Ma. del Refugio Rodríguez Mojica
Expediente 2101/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2101/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/02/2023
Partes del expediente
- Ma. del Refugio Rodríguez Mojica
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción.
- Principal
SENTENCIA C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo contra leyes, donde el acto de aplicación, es en la jurisdicción en que este órgano jurisdiccional, tiene competencia. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 146/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000. Analizado que fue el escrito de demanda y la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se desprende que la parte quejosa reclama, de las autoridades responsables: Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, la discusión, aprobación y promulgación de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en particular el artículo 16, fracción I, inciso h). Del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas; ahora Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; la aplicación de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en particular el artículo 16, fracción I, inciso h), con la emisión de la boleta de pago. Por lo anterior, el estudio de dicho acto; esto es, su procedencia y en su caso, de fondo del juicio de amparo, será la materia de la presente determinación. TERCERO. Existencia o Inexistencia del acto reclamado. Negativa de la autoridad responsable recaudadora. La Directora de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado, negó categóricamente el acto reclamado consistente en la aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, específicamente el artículo 16, fracción I, inciso h), consignado en el recibo oficial expedido para tal efecto, planteado así por la parte quejosa, ya que solamente se limitaron a recibir el apago entregado por la agraviada de forma voluntaria por los conceptos establecidos en los mismos. Lo que denota que, fue la parte quejosa quien compareció voluntariamente a realizar el pago de tal contribución y no, que la autoridad en cita haya obligado coactivamente al promovente a colocarse en la hipótesis prevista en la norma impugnada; es decir, la misma únicamente intervino en la recaudación del pago del derecho aludido, y quien se autoaplicó la porción normativa impugnada fue el propio impetrante, individualizándose así en su perjuicio, el supuesto o hipótesis legal. En este tenor, si en el presente caso quien dice ser agraviado por la ley reclamada, pagó el derecho relativo por voluntad propia, sin necesidad de la intervención coercitiva y previa de la autoridad encargada de hacerla cumplir; tal situación descarta, por razón lógica, la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de autoridad ejecutora alguna. Al respecto, cabe precisar que si bien es posible que de ese modo nazca el derecho del gobernado para promover el amparo indirecto en contra de aquellas normas, pues según lo ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es factible identificar como primer acto de aplicación de una norma jurídica, no sólo el que proviene de autoridad, sino que dicho acto específico de ejecución puede provenir ya de un particular que actúa por mandato expreso de la ley y que se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, de la propia parte quejosa, cuando en acatamiento a lo que establece la norma, la cumple sin que la autoridad, en el ejercicio de sus facultades de imperio, la conmine a cumplir con lo dispuesto en ésta. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". En este orden de ideas, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto que se reclama al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas; ahora Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. II. Certeza de los actos reclamados. El Coordinador de Asuntos Jurídicos, en representación del Congreso del Estado; y, el Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador del Estado de Jalisco; aceptaron los actos que se les reclamaron, pues así lo reconocieron al rendir su informe de ley; de ahí, que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia que se actualiza. Las causas de improcedencia son cuestiones de orden público, las cuales deben analizarse preferentemente ante cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes. En el caso, se considera que, respecto de la norma impugnada, se surte la hipótesis de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción V, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida de que la quejosa no acreditó un acto de aplicación de la norma general reclamada, como a continuación se demuestra. Para verificar la actualización de la causa de improcedencia actualizada, es menester establecer que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [...]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese aspecto, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [...]" De conformidad con el precepto citado, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las bases para distinguir entre normas generales de naturaleza autoaplicativa y heteroaplicativa con base en los argumentos y fundamentos contenidos en la jurisprudencia de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el criterio se establecen los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Expuesto el sistema de impugnación de las normas en el juicio de amparo atendiendo a su naturaleza jurídica, debe ahora tratarse con mayor detalle la diferenciación existente entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa porque, como se dijo, de esa especificación surge la oportunidad del gobernado para promover el juicio de amparo, en donde el particular agraviado requiere acreditar que esas normas afectan su esfera jurídica, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con la prescripción legal combatida, por actualizarse sus supuestos. Así, las características de las leyes autoaplicativas son las siguientes: No requieren de un acto de ejecución para que se motive un perjuicio y pueda ejercitarse la acción constitucional de amparo; En virtud de su sola expedición causan perjuicio a la persona física o moral que sea sujeta de las obligaciones en ella contenidas, quedando obligada ésta a satisfacer la carga física correspondiente desde la fecha de su vigencia legal, sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad para que se origine el mismo perjuicio o tenga lugar su actualización, pues