Ma. del Refugio López Orenday
Expediente 189/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. del Refugio López Orenday
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En veintidós de junio de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C A: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del ocho al veintiuno de junio de dos mil dieciséis; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veinticinco de mayo pasado, en el que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia solicitado en los autos del presente juicio 189/2016-2, y su acumulado 190/2016-2.- DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez, con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el Secretario, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido la sentencia de veinticinco de mayo del año en curso, dictada en el presente sumario, en la que por una parte sobreseyó en el presente juicio y por otro lado negó el amparo y protección de la justicia solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Ahora, respecto al incidente de suspensión deducido del presente sumario, este es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, mientras que en el diverso incidente relativo al juicio de amparo 190/2016, acumulado a los presentes autos, se negó la suspensión solicitada, por lo que éste último es susceptible de destrucción. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, consistente en el expediente administrativo 1257/2012. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. manuelcc.
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En treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez, con un oficio con registro 10390 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al que acompaña el juicio de amparo 189/2016-2, el cual quedó registrado en el Juzgado de su cargo como cuaderno de antecedentes 232/2016-III, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, que por una parte sobreseyó, y por otra negó el amparo y protección de la justicia solicitado. Asimismo, ténganse por recibidos, un legajo de pruebas, y un disco que contiene la resolución dictada por el Juez de Distrito Auxiliar. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes. Cabe precisar que el cuaderno de antecedentes que se ordena agregar en este auto, es el diverso formado con motivo de la recusación promovida por la parte quejosa en contra del Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, por lo que una vez que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, remita el cuaderno de antecedentes respectivo, se ordenará glosar al presente sumario. En atención a lo anterior, notifíquese personalmente al promovente del amparo y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa, como se ordenó en el oficio STCCNO/1519/2015, emitido por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza.- DOY FE. /manuelcc.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A MARÍA DEL REFUGIO ORENDAY LÓPEZ (PARTE QUEJOSA) Y A J. GUADALUPE LÓPEZ SÁNCHEZ (PARTE QUEJOSA Y TAMBIÉN PARTE TERCERO INTERESADA), TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez, con un oficio con registro 10390 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al que acompaña el juicio de amparo 189/2016-2, el cual quedó registrado en el Juzgado de su cargo como cuaderno de antecedentes 232/2016-III, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, que por una parte sobreseyó, y por otra negó el amparo y protección de la justicia solicitado. Asimismo, ténganse por recibidos, un legajo de pruebas, y un disco que contiene la resolución dictada por el Juez de Distrito Auxiliar. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes. Cabe precisar que el cuaderno de antecedentes que se ordena agregar en este auto, es el diverso formado con motivo de la recusación promovida por la parte quejosa en contra del Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, por lo que una vez que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, remita el cuaderno de antecedentes respectivo, se ordenará glosar al presente sumario. En atención a lo anterior, notifíquese personalmente al promovente del amparo y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa, como se ordenó en el oficio STCCNO/1519/2015, emitido por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza.- DOY FE. /manuelcc." SENTENCIA DE 25 DE MAYO DE 2016. ISTOS los autos relativos al juicio de amparo 189/2016 y su acumulado 190/2016, promovido por Ma. del Refugio López Orenday y J. Guadalupe López Sánchez contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escritos presentados el ocho de febrero de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas, Ma. del Refugio López Orenday y J. Guadalupe López Sánchez solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El entonces Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer de los asuntos, mediante proveídos de diez de febrero de dos mil dieciséis los radicó bajo los expedientes 189/2016 y 190/2016 de su índice; los admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación y señaló día y hora para la audiencia constitucional. Mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis (visible a foja 86 del expediente en que se actúa) emitido en el expediente 189/2016, la Juez del conocimiento inició el trámite relativo