Ma. Edith Romo Romo

Expediente 1473/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1473/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Ma. Edith Romo Romo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual, se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en cita, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. Orden de destrucción y/o depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Zapopan, Jalisco, siendo las nueve horas con catorce minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1473/2021, Mabel Cortez Navarrete, Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Hilario Núñez Arvizu, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. En estos momentos, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Acto continuo, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y por leídas las mismas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva este juicio. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario da cuenta a la Jueza de Distrito, con las pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, allegadas y ofrecidas por las partes que así lo hicieron. La Jueza de Distrito, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas antes reseñadas, en razón de su propia y especial naturaleza. No existiendo más pruebas pendientes por recibir o desahogar, se cierra esta etapa. Enseguida, se abre la fase de alegatos, en el que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se da cuenta a la Jueza de Distrito con los formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante pedimento 159/2021. A lo anterior, la Jueza de Distrito acuerda: Se tienen por reproducidos los argumentos de la representación social, los cuales de resultar procedentes se tomarán en consideración en su oportunidad procesal. Al no existir más argumentos que relacionar se decreta el cierre de este periodo. Con lo anterior, se dan por concluidas estas dos fases de la presente audiencia, levantándose esta acta para constancia legal; por lo que se procede a dictar la sentencia que corresponde. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1473/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ***, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las autoridades siguientes: Actos reclamados: Expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, específicamente el artículo 16, fracción I, inciso h), por su primer acto de aplicación. La aplicación de dicha disposición normativa que contempla el pago de derechos por registro de escrituras procedentes de otras entidades federativas, materializada en los recibos de pago con folio ***. Autoridades responsables: Congreso del Estado de Jalisco. Gobernador del Estado de Jalisco. Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. SEGUNDO. Admisión de la demanda. La demanda de amparo indirecto de que se trata fue turnada a este Juzgado de Distrito, la cual se registró como expediente 1473/2021, y mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la misma, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, se requirió a las autoridades responsables informe justificado y se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción. Tramitado el juicio de amparo de referencia por su cauce legal, se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta respectiva y que forma parte de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como los diversos 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, se fijan de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se efectúa un análisis conjunto de la demanda de amparo, así como de las actuaciones en el presente juicio de amparo. Por esas razones, debe decirse que los actos reclamados son: Expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, específicamente el artículo 16, fracción I, inciso h), por su primer acto de aplicación. La aplicación de dicha disposición normativa que contempla el pago de derechos por registro de escrituras procedentes de otras entidades federativas, materializada en el recibo de pago con folio *** TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Jalisco, al rendir sus respectivos informes con justificación, reconocieron la certeza del acto reclamado realizado con base en las atribuciones que, cada una de las autoridades tiene encomendadas, en el proceso legislativo del ordenamiento reclamado. Además, su certeza se corrobora, en virtud de que el ordenamiento cuya inconstitucionalidad se reclama, queda acreditada plenamente su existencia, pues, por su naturaleza, es de conocimiento general, al haber sido publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y, por consiguiente, no es objeto de prueba, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Ilustra lo determinado, la Jurisprudencia que dice: "Registro digital: 191452 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 260 Tipo: Jurisprudencia PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Asimismo, sirve de apoyo el criterio aislado del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 233090 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 65, Primera Parte, página 15 Tipo: Aislada LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". Por lo que ve a la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, rindió informe con justificación, a través del cual, negó el acto reclamado; sin embargo, del contenido del informe se advierte la certeza en cuanto a la recepción del pago realizado por concepto del impuesto controvertido; por ende, se tiene por cierta la participación de la autoridad en el acto reclamado. CUARTO. Causa de sobreseimiento. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De conformidad con el citado precepto el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, es decir, cuando la norma reclamada no afecta la esfera del particular por su sola expedición, sino que para ello requiere un acto de aplicación posterior (heteroaplicativa). Ahora bien, el artículo tildado de inconstitucional tiene la naturaleza de norma heteroaplicativa, por lo que para su impugnación se requiere de un acto concreto de aplicación y que el particular se sitúe dentro de la hipótesis normativa, que genere, en consecuencia, la obligación de hacer o de no hacer a su cargo. A fin de ilustrar la anterior afirmación debe tenerse en cuenta que los artículos 17, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que la persona se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin algún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contado a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley citada. Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo se requiere acreditar que las mismas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, específicamente en la Jurisprudencia que dice: "Novena Época Registro: Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Julio de 1997 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 55/97 Página: 5 LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Ahora bien, resulta pertinente asentar el contenido del 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que dice: "Artículo 16. Por los servicios que presten las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán los derechos que se establecen en este capítulo, aplicando las tarifas correspondientes: I. Por el registro de actos, contratos, inmatriculación de construcciones, títulos o resoluciones judiciales, así como aquellos en los que se transmita la propiedad de inmuebles, excedencias determinadas en diligencias de apeo y deslinde, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil: (.) h) Registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República: $5,543.00 La tarifa se aplicará sin excepción por cada uno de los actos, contratos, resoluciones o inmuebles a registrar, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil. (.).". De la anterior transcripción, se advierte que la naturaleza jurídica de la norma reclamada es heteroaplicativa, ya que requiere necesariamente, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de un acto de aplicación que cause perjuicio y justifique, al mismo tiempo, la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra. Luego, únicamente cuando el contribuyente realice el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, en especial la inscripción de testimonios procedentes de otras entidades de la República, deberá