVIERTE QUE NO OBRA CONSTANCIA DE HABERSE GIRADO LOS OFICIOS ORDENADOS EN EL CITADO ACUERDO, POR LO QUE PARA EVITAR DILACIONES PROCESALES SE ORDENA GIRAR OFICIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS Y AL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EFECTO DE QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, INFORME A ESTA AUTORIDAD SI DENTRO DE SUS ARCHIVOS EXISTE ALGÚN REGISTRO DE ALGUNA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA Y/O TESTAMENTARIA DEL DE CUJUS BRUNO MARTINEZ RAMIREZ, APERCIBIDOS QUE DE HACER CASO OMISO SERÁN ACREDORES A UNA MEDIDA DE APREMIO CONSISTENTE EN MULTA DE VEINTE DÍAS EQUIVALENTE AL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, PÚBLICADO EL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. FINALMENTE SE COMISIONA AL ACTUARIO DE ESTA JUNTA PARA EL EFECTO DE QUE NOTIFIQUE EN FORMA PERSONAL A LA PARTE ACTORA Y A LA C. MA. ELENA MARTINEZ SALAZAR, EL PRESENTE ACUERDO. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULO 741, 742, 967 AL 975 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." De lo narrado, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia aduciendo tener la representación legal de la parte patronal en el juicio de origen, cuestión que se mantiene en reserva, dado que no se ha acordado favorable esa petición hasta en tanto se recaben informes para localizar la existencia de una sucesión a bienes del demandado fallecido; por ello, no puede conceptualizarse como una persona extraña al procedimiento, al haber comparecido en representación de una de las partes, siendo entendible que conoce la existencia del juicio que se sigue en contra de la patronal que pide representar, y además, quedó integrada a la relación jurídico procesal de esa instancia ordinaria laboral. Apoya a la anterior determinación la tesis aislada XII.2º.19 K con número de registro 212364 del Segundo Tribunal Colegido del Décimo Segundo Circuito, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, Junio de mil novecientos noventa y Época: Octava Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: RECURSOS. TERCERO EXTRAÑO, NO TIENE ESE CARACTER, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUIEN SE INTEGRA A LA RELACION JURIDICA-PROCESAL EN EL JUICIO NATURAL, POR LO QUE DEBE AGOTAR LOS. Así, tenemos que el acuerdo que se reclama emitido en el juicio laboral de origen 01/1237/13, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; además, de que en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la quejosa, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, en virtud de que el acuerdo reclamado emana de un procedimiento jurisdiccional ante un órgano materialmente jurisdiccional en materia de trabajo, sin que se le prive de un derecho, solamente se reserva reconocer la representación que aduce ostentar de la sucesión a bienes del demandado hasta que la Junta reciba los informes para verificar la existencia o no de esa sucesión, teniendo efectos puramente procedimentales y no el menoscabo de un derecho sustantivo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado, como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar el laudo, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2º.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Recapitulando, queda en evidencia que durante la instrucción del procedimiento laboral el demandado falleció; por consiguiente, la autoridad responsable Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos para el esclarecimiento de la verdad ordenó girar oficio al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y archivo General de Notarías del Estado de Morelos, para el efecto de que dentro del término de tres días, informara sí dentro de sus archivos existe algún registro de alguna sucesión intestamentaría y/o testamentaria del de cujus Bruno Martínez Ramírez. Por consiguiente, el acuerdo conducente en el que reserva la petición de la quejosa, de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, acto reclamado; no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la peticionaria de amparo, pues el hecho de que la autoridad responsable a través del citado acuerdo, reservó acordar lo solicitado (carácter con el que se ostenta y domicilio) hasta en tanto obtuviera la información solicitada a las referidas dependencias públicas, no da pauta en automático a obtener un laudo adverso a sus intereses, ya que la Junta debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio, a más que, como se observa del referido acuerdo, éste no constituye un rechazo frontal a reconocer el carácter con que se ostenta la promovente y por el contrario, con el mismo busca proteger y titular los derechos del demandado al requerir contar con elementos que le permiten verificar de manera plena la persona o personas que legítimamente les corresponda representar los derechos del difunto, pudiendo incluso concluir que ello recae en la quejosa; de ahí que no revista el carácter indicado el citado acto reclamado. En el entendido que si trascendiera en el dictado del laudo es reclamable como violación intraprocesal en el amparo directo que se promueve en contra de dicho fallo; lo anterior, con fundamento en el artículo 172, fracción II de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por los Plenos de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el registro 2012731, con rubro: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 762, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. EL TRABAJADOR NO TIENE OBLIGACIÓN DE AGOTARLO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA QUE SE ANALICE LA VIOLACIÓN PROCESAL ADUCIDA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE LA MATERIA (INAPLICABILIDAD PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J. 8/99)." Por tanto, si la resolución reclamada es susceptible de causar consecuencias legales, pero de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, ello trae como consecuencia que el juicio de amparo intentado resulte improcedente. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad referida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por MA. ELENA MARTINEZ SALAZAR, respecto del auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en el expediente laboral 01/1237/13, por los motivos expuestos la parte considerativa de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que da fe.en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.CHANT*

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