Ma. Efren Cortez Santoyo
Expediente 740/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 740/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Efren Cortez Santoyo
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Como de la certificación de cuenta, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo promovida por - Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Deneb Esparza Mendoza, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como de la razón de cuenta levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado Federal se advierte no le fue posible realizar la notificación ordenada en auto de cinco de septiembre del año en curso a la parte quejosa, por las razones a que alude, en consecuencia se ordena efectuar la notificación de dicho proveído, así como los subsecuentes, por medio de lista, que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... y sus autorizados... del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho...Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez de Partido Cuarto Civil de la Ciudad de Celaya Guanajuato y otra autoridad; ahora bien, de su demanda de garantías se advierte que señala como actos reclamados los siguientes: ".IV. ACTO RECLAMADO. El auto de fecha 30 treinta de abril del año en curso, dictada por el Juez de Partido Cuarto de lo Civil de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, en cuanto ordenadora, y el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en cuanto ejecutora, POR LO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE EL AUTO QUE SE QUIERE EJECUTAR EN CONTRA DE -, ME ENTERÉ EL DÍA VIERNES 24 VEINTICUATRO DE AGOSTO EL AÑO EN CURSO. .." El suscrito estima que procede desechar el libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, constitucional, como los diversos 61, fracción XII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo. Para explicar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Es importante puntualizar que la afectación del interés jurídico o legítimo con el acto reclamado, constituye un requisito general de procedencia del juicio de amparo, el cual se encuentra establecido tanto en el artículo 107, fracción I, constitucional, como en los diversos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 107. [...] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley [.]." De los preceptos transcritos se advierte que para definir la procedencia de la acción de amparo, conforme al ámbito conceptual de esas normas, es necesario que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de derechos fundamentales, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. De ese modo, por perjuicio se debe entender la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho que cuando es transgredido faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ese quebranto o demostrar al menos, la existencia de un interés legítimo al respecto, consistente en la pretensión personal, individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, susceptible de traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso de que se trate, derivado de un ataque a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, pero que de anularse le reportará una ventaja o mejoría jurídica, por hallarse en una situación especial o cualificada respecto de ese acto de autoridad. En ese sentido, la afectación al interés (jurídico o legítimo), con relación al juicio de amparo surge cuando la actuación del órgano del Estado, causa perjuicio a la esfera legal del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de prerrogativas y obligaciones de los que es titular o, como ya se dijo, a partir de su específica pretensión cualificada frente al acto de autoridad; por tanto, para que los intereses de una persona merezcan el calificativo de jurídicos o legítimos, es menester que la facultad objetiva se haga cargo de ellos a través de una norma o que el acto de autoridad cuyo contenido normativo aunque no esté dirigido directamente a afectar los derechos del accionante, por sus efectos legales irradiados colateralmente, pueda ocasionarle un perjuicio o privación de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene con relación a éste o en el ordenamiento legal. En el contexto destacado, distinto a la pretensión de la recurrente, no se advierte que cause una afectación a su esfera jurídica, el emplazamiento realizado, por la actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a su esposo-, realizado en domicilio ubicado en la - Máxime, que de las trascripciones realizadas de los autos de treinta de abril del dos mil dieciocho y cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se desprende que el Juez Cuarto Civil de Partido de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, ordenó poner en posesión física y jurídica del ciudadano -del inmueble adjudicado a su favor, siendo el ubicado en -, el cual, bajo protesta de decir verdad la parte quejosa refiere es propiedad de su esposo Héctor Rodríguez López, y en ningún momento le causa afectación en sus bienes muebles. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio a la inconforme, pues con la sola notificación realizada en el domicilio de su propiedad, de la cumplimentación ordenada en los proveídos antes mencionado, no causa una afectación real y actual a su esfera jurídica De ahí que se actualice la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 107, fracción I, constitucional, y como en el diverso 5° de la ley de la materia y lo procedente sea desechar de plano la demanda de amparo, al resultar notoriamente improcedente. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Finalmente, se tiene a la quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, y por autorizado para ese efecto y para imponerse de los autos a las personas que refiere y sólo con las demás facultades que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, a - virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito...
