Ma. del Carmen Téllez Ceciliano
Expediente 1426/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1426/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2022
Partes del expediente
- Ma. del Carmen Téllez Ceciliano
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de diciembre de dos mil veintidós. I. Se avoca al conocimiento Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito declinó competencia, por razón de vía, para conocer y resolver el juicio de amparo directo radicado bajo el expediente....de su índice; y al efecto remitió a este Juzgado la totalidad de constancias que obraban en el mismo a fin de darle trámite en la vía indirecta. Acúsese el estilo de recibo correspondiente. En consecuencia, visto el contenido de los autos remitidos por la superioridad, se avoca al conocimiento del asunto declinado y se procede a pronunciar lo que en derecho corresponda. II. Registro y creación del expediente Vista la demanda promovida por ....., por su propio derecho; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo ..., procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que en la especie se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora bien, esta juzgadora estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." "107. El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" Como se observa, el primer precepto legal invocado dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando su causa resulte de una disposición de la Constitución o de la propia Ley; mientras que la segunda disposición en cita, prevé que cuando se reclamen actos emitidos durante el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción constitucional únicamente es procedente en contra de la ÚLTIMA RESOLUCIÓN, en cuyo caso, se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Entonces, de una interpretación a contrario de la normatividad expuesta, se advierte la causal de improcedencia relativa a que no es susceptible promover juicio de amparo indirecto en contra de aquellos pronunciamientos dictados en la etapa de cumplimiento que no constituyan la última resolución. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, estableció que las resoluciones dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, pues, de permitirse la interposición del amparo, se obstaculizaría indebidamente la fase de ejecución y, con ello, se trastocaría la efectividad del derecho humano a la tutela judicial, lo que resultaría en un contrasentido. Emitió tal criterio con base en las consideraciones siguientes: 1) Que del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se observa que el legislador, a fin de resguardar la operatividad del sistema, evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de la autoridad judicial, dispuso que el juicio de amparo únicamente procede en contra de la última resolución que se dicta en el procedimiento de ejecución respectivo, esto es, aquella que: Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; u Ordena el archivo definitivo del expediente; 2) Que, en caso de promoverse la acción constitucional en contra de esas resoluciones, se podrán hacer valer conceptos de violación en contra de los vicios cometidos durante el procedimiento del cual haya emanado la última resolución, siempre que éstos trasciendan a su resultado; 3) Que tal requisito pretende evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, impedir que se interpongan diversos juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución; y 4) Que no es óbice que previamente a dichos actos (el que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, las que ordenan el archivo definitivo del expediente), las autoridades responsables emitan alguna otra actuación intermedia que sea susceptible de generar perjuicio a las partes, sin embargo, a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite que vía conceptos de violación se puedan reclamar las violaciones cometidas durante la fase de dicho procedimiento. Asimismo, el Alto Tribunal, al resolver la diversa contradicción de tesis 215/2009, sostuvo que existen ciertos actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente pudieran admitir la promoción del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos al emitirse la última resolución del procedimiento de ejecución, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la litis. En síntesis, una interpretación funcional del párrafo segundo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, permite concluir los dos supuestos de procedencia siguientes: 1) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, definida como aquella que: (a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; (b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, (c) Ordena el archivo definitivo del expediente. 2) Contra actos emitidos dentro de dicho procedimiento, que gocen de autonomía propia con relación a la ejecución, por vulnerar de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de las personas involucradas. Ahora bien, en el caso concreto, de una lectura integral1 efectuada sobre la demanda de amparo y demás anexos, se desprende que el acto reclamado consiste en lo siguiente: ? La emisión de la resolución de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro en el toca civil .... Asimismo, se advierte que la resolución reclamada deriva del procedimiento de ejecución de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. 1 Véase, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En efecto, lo anterior se dice así en virtud de que, de las constancias que obran en autos, se desprenden los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, se revocó la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil .... del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; y se condenó al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) a pagar, por concepto de reparación del daño, a favor de la hoy quejosa, la cantidad que se cuantificara en el procedimiento de ejecución; 2) A través de la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro resolvió el incidente de liquidación, aprobando el monto de ....), por concepto de reparación de daño; 3) Seguidos diversos actos procesales, en la diligencia de embargo practicada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, el mandatario judicial de la parte actora -hoy quejosa- solicitó el embargo de la cuenta bancaria número ..., para garantizar el pago de la cantidad determinada en autos; 4) Mediante oficio DG/158/2022, suscrito por el Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), la autoridad demandada en el juicio de origen refirió que la cuenta bancaria número.... no es susceptible de embargo; no obstante, que para dar cumplimiento a la ejecutoria "programará, presupuestará y aprobará, para el siguiente ejercicio fiscal, el recurso económico para tal efecto." 