Ma. Elena López Cabrera

Expediente 664/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
664/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Ma. Elena López Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que a la fecha transcurrió en exceso el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la amparista, en su caso, interpusiera recurso de queja contra el proveído de seis de los actuales, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por ende, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del expediente en que se actúa, se encuentran debidamente digitalizadas y vinculadas en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.). En tal orden de ideas, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo. Así mismo, mediante oficio que derive del presente acuerdo, devuélvase 3 tomos de pruebas del juicio ordinario civil de divorcio por mutuo consentimiento, el certificado de depósito 1598189, expedido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, por 10,000 M.N. ( diez mil pesos 00/100 moneda nacional) y seis disco compactos formato "DVD", por separado remitido por el Juez Provisional del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, procede a valorar jurídicamente este juicio; por ende, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 20 fracción IV del Acuerdo General en cita, toda vez que en este asunto se desechó la demanda de amparo. Asiéntense los anteriores datos en las carátulas de los expedientes mencionados; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control de registro de juicios de amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con sede en esta ciudad, con el cual remite el acuerdo de cuatro de los actuales emitido en el cuaderno de varios 4/2023, del índice de la superioridad, en el que determinó que la pretensión de la promovente es instar el juicio de amparo vía indirecta, pues el acto reclamado no es una determinación que pueda considerase como sentencia definitiva o laudo, ni una resolución que ponga fin al juicio, ordenando remitir las constancias respectivas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito residentes en esta ciudad, anexos que se describen por el oficial de la Oficina mencionada, entre ellos los tomos II y II del juicio ordinario civil de divorcio por mutuo consentimiento, promovido por Sergio Hernández Barraza contra Ma. Elena López Cabrera, radicado bajo el expediente 840/2019 en el Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua y la demanda de amparo directo iniciada por Ma. Elena López Cabrera. Atendiendo lo resuelto por la superioridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 45, de la Ley de Amparo y al compartir el criterio de la alzada, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico, fórmese expediente impreso y digital y regístrese con el número 664/2023-II; envíese el acuse de recibo correspondiente a la superioridad. En cuanto a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se considera necesario indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar aquélla para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Sin embargo, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que la causa de improcedencia sea manifiesta, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además, que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61 fracción XXIII con el numeral 107 fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI."; Disposiciones de las que se obtiene que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados u omisiones en un procedimiento, procede cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto o actos reclamados no producen una afectación de esa naturaleza, entonces se actualiza la causal en estudio. Dado el sentido de este auto, se considera necesario mencionar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no, cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107 fracción V, de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011338, de contenido: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". Así como la diversa jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570, del Libro 6, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en mayo de 2014, registro 2006339, de contenido: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal". Lo anterior significa, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. También debe señalarse, que las violaciones procesales son impugnables generalmente en amparo directo, en términos de lo dispuesto por el dispositivo legal 172 de la Ley de materia, cuando se reclama la sentencia definitiva pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo que en el caso no acontece. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica y c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. La concurrencia de esas circunstancias, imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Ahora bien, el acto reclamado la amparista lo hace consistir en: "IV. Actos Reclamados: Contra el auto de fecha uno de junio de dos mil veintitrés, publicado en la lista el dos de junio de dos mil veintitrés, con el número treinta y dos, y que surte sus efectos el cinco de junio de dos mil veintitrés" El auto que constituye el acto reclamado, es del tenor literal siguiente: "Se desecha recurso de revocación. Nuevo Casa Grandes, Chihuahua, a uno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito recibido el día veinticinco de mayo del año dos mil veintitrés, signado por Ma. Elena López Cabrera, parte demandada, respecto a lo que solicita, dígasele que se desecha de plano el recurso de revocación que pretende interponer, toda vez que el auto que refiere (de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés), es irrecurrible; razón por la cual no es dable acceder a su petición de cuenta. De conformidad con los artículos 95 y 96 del Código de Procedimientos Familiares. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ever Omar Parra Zubia, Juez Provisional Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, ente la Secretaria judicial., con quien actúa y da fe. Doy Fe.". El proveído impugnado mediante el recurso de revocación desechado en cita, es de contenido siguiente: "Se está a lo anteriormente acordado. Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito recibido en este Tribunal el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, signado por Ma. Elena López Cabrera, parte demandada y respecto a lo que solicita, dígasele que se esté a lo acordado mediante auto de fecha veintisiete de marzo del año en curso, a través del cual se le hiciera efectivo el apercibimiento ordenado en auto del día siete de marzo de dos mil veintitrés; proveído que se encuentra firme al no haber sido recurrido por persona alguna; por lo que se tuvo por entendido que cuenta con plena capacidad económica para cubrir sus propios alimentos, aunado a que se le hizo la precisión de que no se volverá a girar el oficio para el estudio socioeconómico, debiendo por lo tanto estarse al citado proveído, de conformidad con el numeral 87 del Código de Procedimientos Familiares. Notifíquese:.". Transcripciones de las que se advierte, que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el atacado de inconstitucional, por lo siguiente: Dicho acto sólo se puede afectar derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si en el caso se combate el acuerdo de uno de junio último, dictado por el Juez responsable en el cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído de veintitrés de mayo de esa misma anualidad, en el