Ma del Rosario Zavala Morales
Expediente 361/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Javier Lopez González, Presidente Municipal de Purepero, Michoacán
- Ma del Rosario Zavala Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: CAUSA EJECUTORIA Toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la impetrante de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR Ahora, de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, se aprecia que el efecto de concesión es el siguiente: "(.) OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el efecto de la tutela constitucional es para que el Presidente Municipal y el Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, realicen lo siguiente: 1. Dejen insubsistente el oficio FJCN-V-22/2023, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. 2. En caso de insistir, emitan otro en el que, con libertad de atribuciones, purguen todos y cada uno de los vicios formales advertidos en este fallo constitucional; esto es, funden y motiven todas las razones que tuvieron para emitir el acto de molestia en perjuicio de la parte quejosa. (.). En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, para que dentro del plazo no mayor a tres días, computado legalmente, en el ámbito de sus facultades, se sirvan acatar la sentencia ejecutoriada, la cual oportunamente se les envío en copia certificada; remitiendo las constancias debidamente certificadas que acrediten su actuar. Lo que deberán hacer del conocimiento de este juzgado, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (JUICIO EN LÍNEA), o bien, a través del correo institucional [6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx]. Se les apercibe que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una MULTA, de DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, a cada una, equivalente a $20, 748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación ante la autoridad competente.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa la sentencia de: 10 de octubre de dos mil veintitrés- R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados del Presidente Municipal, del Director de Desarrollo Urbano, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y de la Guardia Civil, todos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, consistentes en la privación de la libertad de la quejosa, fuera de procedimiento judicial; y, quitar a la fuerza el negocio de venta de birria del que la quejosa se ostenta como propietaria, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado del Presidente Municipal y del Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, consistente en el oficio ********************, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia, para los efectos precisados en el considerando octavo. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés.VISTOS, para resolver el juicio de amparo 361/2023, promovido por ********************, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por ocurso depositado el dos de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, turnado a este Juzgado Sexto de Distrito, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se transcriben: "III.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: A.- (.) PRESIDENTE MUNICIPAL DE PURÉPERO, MICHOACÁN. B.- (.) DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, MICHOACÁN. C.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Purépero, Michoacán. D.- Guardia Civil destacada en Purépero, Michoacán. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A las autoridades marcadas con los incisos A Y B, les reclamo: 1.- El oficio No. ********************, de fecha 31 de mayo de 2023, ASUNTO. NOTIFICACIÓN OBSTRUCCIÓN EN VÍA PÚBLICA. A todas y cada una de las autoridades les reclamo: 1.- La posible privación de mi libertad fuera de procedimiento judicial. 3.- Quitar a la fuerza y de su propia autoridad mi negocio de venta de birria". La parte quejosa expone que se vulneran sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por proveído de cinco de junio de este año, se admitió la demanda; se radicó con el número de expediente 361/2023; se pidió el informe justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez concluido el trámite del juicio, el cuatro de octubre del año citado, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Primero, fracción XI, Segundo, fracción XI, punto 3, y Cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados de atribuyen a autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, los cuales tienen ejecución en el territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Presidente Municipal y del Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán: El oficio ********************, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el que se solicitó la liberación del espacio en la vía pública respecto del sitito donde concurría a la venta comercial de manera ambulante, y se informó que para el uso del espacio debía tomarse en cuenta la cuota estipulada por la tesorería municipal, por lo que se hizo la invitación de retirar en su totalidad el puesto comercial lo antes posible y se refirió que debía ser colocado únicamente en horario de su venta y, posteriormente, retirarse como en ocupación ambulante, no como permanente. Del Presidente Municipal, del Director de Desarrollo Urbano, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y de la Guardia Civil, todos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán: a) La privación de la libertad de la quejosa, fuera de procedimiento judicial. b) Quitar a la fuerza el negocio de venta de birria del que la quejosa se ostenta como propietaria. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DE DIVERSOS ACTOS RECLAMADOS. Debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en virtud de que no se encuentra acreditada la existencia de diversos actos reclamados. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". Y la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 748, tomo XC, de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321449, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado". Establecido lo anterior, se retoma que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal, del Director de Desarrollo Urbano, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y de la Guardia Civil, todos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán: a) La privación de la libertad de la quejosa, fuera de procedimiento judicial. b) Quitar a la fuerza el negocio de venta de birria del que la quejosa se ostenta como propietaria. Al respecto, las tres primeras autoridades, al rendir el informe de ley, negaron la existencia de dichos actos, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Por otro lado, el Guardia Civil no rindió el informe justificado; sin embargo, no ha lugar a presumir ciertos los actos reclamados de dicha autoridad, pues lo único que se desprende de constancias, relacionado con el tópico que se analiza, es el oficio ********************, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por el Presidente Municipal y el Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, en el que se solicitó la liberación del espacio en la vía pública respecto del sitito donde concurría a la venta comercial de manera ambulante, y se informó que para el uso del espacio debía tomarse en cuenta la cuota estipulada por la tesorería municipal, por lo que se hizo la invitación de retirar en su totalidad el puesto comercial lo antes posible y se refirió que debía ser colocado únicamente en horario de su venta y, posteriormente, retirarse como en ocupación ambulante, no como permanente. Como se observa, del comunicado descrito no se aprecia la intervención de la Guardia Civil en su emisión, aunado a que del contenido del citado oficio no se observa algún acto privativo de la libertad de la quejosa, fuera de procedimiento judicial, ni que se le intente quitar a la fuerza el negocio de venta de birria del que la solicitante de amparo se ostenta como propietaria. En esas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados materia de este considerando, respecto del Presidente Municipal, del Director de Desarrollo Urbano, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y de la Guardia Civil, todos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, procede sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del Presidente Municipal y del Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, consistente en el oficio ********************, ya que lo aceptaron, al rendir el informe de ley respectivo. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto impugnado, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del comunicado descrito, la cual goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al tratarse de una documental pública, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". QUINTO. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Aun cuando no hay cuestionamiento de parte interesada, este Juez Federal estima conveniente aclarar que la parte quejosa cuenta con interés jurídico para cuestionar el oficio reclamado, por las siguientes razones: a) Si bien es cierto que la amparista no ofreció alguna prueba tendente a demostrar el derecho que afirma tener respecto del establecimiento comercial que defiende, también lo es que del comunicado impugnado, exhibido por la parte quejosa, se aprecia que se encuentra dirigido a nombre de ella, aunado a que las autoridades municipales responsables lo hicieron suyo al rendir el informe de ley. b) El hecho de que en el oficio citado se haya hecho referencia a una "invitación" a la impetrante para retirar su puesto, una vez concluido su horario de labores, no constituye un acto que no le depare perjuicio, pues de su contenido integral se observa que las autoridades responsables invocaron una disposición penal que tiene un efecto amedrentador para la justiciable, en caso de que no acate lo solicitado, lo que impide considerar el comunicado aludido como una simple "invitación". Por los motivos expuestos, este juicio de amparo es procedente. SEXTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda de amparo se presentó de manera oportuna), al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. El concepto de violación es fundado. En principio, se precisa que la síntesis del disenso se realizará atendiendo a la cuestión efectivamente planteada en la demanda, en términos del numeral 79 de la Ley de Amparo. La parte quejosa señala que el oficio reclamado contraviene el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que no está suficientemente fundado y motivado, por lo cual no se justifica el acto de molestia realizado en su contra. Como se anticipó, el concepto de violación es fundado, atendiendo a la causa pedir. En efecto, dicho precepto dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, la garantía de legalidad (fundamentación y motivación), comprendida en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico-jurídicos del porqué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó, que para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto, se ajusta en los presupuestos de la norma que invoca. El anterior criterio se sustentó en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 143, del volumen 97-102, tercera parte de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se estima de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que los actos de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino que se requiere además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, del tomo XXII, diciembre de 2005, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Así como, la jurisprudencia 43, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1531, del tomo XXIII, mayo de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 175082, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". La contravención al mandato constitucional que exige la expresión de la fundamentación y motivación en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal; sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1694, del tomo XXVII, febrero de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170307, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". Establecido lo anterior, se retoma que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal y del Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, el oficio ********************, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el que se solicitó la liberación del espacio en la vía pública respecto del sitito donde concurría a la venta comercial de manera ambulante, y se informó que para el uso del espacio debía tomarse en cuenta la cuota estipulada por la tesorería municipal, por lo que se hizo la invitación de retirar en su totalidad el puesto comercial lo antes posible y se refirió que debía ser colocado únicamente en horario de su venta y, posteriormente, retirarse como en ocupación ambulante, no como permanente. Dicho oficio fue redactado en los siguientes términos: "NOTIFICACIÓN OBSTRUCCIÓN EN VÍA PÚBLICA A QUIEN CORRESPONDA. PRESENTE. El que suscribe, por conducto de esta dependencia del H. Ayuntamiento de Purépero, solicita de Ia manera más atenta la liberación del espacio en la vía pública respecto al sitio donde concurre a la venta comercial de manera ambulante. Ocupar el espacio para un uso comercial es debidamente regulado conforme al plan parcial de desarrollo urbano del centro de población de Purépero, por lo que debe tomarse la cuota estipulada por tesorería municipal para el uso del espacio. Dicho puesto ambulante en uso comercial no debe quedarse establecido una vez transcurrido el horario operación, por lo que debe retirarse después del término de su desempeño comercial. Marcado en él: H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN, LXXI LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE E ARTÍCULO 63: CAPÍTULO VII.- OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA PÚBLICA. Art. 177 Bis l.- Comete el delito de obstrucción de la vía publica quien de forma informal y en acto d entorpecimiento los derechos a terceros en vialidades y tramos carreteros municipalizados, impidiendo total o parcialmente el libre tránsito de vehículos automotrices. Art. 177 Bis 2.- El responsable del delito de obstrucción de la vía pública debe ser sancionado de seis a ocho días naturales sin uso del espacio más una penalización de cincuenta a cien solarios mínimos. Este artículo busca comprender y explicar cómo el acto de instalar un puesto ambulante de madera o metal en Ia vía pública contribuye al desarrollo de un régimen reglamentario que administras el derecho a trabajar en el espacio público, POR LO QUE SE LE INVITA A RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL PUESTO COMERCIAL DE SU PROPIEDAD LO ANTES POSIBLE, DEBIENDO SER COLOCADO ÚNICAMENTE EN HORARIO DE SU VENTA POSTERIOR A ELLO DEBE RETIRAR COMO EN OCUPACIÓN AMBULANTE Y NO PERMA (sic). Así también, se le indica que la vía pública debe mantenerse libre de elementos que obstaculicen entorpezcan el libre tránsito. Se extiende la presente, como notificación para a solución del ordenamiento de la dirección de desarrollo urbano municipal". Una vez examinado el caso, a la luz del marco normativo esbozado, se considera que el oficio reclamado es inconstitucional. Es así, pues las razones que tuvieron las autoridades responsables para emitir el oficio combatido se encuentran respaldadas en preceptos jurídicos inaplicables. Se estima de este modo, porque dichas autoridades no mencionaron la disposición legal que las facultaba para solicitar la liberación del espacio en la vía pública del puesto de la impetrante. Tampoco indicaron cuál era el fundamento para sostener que el espacio para un uso comercial era debidamente regulado conforme al plan parcial de desarrollo urbano del centro de población de Purépero, ni precisaron cuál artículo servía de base para considerar que, para el uso del espacio, debía tomarse en cuenta la cuota estipulada por la tesorería municipal. Igualmente, las aludidas autoridades no citaron el precepto legal para apoyar su argumentación en el sentido de que un puesto ambulante en uso comercial no debe quedarse establecido una vez transcurrido el horario de operación y que, por ende, debe retirarse después del término de su desempeño comercial. No es óbice a lo anterior que las autoridades fundaron su decisión en: "USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE E (sic) ARTÍCULO 63"; y, a su vez, en los numerales 177 Bis 1 y 177 Bis 2; sin embargo, no precisaron en qué ordenamientos legales se encuentran los dispositivos a que hicieron referencia, aunado del contenido íntegro del comunicado impugnado no se puede obtener tal información, siendo cuestionable el hecho de que invoquen una normativa de índole penal, cuando tales autoridades son meramente administrativas. Sin que ello se encuentre justificado que: "el acto de instalar un puesto ambulante de madera o metal en Ia vía pública contribuye al desarrollo de un régimen reglamentario que administras el derecho a trabajar en el espacio público"; pues los dispositivos que invocaron no guardan alguna relación con los aspectos que aducen. Finalmente, las autoridades responsables no mencionaron qué numeral sostiene su afirmación en el sentido de que la vía pública debe mantenerse libre de elementos que obstaculicen o entorpezcan el libre tránsito. Todas las circunstancias apuntadas, demuestran que las autoridades municipales incurrieron en una vulneración al artículo 16 de la Constitución Federal, ya que el oficio reclamado no se encuentra suficientemente fundado y motivado, con lo cual se produce inseguridad jurídica para la parte quejosa, al desconocer cuál es el marco legal que debe observar para operar el puesto comercial que defiende. En tal virtud, al resultar el concepto de violación fundado, atendiendo a la causa pedir, lo procedente será conceder el amparo solicitado. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el efecto de la tutela constitucional es para que el Presidente Municipal y el Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, realicen lo siguiente: 1. Dejen insubsistente el oficio ********************, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. 2. En caso de insistir, emitan otro en el que, con libertad de atribuciones, purguen todos y cada uno de los vicios formales advertidos en este fallo constitucional; esto es, funden y motiven todas las razones que tuvieron para emitir el acto de molestia en perjuicio de la parte quejosa. NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de dicha ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados del Presidente Municipal, del Director de Desarrollo Urbano, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y de la Guardia Civil, todos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, consistentes en la privación de la libertad de la quejosa, fuera de procedimiento judicial; y, quitar a la fuerza el negocio de venta de birria del que la quejosa se ostenta como propietaria, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado del Presidente Municipal y del Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Purépero, Michoacán, consistente en el oficio ********************, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia, para los efectos precisados en el considerando octavo. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores de éste órgano jurisdiccional, ante Raziel Alejandro Urrusquieta Flores, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: SE RECIBEN OFICIOS Téngase a las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos adscritos al Ayuntamiento de Purépero, Michoacán de Ocampo, desahogando el requerimiento formulado en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés y, al efecto, remiten copia certificada del acto reclamado, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.
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