a la acumulación del aludido juicio con el diverso 190/2016. A través de la resolución de once de abril de ese año (visible a foja 123 a 180 del expediente en que se actúa) se decretó procedente la acumulación del juicio de amparo 190/2016 al diverso 189/2016 y, finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo el veintinueve de abril de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. El Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 189/2016 y su acumulado 190/2016, de su control a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 232/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda y de los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: La quejosa Ma. del Refugio López Orenday reclama del Secretario General de Gobierno y del Director de Fraccionamientos Rurales, ambos del Estado de Zacatecas: El emplazamiento de veintidós de enero de dos mil trece al procedimiento administrativo de restitución de tierras 1257/2012 y como consecuencia de ello todo lo actuado en el aludido procedimiento. Los solicitantes del amparo J. Guadalupe López Sánchez y Ma. del Refugio López Orenday impugnan del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas: La resolución de trece de noviembre de dos mil quince emitida en el recurso de revisión promovido en contra de la sentencia de cinco de marzo de dos mil catorce dictada en el procedimiento de restitución de tierras 1257/2012. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Secretario General de Gobierno (informe justificado visible de la foja 43 a 51 del juicio de amparo en que se actúa) y al Director de Fraccionamientos Rurales, ambos del Estado de Zacatecas (informe justificado agregado a foja 40 ídem), quienes reconocieron su existencia, lo que se corrobora con las constancias relativas al procedimiento administrativo de restitución de tierras 1257/2012; documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Actualización de causas de improcedencia. Precisado lo anterior se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se plantee por alguna de las partes o que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías" En la especie, de oficio se advierte que en relación con el acto reclamado consistente en el emplazamiento de veintidós de enero de dos mil trece al procedimiento de restitución de tierras 1257/2012 se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 5, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prescriben lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". Del primer dispositivo transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos no establecidos por el propio numeral, que prevean la Constitución Federal y la propia ley y del precepto enunciado en segundo término se obtiene que las partes del juicio de protección de derechos fundamentales son, entre otras, la autoridad o autoridades responsables, y para que se le reconozca tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, debe ser la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Cabe destacar que la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 20/90 consideró en atención a lo dispuesto por el artículo 11 de la abrogada Ley de Amparo (de contenido similar al transcrito ordinal 5, fracción II, de la legislación vigente) que al ser autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, dentro de esa connotación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento. Lo anterior en virtud de los siguientes aspectos: a) El Juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento y el Actuario es el ejecutor de dicha orden. b) En el emplazamiento el Actuario es quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto. c) Por tanto, es al Actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En ese sentido, la referida Tercera Sala del Alto Tribunal determinó que las actuaciones que realiza el Actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos. Las anteriores consideraciones quedaron contenidas en la jurisprudencia 33/90, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos". En ese tenor, cuando en un juicio de amparo no se señala como autoridad responsable a la emisora del acto reclamado, jurídicamente no es posible analizar su constitucionalidad precisamente porque al no haber sido llamada al contradictorio no tuvo la posibilidad de defender la legalidad de su actuación. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída". Ahora, en la especie la quejosa Ma. del Refugio López Orenday promovió el presente juicio de amparo en el que manifestó que fue ilegal el emplazamiento que se llevó a cabo el veintidós de enero de dos mil trece en el procedimiento de restitución de tierras 1257/2012, ya que medularmente aduce que previamente no se le dejó citatorio. Partiendo de ese tenor, si la inconforme instó la acción constitucional en virtud de que consideró que existió una irregularidad en su llamamiento al contradictorio de origen es incuestionable que debió señalar como autoridad responsable al Oficial Notificador que practicó dicha diligencia, al ser ésta la autoridad a quien fue encomendada esa tarea. En efecto, de las constancias que obran en autos destacan el citatorio y la diligencia de veintiuno y de veintidós, ambos de enero de dos mil trece -visibles a fojas 15 y 19 del expediente administrativo 1257/2012-, a través de las cuales el