Ma. Elena Gaytan Navarro

Expediente 1226/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1226/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Ma. Elena Gaytan Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno Por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Elena Gaytán Navarro, por propio derecho y sucesora a bienes de Antonia Navarro Sánchez, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, con sede en esta ciudad. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la normatividad de la materia, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Del análisis integral efectuado a la demanda se desprende que se señala como acto reclamado el siguiente: De los antecedentes que dieron origen al acto reclamado y que fueron narrados por la promovente en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se observan los siguientes: Determinación que en esencia constituye el acto aquí combatido. Partiendo de esa base, el suscrito juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el precepto 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)". Dicha aseveración obedece a que, en esencia, la parte quejosa se duele dell acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, pronunciado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18 ciudad, en el juicio agrario 264/2013, en el que se dijo entre otras cuestiones ante la omisión de la parte actora, para que la aquí quejosa, ponga a disposición de la parte actora de señalar perito de su intención en materia de grafoscopia transcurriendo el término en exceso para el efecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos en esa tesitura ha lugar a calificar el desinterés de la parte actora, respecto a la prueba pericial en materia de grafoscopia motivo por el cual se resolverá en definitiva con las periciales que obren en autos. Por lo que se trata de una determinación que si bien se verifica dentro del juicio, puede repararse a través de la sentencia favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por ello no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ni tampoco corresponde a un acto que sea de imposible reparación; de ahí que la propia legislación aplicable lo prevé como una violación procesal reclamable en amparo directo. El juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la resolución ejecutoriada; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro de juicio". Ahora, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 170, fracción I, párrafo primero, 171, párrafo primero, y 172, fracción III, de la ley de la materia, se concluye que por regla general los "actos dentro de juicio" o "intraprocesales" son materia, en su caso, del amparo directo, pues es ésta la vía la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Como una excepción a lo anterior, existen actos intraprocesales que son reclamables en amparo indirecto, cuando tienen efectos de imposible reparación conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo que no se da en el caso al establecerse expresamente que se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley, constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, lo que implica que no existe necesidad de examinar si se dan o no tales efectos, pues el propio legislador, normativamente, ha determinado la naturaleza procesal de tales actos. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia, para poder combatir actos como los aquí reclamados, mediante el juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito, siempre que, como se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, y hayan sido impugnados durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Así, se concluye que el acuerdo dictado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, el quince de junio de dos mil veintiuno, es acto que puede repararse a través de la sentencia que llegue a pronunciarse en tal procedimiento y por ello, no se ha consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate; porque dicho acto podrá reclamarse como violación procesal en el amparo directo que en su oportunidad se promueva, en términos de los artículos 170, fracción I, párrafo primero, 171, párrafo primero, y 172, fracción III, de la normativa de la materia. Ello, porque se desprende de los antecedentes manifestados por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad y relacionados en párrafos anteriores, la determinación combatida incide en el desahogo de dicho medio de convicción, por lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sustenta lo precedente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 205484, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: 'EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.', cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Asimismo, sustenta lo expuesto la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2540, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Segunda Parte - TCC Séptima Sección - Procedencia del amparo directo, Novena Época, página 2540, registro 1004066, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera". Por tanto, como las determinaciones reclamadas se refieren al desahogo de un elemento de prueba previamente admitido, con lo que se continúa con el desarrollo del proceso con el fin de arribar al dictado de la sentencia definitiva; entonces, se reitera, este juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con lo señalado en el numeral 172, fracción III, ambos de la legislación reglamentaria. Los razonamientos expuestos y el fundamento jurisprudencial aplicado ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia invocada en el presente controvertido, la cual resulta indudable, habida cuenta de que no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Aunado a lo anterior, y en relación al auto de veinticuatro de junio del año en curso, que la parte quejosa señala como reclamado en el capítulo respectivo, de igual forma es improcedente el juicio biinstancial instaurado en su contra, ya que no se advierte que se trate de un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior se estima de tal forma, ya que en dicho auto la autoridad señalada como responsable, únicamente declara, que no ha dejado en estado de indefensión a la parte quejosa por el hecho de no haberle notificado de manera personal diversos acuerdos relativos a las pruebas ofrecidas de su parte y por tanto, no procedía regularizar el procedimiento; sin que por tanto, se aprecie que en el caso, tal determinación afecte alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución a través de las garantías individuales, atento a que la pretendida violación que en el caso se invoca, puede ser subsanada si la sentencia definitiva es favorable a los intereses de la promovente, pero si no lo fuera, estaría en aptitud de inconformarse y alegar como agravio la citada infracción, como una violación que trasciende al resultado del fallo; por tal razón, el auto que constituye el acto reclamado, no puede catalogarse como irreparable, puesto que aún cuando se diera el caso de que la transgresión se prolongara hasta el dictado de la sentencia, no existiría de cualquier forma un menoscabo directo en los derechos fundamentales de la parte impetrante del amparo. Lo anteriormente expuesto es así, en virtud de que resulta evidente que el acto reclamado, por su sentido, efectos y naturaleza, no viola en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo contenido en nuestra Ley Fundamental, sino que en todo caso, afecta sólo cuestiones meramente procesales, lo que no constituye un acto de ejecución irreparable que afecte de manera real y material la esfera jurídica de la parte inconforme. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia consultable en la página 543, Tomo VI, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital197924, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE ADMISIÓN DE UN INCIDENTE DE NULIDAD. El desechamiento de un recurso interpuesto contra la negativa de admisión de un incidente de nulidad, no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio natural, en caso de serle favorable al afectado, y en el supuesto de no ser así, el mismo estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del recurso de apelación que haga valer en contra del fallo de primera instancia, o en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que ésta también le sea desfavorable. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclame una resolución de las características citadas, es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, habida cuenta de que dicha violación es reclamable a través del juicio de amparo directo, atento lo establecido en el artículo 159, fracciones V, IX y XI del ordenamiento legal citado." Así como la diversa jurisprudencia, visible en la página 467, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 189290, que señala: "NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY. Si bien es cierto que la Ley Agraria no establece de manera específica un mecanismo para impugnar las notificaciones omitidas o las que se hayan hecho indebidamente, también lo es que en sus artículos 170 a 177 regula la figura jurídica de las notificaciones, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros, y con relación a los aspectos no regulados permite, en su artículo 167, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones. Ahora bien, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, es inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su artículo 319, máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la ley que los regula es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala, es decir, deben decidirse de plano, conjuntamente con el negocio principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso resolverlas antes o que se refieran a la ejecución de la sentencia y sin sustanciar artículo de previo y especial pronunciamiento." A mayor abundamiento, cabe precisar que únicamente procede el juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, hipótesis en la cual no se está en la especie, en cuanto a que debe entenderse que sólo producen ejecución irreparable aquellos actos dentro del juicio, sólo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que consagra la Constitución, no así en aquellos casos en que tales actos afecten derechos adjetivos o procesales, como sucede en la especie, en que por lo consiguiente, no se está ante un acto que sea de imposible reparación. Lo anterior tiene apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P. J. 24/92, al resolver la contradicción de tesis 41/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en materia Civil del primer Circuito al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/93, respectivamente, visible en la página 11, Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, bajo el tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En consecuencia, con base en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Ma. Elena Gaytán Navarro, por propio derecho y sucesora a bienes de Antonia Navarro Sánchez. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados para los efectos que precisa a las personas que anota, Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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