Ma. Dolores Rojas Morales y Otros.

Expediente 698/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
698/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Josefina Rojas Morales
  • Ma. Dolores Rojas Morales y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que con fecha catorce del actual mes y año, se declaró totalmente concluido el juicio de amparo del que se deriva la presente incidencia, ya no es necesario que obren los documentos exhibidos por la parte quejosa; en tal virtud, se le requiere para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger dicha documental. APERCIBIMIENTO. Apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, o con las constancias que de éste se depuren, de conformidad con lo que establece el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA...; NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que con fecha catorce del actual mes y año, se declaró totalmente concluido el juicio de amparo del que se deriva la presente incidencia, ya no es necesario que obren los documentos exhibidos por la parte quejosa; en tal virtud, se le requiere para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger dicha documental. APERCIBIMIENTO. Apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, o con las constancias que de éste se depuren, de conformidad con lo que establece el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente. Visto el escrito signado por las quejosas Ma. Dolores Y Josefina, ambas de apellidos Rojas Morales, a través del cual dan cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de primero de septiembre de dos mil veintiuno, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, de la demanda se advierte de modo manifiesto e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 6º y 8, todos de la Ley de Amparo, y la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, lo que impone su desechamiento de plano. Ello es así, pues el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 plasmado, principio que reproduce el diverso artículo 6° de la Ley de Amparo también citado, al estatuir que el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado y que puede hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Asimismo, el diverso 8 de la Ley de Amparo, señala, en lo que aquí interesa, que el menor de edad podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante, cuando éste se halle ausente, se ignore quien sea, esté impedido o se negare a promoverlo y como excepción a esa regla, el amparo puede ser promovido por cualquier persona, cuando el agraviado se encuentre imposibilitado y se traten de los actos previstos en el artículo 15 de la ley de la materia. En el caso, comparecen Ma. Dolores y Josefina ambas de apellidos Rojas Morales en su carácter de abuela y tía (paternas) de los menores de iniciales A.G.P.V. y G.G.P.V., y reclaman del Juez Familiar de San Francisco del Rincón, Guanajuato, el acuerdo dictado el nueve de agosto del presente año, en el expediente 486/2019, en el que no fue acordada su solicitud de convivencia con los menores, por carecer de personalidad jurídica en el citado juicio. Afirman las solicitantes del amparo que el veintidós de junio del año en curso, el juez familiar responsable ordenó el cambio de guarda y custodia en favor de la madre de los menores, Norma Griselda Villalpado Pérez y suspendió la convivencia con el padre José Guillermo Padilla Rojas, por golpes propinados a la menor, al parecer por el padre y que tal determinación les irroga perjuicio tanto a los menores y como a ellas. No obstante lo expuesto, las promoventes carecen de legitimación para representar a los menores citados en el juicio de amparo que nos ocupa, pues el artículo 8 de la Ley de Amparo antes citado, establece cuatro hipótesis para que una persona distinta al legítimo representante de un menor esté en aptitud jurídica de promover una demanda de amparo en su favor, los cuales consisten en: que dicho representante se a) halle ausente, b) se ignore quien sea, c) esté impedido o d) se negare a promoverlo. Empero, no se surte ninguna de las hipótesis antes descritas, debido a que sí se tiene identificado que la representación de los menores la tienen sus progenitores, aunque en el presente caso, la suspensión de convivencia haya sido emitida en contra su padre. No obstante, por un lado, no existe manifestación o dato objetivo alguno que evidencie que sus padres han perdido la patria potestad de los menores. Y por otro lado, el hecho de que su progenitora haya promovido el cambio de custodia ante la autoridad responsable, pone en evidencia el propio ejercicio de quien sí tiene su legitimación para promover las acciones en favor los menores. Ahora el hecho de las promoventes del amparo sean la