Oficial Notificador Miguel Aguilar Piedra llevó a cabo el emplazamiento al procedimiento administrativo de la solicitante del amparo Ma. del Refugio López Orenday por conducto de su señor padre J. Guadalupe López Sánchez, respecto de las cuales la quejosa hace valer diversos conceptos de violación; empero, el referido Notificador no fue señalado como autoridad responsable en este asunto. Consecuentemente, al ser el indicado Notificador la autoridad quien llevó a cabo el emplazamiento y no haber sido llamado como tal al presente juicio constitucional no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el ordinal 5, ambos de la Ley de Amparo. Con base en las anteriores premisas al actualizarse el supuesto de improcedencia reseñado en tanto que la autoridad responsable del emplazamiento no formó parte de la litis constitucional lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia VII.A.T. J/6, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, página setecientos treinta y ocho, que reza: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICÓ. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Al no haber una diversa causa de improcedencia que analizar, lo procedente es realizar el estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por reproducidos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En principio resulta oportuno atender a algunos de los antecedentes que dieron origen a la resolución por esta vía impugnada. Mediante escrito de doce de diciembre de dos mil doce, Jesús Sandoval Arecha promovió juicio de restitución de tierras en contra de J. Guadalupe López Sánchez y Ma. del Refugio López Orenday (fojas 1 a la 4 del cuaderno de pruebas relativo al procedimiento de restitución de tierras 1257/2012). Del aludido juicio correspondió conocer al Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas bajo el expediente 1257/2012, quien lo admitió a trámite el diecisiete de diciembre de dos mil doce (foja 9 ídem). A través del escrito de veintiocho de enero de dos mil trece (visible de la foja 21 a la 23 ídem), J. Guadalupe López Sánchez dio contestación a la demanda instaurada en su contra. Por oficios de veintiocho de mayo y de trece de diciembre, ambos de dos mil trece (visibles de la foja 79 a 80 y de la foja 105 a la 106 del expediente en que se actúa) se rindió informe topográfico respecto el lote materia de restitución. Seguido el procedimiento por su cauce legal, el cinco de marzo de dos mil catorce se dictó resolución definitiva en la que substancialmente se determinó lo siguiente: Que con los informes de levantamiento topográfico se acreditaba una superficie de 1-56-86.508 hectáreas conformadas por varias construcciones contenidas dentro de un lote y la ubicación exacta de la superficie objeto de restitución contenida dentro del polígono de trescientos dos metros cuadrados con cincuenta y ocho centímetros. Que J. Guadalupe López Sánchez y Ma. del Refugio López Orenday no habían justificado con documento idóneo la existencia de algún tipo de prerrogativa, en cambio Jesús Sandoval Arecha había exhibido un título expedido a su favor el cual gozaba de legitimación y era jurídicamente válido. Que lo procedente era requerir a J. Guadalupe López Sánchez y a Ma. del Refugio López Orenday para que en el término de cinco días desocuparan voluntariamente una fracción con una superficie de trescientos dos metros cuadrados con cincuenta y ocho centímetros localizada dentro del lote sin número ubicado en la zona de Fraccionamiento de San Marcos y Bimbaletes, terrenos de la Ex Hacienda de San Marcos, municipio de Loreto, Zacatecas. Inconforme con esa resolución, J. Guadalupe López Sánchez interpuso recurso de revisión en su contra y a través de la determinación de trece de noviembre de dos mil quince (visible en la parte final del cuaderno de pruebas relativo al procedimiento de restitución de tierras sin folio) el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas confirmó la sentencia impugnada bajo los argumentos substanciales siguientes: Que era inoperante el agravio hecho valer por el recurrente relativo a que la autoridad no consideró la exposición de motivos de la norma que prevé la restitución de la posesión a los titulares que fueron despojados de sus lotes y que no existía un periodo probatorio, ya que la autoridad consideró que dada la naturaleza de la resolución impugnada tales argumentos se habían dirigido a demostrar la constitucionalidad y la formalidad de una norma, lo cual no podía ser materia del recurso de revisión planteado. Que era infundado el argumento inherente a que no se tomaron en cuenta diversas documentales exhibidas durante el procedimiento con las que se pretendió acreditar que no se despojó al titular de su lote, ya que Jesús Sandoval Arecha transfirió el predio por concepto de pago de una construcción, en virtud de que a juicio de la autoridad las pruebas ofrecidas por la recurrente no eran el medio idóneo para demostrar la posesión de la superficie de trescientos dos metros cuadrados con cincuenta y ocho centímetros dentro del lote sin número ubicado en la zona de Fraccionamiento de San Marcos y Bimbaletes, terrenos de la Ex Hacienda de San Marcos, municipio de Loreto, Zacatecas, ya que en términos del artículo 43, fracción II, del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, el tercero en