se trata de una norma coercitiva; y Que por sí misma y desde el momento en que entra en vigor cause perjuicio, sin que se requiera, para ello, de la eficacia de un acto concreto del poder público administrativo. Mientras que las leyes heteroaplicativas: Se distinguen, porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. Pueden reclamarse solo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones; y Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica pues, conforme a la jurisprudencia anteriormente reproducida, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: Son inevitables desde que entran en vigor; Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho; Las obligaciones o cargas que imponen, nacen con el solo inicio de su vigencia; No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular. No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Luego, la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma, pues su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad con el siguiente criterio de jurisprudencia VI. 2º. J/112, página 107, de la materia común, octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, abril de 1991, de rubro y texto siguientes: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer; y, b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". Por el contrario, la ley es heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación, ya sea de la autoridad o de un particular, para que se genere la afectación en la esfera jurídica del destinatario. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica regulada por determinados preceptos legales, que le otorgan los medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio irrogado por su desconocimiento o violación. En efecto, la hipótesis legal deriva como ya se dijo de lo previsto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cual el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, tendiendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, supuesto que también se encuentra regulado en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo Siendo entonces el juicio de amparo improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, esto es, alude a normas de naturaleza heteroaplicativa. Sentado lo anterior, debe dilucidarse si la norma impugnada, es de individualización incondicionada, esto es, no sujeta a que el nacimiento de sus consecuencias jurídicas se someta a la realización de ningún acto o hecho jurídicos posteriores a su entrada en vigor, o si, por el contrario, requiere de dicho evento. En ese sentido, conviene tener presente el contenido del inciso a), de la fracción I, del artículo 16 y en el diverso 17, ambos de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, el cual dispone: "Artículo 16. Por los servicios que presten las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán los derechos que se establecen en este capítulo, aplicando las tarifas correspondientes: I. Por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil: h) Registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República: $5,731.00 La tarifa se aplicará sin excepción por cada uno de los actos, contratos, resoluciones o inmuebles a registrar, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil. (.)". Así, de la porción normativa transcrita se observa, entre otras cosas, que el gobernado que desee que se registre un testimonio procedente de otra entidad de la república, en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, la cantidad de $5,731.00 (cinco mil setescientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional). Cierto, la quejosa a efecto de demostrar el perjuicio ocasionado a su esfera jurídica de derechos por la norma impugnada, debió acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada a través del elemento de convicción idóneo para ello; sin embargo, no aportó medio de prueba con esa calidad, para acreditar que se ubica en el supuesto del artículo impugnado, y por ende su afectación en su esfera jurídica, patrimonio y así su interés jurídico, puesto que, no demostró el acto de aplicación. Se afirma lo anterior dado que, únicamente, exhibió copia fotostática simple, de: Instrumento notarial cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco, emitido ante la fe del Notario Público Once del Estado de Aguascalientes; en el cual se llevó a cabo la compraventa respecto de una fracción del predio rústico, denominado "El Alto de Barajas y Chamacuero", ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco; entre Verónica Gutiérrez Martínez y Oscar Cuellar Martín, este por conducto de su apoderado; y, Ma del Refugio Rodríguez Mojica, aquí quejosa. Boleta registral, respecto del predio rustico denominado Alto de Barajas y Chamacuero, ubicado en la carretera a Jalostotitlan, municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco; con folio real 4505125. Pago provisional sujeto a verificación de datos, respecto del predio con número de clave registral 14-002-07-01-0000-000-000. Recibo por importe de transmisiones patrimoniales, por la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional). Avalúo número 265-11, respecto del predio rustico denominado Alto de Barajas y Chamacuero, con clave catastral 14-002-07-01-0000-000-000, realizado por el ingeniero Jonathan Ramsés Palacios Rodríguez. Dictamen favorable de subdivisión del predio rustico denominado Alto de Barajas y Chamacuero, con clave catastral 073-1-D48-II-0052, firmado por el presidente del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco. Correo electrónico enviado por el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad de Lagos de Moreno, Jalisco, al Notario Público Once del Estado de Aguas Calientes, a fin de validar del testimonio notarial cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco. Medios de convicción que, como se adelantó, resultan insuficientes para demostrar la aplicación de la norma impugnada, dado que valoradas como documentales simples carecen de valor probatorio pleno en términos del numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como se estableció en la tesis II.1o.C.T.13 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, de rubro: "COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE, NO OBJETADA; NO SE LE PUEDE CONCEDER VALOR PROBATORIO." No se soslaya, que la peticionaria refiera que exhibió copia simple de la boleta donde se ordena el pago, en razón de que se encuentra imposibilitada para exhibirla; sin embargo, la sola