abuela paterna y tía, ello no las legitima para inconformarse o hacer valer mecanismos de defensa en contra los actos de las autoridades correspondientes, dictados precisamente en favor de los menores, como el cambio de guarda y custodia, pues ello abriría un margen de incertidumbre jurídica en la que cualquier persona podría cuestionar la legalidad o constitucionalidad de las decisiones asumidas por el juez en favor de un menor. De ahí que no se actualice la excepción al principio de instancia de parte agraviada prevista en el numeral 8 de la ley de amparo, supuestos en los cuales, el amparo puede promoverse por cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Visto el escrito signado por las quejosas Ma. Dolores Y Josefina, ambas de apellidos Rojas Morales, a través del cual dan cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de primero de septiembre de dos mil veintiuno, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, de la demanda se advierte de modo manifiesto e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 6º y 8, todos de la Ley de Amparo, y la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, lo que impone su desechamiento de plano. Ello es así, pues el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 plasmado, principio que reproduce el diverso artículo 6° de la Ley de Amparo también citado, al estatuir que el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado y que puede hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Asimismo, el diverso 8 de la Ley de Amparo, señala, en lo que aquí interesa, que el menor de edad podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante, cuando éste se halle ausente, se ignore quien sea, esté impedido o se negare a promoverlo y como excepción a esa regla, el amparo puede ser promovido por cualquier persona, cuando el agraviado se encuentre imposibilitado y se traten de los actos previstos en el artículo 15 de la ley de la materia. En el caso, comparecen Ma. Dolores y Josefina ambas de apellidos Rojas Morales en su carácter de abuela y tía (paternas) de los menores de iniciales A.G.P.V. y G.G.P.V., y reclaman del Juez Familiar de San Francisco del Rincón, Guanajuato, el acuerdo dictado el nueve de agosto del presente año, en el expediente 486/2019, en el que no fue acordada su solicitud de convivencia con los menores, por carecer de personalidad jurídica en el citado juicio. Afirman las solicitantes del amparo que el veintidós de junio del año en curso, el juez familiar responsable ordenó el cambio de guarda y custodia en favor de la madre de los menores, Norma Griselda Villalpado Pérez y suspendió la convivencia con el padre José Guillermo Padilla Rojas, por golpes propinados a la menor, al parecer por el padre y que tal determinación les irroga perjuicio tanto a los menores y como a ellas. No obstante lo expuesto, las promoventes carecen de legitimación para representar a los menores citados en el juicio de amparo que nos ocupa, pues el artículo 8 de la Ley de Amparo antes citado, establece cuatro hipótesis para que una persona distinta al legítimo representante de un menor esté en aptitud jurídica de promover una demanda de amparo en su favor, los cuales consisten en: que dicho representante se a) halle ausente, b) se ignore quien sea, c) esté impedido o d) se negare a promoverlo. Empero, no se surte ninguna de las hipótesis antes descritas, debido a que sí se tiene identificado que la representación de los menores la tienen sus progenitores, aunque en el presente caso, la suspensión de convivencia haya sido emitida en contra su padre. No obstante, por un lado, no existe manifestación o dato objetivo alguno que evidencie que sus padres han perdido la patria potestad de los menores. Y por otro lado, el hecho de que su progenitora haya promovido el cambio de custodia ante la autoridad responsable, pone en evidencia el propio ejercicio de quien sí tiene su legitimación para promover las acciones en favor los menores. Ahora el hecho de las promoventes del amparo sean la abuela paterna y tía, ello no las legitima para inconformarse o hacer valer mecanismos de defensa en contra los actos de las autoridades correspondientes, dictados precisamente en favor de los menores, como el cambio de guarda y custodia, pues ello abriría un margen de incertidumbre jurídica en la que cualquier persona podría cuestionar la legalidad o constitucionalidad de las decisiones asumidas por el juez en favor de un menor. De ahí que no se actualice la excepción al principio de instancia de parte agraviada prevista en el numeral 8 de la ley de amparo, supuestos en los cuales, el amparo puede promoverse por cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo.

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