posesión sólo podía justificar la existencia de un derecho mediante la exhibición de una resolución de adjudicación o correspondiente título. Ahora, los quejosos aseveran que la autoridad responsable violó en su perjuicio los numerales 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que el promovente de la acción restitutoria no cumplió con los requisitos previstos por los ordinales 41 y 43, fracción III, del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos Rurales, ya que no acreditó la identificación exacta del inmueble respecto del cual se solicitó su restitución, lo que contravino el artículo 39 del aludido ordenamiento legal, dado que obran en autos pruebas fehacientes que acreditaron el origen de la posesión de los demandados con las que desvirtúa la posibilidad de procedencia de la acción intentada. Aducen que la intención del legislador fue que en ese tipo de procedimientos los fraccionistas hayan sido despojados de sus lotes; empero, en el presente asunto el accionante no demostró haber sido despojado de sus lotes, sino que él fue quien enajenó el lote, por lo que era improcedente la restitución de las tierras. Así, por lo que atañe al quejoso J. Guadalupe López Sánchez debe decirse que los conceptos de violación planteados resultan inoperantes dado que constituyen una reiteración de los agravios planteados a través del recurso de revisión y que no controvierten la calificativa que la autoridad responsable hizo respecto de ellos. En efecto, como se dijo en líneas precedentes la autoridad responsable sostuvo, por un lado, que era inoperante el agravio hecho valer por el recurrente relativo a que la autoridad no consideró la exposición de motivos de la norma que prevé la restitución de la posesión a los titulares que fueron despojados de sus lotes y que no existía un periodo probatorio, dado que la autoridad responsable consideró que ante la naturaleza de la resolución impugnada tales argumentos se habían dirigido a demostrar la constitucionalidad y la formalidad de una norma, lo cual no podía ser materia del recurso de revisión planteado y, por otro lado, sostuvo que era infundado el argumento inherente a que no se tomaron en cuenta diversas documentales exhibidas durante el procedimiento con las que se pretendió acreditar que no se despojó al titular de su lote, ya que Jesús Sandoval Arecha transfirió el predio por concepto de pago de una construcción. Lo anterior en virtud de que a juicio de la autoridad, las pruebas ofrecidas por el recurrente no eran el medio idóneo para comprobar la posesión de la superficie de trescientos dos metros cuadrados con cincuenta y ocho centímetros dentro del lote sin número ubicado en la zona de Fraccionamiento de San Marcos y Bimbaletes, terrenos de la Ex Hacienda de San Marcos, municipio de Loreto, Zacatecas, ya que en términos del precepto 43, fracción II, del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, el tercero en posesión sólo podía justificar la existencia de un derecho mediante la exhibición de una resolución de adjudicación o correspondiente título. Bajo ese contexto se dice que son inoperantes los conceptos de violación planteados por J. Guadalupe López Sánchez, en virtud de que reiteran y abundan los agravios hechos valer a través del recurso de revisión pero sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida, es decir, sin atacar los motivos del porqué la autoridad calificó como infundados e inoperantes los motivos de disenso planteados en el aludido medio de defensa. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 109/2009 perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, visible en la página 77, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida.". Por otro lado, en cuanto a la quejosa Ma. del Refugio López Orenday debe decirse que sus conceptos de violación resultan inoperantes dado que no promovió recurso de revisión en contra de la determinación de cinco de marzo de dos mil catorce, en la que se requirió a los demandados -hoy quejosos- para que en el término de cinco días desocuparan voluntariamente una fracción con una superficie de trescientos dos metros cuadrados con cincuenta y ocho centímetros localizada dentro del lote sin número ubicado en la zona de Fraccionamiento de San Marcos y Bimbaletes, terrenos de la Ex Hacienda de San Marcos, municipio de Loreto, Zacatecas, lo que constituye un impedimento legal para por esta vía constitucional atender a sus motivos de disenso, puesto que la resolución impugnada se circunscribió a los agravios hechos valer por el diverso quejoso J. Guadalupe López Sánchez. Es decir, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en la resolución definitiva se atenderán las violaciones cometidas en ésta o durante el procedimiento, si por virtud de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso y se haya trascendido al resultado del fallo. Bajo ese contexto, si en la especie la quejosa Ma. del Refugio López Orenday no promovió recurso de revisión en contra de la resolución de cinco de marzo de dos mil catorce que ordenó a la inconforme la desocupación voluntaria del lote materia de la restitución, entonces inconcuso que existe un impedimento legal para hacer el análisis constitucional de la determinación dictada durante la tramitación de la alzada, precisamente por no haberse agotado el medio ordinario de