Ma. del Refugio López Ávalos
Expediente 451/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Ma. del Refugio López Ávalos
Actuaciones
- Principal
Colima, Colima, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por la Secretaria del Tribunal Colegiado de éste Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro, y remite copia autorizada de la resolución dictada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 203/2021, cuyo resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, acusa recibo del oficio por el cual se remitió el recurso de queja interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico 203/2021; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual la parte quejosa ***, interpone recurso de queja contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por separado el original y la copia del escrito de agravios de la queja, y el expediente que nos ocupa para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Por otra parte, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo ríndase el informe justificado correspondiente, en el sentido de que son ciertos los actos reclamados los cuales fueron dictados en estricto apego a la legislación vigente. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que la formación del mismo es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio [revisión de cuaderno de antecedentes] emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante ello, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista en el cuaderno de antecedentes.
- Principal
Colima, Colima, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. del Refugio López Ávalos, contra actos del Juez Primero Mixto Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial del Estado con sede en Tecomán, Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 constitucional; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 451/2021-VI. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 17-0538-119T, en el que no se admite el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de cinco de abril de dos mil veintiuno, en la que se declaró improcedente la acción de tercería excluyente de dominio promovida por la parte quejosa; lo anterior, en virtud de que el negocio no es apelable porque el juicio principal no rebasa la cuantía establecida en el artículo 1340 del Código de Comercio. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Así, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 17-0538-119T, en el que no se admite el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de cinco de abril de dos mil veintiuno, en la que se declaró improcedente la acción de tercería excluyente de dominio promovida por la parte agraviada, lo anterior, en virtud de que el negocio no es apelable porque el juicio principal no rebasa la cuantía establecida en el artículo 1340 del Código de Comercio. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio constitucional, precepto que establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicado, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 43/2001-PS, analizó si es procedente o no el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, en contra del auto dictado por el Juez de Primera Instancia que no admite el recurso de apelación. Así, la Primera Sala para resolver dicho problema jurídico en la contradicción planteada, recordó que el texto del citado artículo, con vigencia anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, era del tenor literal siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables "y los decretos pueden ser revocados por el juez o "tribunal que los dictó o por el que los substituya "en el conocimiento del negocio". En esta tesitura, mencionó que con motivo de las reformas de mérito, el texto del artículo 1334, quedó del tenor literal siguiente: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y "los decretos pueden ser revocados por el juez que "los dictó o por el que lo substituya en el "conocimiento del negocio. "De los decretos y autos de los tribunales "superiores, aun de aquellos que dictados en "primera instancia serían apelables, puede pedirse "la reposición". La Sala señaló que como puede advertirse, el primer párrafo del numeral transcrito que prevé el recurso de revocación en contra de aquellos autos que pronunciados en primera instancia no fueren apelables y los decretos, no sufrió cambios substanciales, dado que no agregó ni suprimió algún supuesto de procedencia del recurso de mérito; por el contrario, el segundo párrafo del precepto aludido, fue agregado a fin de establecer la procedencia del recurso de reposición en contra de los decretos y autos de los tribunales superiores. En esta vertiente, expuso que la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 5/83, entre las sustentadas por el entonces único Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión de siete de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, previamente a la reforma de mérito, realizó una interpretación jurídica del numeral en comento, arribando