Ma. Elena Guerrero Huerta
Expediente 559/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ma. Elena Guerrero Huerta
Actuaciones
- Principal
éngase por recibido el oficio 9896/2018, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, por medio del cual remite testimonio autorizado de la resolución pronunciada en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dentro del conflicto competencial 20/2018, de su índice, cuyo puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida por Ma. Elena Guerrero Huerta contra los actos y autoridades precisados al inicio de la ejecutoria." En mérito de lo anterior, agréguese a los autos la ejecutoria de mérito; háganse las anotaciones en el libro uno de juzgado correspondiente a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; acúsese el recibo de estilo al citado tribunal de alzada y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo.
- Principal
...Téngase por recibido el oficio 20736/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, mediante el cual se le tiene haciendo del conocimiento de este juzgado, que insiste en que la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Ma. Elena Guerrero Huerta, se surte a favor de este Juzgado Séptimo de Distrito; asimismo, informa que remitió las constancias pertinentes al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en turno, con sede en la citada ciudad, para el conocimiento del conflicto competencial suscitado; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 8388/2018-T, signado por el Secretario del Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cual quedó registrado como conflicto competencial 20/2018, de su índice; en esa virtud, téngase a la superioridad informando lo anterior y agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 17629/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1067/2018, de su índice, promovido por el Ma. Elena Guerrero Huerta, dado que dicho juzgado consideró carecer de competencia para seguir conociendo del mismo por razón de territorio. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 559/2018-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En efecto, de las constancias anexadas al oficio de cuenta, se desprende que la autoridad declinante mediante proveído de cuatro de junio del año en curso, en términos de lo establecido por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, atribuye la competencia para conocer del presente juicio, al Juez de Distrito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en virtud de que el acto reclamando consistente en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, de dictar los actos tendentes para que se cumpla en su totalidad la resolución de liquidación de laudo dictada en el juicio laboral 262/2011, tiene ejecución en esta ciudad, pues refiere que se trata de un acto negativo con efectos positivos, y siendo ello así la ejecución de dicho acto, se llevaría acabo en esta ciudad, dado que el demandado es el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, este juzgador no comparte el criterio sostenido por el juzgado declinante, y por lo tanto NO ACEPTA LA COMPETENCIA propuesta, por las siguientes razones: En principio debe invocarse el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." [Énfasis propio] La disposición transcrita señala básicamente las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en asuntos en que sean competentes para conocer de los juicios de amparo, las cuales en esencia son: Si el acto reclamado tiene ejecución, será competente el del lugar en donde deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; Si los actos reclamados tiene ejecución en diversos distritos, será competente el Juez de Distrito ante quien se haya se presentado la demanda; y, Si el acto carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, de dictar los actos tendentes para que se cumpla en su totalidad la resolución de liquidación de laudo dictada en el juicio laboral 262/2011, que a consideración de este juzgador se trata un acto negativo-omisivo, que no tiene ejecución material, pues se trata una omisión de proveer lo conducente para que se ejecute la condena, aspecto éste, de lo cual se duele el quejoso que la responsable ha dejado de hacer. Esto se considera así, pues de la demanda de amparo esencialmente se destacó lo siguiente: "...ocurro a demandar el amparo y protección de la justicia federal en contra de la tardanza y omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los .Municipios, para dictar todos los actos tendientes a que se cumpla en su totalidad de la resolución del 18 de noviembre del 2015, relativa al incidente de liquidación del laudo que ha quedado firme dentro del expediente antes, mencionado. (...) IV.- ACTO RECLAMADO: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, la tardanza y omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, para dictar todos los actos tendientes a que se cumpla en su totalidad de la resolución del 18 de noviembre del 2015, relativa al incidente de liquidación del laudo que ha quedado firme dentro del expediente 262/2011. (...) ... por lo que el tres de marzo del presente año se dictó el AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, sin embargo, hasta la presente fecha no ha sido posible obtener el pago de la condena ni el embargo de bienes en virtud de que el demandado hoy tercero interesado dice no tiene recursos para dichos efectos según consta en autos, lo que da motivo a inconformarse, interponiendo la Demanda de garantías respectiva... (...) IX.- CONCEPTO DE VIOLACIÓN ÚNICO.