Ma. del Carmen Morales Benoit

Expediente 728/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
728/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • Ma. del Carmen Morales Benoit

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 3311-2016, signado por el 1. Juez Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual acusa recibo el diverso *, de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, con el que se devolvió el expediente * de su índice y diversas copias certificadas del mismo juicio, circunstancia que este órgano jurisdiccional toma conocimiento; asimismo solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente Juicio de Amparo. En consecuencia, se informa que en proveído de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la demanda de amparo la cual fue desechada por improcedente, misma que fue recurrida por la quejosa y en resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, del Vigésimo Segundo Circuito, declara infundado el recurso hecho valer por la quejosa, por lo que mediante proveído de catorce de diciembre del presente año, este órgano jurisdiccional ordenó el archivo del presente juicio de amparo como totalmente concluido, así mismo remítase copia certificada de los autos aludidos. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual remite copia autorizada del testimonio de la ejecutoria emitida en la queja civil ****, en la que el tribunal de alzada resolvió lo siguiente: (.) Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Es infundado el presente recurso de queja interpuesto contra el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, de acuerdo a los argumentos establecidos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. (.) En consecuencia, se ordena acusar recibo y hacer del conocimiento de la parte quejosa que la superioridad declaró infundado el recurso de queja. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución al Juez Segundo de Primera Instancia de San Juan del Río, Querétaro, del expediente 1639/2015 y diversas copias certificadas del mismo juicio; asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su 2° numeral se le requiere a dicha autoridad, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído acuse de recibido las referidas constancias, con el apercibimiento que en caso de omisión, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por ****; en atención a su contenido, se tiene interponiendo recurso de queja en contra de resolución de trece de septiembre de dos mil dieciséis. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que éste Juzgado Federal emitió el acuerdo de trece de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por tanto, una vez notificado el presente proveído, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil, del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, el expediente 1639/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de la ciudad de San Juan del Río, Querétaro y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra la resolución que desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de septiembre de dos mil dieciséis. COMPETENCIA Se tiene por recibida la papeleta 009079/2016, que contiene el oficio 5687/2016 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con el que remite el expediente 648/2016 en el que mediante proveído de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, dicho colegiado declaró carecer de competencia para conocer de la demanda promovida por *******, por propio derecho, por cuanto hace al auto de cinco de julio del mismo año, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1639/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río; así como anexos. ANOTACIONES Atento a lo anterior, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto; por lo que, remítase el acuse de recibo, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de juicio de amparo 728/2016-V-C, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la quejosa, consistentes en: - El auto de cinco de julio de dos mil dieciséis dictado en juicio ejecutivo mercantil 1639/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, en el que desechó los informes que ofreció como pruebas relativos a la averiguación previa *****del Fiscal de Investigación del Sistema Tradicional del mismo lugar y las copias de la misma. - El cambio de depositario de los bienes que le fueron embargados en la diligencia de siete de enero de dos mil dieciséis, y como consecuencia la entrega de los mismos, sin haber sido oída y vencida en juicio. Lo anterior por considerar que en el caso, el primero de los actos reclamados lo constituyen una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que es Estado Mexicano sea parte; . De los enunciados normativos trascritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en juicio, siempre que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo estos aquellos actos que afectan en forma material y presente un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando a un lado a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, para que pueda resentirse. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, conforme a la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación el 06 de junio de 2014, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Bajo esa premisa, el primer acto que reclama la quejosa esencialmente en lo concerniente al auto de cinco de julio de dos mil dieciséis dictado en juicio ejecutivo mercantil ****** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, en el que desechó los informes que ofreció como pruebas relativos a la averiguación previa ****del Fiscal de Investigación del Sistema Tradicional del mismo lugar y las copias de la misma, es un acto de naturaleza formal o adjetiva que puede o no trascender al resultado del fallo, por tanto, no puede considerarse como un acto que produzca una afectación presente y material a derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, respecto del diverso acto reclamado por la quejosa consistente en el cambio de depositario de los bienes que le fueron embargados en la diligencia de siete de enero de dos mil dieciséis, y como consecuencia la entrega de los mismos, sin haber sido oída y vencida en juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación al diverso 107 fracción VI del citado ordenamiento, interpretado a contrario sensu, que literalmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. (.) Del precepto legal trascrito en segundo término, se advierte que el juicio de amparo en la vía indirecta, procede contra aquellos actos suscitados dentro o fuera de juicio, que produzcan afectación a quien siendo parte en él, no fue oído en defensa por no haber sido emplazado, o si bien sucedió, fue de manera incorrecta, lo que implica que no se encuentre obligado a agotar el principio de definitividad previsto en la Ley de Amparo. Lo anterior es así porque de la demanda de amparo se obtiene que la quejosa señaló bajo protesta de decir verdad específicamente en el hecho marcado como II, que el siete de enero de dos mil dieciséis fue notificada por el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, de la demanda interpuesta en su contra por Adolfo Dorantes Lavanderos, y en esa misma diligencia se llevó a cabo el embargo de bienes que aduce son de su propiedad, posteriormente en el siguiente hecho IIII, indica que un día después de la diligencia mencionada se realizó el cambio de depositario sin que hubiera tenido la oportunidad de defenderse en razón que estaba transcurriendo el término para que contestara la demanda instaurada en su contra. Lo expuesto revela que contrariamente a lo que expone la quejosa no es tercera al juicio ejecutivo mercantil en el cual se hizo el cambio de depositario de los bienes que le fueron embargados, pues como ella misma lo reconoce en los antecedentes de la demanda de amparo, el siete de enero del año en curso tuvo conocimiento del juicio instaurado en su contra, precisamente porque le fueron embargados bienes que aduce son de su propiedad, y el hecho de que al día siguiente de ese acto se haya cambiado de depositario de esos bienes y el término para contestar la demanda estuviera transcurriendo de manera alguna implica que le recaiga el carácter de tercera extraña. En este orden de ideas, si en términos del artículo 107 fracción VI de la ley de la materia, persona extraña es aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de su tramitación o en la ejecución de las resoluciones correspondientes, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, o bien aquella persona que alega no haber sido citada al procedimiento de origen, porque no fue llamada conforme a las formalidades legales correspondientes; es inconcuso que en el caso no se actualiza dicha hipótesis pues al menos desde la fecha en que se llevó a cabo el auto de exequendo, la promovente dejó de tener el carácter de tercera extraña, máxime que estuvo en aptitud legal de hacer valer los medios ordinarios de defensa que estimó pertinentes a fin de controvertir las actuaciones que pretende impugnar mediante esta vía. De ahí que el juicio de amparo intentado con el carácter de extraño al procedimiento resulta improcedente, lo que además es acorde con la parte conducente de la Jurisprudencia P./J.39/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, abril de 2001, foja noventa y tres, que establece: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en la calle *******. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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