Ma. del Consuelo Alcantara Cruz
Expediente 1605/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1605/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2023
Partes del expediente
- Ma. del Consuelo Alcantara Cruz
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio -con anexos- de cuenta; a través del cual, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en esencia remite el escrito signado por Ma. Del Consuelo Alcántara Cruz, al señalar que el mismo se encuentra dirigido al presente juicio de amparo. Ahora bien, resulta conducente precisar que si bien, la citada promovente es la parte quejosa en el presente juicio de amparo, de los antecedentes narrados en su demanda, bajo protesta de decir, se advierte que ésta señala lo siguiente: ".razón por la cual promoví un juicio de amparo el cual quedó radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México recayéndole el expediente de amparo No. 1579/98-V." Luego, del proemio del escrito que remite el Homólogo Federal, se advierte que la promovente dirige su promoción al juicio de amparo indirecto 1579/98-V del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por tanto, resulta evidente que el mismo se encuentra correctamente dirigido al órgano jurisdiccional oficiante; en consecuencia, previa copia simple que obre en autos, devuélvase el mismo para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. Del Consuelo Alcántara Cruz, por derecho propio, contra actos del Presidente Municipal de Metepec, Estado de México y otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1605/2023-II. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión en la presente instancia constitucional está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: Las ordenes de desposesión de la propiedad y construcción realizada en el excedente de propiedad de la vivienda, ubicada en terreno colindante a número 102, manzana 9, lote 3-B, calle Begonia en el fraccionamiento Las Margaritas en Metepec, Estado de México; de demolición de la barba perimetral levantada en dicho excedente de propiedad; y de imponerle una multa de ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, emitidas mediante resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el expediente DDUyM/PA/011/2023, por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México. Respecto a dichos actos, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado -de la Ley de Amparo- el cual rige en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Además, es necesario destacar el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." De las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo. f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo) ; y, g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. En el caso, los actos que aquí se reclaman no se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar cabalmente los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra los actos reclamados. Ahora, en atención a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de Amparo, la parte quejosa previo a promover el juicio de amparo bi-instancial, respecto a los actos reclamados consistentes en las ordenes de desposesión de la propiedad y construcción realizada en el excedente de propiedad de la vivienda, ubicada en terreno colindante a número 102, manzana 9, lote 3-B, calle Begonia en el fraccionamiento Las Margaritas en Metepec, Estado de México; de demolición de la barba perimetral levantada en dicho excedente de propiedad; y de imponerle una multa de ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, emitidas mediante resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el expediente DDUyM/PA/011/2023, por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, debió promover el recurso de inconformidad ante la autoridad administrativa competente o ante la propia autoridad que lo emitió, o bien, acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a efecto de promover el Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que textualmente señalan: "Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: . "II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y ." "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativa en contra de: . II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliare de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; ." En atención a los artículos transcritos, se evidencia que, contra los actos reclamados antes citados, es procedente el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo, pues dicho acto es de carácter administrativo y derivan de un órgano auxiliar municipal; por ende, sus actuaciones son de la misma naturaleza y, se encuentran reguladas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar los medios impugnativos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen, es decir, el recurso de inconformidad ante la autoridad administrativa competente o ante la propia autoridad que emitió el acto impugnado, o bien, el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en términos de los artículo 187 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, respectivamente, al resultar medios de defensa idóneos y válidos para impugnar los actos que aquí se reclaman, pues a través de los mismos se puede lograr su modificación, revocación o nulificación. Sin que en el caso, se esté en alguno de los supuestos de excepción que al efecto establece la Ley de Amparo, toda vez que tanto en el artículo 194 como en la Sección Cuarta del Capítulo Tercero, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regula la institución jurídica de la suspensión del acto impugnado, no se advierte que los mismos exijan mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la medida suspensional. Es decir, puede obtener la medida cautelar solicitada en la instancia constitucional, dentro del procedimiento administrativo, circunstancia que hace que, previo a la promoción de la instancia constitucional, debió agotar aquellos, en acatamiento al principio de definitividad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1470, del Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Agosto de 2013, Decima Época, con número de registro 2004254, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad". De igual forma, la jurisprudencia por contradicción de tesis PC.II.A. J/3 A (10a), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Décima Época, pagina 2936, de título: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL". Además, no se puede dejar al arbitrario de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio constitucional, con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo. Aspectos jurídicos por los que este Juzgado Federal concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra de los actos reclamados, procede el recurso de inconformidad ante la autoridad administrativa competente o ante la propia autoridad que emitió el acto impugnado, o bien, el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Por tales motivos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Ma. Del Consuelo Alcántara Cruz, por notoriamente improcedente. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el físico que indica en su escrito de demanda; no así el correo electrónico y número telefónico que refiere, toda vez que éstos no los contempla la ley de la materia; además, se tienen por autorizados en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a las personas señaladas en el ocurso de demanda; en el sentido que, respecto a Eleazar Roldan García, hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento la quejosa de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la Tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL". Mientras que, a la diversa persona designada, por así haberse solicitado. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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