Ma. del Carmen Pérez García
Expediente 220/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. del Carmen Pérez García
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 LEY AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DETERMINA DESTRUIR LA PIEZA DE ACTUACIONES. NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MA. DEL CARMEN PÉREZ GARCÍA, EL PROVEÍDO DE NUEVE DE MARZO DE 2018, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, nueve de marzo de dos mil dieciocho. I. Parte quejosa. Ma. del Carmen Pérez García. II. Autoridades responsables. Juzgado Sexto Menor Civil de esta ciudad. III. Registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 220/2018-V. IV. Fijación de la litis constitucional. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa señala en esta instancia constitucional como acto reclamado el auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en que se decretó la caducidad de la tercería excluyente de dominio, dictada dentro del juicio 1212/2017-M del índice del Juzgado Sexto Menor Civil de esta ciudad. V. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Respecto al acto reclamado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "...XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El aludido precepto legal señala que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no tiene carácter definitivo, es decir, cuando en contra del acto materia de debate procede algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo; puesto que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. La Ley de Amparo es precisa en establecer los casos de excepción al principio de definitividad, los cuales son, a saber, los siguientes: a) Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; b) Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; c) Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; d) Los que importen una violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; e) Normas generales, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; f) Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; g) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; h) Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; i) Los que carezcan de fundamentación; j) Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; k) Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. En el caso concreto, el acto reclamado es la determinación que ordenó la caducidad de la instancia de la tercería excluyente de dominio promovida por la aquí quejosa en autos del juicio 1212/2017-M del índice del Juzgado Sexto Menor Civil de esta ciudad; en cuanto a la tercería existen criterios jurisprudenciales en el sentido de que tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, porque la materia del juicio es ajena a la controversia principal, de modo que las resoluciones que en ellas se dicten tienen el carácter de resoluciones que ponen fin al juicio, y no de interlocutorias. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 59/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2003-PS entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 83, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "TERCERÍAS EXCLUYENTES TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE. Ahora bien, el artículo 1339 bis del Código de Comercio a la letra dice: "Art. 1339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." Acorde con dicho precepto, los asuntos de cuantía indeterminada son apelables, por lo que el recurso de apelación constituye el instrumento o la oportunidad para que el peticionario de amparo, pueda obtener que se le revoque o modifique la sentencia impugnada. Ello es así, pues por la naturaleza de las prestaciones reclamadas en las tercerías excluyentes de dominio, éstas deben considerarse de cuantía indeterminada, por lo que es evidente que es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 bis del Código de Comercio es terminante, al establecer que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro lado, el agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla institucional del sistema procesal, que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo. Por tanto, si conforme a lo antes señalado, las tercerías excluyentes de dominio deben considerarse de cuantía indeterminada, es evidente que, en términos de lo dispuesto en el artículo 1339 bis del Código de Comercio, la sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicha tercería admite en su contra el recurso de apelación, el cual, atendiendo al principio de definitividad consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, deberá agotarse previamente los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, a menos que el quejoso demuestre estar en un caso de excepción a dicho principio. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 498 del tomo I de diciembre de 2013 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013. En consecuencia, al no haber agotado el medio de defensa ordinario y que resulta ser el idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto tildado de inconstitucional, trae como consecuencia que el mismo no tenga el carácter de definitivo, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Andrés Suárez García, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a José Ulises Galván Sánchez y Juan Diego Díaz Covarrubias por no contar con dicho registro, así como para oír y recibir notificación a la diversa persona que nombra por así haberlo solicitado. VI. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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