- La Autoridad Responsable viola los derechos que me otorga la Carta Magna sobre la justicia pronta y expedita, legalidad y certeza jurídica, en los términos que establecen los numerales 14 y 16, en relación con los artículos 945, 950 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, pues efectivamente en el expediente 262/2011, donde se combate la OMISIÓN del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, sobre la tardanza y omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, para dictar todos los actos tendientes a que se cumpla en su totalidad de la resolución del 18 de noviembre del 2015, relativa al incidente de liquidación del laudo que ha quedado firme dentro del expediente antes mencionado. Por lo tanto hasta la presente fecha no ha sido posible obtener el pago de la condena en virtud de que el demandado hoy tercero interesado no tiene recursos para dichos efectos según consta en autos y con esa postura me causa perjuicios, pues está deteniendo el procedimiento indebidamente, por lo que se pide el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el hecho de que constriña a la responsable para que dicte las medidas necesarias para el cumplimiento del pago de la condena dictada en autos del expediente de origen y no siga causando perjuicio en lo sucesivo. En ese sentido, tal omisión, sin lugar a dudas, resulta violatoria de los artículos 14, 16 y 17 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de la Autoridad Responsable en virtud de que el artículo 17 de la Constitución establece entre otras cosas: (Transcribe) Asimismo, los diversos numerales 290 y 293 del Código Municipal vigente en el 2011, que se aplica a dicho cumplimiento del laudo, pues las reformas dicho código fueron en fecha posterior a la presentación de la demanda inicial y al despido del que fui objeto y sería ilegal que de manera retroactiva se pretendiera aplicar las reformas al código municipal vigente en esta fecha, pues el del 2011 establece que: ARTÍCULO 293. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al tribunal de conciliación y arbitraje para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello. ARTÍCULO 293. El tribunal de conciliación y arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus resoluciones, dictando, todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. De esa talante, se aprecia que la responsable, se abstuvo de observar el derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del prenombrado artículo 17 de la Constitución, que garantiza que cualquier persona pueda acudir a los tribunales y que éstos tienen la ineludible obligación de administrarle justicia pronta y expedita al ser omisa en dictar las medidas necesarias, tendientes a ejecutar el laudo en vías de ejecución, siendo que es una cuestión de orden público. (...)." (Lo subrayado es propio) De lo anterior se advierte que el quejoso arguye, sustancialmente, que el procedimiento de ejecución del laudo se encuentra paralizado porque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ha incumplido con lo establecido en la ley, que le impone la obligación de proveer para la eficaz e inmediata ejecución de sus resoluciones, dictando, todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Es decir, lo que reclama el quejoso es precisamente la omisión de proveer lo necesario para el cumplimiento, ante lo manifestado por la parte patronal, en el sentido de que no tiene recursos para pagar la condena, por ello el quejoso pretende que el Tribunal instructor provea lo necesario, empero, aquél ha dejado de hacerlo, es decir, se le reclama una conducta negativa-omisiva, y por ello, al no requerir ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, en el caso, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Dicho de otro modo, el quejoso se duele de que la autoridad responsable no ha proveído lo que el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, le impone que debe hacer ante la falta de ejecución del laudo, en específico los siguientes artículos: "ARTICULO 289.- Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje son inapelables y deberán cumplirse por las Autoridades o trabajadores a quien perjudique, una vez que sean notificados." (Énfasis propio) "ARTÍCULO 290.- Las Autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueran requeridas para ello." (Énfasis propio) "ARTÍCULO 292.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta el equivalente de treinta días de salario mínimo, las cuales se harán efectivas a través de las Tesorerías Municipales correspondientes y auxiliarse de la fuerza pública." (Énfasis propio) "ARTÍCULO 293.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus resoluciones, dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." (Énfasis propio) "ARTÍCULO 294.- Cuando se pida la ejecución de una resolución, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará un actuario para que, asociado de la parte correspondiente, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla con dicha resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos procedentes." (Énfasis propio) Aspectos que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló constituyen un marco normativo que implican una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos, al interpretar la normatividad relativa de los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, de similar contenido a los recién transcritos. De manera que mientras la autoridad responsable no haga uso de las facultades legales que tiene a su alcance, la ejecución de lo sentenciado quedaría paralizado, de ahí que el quejoso reclame precisamente eso, la abstención de la autoridad de proveer conforme a derecho para la ejecución de la condena; por tanto, los actos negativos-omisivos que se reclaman no tienen efectos positivos, como sí lo sería, en caso de que el tribunal responsable hubiere emitido un proveído en el cual se niega hacer uso de alguna de sus facultades para ejecutar al Ayuntamiento demandado. Por identidad jurídica es aplicable al caso concreto, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido. "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCION RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES. En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo, debe decidirse en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión." En consecuencia, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia propuesta, por estimar que el conocimiento de la misma corresponde al juez declinante; en tal virtud, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena devolver a dicho Juez Federal las constancias remitidas a través del oficio número 17629/2018, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, y con transcripción del presente acuerdo remítanse a la autoridad oficiante las constancias correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Josué Martínez Jasso, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado Leonel Vázquez Abrego, que autoriza y da fe.
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