Ma. del Pilar Vidales Sánchez
Expediente 432/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí
- Ma. del Pilar Vidales Sánchez
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, por el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, correspondiéndole el número 18/2019; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, con el cual informa que insiste en declinar la competencia, por lo que remitió los autos del juicio de amparo número 397/2019 y su acumulado 398/2019 de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que se encuentre en turno, para la substanciación del conflicto competencial suscitado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil diecinueve. SE RECIBE OFICIO Téngase recibido el oficio de cuenta suscrito por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, y anexo que al mismo acompaña consistente en el juicio de amparo 397/2019 y su acumulado 398/2019, promovido por ......... contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades; el cual remite en términos de lo resuelto en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de ese asunto, declinándola a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Del proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictado por la autoridad oficiante, se advierte que ésta declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que dio origen al juicio de que se trata, al considerar que corresponde conocer a los juzgados federales con sede en esta ciudad porque: La totalidad de las autoridades responsable con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, negaron los actos que se les atribuyó, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario a fin de desvirtuar dichas negativas. La Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control adscrita a la Cuarta Región Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad de Valles, en los dos juicios acumulados manifestó que es cierto el acto reclamado. En ese sentido, el acto reclamado por los quejosos tiene existencia, es ejecutable y, además, dicha ejecución tendrá lugar en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles. Criterio que no se comparte. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, disponen por su orden: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presentó la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiere presentado la demanda. En la especie, los peticionarios del amparo señalan como acto reclamado la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución, precisando que tienen su domicilio, y viven en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bajo ese contexto, tomando en consideración lo dispuesto por el transcrito artículo 107 de la Constitución Federal, en su fracción VII, que dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, en relación con el segundo párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, que prevé que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Es dable colegir que no se surte la competencia para conocer del acto que por esta vía se combate a favor de este juzgado federal, sino que ésta se actualiza a cargo del Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; puesto que la orden de aprehensión que reclaman los quejosos puede tener ejecución en más de un distrito, esto es, en Monterrey o en Ciudad Valles San Luis Potosí. Es así, porque la Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control adscrita a la Cuarta Región Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad de Valles, reconoció la existencia de la orden de aprehensión librada en contra de los impetrantes del amparo y éstos en sus respectivas demandas manifestaron que radican, viven y tienen su domicilio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que patentiza la posibilidad de ejecución en distintos distritos. Sin que lo anterior conlleve al desacato de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE." y "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", citadas por el titular declinante, dado que los supuestos ahí analizados son distintos al que se surte en el caso a estudio, pues la orden u órdenes de aprehensión combatidas llevan implícita su ejecución, la que por regla general ocurre en el lugar en el que vive o radica la persona en contra de la cual se libra. Aunado a que en la segunda de las anotadas jurisprudencias se analiza el caso en que el quejoso proporcione un domicilio para oír y recibir notificaciones, lo que no ocurre en el presente asunto, porque aquí los impetrantes del amparo precisaron que viven y radican en la ciudad de Monterrey. Luego, si los quejosos manifestaron que viven y radican en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es válido colegir que la orden de captura puede tener ejecución en más de dos distritos, esto es, en el lugar en el que se libró y en el que radican los quejosos. Y aun cuando no debe dejarse al arbitrio del quejoso la determinación de competencia de la demanda de amparo, cabe recordar que el juicio de control constitucional es una institución de buena fe, por lo que debe atenderse a lo que los impetrantes expresan en su demanda. Además, el hecho de que las autoridades denominadas responsable del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, hayan negado el acto reclamado, lo cierto es que al ser autoridades ejecutoras de un acto que reconoció la autoridad ordenadora, y dada la naturaleza de sus funciones, se encuentran obligadas a dar cumplimiento al acto reclamado, lo que, como ya se dijo, puede ocurrir donde radican los directos quejosos .....,,es decir, en la ciudad de Monterrey. Efectivamente, la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos antes mencionados, esto es, en el Estado de Nuevo León o en el de San Luis Potosí, específicamente en esta ciudad, ya que puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular de los quejosos o en cualquier parte donde los inculpados se encuentren, aún si las autoridades ejecutoras niegan el acto reclamado, pues éste debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de donde se ejecutara el mandamiento de captura, será juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; en el particular, el Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, esto es, el declinante, ya que ante él fueron presentadas las demandas incoadas por los impetrantes de la protección de la justicia federal. Tanto más que las autoridades responsables ejecutoras con competencia en San Luis Potosí, negaron los actos a ellas atribuidas, lo que patentiza que la orden de captura puede ser ejecutada en los citados Distritos y que, dado el reconocimiento de la existencia de la orden de captura, los solicitantes de la protección constitucional pueden desvirtuar la negativa de todas las autoridades ejecutoras. En mérito de lo expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, no acepta la competencia que se plantea para conocer del juicio 397/2019 y su acumulado 398/2019 de su índice, promovido por ............contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades. Por lo tanto, mediante oficio que al respecto se gire, hágase esta circunstancia del conocimiento del secretario encargado del despacho declinante, adjuntándole los autos del mencionado juicio, previas constancias que como antecedentes se obtengan, solicitando el acuse de recibo respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.
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