a la conclusión de que no existía recurso ordinario alguno o medio de defensa legal, en el Código de Comercio mediante el cual pueda revocarse, modificarse o nulificarse el auto que desecha la apelación en materia mercantil. Para sostener lo anterior, la referida Tercera Sala del más Alto Tribunal del país señaló las siguientes consideraciones: a) Que la propia Sala había sustentado jurisprudencia en el sentido de que los recursos de denegada apelación y de queja por denegada apelación, eran improcedentes en los juicios mercantiles por no estar regulados por el código de la materia, ni poderse aplicar al respecto supletoriamente la ley común que los establece b) Que el Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que se estima privilegiado, entre cuyos propósitos figura el de la celeridad de los juicios mercantiles, simplificando trámites y limitando o suprimiendo recursos. c) Que de admitir la procedencia del recurso de revocación en contra del auto que deseche el recurso de apelación, implicaría la creación de un nuevo recurso, el de "revocación por denegada apelación", desconocido en nuestro sistema jurídico. d) Que de manera alguna puede hacerse valer un recurso en contra del auto que desecha otro, si no está expresamente regulado en la ley para el caso concreto. En este contexto, de una nueva reflexión por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema planteado, conllevó a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estimar que debe prevalecer el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, procede el recurso de revocación, atentas las consideraciones siguientes: La Sala estimó, que en el Derecho Procesal Mexicano, José Becerra Bautista sostiene que en los procesos impugnativos se trata de demostrar al tribunal competente respectivo que el juzgador del que emana la resolución impugnada, o no aplicó la ley al caso tal como quedó demostrado, o llegó a esa resolución violando normas esenciales del procedimiento; y al hacer referencia al profesor matritense Guasp, el tratadista en comento asegura, que los procesos de impugnación no se instituyen para oponerse a la decisión del principal, sino, por el contrario, para buscar una actividad depuradora que, si bien retrasa y demora el procedimiento de fondo, sirve para mejorar y aquilatar sus resultados. De lo que afirmó la Primera Sala que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto; seguridad jurídica, que en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación, impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien ante uno de mayor jerarquía. En este tenor, sostuvo que en nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expedites de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema 'cerrado' de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que algunos tratadistas denominan como 'principio de impugnación', que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que estimó que para determinar la impugnabilidad de una resolución pronunciada por el Juez de primera instancia en un procedimiento mercantil, mediante la cual no admite el recurso de apelación, resulta necesario analizar el sistema jurídico que se prevé para los recursos en el Código de Comercio, así como la naturaleza jurídica del acto procesal. En este orden de ideas, mencionó que el Código de Comercio, en sus capítulos XXIII, XXIV, XXV, en lo conducente, establece lo siguiente: "CAPÍTULO XXIII. "De la aclaración de la sentencia. "Artículo 1331. El recurso de aclaración de "sentencia sólo procede respecto de las "definitivas." "Artículo 1332. El juez, al aclarar las cláusulas o "palabras contradictorias, ambiguas u oscuras de "la sentencia, no puede variar la sustancia de ésta." "CAPÍTULO XXIV. "De la revocación y reposición. "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y "los decretos pueden ser revocados por el juez que "los dictó o por el que lo substituya en el "conocimiento del negocio. "De los decretos y autos de los tribunales "superiores, aun de aquellos que dictados en "primera instancia serían apelables, puede pedirse "la reposición." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera "instancia como la reposición deberán pedirse por "escrito dentro de los tres días siguientes a que "haya surtido efectos la notificación del proveído a "impugnar, dando vista a la contraria por un "término igual y el tribunal debe resolver y mandar "notificar su determinación dentro de los tres días "siguientes. "De la resolución en que se decida si se concede o "no la revocación o la reposición no habrá ningún "recurso." "CAPÍTULO XXV. "De la apelación. "Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que "se interpone para que el tribunal superior "confirme, reforme o revoque las resoluciones del "inferior que puedan ser impugnadas por la "apelación." "Artículo 1340. La apelación sólo procede en "juicios mercantiles cuando su interés exceda de "ciento ochenta y dos veces el salario mínimo "general vigente, en la fecha de interposición en el "lugar en que se ventile el