Ma. Dominga Esperanza López Patiño

Expediente 747/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
747/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2017

Partes del expediente

  • Ma. Dominga Esperanza López Patiño

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por ......., toda vez que en el presente juicio de amparo no tiene reconocida personalidad alguna.

  2. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que integran el juicio especial sucesorio intestamentario C-111/2009 del índice del Juzgado Primero de Partido Civil de esta ciudad, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; por tanto, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio de cuenta y anexos que remite la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, residente en la ciudad de Guanajuato, en virtud de que dicho Órgano Colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Ma. Dominga Esperanza López Patiño, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad; se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 747/2016-IV; acúsese el recibo de estilo correspondiente. b) Comuníquese a la Superioridad que el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) Dado lo voluminoso de las constancias recibidas y para un mejor manejo del expediente se ordena formar dos tomos de pruebas. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, establece que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho sustantivo de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Al respecto, debe agregarse debido a la naturaleza del juicio de donde emana el acto reclamado - como se verá más adelante - que los juicios sucesorios son procedimientos especiales que se distinguen de los ordinarios por su tramitación, los cuales se dividen en dos: - testamentarios, en los que existe testamento otorgado por el autor de la sucesión; y, - intestados, que se presentan, por ejemplo, cuando: a) no existe testamento; b) existe testamento pero este no abarca la totalidad de los bienes del de cujus, por lo que se tramitará respecto a éstos; c) el testamento otorgado por el autor de la sucesión es declarado nulo; d) las condiciones que impuso el autor de la sucesión al heredero en el testamento no son cumplidas; e) el heredero muere antes que el autor del testamento, o no es capaz de heredar; y f) el heredero no acepta la herencia. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada. Bajo dicha guisa, la legislación adjetiva civil estatal, en sus preceptos 585 a 589, establecen las cuatro etapas que conforman el juicio sucesorio, mismos que textualmente dicen: "ARTÍCULO 585. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. ARTÍCULO 586. La primera sección se llamará de sucesión, y contendrá, en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y acreedores, y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento o remoción de tutores; y V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. ARTÍCULO 587. La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que forme el albacea; III. Los incidentes que se promuevan; IV. La resolución sobre el inventario y avalúo. ARTÍCULO 588. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; Las cuentas, su glosa y calificación; III. (Fracción Derogada. P.O. 13 de agosto de 2004) ARTÍCULO 589. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la aplicación de los bienes." De lo anterior, resulta válido destacar que: La fase de sucesión, comprende la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o, declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores; La de inventarios y avalúos, se concentra en todo lo relativo a los bienes de la sucesión, comenzando por el inventario provisional en el caso de que no se presenten los interesados o albaceas y se haya nombrado un interventor judicial, siguiendo con los inventarios y avalúos definitivos y todos los incidentes que al respecto se promuevan; La de administración, debe contener las cuentas de la administración de los bienes hereditarios realizadas por el albacea, los incidentes de inconformidad promovidos por los interesados; y La partición, aquí se formula el proyecto de distribución provisional del acervo hereditario, el concerniente a la partición de los bienes; así como los incidentes que se promuevan en torno a los proyectos anteriores y, las resoluciones que recaigan a éstos. Por ello, el juicio sucesorio -como se dijo- se considera de carácter especial, dada la diferenciación que existe con los ordinarios, por la peculiaridad de su tramitación. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de la demanda y anexos que se provee, los cuales son: El veinte de febrero de dos mil nueve se dio apertura al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ******, el cual se radicó con el número de expediente C-111/09 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. En veintinueve de mayo de ese año, se dictó declaratoria de herederos El diez de julio de dos mil nueve se tuvo a ****** como albacea de los bienes de la cujus, quien mediante interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil catorce fue removida del cargo. Por comparecencia de doce de junio de dos mil catorce, se tuvo a ****** como albacea de la sucesión y posteriormente por interlocutoria de treinta de enero de dos mil quince fue removido del cargo. Mediante auto de dieciocho de febrero de dos mil quince se interrumpió el juicio sucesorio por el plazo de tres meses, ello en virtud de haber fallecido el coheredero *******. Así las cosas, el seis de marzo se llevó a cabo la junta de herederos y se tuvo a ******* como albacea de la sucesión de la de cujus. Posteriormente, el veinticinco de mayo del año en curso se tuvo a ******* apersonándose al juicio C-111/2009 en su calidad de albacea del coheredero José López Frayles. Por proveído de siete de junio de la presente anualidad se requirió a la albacea Ma. Dominga Esperanza López Patiño para que rindiera la cuenta general de albaceazgo. Inconforme con la determinación anterior, el veinte de junio del año en curso, se tuvo a la aquí quejosa Ma. Dominga Esperanza López Patiño interponiendo recurso de revocación, el cual se resolvió el treinta del mismo mes y año, donde se confirmó el proveído impugnado; resolución que constituye el acto reclamado. Como puede verse, el acto tildado de inconstitucional en el presente juicio de amparo: Fue dictado dentro de la primera etapa del juicio sucesorio testamentario de referencia; No tiene por objeto dar por concluida dicha fase; y, No afecta derecho sustantivo alguno de la parte quejosa. En esa tesitura, dicho acto reclamado no constituye un acto en la primera fase de dicho sucesorio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin a la primera etapa del juicio sucesorio de origen, si éstas son favorables a los intereses de la accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuestos a los mismos, pueden reclamarlos por el medio ordinario legal de defensa que le otorgue la ley de la materia para impugnarla. Cobra aplicación a lo dicho la jurisprudencia VI.3o. J/20, emitida por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, materia (s) común, de epígrafe y texto: "SUCESIONES,VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, téngase a la promovente señalando como domicilio la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, ya que de la interpretación de los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo, se establece que la lista de acuerdos que se fija en los estrados no son un domicilio procesal, sino que a falta de éste, las notificaciones personales se harán por medio de las listas que se fijen en los estrados del órgano de control constitucional correspondiente, lo que faculta a la solicitante de amparo para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) la lista de acuerdos que se fija en los estrados del Tribunal o Juzgado que por turno conozca del asunto; lo que lleva a considerar que la gestionante del amparo quiso señalar la lista de acuerdos que se fija en los estrados del órgano jurisdiccional que por turno conociera del asunto; empero, ello no significa que por dirigirse la demanda al Tribunal Colegiado con domicilio en la ciudad de Guanajuato, se deba tener como lugar para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados del citado órgano al que inicialmente tocó conocer de la demanda, sino los estrados del que conoce de la demanda de amparo. Téngasele autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona al no contar con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a las demás personas por no encontrarse en el supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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