pagar, $5,543.00 (cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100); pues, el momento en que efectúe el pago relativo será cuando se autoaplique el tributo y, entonces, podrá reclamar la ley mediante el juicio de amparo. En otras palabras, para reclamar en esta vía constitucional la norma tildada de inconstitucional, se requiere de un acto concreto de aplicación, lo cual se actualizará hasta que la parte quejosa se autoaplique el tributo o que alguna autoridad, en ejercicio de sus facultades decisorias que le atribuya la ley, se lo aplique. Apoya lo anterior, la tesis que dice: "Novena Época Registro: 199216 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Marzo de 1997 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. XXIII/97 Página: 493 TENENCIA O USO DE VEHICULOS, IMPUESTO SOBRE. LA PROPUESTA DE PAGO REMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL NO CONSTITUYE ACTO DE APLICACION. Si se combate la constitucionalidad del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos con motivo de la propuesta de pago que remite la autoridad fiscal, el juicio de amparo es improcedente por inexistencia de acto concreto de aplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, en razón de que es obligación del contribuyente presentar la declaración para el pago de dicho tributo, siendo la propuesta solamente un recordatorio que si bien contiene una proposición de la cantidad a la que asciende el pago del impuesto, no genera al contribuyente la obligación de acatar los cálculos ahí asentados, estando en aptitud de presentar su declaración con los que estime correctos, por lo que será hasta el momento en que efectúe el pago respectivo, ya sea a través de su declaración o de la aceptación de la propuesta remitida por la autoridad, cuando se autoaplique el tributo y pueda reclamar la ley mediante el juicio de garantías. Amparo en revisión 1787/96. Guillermo Herrera Aviña. 12 de febrero de 1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.". En estas condiciones, para ubicarse en la hipótesis normativa que establece el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, es necesario la existencia del pago por la inscripción de testimonios procedentes de otras entidades de la República. Entonces, para la procedencia del juicio de amparo que se promueva en contra de esa norma, resulta indispensable que la parte quejosa acredite que, conforme a lo dispuesto en el precepto impugnado, realizó el pago de derechos por ese servicio que presta la Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, concretamente por el derecho que establece el precepto en cita. Sin embargo, en el caso particular, la parte quejosa no allegó medio de prueba con el cual acredite que, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, realizó el pago respectivo. No pasa inadvertido que la peticionaria de amparo pretende acreditar la aplicación de la porción normativa que reclama con una boleta registral donde se cita el recibo oficial ***, sin embargo, no aportó la documental idónea a efecto de justificar la existencia del acto de aplicación y, por tanto, es que no sea dable otorgar valor probatorio pleno. De ahí que no se actualiza la hipótesis reclamada. En ese orden de ideas, al no existir en autos medio de prueba que acredite que la parte quejosa realizó el primer acto de aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, es evidente que se carece de interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Apoya a lo anterior, la tesis que dice: "Novena Época Registro: 198746 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Mayo de 1997 Materia(s): Común Tesis: 2a. LIV/97 Página: 334 INTERÉS JURÍDICO. NO SE SURTE RESPECTO DE LA LEY RECLAMADA, CUANDO EN EL ACTO CONCRETO NO SE APLICÓ LA PARTE DE LA NORMA QUE SE IMPUGNA DE INCONSTITUCIONAL. Si se promueve un juicio de amparo en el que se reclama un precepto legal con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, y de las constancias exhibidas se advierte que en el acto concreto no se aplicó la parte del precepto legal que se impugna de inconstitucional, es evidente que el mismo carece de interés jurídico y debe, por tanto, sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que habiéndose reclamado la ley con motivo del acto concreto de aplicación de una porción normativa, es éste y no el precepto en abstracto, lo que constituye la fuente de agravio que afecta al quejoso. Amparo en revisión 148/97. Hotel Pánuco, S.A. 9 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.". En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; entonces, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En virtud de la conclusión a la que se arribó, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la quejosa, pues una vez actualizada la figura del sobreseimiento, no es factible llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. Orienta a lo anterior la jurisprudencia que emitió el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del siguiente contenido: "Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Sin que pase inadvertido que algunas de las autoridades responsables plantearon diversas causales de improcedencia; sin embargo, al resultar actualizada las que se invocó en el devenir de la presente resolución, se estima innecesario el estudio de las otras que se proponen. Consecuentemente, al haberse actualizado la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; entonces, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto del acto de aplicación de la norma controvertida, debe sobreseerse en el juicio de amparo. De ese modo, si la esencia de lo combatido por la quejosa, aquí recurrente, es alegar entre otras cosas que la ley de ingresos del estado de Jalisco para el ciclo 2021, violenta sus derechos fundamentales, lo que la hace inconstitucional, entonces ello tiene como consecuencia la imposibilidad de analizar el fondo de dicha cuestión, debido a que su estudio no puede desvincularse del acto de aplicación de la norma. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, cuyo contenido es el siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." 1 Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, 61, 62, 63, 74 a 77, 79, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos de las autoridades responsables Congreso y Gobernador y Secretario de la Hacienda Pública, todos del Estado de Jalisco, indicados en el considerando segundo, por los razonamientos y para los efectos vertidos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. 1 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, de la Novena Época. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta proveniente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual, informa las acciones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector; al respecto con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. II. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Visto el oficio y anexos de cuenta, firmado por la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, actuando en representación del titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, a través del cual, rinde informe justificado, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, ello con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Admisión de pruebas. Con fundamento en los artículos números 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciada la documental que aduce a su oficio de cuenta, así como la instrumental de actuaciones misma que se tomará en consideración en la audiencia de ley. Designación de delegados y domicilio. Como lo solicita con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, téngansele como delegados a las personas que indica y como domicilio procesal el que señala. Causales de improcedencia. Respecto a las causales de improcedencia y que hace valer, hágase saber que serán consideradas en el momento procesal oportuno. Estado de autos. En virtud de lo anterior toda vez que la autoridad responsable se encuentra rindiendo su informe justificado; por tanto, es inconcuso que no ha transcurrido el término que establece el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, de hacerlo del conocimiento de las partes al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia de ley. Acuerdo de diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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