procedimiento." "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son "apelables, si lo fueren las definitivas, conforme al "artículo anterior. Con la misma condición son "apelables los autos si causan un gravamen que no "pueda repararse en la definitiva, o si la ley "expresamente lo dispone." Así, señaló que de estos preceptos legales se advierte que el Código Mercantil solamente reconoce los medios de impugnación denominados: aclaración de sentencia, revocación, reposición y apelación. Respecto del recurso de revocación, los propios numerales proporcionan sus notas distintivas: Procede contra autos y decretos dictados en primera instancia. No procede en contra de los autos que fueran apelables, de conformidad con lo establecido por el propio Código de Comercio, es decir, de aquellos autos que, dictados en procedimientos en donde la sentencia definitiva es susceptible de apelarse, causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone. Debe interponerse ante el juez que dicte la resolución impugnada o ante quien lo sustituya en el conocimiento del negocio. Su interposición debe hacerse dentro de los tres días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar. Se debe substanciar dando vista a la parte contraria por el término de tres días y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. La resolución que decida el recurso de revocación es irrecurrible. En el caso de contradicción, la Sala argumentó que el auto dictado por el Juez en primera instancia, que no admite el recurso de apelación hecho valer en los juicios de orden mercantil, decide un trámite de procedimiento y no una cuestión incidental del negocio, si sobre este particular no han contendido las partes, ni se ha suscitado incidencia alguna. Tampoco decide el fondo del negocio, porque en dicha resolución no se examina el auto apelado. Por otra parte, la doctrina considera que la resolución que declara la no admisión del recurso de apelación, se clasifica en la categoría de los autos. En este contexto, la Primera Sala refirió que los tratadistas del Derecho Procesal han propuesto diversas clasificaciones para las resoluciones judiciales, sin que ninguna de ellas haya podido prevalecer sobre las demás, con un carácter científico, propio e indiscutible. Por ejemplo, en relación con el tema de clases de actos procesales, comenta el ilustre procesalista Hernando Devis Echandía, en su obra Teoría General del Proceso, editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina, 1997, páginas 378 y 379, lo siguiente: "En cuanto al sujeto, existen actos procesales del "juez, de los subalternos de éste, de las partes, de "los terceros intervinientes y de auxiliares de la "justicia (como secuestres, síndicos, peritos, "testigos).--- Los actos procesales del juez pueden "ser providencias que pronuncia en el proceso o "actos diferentes como oficios librados a "particulares o a otras autoridades, y despachos "también dirigidos a otras autoridades para que "practiquen una diligencia o expidan una copia.--- "Las providencias que dicta el juez pueden ser "simples órdenes de trámite, que suelen "denominarse autos de sustanciación (véase núm. "253), o decisiones sobre cuestiones de fondo "(actos decisorios), que se subdividen en sentencia "(cuando le ponen fin normal a la instancia, porque "resuelven sobre las pretensiones contenidas en la "demanda y las excepciones de fondo opuestas a "aquéllas; y también las que resuelven los recurso "de casación y de revisión), y en autos o "providencias interlocutorios que son decisiones "pronunciadas en el curso de las instancias o del "trámite de los recursos extraordinarios de "casación y revisión, o para el cumplimiento de la "sentencia en el mismo proceso, sobre puntos que "no son de simple trámite, que contienen alguna "cuestión de fondo distinta de resolver sobre las "pretensiones de la demanda y las excepciones de "fondo o mérito opuestas a ellas y que en "ocasiones le ponen fin al proceso, por ejemplo, "cuando se declara su perención o caducidad o se "acepta una transacción total o el desistimiento de "la demanda o del recurso de apelación o casación "contra la sentencia.--- Desde otro punto de vista, "pueden calificarse los actos procesales, tanto del "juez como de las partes, según el momento en que "se ejecuten y el fin que persiguen, así: a) acto "introductorios, o que inician el proceso, como la "demanda, el auto del juez que la admite y ordena "su traslado al demandado y la contestación de "éste; el auto que ordena iniciar el sumario o la "investigación penal; b) acto de impulso procesal, "que hacen transcurrir al proceso por sus distintas "etapas y lo conducen hacia la sentencia; c) actos "probatorios, que se relacionan con la petición, "presentación, aceptación, decreto y práctica de las "pruebas; d) actos decisorios, que corresponden "exclusivamente al juez y se dividen, como vimos, "en autos interlocutorios y sentencias; actos para "la terminación del proceso que pueden ser de las "partes (el desistimiento de la demanda o del "recurso de apelación contra la sentencia de "primera instancia o del recurso de casación contra "la sentencia de segunda instancia proferida por un "tribunal superior) o del juez (la sentencia, aunque "si ella es apelada o recurrida en casación, sólo la "del superior le pone fin al proceso); o un auto "interlocutorio que declara la nulidad total del "proceso, o una caducidad o perención del mismo, "o acepta un desistimiento de los mencionados "antes, o una transacción total. El fin natural del "proceso ocurre con la sentencia; los demás casos "son de terminación anormal o especial." En la doctrina nacional, acerca del tema en comentario, el maestro Héctor Fix Zamudio establece: "RESOLUCIONES JUDICIALES.