Ma. del Carmen Martínez Morales

Expediente 789/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
789/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2016

Partes del expediente

  • Ma. del Carmen Martínez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido con arreglo a derecho el auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de garantías promovida por MA. DEL CARMEN MARTÍNEZ MORALES, en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el 214 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, se advierte que el tres de los corrientes, la quejosa Ma. del Carmen Martínez Morales, reconoció la firma del escrito presentado ante esta autoridad el veintiuno de octubre del año que transcurre, y ratificó el contenido del mismo; por tanto, se le tiene por desahogando la prevención de diez de octubre del actual.Ahora bien, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Ma. del Carmen Martínez Morales, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado con residencia en esta ciudad, la cual quedó registrada con el número 789/2016-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde.Sobre el particular, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, debe precisarse que del análisis de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desprende que es facultad del Juez de Distrito, desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.Luego, del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conduce al desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.Lo anterior debe ser así, porque el acto reclamado consiste en el auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 534/2016, promovido por el tercero interesado en contra de la quejosa, donde el juez responsable acordó la contestación producida por ésta y desechó la excepción de falta de legitimación del actor dentro de dicho juicio natural.En esa virtud, para determinar la procedencia o improcedencia de la demanda constitucional, resulta importante destacar que conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como podrían ser la vida, propiedad, libertad personal, entre otros (por oposición a los adjetivos), y sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que recaiga sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.Como lo destacó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el veintidós de mayo de dos mil catorce, donde interpretó los alcances del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia del juicio de amparo indirecto y sostuvo: "Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. (Énfasis propio)Criterio que integró la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."En efecto, en el caso concreto, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que fue demandada por el tercero interesado en la vía ejecutiva mercantil cuya suerte principal fue de $135,000.00 pesos, juicio que fue radicado por el juez responsable quien lo registró con el número 534/2016; agregó que fue emplazada a dicho juicio por lo cual, produjo su contestación en la que hizo valer diversas excepciones, entre las ellas, la falta de legitimación activa para demandar del actor; a dicha contestación recayó el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil dieciséis (acto reclamado), siendo que, dijo, dicho acto es un gravamen procesal porque es en la sentencia donde debe analizarse las excepciones y no en la de contestación de demanda; siendo ésta última actuación contra la cual promovió el presente juicio de amparo.Es decir, la quejosa alega que el estatus procesal en que se desechó la excepción aludida no es el legalmente correcto, sino que debería hacerse hasta en tanto se emita la sentencia en el juicio natural.Desde esa perspectiva, tratándose de un auto por el cual se desecha la excepción de falta de legitimación activa, opuesta por la quejosa al producir su contestación de demanda, no es un acto de imposible reparación en los términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sino en su caso, una violación intraprocesal, pues no causa afectación a un derecho sustantivo del quejoso, de manera tal que le impida ejercer un derecho (sustantivo) de manera real, actual y de manera inmediata en el proceso.Esto, además de que, como se dijo, conforme a la nueva Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto no procede contra violaciones adjetivas aunque se estime una afectación predominante o superior, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2015 (10a.), de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD."Conforme a lo anterior, es inconcuso que el auto combatido en esta vía, no reviste la característica de ser de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; toda vez que lo resuelto en dicho proveído (dictado dentro de juicio), únicamente generaría, en su caso, efectos procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues no transgreden de manera inmediata un derecho sustantivo, sino sólo, en su caso, adjetivos, cuya trascendencia de la violación sería hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio natural, donde en su caso, podría materializarse una afectación, pues inclusive, no se sabe si la quejosa obtendrá una sentencia favorable o no; es decir, el acto no genera a la quejosa una afectación real, actual y de manera inmediata de derechos sustantivos, como lo sostuvo por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, y que aquí se cita por similitud jurídica, donde en lo que interesa refirió:"Así, considerando que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio bi-instancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales antes mencionado previsto en la Ley de Amparo

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de la quejosa MA. DEL CARMEN MARTÍNEZ MORALES, a través del cual pretende desahogar el requerimiento realizado el diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro del presente juicio de amparo; ahora bien, del mismo se advierte que la firma estampada difiere de la que contiene su escrito inicial de demanda, esto es, a simple vista se aprecia que la firma que calza el escrito de cuenta presenta rasgos grafológicos diferentes a los que contiene aquella firma; en esa medida, toda vez que la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta mediante la firma, cuando ésta es notoriamente distinta a la plasmada en la demanda de amparo, no hay forma de saber si es voluntad de la persona promover lo asentado en dicho escrito.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por MA. DEL CARMEN MARTÍNEZ MORALES, contra actos del Juez Segundo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado con el número 789/2016-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, a efecto de proveer sobre la admisión de la demanda en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción V, en relación con el diverso numeral 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, subsane su demanda de amparo en los siguientes términos Manifieste bajo protesta de decir verdad, el monto reclamado por concepto de suerte principal en juicio ejecutivo mercantil 534/2016, así como cuándo se le notificó o tuvo conocimiento del auto dictado el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de dicho juicio. En el entendido, que lo deberá hacer, bajo protesta de decir verdad, al ser éste un requisito legal que exige el artículo 108, de la citada ley, en su fracción V, resulta necesario el presente requerimiento. En la inteligencia de que deberá exhibir cinco copias del escrito de desahogo, que se estimen necesarias para correr traslado a la totalidad de las partes, de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, una para la autoridad responsable, una para el tercero interesado y dos más para la tramitación del incidente de suspensión que solicitó, de conformidad con el artículo 110 primera parte de la invocada ley.

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