MA. DEL CARMEN LOZANO PINEDO y Otros.

Expediente 1156/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1156/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • JUAN GABRIEL RUIZ SANTIAGO y Otros.
  • MA. DEL CARMEN LOZANO PINEDO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el veintinueve de julio de dos mil veintiuno; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa por el que cumple con la prevención formulada en proveído de veinte de julio pasado: agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Vista nuevamente la demanda de amparo y escrito aclaratorio promovida por los quejoso, contra actos de autoridad; con fundamento en los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la citada demanda, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. De la interpretación gramatical de los numerales 112 y 113 de la ley de la materia, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la ley en cita, pues se está ante un acto que no es de imposible reparación para efecto del juicio de amparo. Cierto, como se desprende del contenido de la demanda de amparo, los promoventes señalaron como acto reclamado el siguiente: ".El Acuerdo dictado por el C. Juez Civil de Primer Instancia de Colotlán, Jalisco. Con fecha 08 ocho de Junio del 2021 dos mil veintiuno." En el escrito aclaratorio de señalan lo siguiente: "El acuerdo que nos causa agravios como lo referimos es el dictado el día 08 ocho de Junio de 202 de dos mil veintiuno, el cual viene de múltiples violaciones a nuestra legislación mercantil, por se admite un recurso de revocación el cual fue presentado por la parta actora demandante el día 12 doce de Abril de 2021 de dos mil veintiuno y la quejosa manifiesta que presenta recurso de revocación en contra del auto de fecha 06 seis de Abril de 2020 dos mil veinte, lo cual a todas luces se encuentra fuera de tiempo porque de acuerdo con el artículo 1335 del Código de Comercio dicho recurso debe presentarse dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación .porque de nueva cuenta con ese acto se autorizaría que de nueva cuenta se realice embargo el cual ya fue realizado y al mismo tiempo la demandante Karla Patricia Calderón Márquez se desistió y ratificó su escrito el día 01 primero de Julio de 2019 dos mil diecinueve." Ahora, del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, siempre y cuando dichos actos tengan el carácter de imposible reparación; es decir, que afecten de manera directa derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte el diverso artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que, cuando se trate de violaciones procesales cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el juicio de amparo directo, siempre y cuando la naturaleza de esas violaciones sea tal que afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo; por lo que, la excepción a esa regla será, como se dijo en el párrafo que antecede, cuando las violaciones tengan efectos de imposible reparación. Luego, es necesario identificar los actos que tengan el carácter de imposible reparación y que afecten de manera directa derechos sustantivos, para así diferenciarlos de aquellos que afecten derechos de índole formal o adjetiva. Sirve de apoyo la tesis con número de registro 180415, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció el criterio de aquello que debe entenderse como actos de imposible reparación; puntualizando que el legislador precisó en la redacción del artículo en comento, que serán los actos que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, causando una lesión a bienes jurídicos cuya fuente no provenga de leyes adjetivas. En otro modo, dicha condicionante se deduce en dos requisitos; el primero, en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos que impidan el libre ejercicio de los mismos en forma presente, aún antes de que se dicte la resolución definitiva; y, el segundo, que esos derechos que fueron afectados les revista la categoría de derechos sustantivos. Dicho criterio lo plasmó en la jurisprudencia: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (Época: Décima Época. Registro: 2006589. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 37/2014 (10a). Página: 39). « Esta tesis se publicó el viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013». De tal manera que los actos tienen efectos de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales consagradas en la Constitución o en las Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (vida, integridad y libertad personal, honra y dignidad, conciencia y religión, pensamiento y expresión, propiedad privada, posesión, reunión, asociación, a recibir alimentos por parte de los menores, salud, educación, etcétera), de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Sirve de apoyo la jurisprudencia: "COMPETENCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 55/2003, sostuvo que el juicio de amparo indirecto procede, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada debe reponerse el procedimiento, lo que trae como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, ese criterio fue pronunciado conforme al marco legal anterior al 3 de abril de 2013. Ahora bien, en observancia a la diversa jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", procede establecer que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal previó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que, sin ulterior recurso, desecha o desestima la excepción de falta de competencia, pues para la promoción de dicho juicio contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De acuerdo con lo anterior, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 55/2003, e improcedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que aquélla se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento". (Época: Décima Época. Registro: 2007462. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: PC.I.C. J/7 C (10a). Página: 992). Puntualizado lo anterior, lo que sigue por examinar es si el contenido de la determinación de ocho de junio de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 430/2018, mediante la cual el Juez Civil de Primera Instancia en Colotlán, Jalisco, admitió el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en contra del auto de seis de abril de dos mil veinte, es o no un acto cuyos efectos de son imposible reparación. Se toma en consideración que por disposición expresa de la fracción V del artículo 107 de la citada ley reglamentaria, los actos en juicio tienen efectos de imposible reparación y por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto cuando afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar, ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna. Efectivamente, los actos como la determinación reclamada, tienen efectos de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Tiene aplicación, por las razones que la informan, la tesis aislada con número de registro 213684, de rubro: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. SOLO PROCEDE CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO LA EJECUCIÓN DE ESTOS SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL"; asimismo, la jurisprudencia con número de registro 200222, de rubro: "ACUMULACIÓN. LA RESOLUCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO". Por lo anterior, se concluye que el juicio de amparo indirecto promovido contra el auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, por el Juzgado Civil de Primera Instancia en Colotlán, Jalisco, que admitió el recurso de revocación, resulta improcedente, porque esa determinación no puede ser considerada como un acto cuyos efectos son de imposible reparación, puesto que no es definitiva para los efectos del juicio que intenta. En el entendido de que el hecho de que se haya admitido el recurso de revocación con el cual se pudiera autorizar -como lo refieren los quejosos se realice la diligencia de embargo, no altera las cuestiones debatidas dentro del procedimiento, ya que dicha determinación únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales; aunado a que las partes aquí promoventes pueden obtener una resolución favorable a sus intereses, o en caso contrario, puede hacerlo valer como violaciones al procedimiento al impugnarse la sentencia definitiva que no le fuera favorable, a través del juicio de amparo directo. Así, al hacer la distinción entre actos de efectos irreparables dentro del juicio y aquellos que no lo son, se establece que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, porque siendo los efectos de este tipo de violaciones meramente formales, son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable y por ello, procede el amparo directo. Sirve de apoyo por identidad de criterio: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad. (Época: Novena Época. Registro: 171420. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Materia(s): Laboral. Tesis: I.6o.T. J/84. Página: 2403). Asimismo, tiene aplicación en sentido contrario la tesis con número de registro 180217, de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS"; así como la jurisprudencia con número de registro 205651, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo. Luego, como lo prevé el "Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes", se les invita a las partes a que a continuar con la tramitación de esta contienda mediante el esquema denominado "juicio en línea", y para tal efecto, es necesario utilizar los medios electrónicos disponibles del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; esto es que realicen las gestiones necesarias para que soliciten la consulta del expediente electrónico, así como notificaciones por esa misma vía. Adicionalmente, para comunicaciones no procesales y entablar contacto de manera expedita con las personas justiciables, si así lo desean, podrán proporcionar "correos electrónicos"; y "servicios de mensajería instantánea", cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente dígasele a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones así como la sentencia que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna se publicarán con sus datos personales.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, por el que en atención al requerimiento de veinticuatro de junio del presente año, informa un posible domicilio del tercero interesado Jesús Pérez Valadez, por tanto, téngasele a la autoridad dando cumplimiento con dicho requerimiento, y déjese sin efectos el apercibimiento decretado. Ahora bien, del oficio se desprende que el domicilio número 2, cuenta únicamente con el nombre de la calle, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Ayuntamiento Constitucional de Arandas Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el número de la finca o en su caso, calles colindantes con el domicilio, a efecto de poder desahogar el emplazamiento correspondiente. Bajo apercibimiento que de ser omiso se le impondrá multa, de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Amparo.

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