--- I. Son los "pronunciamientos de los jueces y tribunales a "través de los cuales acuerdan determinaciones de "trámite o deciden cuestiones planteadas por las "partes, incluyendo la resolución de fondo del "conflicto.--- II. No existe un criterio claramente "establecido para delimitar las diversas "resoluciones que pueden dictarse en el curso de "un procedimiento judicial y esta situación la "advertimos claramente en los ordenamientos "procesales mexicanos en los cuales se "encuentran diversos enfoques para clasificar "dichas resoluciones.- Podemos señalar como "ejemplos los representados por la clasificación "compleja del a. 79 del CPC y la más simple del a. "94 del CFPP que adopta una separación de sólo "dos categorías. En efecto, el primer precepto "divide las resoluciones judiciales en seis "sectores: decretos, como simples "determinaciones de trámite; autos provisionales, "cuando se ejecutan de manera provisional; autos "definitivos, que impiden o paralizan "definitivamente la prosecución del juicio; autos "preparatorios, los que preparan el conocimiento y "decisión del negocio ordenado, admitiendo o "desechando pruebas; sentencias interlocutorias, "cuando resuelven un incidente promovido antes o "después de dictada la sentencia; y sentencia "definitiva, que resuelven el fondo de la "controversia.--- A su vez, el citado a. 94 del CFPP "separa las referidas resoluciones judiciales en "sentencia, si terminan la instancia resolviendo el "asunto en lo principal, y autos , en cualquier otro "caso.--- III. Entre estos dos extremos un sector "importante de los códigos procesales mexicanos "se apartan de los anteriores y adoptan una "clasificación tripartita que nos parece la más "acertadas, o sea: a) decretos, como simples "determinaciones de trámite; b) autos, cuando "deciden cualquier punto dentro del proceso, y c) "sentencias, si resuelven el fondo del negocio. "Esta clasificación es consagrada por los a. 220 "del CFPC; 71 del CPP, y 837 de la LFT, aun "cuando esta última sigue una terminología "diferente en cuanto denomina a esta tres "categorías como acuerdos; autos incidentales o "resoluciones interlocutorias, y laudos.--- IV.- En "relación con las diversas categorías de "resoluciones judiciales, es preciso destacar que la "doctrina y la jurisprudencia apoyándose en los a. "79, fr. V, del CPC, anteriormente citado, y el 1323 "del CCo. utilizan con frecuencia la denominación "de sentencias interlocutorias para designar a las "resoluciones judiciales que ponen fin a una "cuestión incidental o deciden sobre un "presupuesto de la validez del proceso que impide "la continuación del mismo. Consideramos que "esta terminología provoca confusión sobre la "naturaleza y función de las diversas resoluciones "judiciales especialmente respecto a las "sentencias en sentido estricto, y por este motivo, "de acuerdo con la concepción moderna del "proceso, es preferible utilizar la denominación de "autos para todas las determinaciones que "resuelven cuestiones planteadas dentro del "proceso, dejando las sentencia para calificar a las "resoluciones que ponen fin al proceso "resolviendo el fondo del mismo." (Diccionario "Jurídico Mexicano, editorial Porrúa, S.A. de C.V., "México, 1993, páginas 2822 y 2823). En cuanto al concepto gramatical de auto, el Diccionario de la Lengua Española establece: "Auto. (de acto.) m. Der. Forma de resolución "judicial, fundada, que decide cuestiones "secundarias, previas o incidentales, para las que "no se requiere sentencia. (.) II interlocutorio. Der. "El que decide asunto incidental durante el curso "del juicio." (Diccionario de la Lengua Española, editorial Espasa-Calpe, Madrid, España, 1984, tomo I, página 153). El Código Federal de Procedimientos Civiles, tocante al tema de referencia, dispone: "Artículo 220. Las resoluciones judiciales son "decretos, autos o sentencias; decretos, si se "refieren a simples determinaciones de trámite; "autos, cuando decidan cualquier punto dentro del "negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo "del negocio." El artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone lo siguiente: "Artículo 79.- Las resoluciones son: --- I.- Simples "determinaciones de trámite, y entonces se "llamaran decretos; --- II.- Determinaciones que se "ejecuten provisionalmente y que se llaman autos "provisionales; --- III.