Ma. del Carmen Meneses Rodríguez

Expediente 93/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 57 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
93/2022
Año
2022
Actuaciones
57
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Ma. del Carmen Meneses Rodríguez
  • José Antonio Gómez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 57.

  1. Incidental

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual transcribe la resolución de diecisiete de los cursantes, emitido en el recurso de revisión ***, de la que se advierte que se declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación del Secretario de Salud Federal, Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Director General de Promoción de la Salud. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Asimismo, la autoridad oficiante devuelve el cuaderno original relativo al incidente de suspensión en que se actúa; por tanto, acúsese el recibo correspondiente.

  2. Incidental

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de nueve de los cursantes, dictado en el recurso de revisión 351/2022, del índice del tribunal en cita, del que se advierte en la parte que interesa, que dicho tribunal solicita la constancia de notificación de la parte recurrente Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación del Secretario de Salud Federal, Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, así como Director General de Promoción de la Salud, respecto de la resolución impugnada. En esas condiciones, como lo solicita el tribunal oficiante, intégrese debidamente el presente incidente; hecho lo cual, de inmediato, remítasele; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar en el recurso de revisión 351/2022. Finalmente, se infórmese al tribunal en cita, que en autos del juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia, en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional; proveído que causó estado en auto de veintisiete de septiembre del presente año; debiendo remitírsele copia certificada de las constancias conducentes. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, sin que las partes hubieran recurrido la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, consecuentemente, se declara que dicha resolución que sobreseyó fuera de audiencia constitucional ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Por otra parte, una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Asimismo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción por haberse sobreseído fuera de audiencia constitucional. Por otra parte, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de depuración. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Ahora, de autos se advierte que no obran documentos originales de los que se refiere el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; sin embargo, requiérase a la parte quejosa para que en un plazo de noventa días comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que ofreció en el presente asunto, en el entendido que de hacer caso omiso, dichos documentos serán destruidos. Ahora bien, el artículo 6° del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, establece que al citar a una persona al desahogo de una diligencia el órgano jurisdiccional deberá generarle un Código QR para su ingreso a las instalaciones; asimismo, del diverso arábigo 25 se advierte que las partes pueden intervenir en el juicio o comparecer a través de videoconferencias a distancia. En esa tesitura, la parte quejosa se encuentran en aptitud de generar su cita a través del Código QR, con la finalidad de recoger los documentos que adjuntó al presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en cumplimiento a la SUSPENSIÓN DEFINITIVA concedida en autos del incidente de suspensión que deriva del presente asunto, la parte quejosa *** y ***, ha sido omisa en presentar a la menor con iniciales ***, en las instalaciones del Hospital Infantil de Tlaxcala en el área de consulta externa, a efecto de que se les realice la valoración médica, llevando la CURP de los menores y copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor; no obstante, los diversos requerimiento efectuados por este órgano jurisdiccional dentro de la incidencia que deriva del presente juicio. En ese mismo orden de ideas, el catorce de junio del año que transcurre, en el portal https://presidente.gob.mx/ninas-y-ninos-de-5-a-11-anos-seran-vacunados-contra-covid-19-recibiran-vacuna-pfizer/ página oficial del Ejecutivo Federal, fue publicada la nota "NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS SERÁN VACUNADOS CONTRA COVID-19; RECIBIRÁN VACUNA PFIZER", en cuyo contenido se informa: ".A partir del jueves 16 de junio, madres, padres y tutores podrán registrar en el portal mivacuna.salud.gob.mx a niñas y niños de 5 a 11 años para que reciban la vacuna contra COVID-19, anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que la aplicación se realizará a partir de la programación de operativos en municipios en instalaciones del sistema de salud o en macrocentros temporales." Además, de la página oficial perteneciente a la Secretaría de Salud federal: Mi vacuna (salud.gob.mx) se advierte que se encuentra abierta la campaña de vacunación para personas mayores de cinco años de edad. Con lo anterior, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados en el presente sumario. Para mejor entendimiento de la causal invocada, debe acotarse que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó dejó de afectar la esfera jurídica del gobernado al cesar su actuación. En efecto, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior, debe entenderse en el sentido de que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es solo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En el caso, *** y *** representantes de la menor de iniciales ***, promovieron el presente juicio de amparo contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Salud Federal. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal. Director General de Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal. Consejo Nacional de Vacunación. Gobernadora del Estado de Tlaxcala. Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala. Director General de los Servicios de Salud del Estado Tlaxcala. Coordinador de las Brigadas Especiales del Operativo Correcaminos del Estado de Tlaxcala. Titular de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Actos reclamados: De las autoridades referidas anteriormente con los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, la emisión de la Política Nacional de vacunación, contra el virus SARS-CoV2, para la prevención del COVID-19, así como la negativa de aplicar la vacuna contra el SARS-CoV2 (COVID-19), a la menor de iniciales *** De las autoridades responsables identificadas con los numerales 6, 7, 8 y 9, la negativa de aplicar la vacuna contra el SARS-CoV2 (COVID-19), a la menor de iniciales *** De las autoridades responsables identificadas con los numerales 10 y 11, la omisión de autorizar para el uso de emergencia la vacuna Pfizer-BioNTeh COVID-19, o alguna otra, con el fin de ser utilizada en la Política Nacional de vacunación, contra el virus SARS-CoV2, para la prevención del COVID-19, y como consecuencia de ello la imposibilidad de aplicar la vacuna contra el SARS-CoV2 (COVID-19), a la menor de iniciales *** Además, se invoca como hecho notorio que en los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio, así como en el presente expediente principal, se advierte que, mediante oficios registrados en el libro de correspondencia con los folios 11694, 11697 y 12313, el Jefe de la Oficina de lo Contencioso y Asuntos Laborales del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, señaló diversas fechas para que la menor de edad quejosa de iniciales *** compareciera en las instalaciones del Hospital Infantil de Tlaxcala en el área de consulta externa para que se les realizara la valoración médica previa a la aplicación de la vacuna Pfizer/BioNTech, llevando la CURP de los menores y copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor; sin que la parte quejosa haya acudido. Asimismo, mediante autos de diecinueve y veintinueve de julio del año en curso; se requirió a la parte quejosa a efecto de que compareciera a dicha valoración y lo acreditar ante este órgano jurisdiccional; sin embargo, la parte quejosa fue omisa en acreditar dicha circunstancia. No obstante, resulta evidente que los efectos del acto reclamado (la negativa de aplicar la vacuna Pfizer/BioNTech a la menor de iniciales ***), cesaron, toda vez que el pasado veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se anunció la aplicación del biológico a los adolescentes de doce a diecisiete años, en razón de que en el presente sumario, la menor quejosa de iniciales ***, pertenece a este grupo de edad, tal como se advierte de la copia certificada del acta de nacimiento, la cual obra en autos. Por lo tanto, si la parte quejosa se duele de la negativa de aplicar la vacuna Pfizer/BioNTech a la menor de iniciales ***, siendo que dicha negativa dejó de existir y por consiguiente sus efectos, se obtiene que ya no existe el acto de autoridad, lo que genera la ociosidad de examinar su constitucionalidad, pues el acto reclamado ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En tales condiciones, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por consiguiente resulta procedente SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con veinte minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós.

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