Ma. Dolores Porfiria Vargas Sánchez
Expediente 957/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ma. Dolores Porfiria Vargas Sánchez
- Gobernador del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Magistrada Presidenta y Secretario de Acuerdos ambos adscritos al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual, acusa recibo del oficio 32843/2023 por el que se le envió el presente asunto por del cual esta juzgadora se declaró debidamente impedida para seguir conocimiento del juicio de amparo en que se actúa, el cual quedó registrado bajo el número de IMPEDIMENTO 5/2023, asimismo, informa que admitió a trámite el impedimento en comento, circunstancia de la que este juzgado de distrito toma conocimiento. Notifíquese
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos mediante el cual se advierte que al revisar de manera minuciosa el juicio de amparo en que se actúa, se evidencia lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según sus fracciones I, V y VIII, esto es, debe tenerse en cuenta que los juzgadores deben desempenar su función de acuerdo a los principios vinculados con la templanza, la fortaleza y la serenidad de ánimo y equilibrio interno; de igual forma, que en términos no debe pasar inadvertido que son causas de responsabilidad para los mismos, las siguientes: 1) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial; 2) Conocer de algún asunto respecto del cual el juzgador respectivo se encuentre impedido; y 3) No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función Judicial. Con ello, no sólo se privilegia la presunción de responsabilidad y credibilidad de los titulares de la función jurisdiccional, y su posición como jueces y magistrados en el Estado constitucional de derecho, sino también la administración de justicia imparcial. Cabe senalar, que el impedimento aquí planteado, en su caso, deberá surtir efectos para los diversos juicios o procedimientos jurisdiccionales en los que sean parte, al haber intervenido en el sumario en que se actúa, lo anterior, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, tal y como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado, inicialmente, por la competencia propia del órgano y en segundo término por lo que se refiere al elemento personal del juzgador, ya que los titulares de los órganos jurisdiccionales, en su carácter de personas físicas, también son sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, con bienes propios, situaciones de vida personal, y sujetos de derechos que, indudablemente, están protegidos, entre otras normas, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; elementos que pueden influir en el ánimo del juzgador a grado tal, que en ocasiones pueden dar lugar a dudas en relación con la imparcialidad con la que debe conducirse. Cualquiera de esas circunstancias dan lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto. A esas relaciones e intereses personales que puedan presumir parcialidad en el juzgador, se les ha denominado impedimentos y se encuentran descritos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. De lo anterior, se advierte que son siete los supuestos específicos de impedimento, que preceptúa la ley, además de la diversa situación hipotética que senala la fracción VIII. Esos siete supuestos específicos, pueden clasificarse de la manera siguiente: a) Razones de parentesco, amistad o enemistad con las partes, sus abogados o representantes (fracciones I y VII). b) Interés que el juzgador pueda tener en el asunto (fracciones II, III, V y VI). c) Responsabilidad que haya tenido o tenga en el asunto o haber manifestado su opinión (fracción IV). De satisfacerse cualquiera de esos supuestos, resulta forzosa la excusa del funcionario, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador, y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera danar la imagen de la persona. Se impone destacar que el artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece como causa de impedimento el hecho de que el Juez de Distrito figure como parte en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento, ante tal circunstancia, se advierte que la suscrita **********, Jueza Octava de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, se encuentra impedida para poder resolver el presente juicio en que se actúa, lo anterior, dado a que se interpuso el diverso juicio de amparo ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mismo que se registró bajo el número de expediente 1326/2023 de su índice, en el cual reclamó la inconstitucionalidad de un diverso artículo del Código Fiscal de la Ciudad de México, relativo al impuesto sobre adquisición de inmuebles (artículo 113), numeral similar relacionado en el presente asunto, de ahí que se estime que esta juzgadora se ubica en el supuesto del artículo 51 fracción VI de la Ley de Amparo; pues si bien es cierto la trascendencia de la figura del impedimento, se estima que al plantearse se debe establecer en forma clara, al menos, los datos objetivos que den claridad y soporte a su manifestación; lo que se exige de esta manera para que el Tribunal Colegiado de Circuito cuente con la información mínima para calificarlo de legal, aspecto que se estima se cumple. Cobra aplicación al caso concreto la jurisprudencia PC.I.A. J/106 A (10a.)1 , emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto, son los siguientes: IMPEDIMENTO PLANTEADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, EN RELACIÓN CON LA I, DE LA LEY DE AMPARO, PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA QUE EL