5) El siete de julio de dos mil veintidós, el Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro dictó un proveído en el cual refirió, en esencia, lo siguiente: "[.] atendiendo a que el dinero que contiene la cuenta bancaria que nos ocupa, se encuentra destinada al servicio público, resulta inembargable, dígasele a la parte actora que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado." 6) Finalmente, mediante resolución de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del recurso de apelación radicado bajo el toca civil ..., la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro resolvió confirmar el auto de siete de julio de dos mil veintidós. Así las cosas, se advierte que el acto reclamado no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis de procedencia precisadas líneas arriba, ya que: (a) no puede considerarse la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, dado que no aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declara la imposibilidad para su cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente de origen; y (b) tampoco constituye una resolución autónoma que genere perjuicios de imposible reparación, en virtud de que no viola derechos sustantivos ajenos a la litis de la controversia original. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Máxime, que la causa de improcedencia advertida no variará con el ofrecimiento de prueba alguna, por lo cual se estima que la misma es manifiesta e indudable. Lo anterior, sin que se deje en estado de indefensión a la parte quejosa; toda vez que, de ser el caso, la impetrante se encuentra en condiciones de promover amparo en contra de la última resolución dictada en la etapa de cumplimiento del juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; en donde podrá hacer valer las violaciones que estime se hayan cometido y que, habiéndola dejado sin defensas, hayan trascendido al resultado del fallo. IV. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. V. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO2 . VI. Domicilio y Autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "....", y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo3 a 2 "Aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinario de trece de octubre de dos mil veintidós. 3 "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos ...., por así solicitarlo expresamente. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. VIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." que se dictan en los Juzgados. IX. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
- Principal
POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, SIENDO LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA DE HOY, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO C, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA DEL RESOLUCIÓN DE TRECE DE DICIEMBRE PASADO QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de diciembre de dos mil veintidós. I. Se avoca al conocimiento Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito declinó competencia, por razón de vía, para conocer y resolver el juicio de amparo directo radicado bajo el expediente....de su índice; y al efecto remitió a este Juzgado la totalidad de constancias que obraban en el mismo a fin de darle trámite en la vía indirecta. Acúsese el estilo de recibo correspondiente. En consecuencia, visto el contenido de los autos remitidos por la superioridad, se avoca al conocimiento del asunto declinado y se procede a pronunciar lo que en derecho corresponda. II. Registro y creación del expediente Vista la demanda promovida por ....., por su propio derecho; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo ..., procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que en la especie se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora bien, esta juzgadora estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." "107. El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" Como se observa, el primer precepto legal invocado dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando su causa resulte de una disposición de la Constitución o de la propia Ley; mientras que la segunda disposición en cita, prevé que cuando se reclamen actos emitidos durante el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción constitucional únicamente es procedente en contra de la ÚLTIMA RESOLUCIÓN, en cuyo caso, se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Entonces, de una interpretación a contrario de la normatividad expuesta, se advierte la causal de improcedencia relativa a que no es susceptible promover juicio de amparo indirecto en contra de aquellos pronunciamientos dictados en la etapa de cumplimiento que no constituyan la última resolución. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, estableció que las resoluciones dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, pues, de permitirse la interposición del amparo, se obstaculizaría indebidamente la fase de ejecución y, con ello, se trastocaría la efectividad del derecho humano a la tutela judicial, lo que resultaría en un contrasentido. Emitió tal criterio con base en las consideraciones siguientes: 1) Que del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se observa que el legislador, a fin de resguardar la operatividad del sistema, evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de la autoridad judicial, dispuso que el juicio de amparo únicamente procede en contra de la última resolución que se dicta en el procedimiento de ejecución respectivo, esto es, aquella que: Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; u Ordena el archivo definitivo del expediente; 2) Que, en caso de promoverse la acción constitucional en contra de esas resoluciones, se podrán hacer valer conceptos de violación en