- Decisiones que tienen fuerza "de definitivas y que impiden o paralizan "definitivamente la prosecución del juicio, y se "llaman autos definitivos; --- IV.- Resoluciones que "preparan el conocimiento y decisión del negocio "ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y "se llaman autos preparatorios; --- V.- Decisiones "que resuelven un incidente promovido antes, o "después de dictada la sentencia, que son las "sentencias interlocutorias; --- VI.- Sentencias "definitivas." Por tanto, la Sala expuso que es inconcuso que tomando en consideración los elementos anteriores, resulta jurídicamente válido afirmar que el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento y, consecuentemente, de acuerdo con el artículo 1334 del Código Mercantil puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que, contrariamente a lo aducido por dos de los tribunales contendientes, no se trata de una resolución irrecurrible a través de los medios ordinarios de impugnación. Así, la Primera Sala aclaró que tal interpretación no conduce a estimar que en la especie se introduce un recurso no previsto por la ley, como es el de 'revocación por denegada apelación', como afirmara la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, ya que el recurso de revocación se encuentra expresamente regulado en el Código de Comercio, y el mismo procede, como se ha demostrado con anterioridad, en contra de una generalidad de autos, con la única limitante de que éstos no sean apelables. Asimismo, argumentó que no es obstáculo a lo anterior, el que en apariencia se dé entrada a medios de impugnación notoriamente improcedentes, habida cuenta que con motivo de la rectoría que los órganos jurisdiccionales ejercen sobre el proceso, obliga a que ninguna de sus determinaciones contraríen las exigencias de la ley y que puedan ser susceptibles de enmendarse los errores en que podría incurrir el juzgador. Consideraciones de las cuales dimanó la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIV, Diciembre de 2001, Novena Época, Página: 138, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.") Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." Ahora, actualmente el artículo 1334 del Código de Comercio, establece lo siguiente: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Así, el contenido de dicho precepto es idéntico al interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 43/2001-PS analizada en parágrafos que anteceden, pues se desprende que la revocación es un medio de impugnación contemplado para los autos o decretos dictados por los jueces de primera instancia que no fueren apelables; sin importar si dichos autos fueron dictados dentro del procedimiento, o bien, en ejecución de sentencia. Así, en el presente juicio la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 17-0538-119T, en el que no se admite el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de cinco de abril de dos mil veintiuno, en la que se declaró improcedente la acción de tercería excluyente de dominio, lo anterior, en virtud de que el negocio no es apelable porque el juicio principal no rebasa la cuantía establecida en el artículo 1340 del Código de Comercio. En ese sentido, el acto reclamado -proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno- es un auto que, de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio, es impugnable a través del recurso de revocación, pues en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, procede el recurso de revocación. Lo anterior, ya que constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento y, consecuentemente, de acuerdo con el artículo 1334 del Código Mercantil puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que, no se trata de una resolución irrecurrible a través de los medios ordinarios de impugnación. Ilustra lo expuesto, la tesis II.1o.9 C (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, Página: 2366, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en el Estado de México, de epígrafe y contenido siguiente: "APELACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL AUTO QUE NO LA ADMITE ES RECURRIBLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, POR LO QUE NO OPERA EL CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Aun cuando el Código de Comercio reconoce como medios de impugnación la aclaración de sentencia, la revocación, la reposición y la apelación, en términos de los artículos 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1340, 1341 y 1342, ninguno de ellos señala que contra el auto que no admite la apelación proceda uno de los mencionados recursos. Por otro lado, en la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 43/2001-PS, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 279, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó del criterio sustentado en la tesis de rubro: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 42, para pronunciarse en el sentido de que en contra de un auto dictado en primera instancia, por el que no se admite el recurso de apelación en un