JUZGADOR MANIFIESTE CONTUNDENTE Y CLARAMENTE EL MOTIVO POR EL QUE SE UBICA EN ESE SUPUESTO, SIN QUE ESTÉ OBLIGADO A ACOMPANAR ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE LO ACREDITE. De la interpretación literal del contenido de los artículos 51, fracción VIII, en relación con la I, y 55 de la Ley de Amparo, deriva que basta la manifestación contundente y bajo protesta de decir verdad del funcionario judicial al plantear el impedimento para conocer del juicio de amparo, basta para tener por demostrado su dicho, debido a que dicho reconocimiento constituye una expresión de imparcialidad con la que debe conocer de los juicios en términos de lo ordenado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que esté obligado a acompanar algún medio de prueba que lo acredite. Sin embargo, en atención a la trascendencia de la figura del impedimento, se estima que al plantearse se debe establecer en forma clara, al menos, los datos objetivos que den claridad y soporte a su manifestación; lo que se exige de esta manera para que el Tribunal Colegiado de Circuito cuente con la información mínima para calificarlo de legal. Motivo por el cual, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo y, a efecto de evitar cualquier tipo de pugna con el interés que conlleva la función jurisdiccional, resulta claro que surge un motivo notorio, manifiesto e indudable que impide que la suscrita siga conociendo de la demanda que se plantea, al actualizarse la causa de impedimento prevista en la fracción VI, del referido artículo 51 de la Ley de la Materia. En consecuencia, esta Juzgadora de Distrito se excusa de seguir conociendo de este juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 54, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo y 35, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse los autos originales de este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a efecto de que califique el impedimento planteado, remitiendo al citado Tribunal para los efectos legales a que haya lugar, los autos originales del presente asunto. Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese atentamente al tribunal colegiado que corresponda conocer del asunto, el acuse de recibo respectivo. Se suspende el trámite. Se ordena suspender el trámite del juicio y se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para el día de hoy a las diez horas con cuarenta minutos, hasta en tanto, se resuelva el impedimento planteado. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónicamente Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Electrónicamente Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en Turno Oficio
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa y las constancias que lo integran, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México. 2. Imposibilidad legal para su celebración. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo1 , el órgano jurisdiccional podrá diferir o suspender la audiencia, según proceda, cuando no haya trascurrido un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional. En suma a ello, es menester acotar que, en términos de la redacción del citado precepto legal, dicho diferimiento habrá de realizarse a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Sin embargo, en el cuarto párrafo del numeral aludido se establece que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero "podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Evidenciándose de esta manera la intención del legislador de otorgar a las partes la aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De ahí que, de una interpretación sistemática del contenido íntegro del precepto legal en cita, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para diferir, de oficio, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. Logrando así un debido equilibrio procesal de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."2 Criterio que resulta vigente de acuerdo con los artículos 2173 y sexto transitorio4 de la Ley de Amparo en vigor, al haberse emitido por el Máximo Tribunal conforme a normas de la Ley de Amparo anterior, que resultan sustancialmente similares a las normas correlativas de la Ley de Amparo vigente.5 Diferimiento. En consecuencia, a efecto dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las diez horas con quince minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado en representación del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe justificado, con el cual dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese sentido, el principal objetivo de dicha vista, es respetar el derecho de audiencia del justiciable para: a) que tenga la oportunidad de expresar argumentos tendentes a refutarla; b) hacer notar aspectos no analizados por este juzgado al momento de recibir las constancias; o, c) hacer llegar elementos de prueba para desvirtuar lo manifestado por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera analógica, la tesis XXI.2º.16 K, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN."1. En el entendido de que de conformidad con el numeral 66 segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, se aplicación supletoria a la Ley de la materia, el vocablo "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados. 2. Delegados y Domicilio. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a las personas que mencionan y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónicamente Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Electrónicamente
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