contra de los vicios cometidos durante el procedimiento del cual haya emanado la última resolución, siempre que éstos trasciendan a su resultado; 3) Que tal requisito pretende evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, impedir que se interpongan diversos juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución; y 4) Que no es óbice que previamente a dichos actos (el que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, las que ordenan el archivo definitivo del expediente), las autoridades responsables emitan alguna otra actuación intermedia que sea susceptible de generar perjuicio a las partes, sin embargo, a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite que vía conceptos de violación se puedan reclamar las violaciones cometidas durante la fase de dicho procedimiento. Asimismo, el Alto Tribunal, al resolver la diversa contradicción de tesis 215/2009, sostuvo que existen ciertos actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente pudieran admitir la promoción del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos al emitirse la última resolución del procedimiento de ejecución, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la litis. En síntesis, una interpretación funcional del párrafo segundo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, permite concluir los dos supuestos de procedencia siguientes: 1) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, definida como aquella que: (a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; (b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, (c) Ordena el archivo definitivo del expediente. 2) Contra actos emitidos dentro de dicho procedimiento, que gocen de autonomía propia con relación a la ejecución, por vulnerar de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de las personas involucradas. Ahora bien, en el caso concreto, de una lectura integral1 efectuada sobre la demanda de amparo y demás anexos, se desprende que el acto reclamado consiste en lo siguiente: ? La emisión de la resolución de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro en el toca civil .... Asimismo, se advierte que la resolución reclamada deriva del procedimiento de ejecución de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. 1 Véase, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En efecto, lo anterior se dice así en virtud de que, de las constancias que obran en autos, se desprenden los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, se revocó la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil .... del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; y se condenó al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) a pagar, por concepto de reparación del daño, a favor de la hoy quejosa, la cantidad que se cuantificara en el procedimiento de ejecución; 2) A través de la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro resolvió el incidente de liquidación, aprobando el monto de ....), por concepto de reparación de daño; 3) Seguidos diversos actos procesales, en la diligencia de embargo practicada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, el mandatario judicial de la parte actora -hoy quejosa- solicitó el embargo de la cuenta bancaria número ..., para garantizar el pago de la cantidad determinada en autos; 4) Mediante oficio DG/158/2022, suscrito por el Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), la autoridad demandada en el juicio de origen refirió que la cuenta bancaria número.... no es susceptible de embargo; no obstante, que para dar cumplimiento a la ejecutoria "programará, presupuestará y aprobará, para el siguiente ejercicio fiscal, el recurso económico para tal efecto." 5) El siete de julio de dos mil veintidós, el Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro dictó un proveído en el cual refirió, en esencia, lo siguiente: "[.] atendiendo a que el dinero que contiene la cuenta bancaria que nos ocupa, se encuentra destinada al servicio público, resulta inembargable, dígasele a la parte actora que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado." 6) Finalmente, mediante resolución de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del recurso de apelación radicado bajo el toca civil ..., la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro resolvió confirmar el auto de siete de julio de dos mil veintidós. Así las cosas, se advierte que el acto reclamado no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis de procedencia precisadas líneas arriba, ya que: (a) no puede considerarse la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, dado que no aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declara la imposibilidad para su cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente de origen; y (b) tampoco constituye una resolución autónoma que genere perjuicios de imposible reparación, en virtud de que no viola derechos sustantivos ajenos a la litis de la controversia original. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Máxime, que la causa de improcedencia advertida no variará con el ofrecimiento de prueba alguna, por lo cual se estima que la misma es manifiesta e indudable. Lo anterior, sin que se deje en estado de indefensión a la parte quejosa; toda vez que, de ser el caso, la impetrante se encuentra en condiciones de promover amparo en contra de la última resolución dictada en la etapa de cumplimiento del juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; en donde podrá hacer valer las violaciones que estime se hayan cometido y que, habiéndola dejado sin defensas, hayan trascendido al resultado del fallo. IV. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. V. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO2 . VI. Domicilio y Autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "....", y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo3 a 2 "Aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinario de trece de octubre de dos mil veintidós. 3 "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos ...., por así solicitarlo expresamente. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. VIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." que se dictan en los Juzgados. IX. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
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