Ma. del Rosario Bautista Martínez
Expediente 1115/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/09/2023
Partes del expediente
- Ma. del Rosario Bautista Martínez
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de treinta y uno de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino archivístico. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 20 fracción IV del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de septiembre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante auto de catorce de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente asunto y se ordenó el archivo, por lo que se provee: a) Devolución de constancias. Mediante oficio que derive del presente proveído, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia de Amealco, Querétaro y a la Primera Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Querétaro, las constancias que remitieron en atención a su informe justificado (TOMOS I, II y III), previo desglose que se haga de la carátula del tomo de prueba, sin que resulte necesario solicitar acuse de recibo, en virtud de que la constancia de notificación respectiva, hace las veces del mismo.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. I. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********************, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1115/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, los que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Desechamiento. En atención al contenido del escrito inicial presentado por la parte quejosa, se procede a su estudio, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, en el caso concreto, del análisis integral de la demanda amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado, el siguiente:************* En ese sentido se advierte de oficio que, respecto del acto reclamado descrito en líneas anteriores, se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la demanda, que le impide admitirla y que está prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en ejecución de sentencia, que no sea aquel que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A fin de comprender en su exacta dimensión esta hipótesis de improcedencia, es importante mencionar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; (.)". (Lo resaltado es propio). De lo expuesto, resulta que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley que rige el juicio constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de amparo, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a los peticionarios siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal, resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus derechos frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. En efecto, la determinación aquí reclamada, que constituye el acto reclamado en esencia, evidencia la presencia de un acto en el período de ejecución, pues del análisis de la demanda, manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, y las copias certificadas que anexa a su escrito inicial se advierte lo siguiente: Que en el proceso oral mercantil *******************, promovido por **************-aquí quejosa- en veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la que en fase de conciliación las partes llegaron a un convenio, el cual se declaró valido en esa misma data. Que el diecinueve de junio de dos mil veintitrés se tuvo por recibido un oficio presentado por la parte demandada con el que estimo dar cumplimiento al convenio y se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su interés conviniera. En auto de tres de julio de dos mil veintitrés, se tuvo al mandatario de la parte actora, inconformándose con el cumplimiento dado por su contraria, por lo que el juez de origen al tenor de lo manifestado por las partes determinó que la demanda no había realizado la cancelación de las operaciones que constituyeron los cargos no reconocidos por la actora, así como instituir al área de crédito para que se abstuviera de seguir requiriendo a la actora, otorgando el plazo de tres días para dar cumplimiento. En uno de agosto del año en curso, se tuvo a la parte demandada, realizando manifestaciones en torno al requerimiento efectuado y con ellas se dio vista a la actora para manifestar lo que a sus intereses conviniera, Finalmente, en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés se recibió un escrito de la parte actora, en el que desahogó la vista otorgada y solicitó la ejecución forzosa de convenio realizado, en el que el juez responsable requirió a la parte demandada para que dentro del término de tres días acreditara con un estado de cuenta actualizado, la cancelación de los cargos en la cuenta de la actora. -acuerdo que constituye el acto reclamado- Ahora, cabe señalar que las sentencias firmes deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de amparo no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus derechos, podrán ser restituidas en el goce de éstos desde que se cometió la violación en ese procedimiento ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. De ahí que, resulta a todas luces improcedente la demanda que se intenta en esta vía de amparo. Por su exacta aplicación al caso es de citarse la tesis jurisprudencial número 734, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1204, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114 fracción III de la Ley de Amparo En el caso, se reitera que el acto que reclama el promovente, es llevado a cabo en ejecución de sentencia; por lo tanto, no se satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV, párrafo segundo, de la ley en comento y su interpretación jurisprudencial, pues NO SE TRATA DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, NI TAMPOCO QUE OBSTACULICE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, confesión que hace prueba plena, en términos del artículo 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; Además con las con las copias certificadas del juicio de origen que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, de las que se desprende que la quejosa es parte actora en el proceso oral mercantil *************, en el que ya se llegó a un convenio el cual fue declarado valido y se encuentra en etapa de ejecución. Sirve de apoyo la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Asimismo, tiene apoyo a lo expuesto, la tesis 389 C, visible en la página 1721, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." De acuerdo con lo expuesto, es viable concluir que por regla general, un acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente. Y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, pues cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se podría excepcionalmente admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto en aplicación analógica del supuesto de procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos en juicio que tienen sobre las cosas una ejecución de imposible reparación. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, dado la amplitud de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debía estimarse que esa disposición daba pauta a interpretar la porción normativa relativa a la procedencia del juicio de amparo tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, y no a la inversa. De modo tal que, ese Máximo Tribunal del País, concluyó que aun cuando se tratara de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existía la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos y, b) Los derechos sustantivos que se vean trasgredidos sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Estas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 108/2011, aprobada por el Pleno del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página 6, Registro 163,152, que es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". En la ejecutoria que dio origen a la citada se señaló que los derechos sustantivos afectados se considerarán diversos a la cosa juzgada cuando sean ajenos a los derechos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, cuando la afectación a dichos derechos no sea una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. De conformidad con lo anterior -sostuvo el Alto Tribunal-, el amparo indirecto no sólo es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sino que también en contra de actos intermedios emitidos dentro de dicho procedimiento, en la medida en que afecten en forma directa derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, dijo, cuestión que sólo es susceptible de analizarse por el juzgador en cada caso concreto. Entonces, se reitera que si la aquí quejosa se duele del auto diecisiete de agosto de dos mil veintitrés en el que el Juez de origen requirió a la parte demandada, para que dentro del término de tres días acreditara con un estado de cuenta actualizado la cancelación de los cargos en la cuenta de la actora, pese a que le fue solicitada la ejecución forzosa, de ahí que dicho acto reclamado no se trata de un acto autónomo; antes bien, se emitió con la finalidad de que se cumpliera el convenio realizado, a más de que no se paraliza la fase de ejecución de sentencia. De ahí que dicho acto resulte ser intermedio dictado en la etapa de ejecución de sentencia; sin embargo, no se trata de un acto que afecte algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, de ahí que únicamente constituya una violación adjetiva que no causa lesión en la esfera jurídica del quejoso; de ahí que el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, sin que pasen inadvertidas las violaciones procesales que la parte quejosa refiere; lo anterior toda vez que como ya se dijo el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución por lo que resulta evidente que se no se tratan de actos de imposible reparación, al no atentar, por sí mismos, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de ejecución, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, mayo de 2005, materia común, tesis: 1a./J. 23/2005, página: 231, que reza: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." Asimismo, la tesis VII.2o.C.23 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1947, que reza: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." De igual forma, por analogía, la tesis VI.1o.C.51 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, junio de 2014, Libro 7 página 1728, que reza: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE. EL AUTO QUE LO DESECHA, NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, o en ejecución de la sentencia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones no es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella en la que en forma definitiva se ordenan el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de bienes rematados, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional." Por último, tampoco la parte quejosa es tercero extraño al juicio de origen, ya que de los antecedentes que narra y de las constancias que remite, queda evidenciado que es parte actora. En tal virtud, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente contra el acto descrito en líneas anteriores. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, dado que se actualiza las hipótesis de improcedencia estatuidas en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. V. Captura de proveído. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. XVI. Domicilio y Autorizados Notifíquese; personalmente a la parte quejosa
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL CITATORIO DE 01/09/2023, QUE CONTIENE LA RESOLUCION DE 31/08/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. I. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********************, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1115/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, los que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Desechamiento. En atención al contenido del escrito inicial presentado por la parte quejosa, se procede a su estudio, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, en el caso concreto, del análisis integral de la demanda amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado, el siguiente:************* En ese sentido se advierte de oficio que, respecto del acto reclamado descrito en líneas anteriores, se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la demanda, que le impide admitirla y que está prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en ejecución de sentencia, que no sea aquel que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A fin de comprender en su exacta dimensión esta hipótesis de improcedencia, es importante mencionar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; (.)". (Lo resaltado es propio). De lo expuesto, resulta que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley que rige el juicio constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de amparo, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a los peticionarios siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal, resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus derechos frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. En efecto, la determinación aquí reclamada, que constituye el acto reclamado en esencia, evidencia la presencia de un acto en el período de ejecución, pues del análisis de la demanda, manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, y las copias certificadas que anexa a su escrito inicial se advierte lo siguiente: Que en el proceso oral mercantil *******************, promovido por **************-aquí quejosa- en veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la que en fase de conciliación las partes llegaron a un convenio, el cual se declaró valido en esa misma data. Que el diecinueve de junio de dos mil veintitrés se tuvo por recibido un oficio presentado por la parte demandada con el que estimo dar cumplimiento al convenio y se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su interés conviniera. En auto de tres de julio de dos mil veintitrés, se tuvo al mandatario de la parte actora, inconformándose con el cumplimiento dado por su contraria, por lo que el juez de origen al tenor de lo manifestado por las partes determinó que la demanda no había realizado la cancelación de las operaciones que constituyeron los cargos no reconocidos por la actora, así como instituir al área de crédito para que se abstuviera de seguir requiriendo a la actora, otorgando el plazo de tres días para dar cumplimiento. En uno de agosto del año en curso, se tuvo a la parte demandada, realizando manifestaciones en torno al requerimiento efectuado y con ellas se dio vista a la actora para manifestar lo que a sus intereses conviniera, Finalmente, en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés se recibió un escrito de la parte actora, en el que desahogó la vista otorgada y solicitó la ejecución forzosa de convenio realizado, en el que el juez responsable requirió