manifestación que realiza no es suficiente; lo anterior es así, si tomamos en consideración que el acto de aplicación, es con motivo de la autoliquidación; esto es, se trata de hechos propios, ya que fue la deponente quien efectúo el pago que reclama, por lo que si bien manifiesta una imposibilidad; no obstante, estuvo en aptitud de ofrecer dicho medio durante toda la secuela procesal, lo cual no aconteció. De ahí que, al no haberse demostrado algún acto de aplicación relacionado del inciso h), de la fracción I, del artículo 16 y en el diverso 17, ambos de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia aludida, dado que no causó un perjuicio en la esfera jurídica de la impetrante. Bajo el anotado contexto, se revela que, la quejosa no acreditó la aplicación de la norma reclamada, ni que el mismo se hubiera realizado previo a la presentación de la demanda de amparo. Es decir, la solicitante del amparo, no aportó la prueba idónea que demostrara que: - Haya realizado el pago por concepto de la norma impugnada. En consecuencia, se considera que la quejosa no acreditó con medio de prueba idóneo el acto de aplicación de la norma reclamada. Encuentra sustento lo relatado en el desarrollo de este considerando, en la tesis número P. XCVII/95, visible en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." Además, es menester destacar que es criterio reiterado por el Pleno y la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que tratándose de la impugnación de normas generales heteroaplicativas, es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, es decir, que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, que no basta la posible eficacia de la aplicación de la norma impugnada, para que el amparo sea procedente, ya que la referida proximidad, no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de derechos fundamentales. En las relatadas circunstancias, para que en un juicio de amparo pueda emitirse una declaratoria de inconstitucionalidad de un precepto legal de naturaleza heteroaplicativa, debe quedar plenamente justificado que la parte quejosa, por virtud de la aplicación de la disposición en controversia, verdaderamente resintió un perjuicio en su esfera de derechos; por lo que, se reitera, la actualización del perjuicio en el acto de aplicación, no puede quedar acreditada solo con base en conjeturas y suposiciones y menos, afirmando que se está bajo sus supuestos, tal como lo indica la jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." En razón de lo expuesto, queda evidenciado que de no acreditar, previo al análisis de constitucionalidad de los preceptos reclamados, el acto de aplicación a la parte quejosa, tampoco existiría la posibilidad de conceder el amparo por un ordenamiento o un acto que no le cause ningún perjuicio en sus derechos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo irían en contra de los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 77 de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia por reiteración de tesis 3a./J. 45/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERES JURIDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohiben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." La exigencia anterior, resulta en la medida en que sólo de esa forma es comprobable que la parte quejosa quedó comprendida entre los supuestos del ordenamiento general tildado de inconstitucional que se analiza en este considerando. Máxime que, tratándose de amparo contra leyes, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, con el propósito de evidenciar, sin lugar a dudas, el acto que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es decir, resulta necesario que se compruebe que a través de dicho acto, la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 206338, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Con todo, se concluye que la quejosa no demostró la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice su perjuicio la norma impugnada; circunstancia que no acontece en la especie, dado que no se exhibió prueba fehaciente que lo acredite, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en este juicio. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve: SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones, motivos y para los efectos precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Motivos por los cuales se difiere la audiencia constitucional. Que no se está en aptitud de celebrar la audiencia que nos ocupa en razón de que no media el plazo de ocho días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha de celebración de la audiencia y la vista dada a las partes para que se impusieran del informe justificado agregado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós del año en curso, rendido por la autoridad Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Diferimiento de audiencia constitucional. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se hace del conocimiento a las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, Alva Miranda Ramírez funge como nueva titular de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. En el entendido de que, atento a los motivos expuestos en el criterio jurisprudencial 2a./J.176/2012 (10a.), la notificación de esta determinación a las autoridades responsables se realizará por medio de lista de acuerdos, conforme lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo. Tiene apoyo lo anterior, en los razonamientos que dieron origen a la tesis que establece lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO" Acorde a lo anterior, ya que éstas podrían alegar algún impedimento para que esta juzgadora federal siga conociendo de la causa, o en su caso, para que no se dicte la sentencia o la resolución correspondiente a este asunto, por así estimar a su consideración actualizado alguno de los supuestos contemplados en el numeral 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Autoridad responsable rinde informe justificado. Téngase por recibido el oficio signado por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional del Estado Jalisco, autoridad responsable, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Designa delegados y domicilio. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene por designando a los delegados a las persona que señala y domicilio procesal el que indica. Se da vista a las partes. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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