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN; cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez de Partido Cuarto Civil de la Ciudad de Celaya Guanajuato y otra autoridad; ahora bien, de su demanda de garantías se advierte que señala como actos reclamados los siguientes: ".IV. ACTO RECLAMADO. El auto de fecha 30 treinta de abril del año en curso, dictada por el Juez de Partido Cuarto de lo Civil de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, en cuanto ordenadora, y el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en cuanto ejecutora, POR LO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE EL AUTO QUE SE QUIERE EJECUTAR EN CONTRA DE -, ME ENTERÉ EL DÍA VIERNES 24 VEINTICUATRO DE AGOSTO EL AÑO EN CURSO. .." El suscrito estima que procede desechar el libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, constitucional, como los diversos 61, fracción XII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo. Para explicar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Es importante puntualizar que la afectación del interés jurídico o legítimo con el acto reclamado, constituye un requisito general de procedencia del juicio de amparo, el cual se encuentra establecido tanto en el artículo 107, fracción I, constitucional, como en los diversos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 107. [...] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley [.]." De los preceptos transcritos se advierte que para definir la procedencia de la acción de amparo, conforme al ámbito conceptual de esas normas, es necesario que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de derechos fundamentales, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. De ese modo, por perjuicio se debe entender la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho que cuando es transgredido faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ese quebranto o demostrar al menos, la existencia de un interés legítimo al respecto, consistente en la pretensión personal, individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, susceptible de traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso de que se trate, derivado de un ataque a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, pero que de anularse le reportará una ventaja o mejoría jurídica, por hallarse en una situación especial o cualificada respecto de ese acto de autoridad. En ese sentido, la afectación al interés (jurídico o legítimo), con relación al juicio de amparo surge cuando la actuación del órgano del Estado, causa perjuicio a la esfera legal del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de prerrogativas y obligaciones de los que es titular o, como ya se dijo, a partir de su específica pretensión cualificada frente al acto de autoridad; por tanto, para que los intereses de una persona merezcan el calificativo de jurídicos o legítimos, es menester que la facultad objetiva se haga cargo de ellos a través de una norma o que el acto de autoridad cuyo contenido normativo aunque no esté dirigido directamente a afectar los derechos del accionante, por sus efectos legales irradiados colateralmente, pueda ocasionarle un perjuicio o privación de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene con relación a éste o en el ordenamiento legal. En el contexto destacado, distinto a la pretensión de la recurrente, no se advierte que cause una afectación a su esfera jurídica, el emplazamiento realizado, por la actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a su esposo-, realizado en domicilio ubicado en la - Máxime, que de las trascripciones realizadas de los autos de treinta de abril del dos mil dieciocho y cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se desprende que el Juez Cuarto Civil de Partido de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, ordenó poner en posesión física y jurídica del ciudadano -del inmueble adjudicado a su favor, siendo el ubicado en -, el cual, bajo protesta de decir verdad la parte quejosa refiere es propiedad de su esposo Héctor Rodríguez López, y en ningún momento le causa afectación en sus bienes muebles. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio a la inconforme, pues con la sola notificación realizada en el domicilio de su propiedad, de la cumplimentación ordenada en los proveídos antes mencionado, no causa una afectación real y actual a su esfera jurídica De ahí que se actualice la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 107, fracción I, constitucional, y como en el diverso 5° de la ley de la materia y lo procedente sea desechar de plano la demanda de amparo, al resultar notoriamente improcedente. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Finalmente, se tiene a la quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, y por autorizado para ese efecto y para imponerse de los autos a las personas que refiere y sólo con las demás facultades que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, a - virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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- Ma. Dolores Alvarado Nieto752/2022
- Ma. Dolores Eugenia Luz Garcia488/2021
- Ma. Dolores Rodriguez Contreras633/2022
- Ma. Eleazar Lopez Garcia473/2023
- Ma. Elena Gil Quintana1232/2023
- Ma. Elena Gutierrez Lopez438/2017
- Ma. Elena Moron Ramirez157/2018
- Ma. Elena Perez Perez675/2019
- Ma. Elena Rodriguez Perez1157/2022