MA DEL CARMEN MARTÍNEZ NAJERA y Otros.
Expediente 816/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- MA DEL CARMEN MARTÍNEZ NAJERA y Otros.
- Ma del Carmen Martínez Najera
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el doce de octubre del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de ****, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se concedió la suspensión de plano. Por otra parte, toda vez que en proveído dictado el doce de octubre del año en curso, se ordenó guardar en la caja de seguridad de este juzgado el informe rendido por la responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con sede en esta ciudad, así como la razón actuarial de esa misma fecha. En consecuencia, se ordena dar de baja los citados documentos en el libro correspondiente y glósense en el presente juicio.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en la razón actuarial de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, elaborada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, *****, manifestó: "que es de suma importancia para ella que no se le dé acceso o información de su paradero o de su asunto a ninguna persona.y que las personas que presentaron la demanda de amparo en su favor no las autoriza para que conozcan del expediente y me solicita reiteradamente que a nadie le proporcione información sobre ella o su situación legal.". Ahora bien, por auto de once de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo a *****, promoviendo demanda de amparo en favor de ***** y de *****; contra actos del Subprocurador de Justicia Región B, Director de Averiguaciones Previas, Jefe de Zona de Ministerios Públicos, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a la Mujer y Comandante de la Policía Ministerial, todos con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se le tuvo como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****. Ahora, el artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, 6, 12, párrafo primero y, 15, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona.". Del análisis sistemático de dichos preceptos legales, se puede desentrañar, en lo que interesa, que la acción del amparo es un derecho personalísimo del quejoso, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos, lo cual es acorde con el principio de instancia de parte agraviada, previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo. De igual forma, que el quejoso podrá autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del accionante del amparo, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. A su vez, se pone de relieve que tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En ese sentido, es concluyente que para el trámite y substanciación del juicio biinstancial se requiere autorización expresa, salvo el caso previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en el cual cualquier persona podrá presentar la demanda en favor de un tercero, pero dicha facultad subsiste hasta que la persona en favor de quien se promovió el juicio ratifica la demanda, pues con ese hecho da su consentimiento para que ese tercero promueva en su nombre. En consecuencia, la demanda de amparo debe provenir directamente de quien figura como quejoso o su representante legal o apoderado, así que si en el caso concreto la demanda fue promovida por un tercero, pero al notificarle de la presentación de la misma, la quejosa ***** se negó a ratificar la demanda y no obstante ello manifestó "que es de suma importancia para ella que no se le dé acceso o información de su paradero o de su asunto a ninguna persona.y que las personas que presentaron la demanda de amparo en su favor no las autoriza para que conozcan del expediente y me solicita reiteradamente que a nadie le proporcione información sobre ella o su situación legal.", entonces resulta claro que la quejosa no autoriza la promoción del juicio de amparo que promovió *****, y siguiendo el principio de instancia de parte agraviada sólo ella puede autorizar a las personas facultadas para la consulta y promoción del juicio y, el no haber consentimiento para tal fin, lo que procede es revoca la personalidad reconocida en este juicio constitucional a *****, como promovente del juicio y autorizado, respectivamente, por lo cual, la única facultada para su consulta es la quejosa y, en su caso, la persona que designe para ello. Finalmente, se tienen por recibidos los informes de cuenta, rendidos por el Jefe de Unidad de Tramitación Común Región "B; Subprocurador de Justicia en el Estado Región "B"; y, Director de Investigación Común, Región "B", todos con sede en esta ciudad, en relación con la suspensión de plano, los cuales se ordena agregar a los autos únicamente para que obren como corresponda, en atención a que en proveído de doce de los actuales se tuvo por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que en esta data,---, no ratificó el escrito de demanda presentado en su favor el once de octubre del año que transcurre, por ---, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías y se ordena dejar sin efecto las providencias dictadas en el presente sumario constitucional. En atención a la solicitud realizada en la razón actuarial por ---, en la que manifestó "que es de suma importancia para ella que no se le dé acceso o información de su paradero o de su asunto a ninguna persona", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone resguardar la identidad, datos personales e información relacionada con el paradero de ella así como de sus menores hijos, con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad física y moral de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. CCCLXXXVI/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Décima