a la parte demandada para que dentro del término de tres días acreditara con un estado de cuenta actualizado, la cancelación de los cargos en la cuenta de la actora. -acuerdo que constituye el acto reclamado- Ahora, cabe señalar que las sentencias firmes deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de amparo no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus derechos, podrán ser restituidas en el goce de éstos desde que se cometió la violación en ese procedimiento ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. De ahí que, resulta a todas luces improcedente la demanda que se intenta en esta vía de amparo. Por su exacta aplicación al caso es de citarse la tesis jurisprudencial número 734, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1204, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114 fracción III de la Ley de Amparo En el caso, se reitera que el acto que reclama el promovente, es llevado a cabo en ejecución de sentencia; por lo tanto, no se satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV, párrafo segundo, de la ley en comento y su interpretación jurisprudencial, pues NO SE TRATA DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, NI TAMPOCO QUE OBSTACULICE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, confesión que hace prueba plena, en términos del artículo 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; Además con las con las copias certificadas del juicio de origen que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, de las que se desprende que la quejosa es parte actora en el proceso oral mercantil *************, en el que ya se llegó a un convenio el cual fue declarado valido y se encuentra en etapa de ejecución. Sirve de apoyo la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Asimismo, tiene apoyo a lo expuesto, la tesis 389 C, visible en la página 1721, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." De acuerdo con lo expuesto, es viable concluir que por regla general, un acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente. Y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, pues cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se podría excepcionalmente admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto en aplicación analógica del supuesto de procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos en juicio que tienen sobre las cosas una ejecución de imposible reparación. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, dado la amplitud de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debía estimarse que esa disposición daba pauta a interpretar la porción normativa relativa a la procedencia del juicio de amparo tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, y no a la inversa. De modo tal que, ese Máximo Tribunal del País, concluyó que aun cuando se tratara de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existía la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos y, b) Los derechos sustantivos que se vean trasgredidos sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Estas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 108/2011, aprobada por el Pleno del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página 6, Registro 163,152, que es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". En la ejecutoria que dio origen a la citada se señaló que los derechos sustantivos afectados se considerarán diversos a la cosa juzgada cuando sean ajenos a los derechos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, cuando la afectación a dichos derechos no sea una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. De conformidad con lo anterior -sostuvo el Alto Tribunal-, el amparo indirecto no sólo es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sino que también en contra de actos intermedios emitidos dentro de dicho procedimiento, en la medida en que afecten en forma directa derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, dijo, cuestión que sólo es susceptible de analizarse por el juzgador en cada caso concreto. Entonces, se reitera que si la aquí quejosa se duele del auto diecisiete de agosto de dos mil veintitrés en el que el Juez de origen requirió a la parte demandada, para que dentro del término de tres días acreditara con un estado de cuenta actualizado la cancelación de los cargos en la cuenta de la actora, pese a que le fue solicitada la ejecución forzosa, de ahí que dicho acto reclamado no se trata de un acto autónomo; antes bien, se emitió con la finalidad de que se cumpliera el convenio realizado, a más de que no se paraliza la fase de ejecución de sentencia. De ahí que dicho acto resulte ser intermedio dictado en la etapa de ejecución de sentencia; sin embargo, no se trata de un acto que afecte algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, de ahí que únicamente constituya una violación adjetiva que no causa lesión en la esfera jurídica del quejoso; de ahí que el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, sin que pasen inadvertidas las violaciones procesales que la parte quejosa refiere; lo anterior toda vez que como ya se dijo el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución por lo que resulta evidente que se no se tratan de actos de imposible reparación, al no atentar, por sí mismos, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de ejecución, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, mayo de 2005, materia común, tesis: 1a./J. 23/2005, página: 231, que reza: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." Asimismo, la tesis VII.2o.C.23 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1947, que reza: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." De igual forma, por analogía, la tesis VI.1o.C.51 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, junio de 2014, Libro 7 página 1728, que reza: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE. EL AUTO QUE LO DESECHA, NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, o en ejecución de la sentencia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones no es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella en la que en forma definitiva se ordenan el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de bienes rematados, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional." Por último, tampoco la parte quejosa es tercero extraño al juicio de origen, ya que de los antecedentes que narra y de las constancias que remite, queda evidenciado que es parte actora. En tal virtud, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente contra el acto descrito en líneas anteriores. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, dado que se actualiza las hipótesis de improcedencia estatuidas en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. V. Captura de proveído. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. XVI. Domicilio y Autorizados Notifíquese; personalmente a la parte quejosa
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Ma. del Pueblito Robles Robles2370/2015
- Ma. del Rayo Osornio Aboytes61/2015
- Ma. del Refugio Ordaz Moreno912/2014
- Ma. del Rocio Alvarado Ramírez1062/2017
- Ma. del Rocio Delfina Higuera Gómez949/2016
- Ma del Rocio Rocha Samano2954/2015
- Ma. del Rosario Chavez Arteaga198/2018
- Ma. Del Rosario Hernández Silva515/2022
- Ma. del Rosario Ledezma Otero811/2014
- Ma. Dolores Camacho Camacho792/2021
- Ma. Dolores Elisa Gómez Alviso1361/2016
- Ma. Dolores Felicitas Reséndiz Ramirez197/2023