Ma. del Socorro Sánchez Salmeron

Expediente 623/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
623/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • Ma. del Socorro Sánchez Salmeron y Otros.
  • Ma. del Socorro Sánchez Salmeron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo********************Guerrero********************a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos********************así como la certificación secretarial que antecede********************se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo********************sin que se hubiera recurrido el proveído de diecinueve de junio del año en curso; en consecuencia********************con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356********************fracción II********************del Código Federal de Procedimientos Civiles********************de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la ley de la materia********************se declara que dicho auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo********************ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno********************así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes********************y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo********************archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces********************conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009********************de veintiocho de septiembre de dos mil nueve********************emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal********************relativo a la transferencia********************digitalización********************depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito********************publicado en el Diario Oficial de la Federación********************el veintiséis de octubre de dos mil nueve********************específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales********************artículo vigésimo primero********************fracción I********************se determina que este expediente es susceptible de destrucción********************una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído********************dado que no obran documentos originales********************carece de valor institucional e histórico********************y no es considerado de relevancia documental********************conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de doce de junio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda de amparo planteada únicamente por lo que hace a ***, Guerrero, ha causado estado. Finalmente, se reserva acordar lo relativo al archivo del presente asunto hasta en tanto cause estado el diverso auto de diecinueve de junio del año en curso. Notifíquese. ***

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de cinco de junio del año que transcurre, sin que lo haya hecho así; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda únicamente por lo que hace a ***, en virtud que por cuanto a los restantes quejosos se desechó la demanda. Notifíquese; y personalmente a Guillermo Martínez Catalán. ***

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por ***, parte legitimada en el proceso, por medio del cual desahogan los requerimientos decretados en auto de cinco y ocho de junio del año que transcurre; y al efecto manifiestan lo solicitado en los mismos. Por tanto, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Respecto a la procedencia del juicio de garantías, los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con sus propios numerales 5, fracción I y 7, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes." De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica de los promoventes, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. Por su parte, el artículo 7 de la ley de la materia, establece que la Federación, los Estados, el Distrito federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. De lo anterior resulta que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables cuando el acto reclamado únicamente afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa. En el presente caso, los quejosos *** acuden al juicio de amparo, en su carácter de Representante Legal y Director de Tránsito y Vialidad Municipal, del Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri Guerrero, señalando como actos reclamados los siguientes: *** *** De aquí se sigue que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- por regla general no puede promover el juicio de garantías. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando la norma general, acto u omisión que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral del derecho privado. En el primer caso su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares. En el segundo caso, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora bien, en la especie como ya se adelantó, la demanda de amparo fue promovida por ***cuden al juicio de amparo, en su carácter de Representante Legal y Director de Tránsito y Vialidad Municipal, del Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri Guerrero, lo que evidencia que el juicio lo promueven en representación de una persona moral oficial, reclamando la multa impuesta mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, en el que atendiendo a lo manifestado por los aquí quejosos, se hizo efectiva la medida de apremio a la persona moral oficial u órgano de gobierno. Se afirma lo anterior, pues en el escrito donde desahogaron la prevención realizada los ocursantes manifiestan literalmente lo siguiente: ."la demanda de amparo indirecto, se promueve en su carácter de Representante Legal y Director de Tránsito y Vialidad Municipal, del Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri Guerrero."; lo que evidencia, que el presente asunto no lo instan por propio derecho sino en representación del ente público, como en el presente caso acuden al juicio de amparo. Por tanto si la multa impugnada no se impuso a las personas físicas que desempeñan el cargo de Representante Legal y Director de Tránsito y Vialidad Municipal, del Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri Guerrero, es claro que el presente juicio resulta improcedente, al carecer de legitimación para promover el juicio de amparo de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De ahí que en el supuesto de que se trata, se afectan los derechos patrimoniales de la persona moral oficial, pues se insiste, atendiendo a lo manifestado por los aquí quejosos la multa impuesta deberá ser cubierta por el presupuesto del Ayuntamiento demandado en el juicio de origen. En tales condiciones, es patente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I y 7, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo planteada únicamente por lo que hace a ****Director de Tránsito y Vialidad Municipal, del Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri Guerrero. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 92/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 164276, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, pagina 292, que enseguida se transcribe: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente. Tal y como lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en la ciudad de Acapulco, Guerrero, la resolver el Amparo en Revisión Administrativa 172/2013, de su índice. Ahora bien, toda vez que en auto de cinco de junio del presente año, este Juzgado Federal se reservó proveer respecto de las facultades restantes de los autorizados hasta en tanto se desahogara la prevención formulada en dicho auto, lo cual ya aconteció; en tal virtud, téngase como como autorizados en términos amplios del artículo 12 reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, de la Ley de Amparo a ***, toda vez que cuentan con registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, por lo que hace al diverso quejoso *** en carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto transcurra el término conferido a dicha parte procesal mediante proveído de cinco del mes y año en curso. Notifíquese; y personalmente a ***

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