Ma. del Consuelo Fuentes García
Expediente 468/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 26/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. del Consuelo Fuentes García
- Agente del Ministerio Público Número Uno En Miguel Auza, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto; agréguense a sus autos para que obren como correspondan, los sobres y piezas postales que devuelve el Administrador del Servicio Postal Mexicano en Zacatecas, relativas a los oficios 20266 y 25004, dirigidos a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público número dos de Miguel Auza, Zacatecas, con la respectiva anotación: "Falleció"; lo anterior, sin que haya lugar a dictar especial proveído al respecto, toda vez que el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis se dictó sentencia del presente Juicio, y el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis se ordenó el archivo definitivo.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo contra el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. Atento a lo anterior, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa con valor jurídico y por ende depurable.
- Incidental
Visto; desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en esta fecha fue decretado el archivo definitivo en el juicio de amparo 468/2016-II, del que deriva el presente incidente de suspensión, por tratarse de un asunto concluido; que en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa, con valor jurídico, por ende el cuadernillo original del incidente de suspensión es depurable y el duplicado del citado es destruible, en atención al mencionado acuerdo; y, se ordena su archivo definitivo por separado.
- Principal
Visto; la cuenta y certificación que anteceden, el Juez acuerda: Toda vez que de la certificación que antecede asentada por la secretaria de juzgado, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado, en cuyo resolutivos decretó el sobreseimiento y otorgó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa Ma. del Consuelo Fuentes García, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Ahora bien, la ejecutoria de amparo constriñó a la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Miguel Auza, Zacatecas, para que dejara insubsistente la orden de aprehensión de quince de octubre de dos mil quince, dictada en el proceso penal 37/2015 y emitiera una nueva determinación en la que subsanando los vicios apuntados, y conforme al análisis ex officio de convencionalidad, realizado por este juzgado federal, al concluir que el artículo 228 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, vigente al momento en que se emitió la orden reclamada, resultó inconvencional en la parte que exime a los peritos oficiales de ratificar su dictamen pericial; y, que en ese sentido, debía determinar el valor probatorio del dictamen que tomó en cuenta para emitir la orden de aprehensión por los delitos de lesiones y abuso de autoridad y con plenitud de jurisdicción resolviera lo que estimara pertinente, debidamente fundado y motivado, Pues sólo así se restituiría a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido a las autoridades ejecutoras Director General de la Policía Ministerial en el Estado y Comandante de la Policía Ministerial en el Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, por no reclamarse por vicios propios. No obstante ello, se estima procedente archivar este asunto como concluido, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, habida cuenta que no existe materia para la ejecución de la sentencia concesoria de amparo en comento, dado que por oficio 409, de cuatro de noviembre en curso, la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Miguel Auza, Zacatecas, remitió a este juzgado copia certificada de la resolución de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, mediante la cual fue resuelta la situación jurídica de la quejosa Ma. del Consuelo Fuentes García, dictándosele auto de formal prisión, por considerarla probable responsable en la comisión de los delitos de lesiones y abuso de autoridad, en agravio de Ma. Imelda Torres Frayre; por lo que se advierte, se encuentra impedida para cumplimentar la sentencia protectora emitida en estos autos. Consecuentemente, del análisis de las constancias que la autoridad judicial mencionada anexó a su oficio, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 202, del Código Federal Procesal Civil, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, se pone de manifiesto que no existe materia para la ejecución de la sentencia concesoria de amparo en comento. Lo anterior se sostiene, considerando que de las constancias remitidas por el Juez obligado al cumplimiento del fallo protector, se colige que en los autos de la causa penal origen de la orden de aprehensión combatida en este juicio constitucional, operó un cambio de situación jurídica con anterioridad a la fecha en que causó ejecutoria la sentencia concesoria de amparo pronunciada en este juicio de garantías (incluso, con anterioridad al dictado de esta, ante la omisión de la autoridad responsable de informar tal circunstancia a este órgano jurisdiccional), ello es así, en razón de que se advierte que en los autos de la causa penal en la que se libró la orden de aprehensión reclamada, el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, fue dictado auto de formal prisión contra la quejosa Ma. del Consuelo Fuentes García, por considerarla probable responsable en la comisión de los delitos de lesiones y abuso de autoridad, en agravio de Ma. Imelda Torres Frayre; por lo anterior, se estima que en la especie no existe materia para la ejecución de la sentencia concesoria de amparo dictada en este juicio, por no poder realizarse pronunciamiento sin alterar la nueva situación jurídica de la quejosa. Al respecto, se estima aplicable en lo conducente, la tesis consultable en la página ciento setenta y cinco, del Tomo V, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que se lee: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. Si bien es cierto que las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo, deben cumplirse estrictamente, y aun más que ese cumplimiento es de orden público, también lo es que este principio fundamental debe entenderse en términos hábiles, puesto que puede ocurrir que cuando se dicten, ya no exista materia para la ejecución, como sucede cuando se pronuncia sentencia concediendo la protección federal contra un auto de formal prisión, ignorando la Corte que ya se ha dictado sentencia definitiva en el proceso, lo cual hace cambiar la situación jurídica del detenido, y es una causa de sobreseimiento según jurisprudencia establecida por la Corte." Consecuentemente, al advertirse que no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo dictada en este juicio, se estima procedente archivar este juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo; lo cual habría de hacerse extensivo por lo que respecta a las autoridades ejecutoras, por los motivos expuestos con antelación; ello en virtud que si carece de materia la ejecución de la sentencia pronunciada en este juicio por lo que respecta a la autoridad ordenadora, lo mismo debe acontecer en lo atinente a las ejecutoras.
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