Ma. del Refugio Proa González
Expediente 39/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. del Refugio Proa González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su anexo. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada en este acto, dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que acompaña dicha autoridad responsable. Visto el contenido del informe justificado que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO.- Por lo que hace a la omisión que refiere a quejosa de emitir auto de radicación a su demanda de carácter laboral pues de los autos del expediente número 08286/2020/10, se advierte con fecha con fecha 22 veintidós de enero de 2021 dos mil veintiuno, se dictó auto de radicación el que se declaró procedente por las estimaciones, consideraciones y fundamentos citados en el mismo [.]" Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de dictar el auto de radicación en el expediente laboral 8286/2020/10 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como sus consecuencias legales. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Interpretación del marco normativo. En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Caso concreto. Del escrito inicial de demanda y la constancia remitida por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que: La quejosa Ma. del Refugio Proa González presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, un escrito de demanda de carácter laboral. A la fecha en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio de amparo -catorce de enero de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable aún no había dictado el auto de radicación respectivo ni señalado fecha y hora para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones correspondiente. Finalmente, la Junta responsable dictó el acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibida y radicada la demanda que generó el juicio 08286/2020/10, además que señaló las catorce horas del veintiocho de abril de dos mil veintiuno para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de omisión de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse la resolución de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la que se radicó la demanda laboral promovida por la quejosa y se fijó fecha y hora para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones correspondiente, cesó la omisión reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de la constancia que la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la quejosa, pues al dictar la resolución respectiva, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de once de marzo de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su anexo. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada en este acto, dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que acompaña dicha autoridad responsable. Visto el contenido del informe justificado que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO.- Por lo que hace a la omisión que refiere a quejosa de emitir auto de radicación a su demanda de carácter laboral pues de los autos del expediente número 08286/2020/10, se advierte con fecha con fecha 22 veintidós de enero de 2021 dos mil veintiuno, se dictó auto de radicación el que se declaró procedente por las estimaciones, consideraciones y fundamentos citados en el mismo [.]" Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de dictar el auto de radicación en el expediente laboral 8286/2020/10 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como sus consecuencias legales. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Interpretación del marco normativo. En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Caso concreto. Del escrito inicial de demanda y la constancia remitida por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que: La quejosa Ma. del Refugio Proa González presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, un escrito de demanda de carácter laboral. A la fecha en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio de amparo -catorce de enero de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable aún no había dictado el auto de radicación respectivo ni señalado fecha y hora para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones correspondiente. Finalmente, la Junta responsable dictó el acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibida y radicada la demanda que generó el juicio 08286/2020/10, además que señaló las catorce horas del veintiocho de abril de dos mil veintiuno para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de omisión de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse la resolución de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la que se radicó la demanda laboral promovida por la quejosa y se fijó fecha y hora para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones correspondiente, cesó la omisión reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de la constancia que la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la quejosa, pues al dictar la resolución respectiva, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para rendir el informe justificado que le fue requerido en este expediente. Difiere audiencia constitucional. En consecuencia, a efecto de que la referida autoridad tenga la debida oportunidad de dar cumplimiento a lo solicitado, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notificación a las partes. Por otra parte, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, en aras del principio de justicia pronta y expedita, garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que el presente proveído les sea notificados a las partes por lista de acuerdos.
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