que la autoridad responsable tuvo por recibido el escrito de la demandada (quejosa), en el que solicitaba que se ordenara de nueva cuenta girar oficio a la Trabajadora Social para que le practicará la pericial socioeconómica, determinando que se esté a lo acordado en auto de veintisiete de marzo último, a través del cual se hizo efectivo el apercibimiento ordenado en proveído de siete de la última mensualidad indicada, mismo que precisó el juez que se encuentra firme; por lo que se tuvo por entendido, que cuenta con plena capacidad económica para cubrir sus propios alimentos, aunado a que se le hizo la precisión de que no se volverá a girar el oficio para el estudio socioeconómico, debiendo por tanto estarse al citado proveído de conformidad con el numeral 87 del Código de Procedimientos Familiares. En las relatadas condiciones, es evidente y se insiste que se trata de cuestiones que no afectan de modo alguno derechos sustantivos de la amparista. Sobre esta base, se deduce que de actualizarse alguna afectación a los derechos fundamentales de la impetrante de amparo, en su caso, deben combatirse como violaciones cuando se impugne en amparo directo la sentencia que se dicte en el juicio de origen y en caso de que sea adversa a sus intereses, pues se itera, el acto reclamado sólo produce efectos procesales por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Consecuentemente y como se anunció, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII con relación al numeral 107 fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable por las razones que la componen, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 699, Libro XXVI, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, editado en noviembre de 2013, cuyo rubro y texto son: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Y la tesis IV.2o.C.5 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, visible en la página 2159, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En tales condiciones, al actualizarse el motivo de improcedencia invocado, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por Ma. Elena López Cabrera. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Río Florido, 4597, colonia Los Nogales, en esta urbe y como sus autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Lizdebeth Erives Reyes y José Enrique Licerio Pérez, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a José Sócrates de la Torre Morales, José Carmen Licerio Pérez y Óscar Alonso Ponce Muñoz, por así solicitarlo la promovente. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se pronuncien; así como toda información relacionada con los expedientes que deben ingresar en el sistema respectivo; asimismo, se hace saber a los Actuarios que deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que los Secretarios tendrán que cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso coincidan en su totalidad. Finalmente, toda vez que mediante escrito de treinta de junio presentado ante la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiado con sede en esta ciudad, la quejosa María Elena López Cabrera exhibió certificado de depósito 191283 por la cantidad de 10,000 (diez mil pesos moneda nacional) para garantizar la suspensión provisional, por tanto entréguese dicho documento al encargado de la caja de valores de este Juzgado para su registro en el libro de gobierno correspondiente, guardia y custodia.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con sede en esta ciudad, con el cual remite el acuerdo de cuatro de los actuales emitido en el cuaderno de varios 4/2023, del índice de la superioridad, en el que determinó que la pretensión de la promovente es instar el juicio de amparo vía indirecta, pues el acto reclamado no es una determinación que pueda considerase como sentencia definitiva o laudo, ni una resolución que ponga fin al juicio, ordenando remitir las constancias respectivas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito residentes en esta ciudad, anexos que se describen por el oficial de la Oficina mencionada, entre ellos los tomos II y II del juicio ordinario civil de divorcio por mutuo consentimiento, promovido por Sergio Hernández Barraza contra Ma. Elena López Cabrera, radicado bajo el expediente 840/2019 en el Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua y la demanda de amparo directo iniciada por Ma. Elena López Cabrera. Atendiendo lo resuelto por la superioridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 45, de la Ley de Amparo y al compartir el criterio de la alzada, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico, fórmese expediente impreso y digital y regístrese con el número 664/2023-II; envíese el acuse de recibo correspondiente a la superioridad. En cuanto a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se considera necesario indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar aquélla para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Sin embargo, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que la causa de improcedencia sea manifiesta, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además, que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61 fracción XXIII con el numeral 107 fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Disposiciones de las que se obtiene que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados u omisiones en un procedimiento, procede cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto o actos reclamados no producen una afectación de esa naturaleza, entonces se actualiza la causal en estudio. Dado el sentido de este auto, se considera necesario mencionar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no, cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107 fracción V, de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Lo anterior significa, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. También debe señalarse, que las violaciones procesales son impugnables generalmente en amparo directo, en términos de lo dispuesto por el dispositivo legal 172 de la Ley de materia, cuando se reclama la sentencia definitiva pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo que en el caso no acontece. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica y c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. La concurrencia de esas circunstancias, imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Ahora bien, el acto reclamado la amparista lo hace consistir en: "IV. Actos Reclamados: Contra el auto de fecha uno de junio de dos mil veintitrés, publicado en la lista el dos de junio de dos mil veintitrés, con el número treinta y dos, y que surte sus efectos el cinco de junio de dos mil veintitrés" El auto que constituye el acto reclamado, es del tenor literal siguiente: "Se desecha recurso de revocación. Nuevo Casa Grandes, Chihuahua, a uno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito recibido el día veinticinco de mayo del año dos mil veintitrés, signado por Ma. Elena López Cabrera, parte demandada, respecto a lo que solicita, dígasele que se desecha de plano el recurso de revocación que pretende interponer, toda vez que el auto que refiere (de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés), es irrecurrible; razón por la cual no es dable acceder a su petición de cuenta. De conformidad con los artículos 95 y 96 del Código de Procedimientos Familiares.

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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

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