Ma. Elena Hernández Hernández

Expediente 502/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
502/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Ma. Elena Hernández Hernández
  • Procuradora de Protección de las Niñas, Niño y Adolescentes Sistema DIF Matamoros, Enlace de la Procuraduría Estatal del Adulto Mayor. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 502/2020-I, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión provisional) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra del el auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo 502/2020-I; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; además, a juicio de este Juzgado Federal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del siete de junio de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el escrito firmado por el licenciado Tomás Aguiñiga García, autorizado legal de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, a través del cual manifiesta que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la medida de protección emitida el catorce de julio de dos mil veinte, por el Fiscal Investigador en el expediente de origen, tenía una vigencia de sesenta días. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable remitiera como complemento a su informe justificado, se aprecia que el catorce de julio de dos mil veinte, mediante oficio 2672/2020, el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, con sede en esta ciudad, como medida de protección, ordenó a la Procuradora de Protección de las Niñas, Niños y Adolecentes del Sistema DIF Matamoros, con sede en esta ciudad, que vigilara en el domicilio de las víctimas a María Elena Hernández Hernández, Yolanda María Valtierra Hernández y Elva Elena Valtierra Hernández; de igual forma, para que realizara visitas periódicas o permanentes y llevara a cabo las gestiones de prevención y cuidado que garantizaran sus derechos a la salud, vida, y seguridad, por un término de sesenta días. En cumplimiento a ello, la Procuradora de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros, con residencia en esta localidad, a través del oficio JUR/CH/2561/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, comunicó a Alfredo Leal Medina (en su calidad de arrendador), que esa autoridad había sido designado como representante legal de la aquí agraviada y de otras personas, y con motivo de lo anterior, le hizo saber que a partir de esa fecha, el pago que corresponde a la renta mensual del inmueble que habitaba, mismo que era propiedad de la peticionaria de garantías María Elena Hernández Hernández, debería de realizarse en el departamento jurídico adscrito al Sistema DIF Matamoros. En ese sentido, de conformidad con el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por la parte quejosa Ma. Elena Hernández Hernández, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de ley de la materia, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, lo que se reclamó a través del juicio constitucional que nos ocupa, es la orden emitida por el Encargado del Departamento de Servicio Social del Sistema DIF Matamoros, respecto a que los inquilinos ya no hicieran los pagos directamente a la quejosa, por concepto de renta de casa habitación de su propiedad, y en su lugar, lo hicieran al Departamento Jurídico del DIF, Matamoros, de esta ciudad. Empero, como ya se vio, la parte quejosa manifestó que ya habían cesado los efectos de dicha medida, puesto que la misma tenía una vigencia de sesenta días, contados a partir del catorce de julio de dos mil veinte, fecha en la que el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, con sede en esta ciudad, emitió el oficio 2672/2020, ordenando las citadas medidas. Lo anterior se corrobora, pues de las constancias que integran el juicio constitucional en que se actúa, se advierte la existencia del oficio 2672/2020, de catorce de julio de dos mil veinte, por medio del cual el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, con sede en esta ciudad, como medida de protección, ordenó a la Procuradora de Protección de las Niñas, Niños y Adolecentes del Sistema DIF Matamoros, con sede en esta ciudad, que vigilara en el domicilio de las víctimas a María Elena Hernández Hernández, Yolanda María Valtierra Hernández y Elva Elena Valtierra Hernández; de igual forma, para que realizara visitas periódicas o permanentes y llevara a cabo las gestiones de prevención y cuidado que garantizaran sus derechos a la salud, vida, y seguridad, por un término de sesenta días, los cuales a la presente fecha ya fenecieron. Documental certificada que, por ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad señalada como responsable, al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con treinta y dos minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno; de igual manera, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y dése de baja la comunicación oficial 102/2021-I (127), en la estadística mensual de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    I..De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, a los terceros interesados Elva Margarita López Ramírez, Arturo Valtierra Hernández, Yolanda Valtierra Hernández y Alberto Durán Jr., el proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por medio de lista de acuerdos, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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