defensa correspondiente. Tiene aplicación al caso -por analogía y en lo conducente- la jurisprudencia VII.1o.C. J/26 perteneciente a la Novena Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 2009, visible en la página 1736, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON LAS ARGUMENTACIONES VERTIDAS RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES HECHAS POR EL AD QUEM EN AUTOS Y DECRETOS, CUANDO NO SE AGOTÓ EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado prevé que de los decretos y autos del tribunal de segunda instancia puede pedirse la reposición, que se sustanciará en la misma forma que la revocación. Por su parte, el artículo 158 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. En consecuencia, si el tribunal de alzada resolvió mediante auto o decreto determinada cuestión planteada, y éste no fue impugnado mediante el recurso a que alude la ley, debe concluirse que el argumento planteado, hecho valer en el amparo contra la sentencia definitiva es inoperante, en razón de que el Tribunal Colegiado se ve impedido legalmente para hacer el análisis constitucional de la determinación dictada durante la tramitación de la alzada, precisamente por no haberse agotado el medio ordinario de defensa correspondiente." No se soslaya la jurisprudencia 1a./J. 18/2011 (10a.) de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA.", en cuya parte conducente se sostuvo que era factible promover el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pudiera ser modificado, revocado o nulificado el acto que se estimara inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo resulta aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio biinstancial. Sin embargo, ese criterio no rige en la especie ya que la quejosa Ma. del Refugio López Orenday no puede ser considerada como tercera extraña al contradictorio de origen, toda vez que no obstante que se jactó de serlo al combatir la legalidad del emplazamiento, lo cierto es que de las constancias que obran en autos se observa la diligencia de veinticinco de enero de dos mil trece (visible en la foja 20 del cuaderno de pruebas relativo al procedimiento de restitución de tierras 1257/2012) relativa al desahogo del levantamiento topográfico del lote materia de restitución; actuación judicial en la que intervino la inconforme y firmó al calce, en la que se hicieron constar los datos del procedimiento administrativo, el nombre del promovente y los demandados, lo que patentiza que la solicitante de la protección constitucional tuvo conocimiento del contradictorio de origen y aun así no compareció ni se inconformó contra la sentencia en la que se ordenó la desocupación del lote. Consecuentemente, no procede a favor de la solicitante la suplencia de la queja ni la excepción para agotar el medio de defensa -recuso de revisión-. Bajo ese contexto, los motivos de disenso planteados en la presente vía constitucional por la justiciable Ma. del Refugio López Orenday devienen inoperantes, máxime que se enfocan a combatir medularmente la valoración de las pruebas ofrecidas en el procedimiento administrativo; sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes la quejosa no compareció al referido procedimiento administrativo y, por ende, no ofreció pruebas. En las relatadas circunstancias, dado lo inoperante de los conceptos de violación expresados lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por los quejosos respecto al acto atribuido al Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 189/2016 y su acumulado 190/2016 respecto de los actos reclamados por Ma. del Refugio López Orenday al Secretario General de Gobierno y al Director de Fraccionamientos Rurales, ambos del Estado de Zacatecas, por las razones expuestas en el tercer considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ma. del Refugio López Orenday ni a J. Guadalupe López Sánchez por lo que atañe al acto reprochado al Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, por los motivos y fundamentos expuestos en el sexto considerando del presente fallo. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 232/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Paulina Cisneros Nájar, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe. En esta misma fecha, mediante oficio 589/2016, se devolvieron los autos al juzgado de origen. Conste. PCN/rrs
- Principal
En veintiuno de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante resolución interlocutoria de once de abril del año en curso, se declaró procedente la acumulación del juicio de amparo 190/2016, al presente juicio de amparo en que se actúa, mismo que ya obra en los mismos; en esa virtud, se levanta la suspensión del procedimiento decretado debiendo continuarse con el trámite legal del juicio de garantías en que se actúa y en consecuencia, se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que por auto de dieciséis de marzo, se reservó acordar lo procedente respecto al contenido del escrito con registro 5727, signado por J. Guadalupe López Sánchez, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando alegatos, así como ofreciendo las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, de las que se hará alusión al momento de celebrar la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc
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