Época, Tomo I, Materia Constitucional, visible en la página 268, que dice: "MENORES DE EDAD VÍCTIMAS DEL DELITO. MEDIDAS QUE ES NECESARIO IMPLEMENTAR PARA GARANTIZAR Y PROTEGER SU DESARROLLO, CUANDO ESTÉN EN CONTACTO CON LOS PROCESOS DE JUSTICIA. Con el fin de evitar mayor sufrimiento al niño que ha sido víctima de un delito, las entrevistas, exámenes y demás tipos de investigaciones a que sean sometidos deben ser realizados por profesionales capacitados que procedan de manera sensible, respetuosa y concienzuda. Así, existe una obligación especial frente a la niñez, de manera que en el caso de los menores víctimas de un delito, deben implementarse las siguientes medidas cuando estén en contacto con los procesos de justicia: 1) los niños deberán contar con ayuda profesional de manera continua hasta que ya no se requiera más; 2) deben utilizarse procedimientos adaptados a los niños, incluidas salas de entrevistas destinadas a ellos; salas de audiencia modificadas teniendo en cuenta recesos durante el testimonio de un niño; audiencias programadas a horas apropiadas para su edad y madurez; 3) un sistema de comunicación que garantice que el menor asista al tribunal solamente cuando sea necesario, al igual que otras medidas que faciliten el testimonio del niño y, en general, aseguren sus derechos a recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica; a que se le repare el daño y se resguarden su identidad y otros datos personales.". Asimismo, la diversa tesis XIX.1o.P.T.4 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, materias Constitucional, Penal, Décima Época, consultable en la página 2831, de rubro y texto: "DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES. NO SÓLO ES INHERENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN COMPRENDE A LOS OFENDIDOS DE DELITOS COMETIDOS EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA, POR LO QUE EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS. De la interpretación funcional del artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concluye que el Órgano Reformador de la Constitución instituyó la obligación del Juez del proceso penal de resguardar la identidad y datos personales de las víctimas, no sólo de los delitos de violación, trata de personas, secuestro y delincuencia organizada, pues aunque hizo esa especificación por tratarse de ilícitos graves, añadió la posibilidad de que se preservaran también respecto de los ofendidos de otros ilícitos cuando a juicio de la autoridad fuere necesario, es decir, la protección que el Constituyente Permanente otorgó es amplia y comprende a las víctimas de delitos cometidos en un contexto similar de violencia. Ello es así, porque el Constituyente Permanente no quiso dejar fuera de esa protección a las víctimas de otros delitos respecto de las que también se pone en riesgo la vida e integridad física y moral. Por lo que, con la finalidad de realizar la ponderación respectiva, es válido que los juzgadores, acorde con las máximas de la experiencia, tomen en cuenta el contexto social que rodea al hecho ilícito; y a efecto de sustentar sus determinaciones invoquen hechos notorios sin necesidad de prueba, siempre que éstos sean parte de un acontecer social en un tiempo y espacio determinados, debido a que aun cuando su conocimiento sea indirecto, deriva de la crítica colectiva admitida por la generalidad como indiscutibles; circunstancia por la cual adquieren el carácter de ciertos. Así, conforme a tales hechos obtenidos de la observación y la experiencia social, el juzgador debe aplicar las "máximas de la experiencia" que se generan con un pensamiento inductivo de conductas sociales que se manifiestan regularmente y de las cuales se obtiene el conocimiento de otras situaciones. Consecuentemente, en las entidades en que se vive un contexto social de violencia desatada por pugnas entre grupos del crimen organizado, los Jueces están obligados a ejercer la facultad otorgada en el citado artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, constitucional, cuando se trate de proteger la identidad de las víctimas del delito.". En consecuencia, toda vez que la razón actuarial de cuenta contiene datos que pueden poner en riesgo la integridad física de la misma y sus menores hijos, con esta fecha se ordena dar de alta en el libro de documentos de resguardo, a fin de que sea guardada en la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional. Ahora, toda vez que en proveído de esta misma fecha, se reservó acordar en relación con los informes rendidos por el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato; y, la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, ambos con sede en esta ciudad, hasta en tanto --- ratificara la demanda de amparo promovida a su favor y de los menores ---; se levanta dicha reserva y, tomando en consideración que de la constancia actuarial se aprecia que no fue ratificada la demanda de amparo, ténganse por recibidos dichos informes únicamente como constancia y respecto al informe citado en segundo término, como se ordenó en esta fecha, manténgase en la caja de seguridad de este juzgado. Por último, téngase a --- señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes
- Ma del Carmen Ayala Molina390/2023
- Ma del Carmen Ayala Molina1308/2022
- Ma del Carmen Escamilla Rivera261/2020
- Ma del Carmen Granados Gonzalez909/2022
- Ma del Carmen Granados Gonzalez867/2022
- Ma del Carmen Guerra Zuñiga717/2022
- MA DEL CARMEN MARTINEZ RAMIREZ y Otros.748/2020
- Ma del Carmen Martinez Ramirez387/2021
- Ma del Carmen Martinez Ramirez469/2020
- Ma del Carmen Ramirez Rosales420/2018
- Ma del Carmen Ramos Magaña207/2020
- Ma del Carmen Razo Olivares1051/2015