Ma. del Socorro Rico Soto y Otros.
Expediente 113/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. del Socorro Rico Soto y Otros.
- Ma. del Socorro Rico Soto
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que al efecto señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de ocho de los actuales, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Salvador Rico López y Ma. del Socorro Rico Soto. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el punto 8.1.2, número 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Salvador Rico López y Ma. del Socorro Rico Soto, por propio derecho, contra los actos atribuidos al Juzgado Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, y otra autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 113/2023-II. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... Del análisis íntegro de la demanda se aprecia que no obra la firma autógrafa de los promoventes o algún otro signo gráfico que haga sus veces, sino que se adjunta una copia simple de las mismas; por tanto, es improcedente, ante la falta de un requisito esencial para la instauración del juicio de amparo, por ser la firma la expresión de la voluntad de los quejosos. La firma para que tenga validez en cualquier escrito, debe ser autógrafa, es decir, de puño y letra del signatario, pues ésta es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo. Si la demanda es presentada por la vía electrónica, debe observar las reglas previstas en los artículos 45, 46 y 472 del Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, acorde con las cuales, a las demandas y escritos iniciales promovidos ante el Poder Judicial de la Federación se les debe agregar la firma electrónica vigente. Lo anterior es así, pues, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, dado que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Así, la firma (autógrafa o electrónica) constituye un signo expreso e inequívoco de la voluntad del promovente de instar; razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia. De ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad de los ocursantes, es necesario tener certidumbre de su intención de promover. En el caso, la demanda de amparo fue presentada con copia simple de las firmas de quienes la promueven, lo cual impide tener certeza de la autenticidad del documento y su voluntad de instar, por lo que la demanda resulta improcedente y, en ese sentido, debe desecharse de plano. En tales condiciones y conforme a las disposiciones invocadas, debe entenderse que propiamente no existen agraviados y la demanda de amparo resultará improcedente, según lo previene el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, ante su notoria e indudable improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 13, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Ma. del Socorro Rico Soto, sin perjuicio de que los promoventes designen a alguien más con posterioridad. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, y dado que ningún precepto de la Ley de Amparo, ni de la supletoria, contemplan como domicilio esa hipótesis, se entiende que incumplió con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la citada legislación, ésta y las subsecuentes notificaciones háganse por lista de acuerdos. se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-
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