Ma. Elena Bonilla Ceniceros

Expediente 1265/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1265/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
03/08/2015

Partes del expediente

  • Ma. Elena Bonilla Ceniceros

Actuaciones

  1. Principal

    En tres de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres CERTIFICO: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintisiete al treinta y uno de julio del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra del auto de veintidós de julio del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías en el juicio de amparo número 1265/2015. DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de agosto de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de veintidós de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por Ma. Elena Bonilla Ceniceros, contra actos del Ayuntamiento y Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, el veintidós de julio de dos mil quince, la Secretaria de Juzgado licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del despacho con el escrito de demanda registrada con folio 14540.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de julio de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por Ma. Elena Bonilla Ceniceros, contra el acto que reclama del Ayuntamiento Constitucional de Fresnillo, Zacatecas, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1265/2015 que por su orden le corresponde; en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." (.) Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente claro conforme a la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el caso concreto, este Tribunal Federal considera que la acción de amparo intentada se ubica en el supuesto de improcedencia previsto en el 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en atención a que el acto reclamado no proviene de autoridades para efectos del juicio de amparo. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio de amparo, se considera pertinente transcribir, en lo conducente, los preceptos citados en el párrafo precedente. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:" "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:" (.) "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". En ese tenor, es menester precisar el concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, para ello, se debe acudir al contenido del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, el cual establece expresamente que será aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo constituye una noción autónoma, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y en general, de otras materias, el cual no se encuentra expresamente regulado por la ley de la materia, concepto que, de acuerdo a la jurisprudencia de los tribunales federales, de manera general lo definen como aquellos que provienen de entidades de la administración pública revestidos de imperatividad, unilateralidad y coercitividad, cuyo observancia puede lograrse con "el uso de la fuerza pública". El último criterio existente, es el establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió el concepto en análisis a partir del tipo de relaciones jurídicas entabladas entre los organismos públicos y los particulares, estableciendo que, solamente aquellos que implican el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, los que suponen el ejercicio de facultades que otorgan a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, actualizan una relación de supra a subordinación, con las características ya mencionadas de ser imperativas, coercitivas y unilaterales. Dichos actos surgen de relaciones de supra a subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; regulados por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. En contraposición de lo anterior, se encuentran los actos surgidos de relaciones de coordinación en donde los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, cuya nota distintiva consiste, esencialmente, en que las partes involucradas deben acudir de manera primigenia a los tribunales ordinarios para que, en caso inconformidad, estos actos dilucidados bajo el procedimiento ordinario relativo, regulado por el derecho civil, mercantil, agrario o laboral, a pesar que en el, intervenga un ente público, pues en ese supuesto, también actúa bajo circunstancias de igualdad, al defender únicamente su interés patrimonial, no así el público o el colectivo. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad que tenga potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Robustece lo anterior la tesis P. XXVII/97, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUÉLLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así como la tesis 2a. CCIV/2001, que expresa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese orden de ideas, en el caso concreto, la parte quejosa reclama el acuerdo que se tomará en la sesión de cabildo de veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro o veinticinco de julio de dos mil quince, por el Ayuntamiento Constitucional de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual se pretende destituir a la quejosa de su cargo de Directora de Finanzas y Tesorería Municipal de dicho ayuntamiento. Precisado lo anterior, debe decretarse que a las autoridades señaladas como responsables, no les asiste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto es así, pues se está en presencia de un acto emanado de una relación laboral y, por ende, de coordinación, donde las autoridades responsables actúan en su carácter de empleadoras de la aquí quejosa, en un plano de igualdad normativa, por ejercer el ius imperium (fuerza pública) que les concede la ley, como se desprende de los antecedentes del acto reclamados que bajo protesta de decir verdad manifestó la quejosa, quien aduce ser empleada pública con el cargo de Directora de Finanzas y Tesorería Municipal de Fresnillo, Zacatecas. Lo anterior se afirma, dado que en tal relación de coordinación, ambos sujetos (empleador-autoridades responsables y trabajador-quejosa), actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; por ello, para dirimir sus diferencias es necesario entablen el procedimiento ordinario correspondiente para efectos de que se les administre justicia por parte de tribunal competente correspondiente. En efecto, dispone la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, que toda controversia suscitada entre los Poderes del Estado de Zacatecas, las dependencias del Poder Ejecutivo, sus municipios (entre los que se encuentra el de Fresnillo), los organismos paramunicipales y paraestatales, tendrá que ser ventilada por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a las reglas procesales allí fijadas, para ese efecto, se cita sus numerales 1°, 2° y 3°: "Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto: normar la relación de trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores." "Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:" "I.- Relación de trabajo: La establecida entre las entidades públicas, a través de sus titulares así como las y los trabajadores a su servicio." "II.- Tribunal: El Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje." "III.- Entidades públicas: los poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal." "Artículo 3.- Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales." Así, de lo dicho se concluye que, los actos reclamados a las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional de Fresnillo, Zacatecas, y su Presidente Municipal, no son actos de autoridad con afectación directa o dirigida a la aquí quejosa como ciudadana, sino como particulares, de ahí que resulte inconcuso que el presente juicio de amparo sea improcedente. Como sustento de lo determinado, se cita por identidad de razones la tesis XXVII.3o.18L(10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2358, libro 16, tomo III, materia común, marzo de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y texto siguientes: ""DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad." En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por Ma. Elena Bonilla Ceniceros, contra el acto que reclama del Ayuntamiento Constitucional de Fresnillo, Zacatecas, y otra autoridad, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en los términos ya expuestos. En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°, el cual impone la obligación a todos los litigantes para que, en el primero de sus escritos, designen casa ubicada en la población en que tenga su sede en el tribunal, para que se practiquen las notificaciones que deben ser personales; y como en la especie, la parte promovente no cumplió con ese requisito, al no proporcionar domicilio en esta capital, para el efecto indicado, con apoyo en el citado precepto legal, practíquensele las notificaciones mediante lista, en términos del artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, en tanto no señale correctamente domicilio en esta ciudad, para recibir las notificaciones que deban ser personales. Finalmente, en términos del artículo 3° de la nueva Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. ARS

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