Ma. del Rosario Lopez Mena

Expediente 872/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
872/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Ma. del Rosario Lopez Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizados e incorporados al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diez horas con veinte minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Cindy Sarahit Rojas Robles, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial, la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público del Federación adscrita y el pedimento en el cual anuncia pruebas de su intención tales como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS, Y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, Ma. del Rosario López Mena, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados del Magistrado del Segundo Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad señalada como responsable, reclamo: a).- EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE NIEGA LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE LA SUSCRITA PRESENTARA EN CONTRA DEL AUTO DE SOBRESEIMIENTO dictado en audiencia de fecha trece de Septiembre de dos mil veintidós, dentro de la Causa Penal 889/2020 y a su vez el ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN QUE SE RECLAMA se dictó dentro de los autos del TOCA PENAL 49/2022". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, el conocimiento de la demanda, la cual se recibió el cinco de junio de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de este juzgado de distrito; por lo que mediante auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de mérito, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 872/2023-I-A; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le corresponde, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; y, TERCERO. Emplazamiento de terceros interesados. Posteriormente en proveídos de doce de julio de dos mil veintitrés, este juzgado federal le otorgó el carácter de terceros interesados a Nancy Nallely Salazar Romero y agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Delitos de Familia adscrita a la Delegación Laguna I, con residencia en esta ciudad, ordenando el emplazamiento correspondiente. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, al reclamarse actos emitidos por autoridad que se encuentra dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa, reclama por esta vía constitucional, lo siguiente: i. El auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el toca penal 49/2022, del índice estadístico del Magistrado del Segundo Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, en el que determina no admitir el recurso de apelación interpuesto por la hoy quejosa contra el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento de la causa penal 889/2020, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Magistrado del Segundo Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado reconoció la existencia de los actos reclamados, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las documentales que allegó el Magistrado responsable, consistente en las constancias originales que conforman el toca penal 49/2022, dentro de las cuales obran el acuerdo reclamado; documentales que gozan de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, este juzgador advierte de oficio la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, se debe sobreseer en el juicio, toda vez que contra el auto que inadmite el recurso de apelación en contra del proveído que decreta el sobreseimiento de la causa judicial, con efectos de sentencia absolutoria, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, medio ordinario de defensa que la quejosa no agotó previamente a acudir a esta instancia constitucional, ello en acatamiento al principio de definitividad, ya que a través de dicho recurso es factible que se modificara o revocara el acuerdo reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria concede algún recurso o medio de defensa, por las que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Del precepto transcrito se advierte que para la actualización de la causal de improcedencia ahí invocada se requiere: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió´ la actuación reclamada. d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. e) Que la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación correspondiente. f) Que no se actualice alguno de los casos de excepción, a saber: Que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Que el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento penal. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso penal. En correlación con lo anterior, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el recurso de revocación procede contra resoluciones de mero trámite, dictadas en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, cuyo objeto será´ que la misma autoridad que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y emita la resolución respectiva. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 153/2019, en la que el punto jurídico a dilucidar era si en contra de la no admisión del recurso de apelación en materia penal acusatoria es procedente el recurso de revocación, regulado en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y establecer si debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, o bien, se actualiza el caso de excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, relativo a que se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente, determinó lo siguiente: Estableció que el principio de definitividad previsto en el precepto en cita, impone la obligación para los quejosos de agotar cualquier medio de defensa ordinario que esté a su alcance para combatir el acto que estiman les causa agravio. Es decir, para garantizar que el juicio de amparo sea verdaderamente un recurso extraordinario de revisión constitucional, el principio de definitividad obliga a quien quiera iniciar un procedimiento de amparo, a combatir previamente el acto reclamado por los medios ordinarios existentes. Acotó que lo anterior conlleva como excepción la prevista en el último párrafo del artículo citado, pues señala que cuando la determinación sobre la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa requiere la interpretación adicional de una norma, o su fundamento legal sea insuficiente, el gobernado podrá decidir libremente entre interponer tal medio de defensa o acudir directamente al amparo. Destacó que en los juicios de amparo, que dieron origen a la contradicción, se combatió como acto reclamado la decisión de no admitir un recurso de apelación, el cual encuentra su procedencia en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las resoluciones del juez de control, el artículo 468 se refiere a la procedencia de las emitidas por el tribunal de enjuiciamiento y el diverso 470 se refieren los supuestos de inadmisibilidad del recurso. Tocante al recurso de revocación, reprodujo el contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales e indicó que de tal precepto, se desprende que la figura jurídica del recurso de revocación se trata de uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio y que, de su primer párrafo, se desprenden al menos dos enunciados normativos en cuanto a la procedencia del recurso, un primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y un segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En relación con el primer aspecto, precisó que la materia de la contradicción, era determinar si el recurso de revocación es procedente contra el auto que inadmite un recurso de apelación, esto es, dentro de la fase impugnativa del procedimiento, para lo cual estimó que debía atenderse al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que el procedimiento penal está conformado por las etapas de investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y la de juicio, señalando en su último párrafo, que el proceso empieza con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme y que si bien explícitamente no se refiere a la fase impugnativa, de un entendimiento armónico y sistemático del Código Nacional de Procedimientos Penales no puede negarse su integración. Agregó que el propio artículo señala que el procedimiento concluye hasta la emisión de sentencia firme y que conforme al diverso precepto 412 del mismo dispositivo legal, solo quedan firmes las sentencias dictadas en el juicio oral cuando no son recurridas oportunamente, de manera que si impugnan, será´ hasta que se resuelvan los medios de defensa que podrán calificarse de tal naturaleza. Enseguida, estableció que en ese caso, el recurso ordinario procedente en contra de la sentencia es la apelación, cuyo objeto, en términos del artículo 483 del código procesal, es confirmar, modificar o revocar la sentencia, o bien, ordenar la reposición del juicio, de manera que se hacía evidente que la fase impugnativa, no solo en referencia al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del juicio, sino para cualquier medio de defensa ordinario que proceda dentro del juicio oral acusatorio, forma parte de las etapas del procedimiento. Y subrayó, que de admitir que el recurso de revocación previsto en el artículo 465 citado, solamente es procedente dentro de las etapas a las que expresamente se refiere el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal, pues implicaría aceptar que diversas normas de carácter fundamental para el proceso acusatorio no le son aplicables a la segunda instancia; lo cual es jurídicamente inadmisible. Añadió que en ese contexto, es claro que debe interpretarse armónica y sistemáticamente lo dispuesto en los artículos 211 y 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales y concluir que el recurso de apelación sí forma parte del procedimiento, pues por una parte se producirían las condiciones indeseables anteriormente referidas, y además, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales no lo excluye. Hecho el análisis anterior, procedió a verificar qué naturaleza tiene el auto que inadmite un recurso de apelación, esto es, si el mismo es un acuerdo de mero trámite que se resuelva sin sustanciación. Al tiempo, indicó que el recurso de revocación es un medio amplio de defensa en varios sentidos, pues el legislador en la materia previó que fuera aplicable en diversos momentos del procedimiento penal, por ejemplo, desde que una carpeta de investigación se judicializa a través de la solicitud de una orden de aprehensión o la celebración de la audiencia inicial, y durante todas las etapas siguientes del proceso penal acusatorio en que interviene alguna autoridad judicial; que asimismo, el mismo legislador determinó que la procedencia del recurso de revocación no se constriñe a un listado limitativo de decisiones judiciales que son recurribles por este medio, sino que estableció un enunciado jurídico abierto, que permite a las partes intentar el recurso de revocación contra cualquier decisión que se resuelva de mero trámite sin sustanciación. Y en este sentido, estimó que el auto de no admisión al recurso de apelación se trata de una determinación de mero trámite que califica dentro de los supuestos de la revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, como lo establece el artículo 67, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales; tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la parte recurrente, sino su objetivo es el análisis de los requisitos previstos por los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y las hipótesis del artículo 470 del invocado código nacional; por lo que su materia descansa