procedimiento mercantil, es procedente el recurso de revocación, porque si bien el Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica la expeditez de sus procedimientos, la celeridad en esos juicios no puede interpretarse de manera que se limite la facultad de las partes, expresamente concedida por dicha legislación, de ejercer su derecho a impugnar las determinaciones que puedan resultar contrarias a sus intereses pues, con ello, se vulneraría lo que la doctrina ha denominado como principio de impugnación, consistente en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. Pronunciamiento que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, visible en la página 138 del Tomo XIV, diciembre de 2001, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.').", la cual resulta obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, como en ella se concluye que el auto que no admite el recurso de apelación en un juicio mercantil, resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo, pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que puede ser recurrido mediante la revocación, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio; por tanto, al no existir motivo legal para no tomar en cuenta dicha jurisprudencia al momento de pronunciarse sobre la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se concluye que, con base en ella, no opera el caso de excepción a que se refiere el último párrafo de la norma en cuestión." En esa tesitura, el auto reclamado de que se trata, carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, pues dicho proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno era revocable ante el Juez que lo dictó, lo que pudo traer como consecuencia la reparación de las violaciones aducidas, antes de acudir al juicio de amparo, agotando, en principio, el medio de defensa a su alcance y dar con ello cumplimiento al citado principio rector del juicio de amparo. Por ende, queda demostrado que la parte quejosa sí estaba obligada a agotar el principio de definitividad que regula al juicio constitucional, ya que, como se precisó en párrafos precedentes, el recurso de revocación procede contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, pues los supuestos de procedencia de dicho medio de impugnación, se encuentran establecidos en el numeral 1334 del Código de Comercio, a saber, son: a) autos que no fueren apelables y, b) decretos de mero trámite. En este sentido, el quejoso antes de acudir al juicio de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa, para acatar el principio de definitividad, ello por las razones expuestas. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, Página 8, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, los quejosos no es tercero extraño a juicio en estricto sentido, ya que es parte en el juicio ejecutivo mercantil 17-0538-119T seguido ante el Juez Primero Mixto Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial del Estado con sede en Tecomán, Colima. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento mercantil, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, del mes de julio de dos mil doce, Tomo 1, página 729, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son las siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En mérito de lo anteriormente expuesto, debe decirse que el acto reclamado por la quejosa, en modo alguno puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hace derivar el acto, a través del recurso de revocación. Ilustra lo expuesto, la tesis III.5o.C.187 C (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Décima Época, Página: 736, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL (APLICACIÓN DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL OCHO). De las modificaciones que realizó el legislador al Código de Comercio en la anualidad citada, se advierte que no se hizo cambio alguno en los artículos 1334 y 1335 (capítulo XXIV), que contienen las reglas establecidas para que procedan los recursos de revocación y reposición, sino sólo en el capítulo siguiente que regula la procedencia y trámite de la apelación, de cuyo análisis no se desprende la existencia de alguna determinación que limite la factibilidad de la revocación contra el proveído que inadmite el recurso de alzada, por lo que con las reformas hechas a la aludida legislación mercantil no quedó superado el criterio adoptado en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.')."; esto es, sigue siendo aplicable." En consecuencia, resulta inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo, 61, fracción, XVIII de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debió hacer valer el recurso de revocación, en contra del acto reclamado en este juicio, por lo que se impone desechar la demanda de amparo. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Bernardino Pérez Castillo, toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal, lo anterior de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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