exclusivamente en verificar si lo impugnado constituye alguna de las resoluciones a que se refieren las fracciones I a XI del artículo 467 o I y II del artículo 468 invocados; y en corroborar que el recurso sea oportuno, que lo impugnado no sea apelable, que lo interponga legitima persona y que contenga fundamentos de agravio o peticiones concretas. Afirmó que, lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo que desecha el recurso de apelación es de mero trámite, es decir, en él únicamente se verifica el cumplimiento a los requisitos de procedencia, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto y que se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, en términos de artículo 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sin sustanciación alguna, lo que permitió corroborar que el pronunciamiento sobre la inadmisión del recurso de apelación es impugnable en el recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció´ que se debía emitir de plano, de ahí´ que su actuación se constriña a constatar, en el momento que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Con base en ello, sostuvo que en cumplimiento del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es procedente que las partes combatan la decisión de inadmitir el recurso de apelación a través del diverso recurso de revocación. Sobre la base anterior, se preguntó si los gobernados previamente a la promoción del juicio de amparo en contra de la inadmisión del recurso de apelación deben agotar el recurso de revocación, a lo cual señaló que la expresión "de mero trámite" a que hace referencia el recurso de revocación corresponde a un enunciado jurídico con una indeterminación tal, que actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que, el quejoso puede decidir entre interponer el medio ordinario de defensa que considere aplicable o acudir directamente al juicio de amparo. Es así, pues hasta ese momento no existía jurisprudencia definida por el Alto Tribunal y resaltó que fue esa indeterminación la que generó que uno de los Tribunales Colegiados en contienda, estimara que la determinación judicial en cuestión debe ser considerada un acuerdo de mero trámite, en tanto que el otro consideró que tal decisión implicaba un estudio de fondo, pues tiene la finalidad de poner el asunto en un estado de resolución, lo que requiere estudiar la procedencia del recurso de apelación. Lo que muestra que aun entre distintos Tribunales Colegiados del país no hay acuerdo en cuanto a lo que debe entenderse por una decisión de "mero trámite", por lo que, no era lógico exigir a los gobernados que interpretaran tal enunciado y determinaran por sí mismos que el recurso de revocación era o no procedente. De esa manera, estableció que el artículo 465 del código adjetivo nacional no es suficientemente claro, ya que no dota de un fundamento legal suficiente para determinar la procedencia del recurso de revocación, sino que exige a los gobernados interpretar lo qué debe entenderse por una resolución "de mero trámite"; sin que ello significara en forma alguna exigir al legislador que siempre que establezca los requisitos de procedencia de un medio de defensa ordinario estipule un listado limitativo de las decisiones emitidas por autoridad que son recurribles por ese medio, sino que cuando decida establecer su procedencia a través de un enunciado jurídico abierto, como en el caso, lo haga a través de los términos más claros que le sea posible, para garantizar que los gobernados tengan a su alcance el conocimiento de qué resoluciones o actos son combatibles a través de tal medio de defensa. Sin embargo, indicó, esta condición de incertidumbre, que actualiza la excepción al principio de definitividad y permite promover el juicio de amparo en contra del auto que inadmite el recurso de apelación sin necesidad de agotar el recurso de revocación, dejará de materializarse a partir de la obligatoriedad del criterio emitido en la contradicción de tesis que se relata, en la cual se determina jurisprudencialmente que contra el auto referido es procedente el recurso de revocación. Lo anterior, conforme a la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -compartida por la Primera Sala estableció que la excepción al principio de definitividad que hace optativo el medio de impugnación ordinario, deja de actualizarse cuando el propio Máximo Tribunal precisa jurisprudencialmente que un recurso ordinario es procedente; lo que se plasmó en la jurisprudencia de rubro: "EXCEPCIO´N AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL U´LTIMO PA´RRAFO DE LA FRACCIO´N XVIII DEL ARTI´CULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIO´N HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO" e igualmente encuentra refuerzo en la tesis aislada 2a. XCII/2015 (10a.) (31) emitida por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, que se asimila en la ejecutoria relatada, la cual señala que en el caso de una sustitución o modificación de jurisprudencia, el nuevo criterio no puede aplicarse al gobernado en su perjuicio, pues con ello se afectaría la seguridad jurídica del justiciable, la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, y el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, tutelado en el artículo 217, último párrafo de la Ley de Amparo. Y que en términos similares, cuando sobre un problema jurídico en un primer momento no existe pronunciamiento de esa Suprema Corte, pero luego se emite una tesis jurisprudencial al respecto, no puede exigirse a gobernados y jueces que apliquen a los casos del primer momento la jurisprudencia que se emitió´ con posterioridad, pues con ello se afectaría la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad de trato y el principio de irretroactividad de la jurisprudencia. Por tanto, concluyó, en atención a que esa Primera Sala ya definió que el recurso de revocación sí procede contra el auto de no admisión que dicta un tribunal en un recurso de apelación; que debe considerarse que a partir de la obligatoriedad de la jurisprudencia que define lo anterior, deja de actualizarse la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo. Es así, explicó, pues el objetivo de la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo antes referida, es permitir que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance para combatir el acto que estima violatorio de su esfera de derechos, y puesto que en dicha ejecutoria esa Primera Sala ya determinó que la inadmisión del recurso de apelación en el proceso penal acusatorio es impugnable a través del recurso de revocación, resulta lógico concluir que tal excepción no es procedente en lo que al recurso de revocación se refiere. La jurisprudencia derivada de dicha contradicción es la 1a./J. 85/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283, con registro digital 2021251, cuyo rubro y texto son: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". En el caso, la parte quejosa promovió recurso de apelación contra el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, con el cual se decretó el sobreseimiento de la causa penal 889/2020, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, de dicho recurso tocó conocer al Magistrado del Segundo Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, en el toca penal 49/2022, y en auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, determinó no admitir el recurso de apelación de referencia. Por lo anterior, resulta claro que procede el recurso de revocación en cualquier etapa del procedimiento contra las decisiones de trámite de la autoridad judicial, incluidas las de segunda instancia, como sucede con el auto que no admite el recurso de apelación -materia de la contradicción-; respecto del cual es necesario agotar este medio de defensa previo a acudir al juicio de amparo. Así, resulta claro que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte justiciable se encuentra obligada a agotar el recurso de revocación, en contra del proveído por el cual el tribunal de alzada no admite el recurso de apelación, ello en acatamiento al principio de definitividad, ya que a través de dicho recurso es factible que se modificara o revocara el acuerdo reclamado; por lo que, al no agotarlo previamente, la acción de amparo intentada es improcedente. Además, debe señalarse que en el caso no se da alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad, porque el acto reclamado es un auto por el que no se admitió el recurso de apelación, es decir, no se trata de algún acto que afecte la libertad personal de la quejosa fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; tampoco se trata de alguna orden de aprehensión o reaprehensión, de algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, de alguna resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, auto de vinculación a proceso o de cualquier otro que afecte la libertad personal de aquel, distinto de la resolución dictada en el proceso penal. Sin que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada implique una inobservancia a los derechos humanos denegación de los citados derechos de la quejosa, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el que la acción constitucional se inste agotando el principio de definitividad, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia y que se vulneren sus derechos de igualdad, por ende, es inconcuso que la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una obstaculización ni desconocimiento a los citados derechos. Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa actividad, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que el Estado Mexicano está comprometido a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que se ha hecho referencia en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. LXXXI/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, con registro digital 2002139, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". En esa tesitura, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio respecto del acto reclamado en análisis, ello con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de julio de dos mil veintitrés. Constancia. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos, la constancia de notificación efectuada al quejoso Jesús Alemán Rosales, en la cual interpone revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de Revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias de la constancia de notificación de interposición del recurso, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del juicio de amparo en que se actúa. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de julio de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a sus antecedentes, el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual acompaña copia certificada del testimonio de resolución dictada por la superioridad, con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Hágase del conocimiento de las partes que al resolver dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja". Acuse y anotaciones. Acúsese el recibo de estilo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, para los efectos legales conducentes. Reanudación. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 102 de la ley en la materia, aplicado a contrario sensu, se reanuda el procedimiento y de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 115 de la ley en aplicación cítese a las partes a la audiencia constitucional, la que se verificará a las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa corriéndole traslado con copia de la ejecutoria del tribunal de alzada. Notifíquese y personalmente.

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