Ma del Carmen Gutierrez Gonzalez

Expediente 863/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
863/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Ma del Carmen Gutierrez Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por *****, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Pronunciamiento con relación a la competencia planteada por conocimiento previo. Por recibido el oficio signado por el juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, al que adjuntó el original del juicio de amparo ** de su índice, promovido por **, y copias de traslado; lo anterior, al considerar que la competencia para seguir conociendo del referido juicio de amparo recae sobre este órgano jurisdiccional actuante, atento a que con anterioridad, se tramitó ante este tribunal federal el diverso juicio de amparo **, promovido por **, en contra actos derivados del juicio **, del cual deriva el acto reclamado en esta instancia. Así, una vez expuesto lo anterior y vistos los autos del aludido juicio de amparo ** del índice de este órgano judicial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 fracciones I y II y 46 fracción II del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales", este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **, con que se formó el juicio de amparo **, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad; acúsese recibo. Dese aviso a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, para efectos de la compensación en las cargas de trabajo. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo signada por ** , contra actos del Juez Único de Partido Civil de Moroleón, Guanajuato y actuario de su adscripción, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número 863/2021-I-b. Desechamiento de demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone:??? "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido1. En esa vertiente, al tener a la vista en original lo actuado en el diverso juicio de garantías ** del índice de este Juzgado, mismo que se invoca como hecho notorio, con fundamento en lo establecido por el artículo con 1 Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". fundamento en los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° y 113 de la Ley de Amparo2, procede desechar la demanda, debido a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". El precepto transcrito establece la causa de improcedencia del juicio sustentada en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del propio dispositivo, parte del supuesto referente a que un segundo juicio de amparo es promovido por el mismo quejoso, contra idénticos actos y autoridades responsables que en un proceso constitucional anterior, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. La disposición en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con 2 "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano".??? sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un punto litigioso particular. Así, para que se actualicen los supuestos establecidos en la hipótesis de improcedencia en análisis, se requiere la actualización de los siguientes presupuestos: 1. La existencia de otro juicio de amparo promovido por el propio quejoso. 2. Que sea contra la misma ley o acto reclamado e idénticas autoridades responsables. 3. Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO.- Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses 3 Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, volumen 181- 186, página 91. jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". De conformidad con lo expuesto, la existencia de la cosa juzgada excluye la procedencia de un segundo proceso, siempre que esté presente identidad subjetiva, objetiva y causal con el primero, pues lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, ya que de lo contrario conllevaría abandonar el criterio previamente dictado y avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. De modo que la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del invocado artículo 61 de la Ley de Amparo puede aplicarse para desechar o sobreseer en el juicio, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto, pues se entiende por cosa juzgada la verdad legal que no admite ulterior recurso. Sobre el particular, conviene citar la jurisprudencia 4354, sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del 4 Novena Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, tomo I, página 1482.??????????????? procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Así, de lo hasta aquí expuesto, como se precisó, son tres las condiciones necesarias para que se actualice la causal de improcedencia en análisis, a saber: a) La existencia de un juicio de amparo anterior. b) Que ese juicio haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. c) Que se haya dictado ejecutoria al respecto. En el caso, por lo que hace a las dos primeras de las condiciones enunciadas, es preciso invocar, como se precisó, como hecho notorio lo actuado en el juicio de garantías ** del índice de este Juzgado, promovido por la aquí quejosa **, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del Juez Único de Partido Civil de Moroleón, Guanajuato y actuario de su adscripción, y por el acto consistente en: "De la autoridad ordenadora, se reclama el infundado e injusto auto en el que supuestamente ordena la desocupación y entrega del inmueble de mi propiedad, siendo que nunca he sido llamada o vencida en juicio alguno; por lo que hace a la autoridad ejecutora, se reclama la ejecución que lleva a cabo del infundado e injusto auto de ejecución dictado."; como se advierte de lo siguiente: En el citado juicio de amparo **, el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia correspondiente, en el sentido de sobreseer el juicio de amparo, en virtud de la inexistencia de un perjuicio en agravio de la quejosa, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica de la promovente del juicio de amparo, al considerarse que el derecho personal que ejercitó la actora frente al demandado en el juicio del que emana el acto reclamado, no puede contraponerse al derecho real de la quejosa, respecto de la propiedad del inmueble que le corresponde por virtud del contrato de compraventa que exhibió en copia certificada, ello porque no se le afecta en modo alguno el derecho que aquí defiende; lo anterior, conforme a las siguientes consideraciones: QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la??? jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 del siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías. En el presente caso, este juzgado federal estima que el presente asunto es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no demostró su interés jurídico. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Por su parte, los artículos 61 fracción XII, 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: 5 Quinta Época, con número de registro 279970, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII, página 201. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico o interés legítimo. Así en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa al provenir el acto reclamado de una autoridad judicial; el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta. En ese orden de ideas, al tratarse de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, como sucede en el caso, para la procedencia del amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido este como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso.?? En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado le cause un perjuicio, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/20076, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En el caso, la promovente se ostenta como tercera extraña al juicio ordinario civil número ** del índice del juzgado responsable, bajo el argumento de que la orden de desposesión respecto del bien inmueble que en esta vía defiende, viola sus derechos humanos, por la razón de que 6 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, página 225. es una persona extraña al procedimiento, por no ser parte demandada. Por persona extraña, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; queda incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7, de rubro y texto siguientes: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Consecuentemente, cuando una persona extraña a un juicio civil aduce que se afectaron los derechos de posesión que manifiesta ejercer sobre un bien determinado, para que éstos puedan ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal contemplados en la legislación secundaria relativa (Código Civil del Estado de Guanajuato) que genere a su favor, el citado derecho, ya sea originaria o derivada, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene el derecho alegado sobre ese bien, pues la simple tenencia material de la cosa no es tutelada por la garantía de audiencia, consagrada en el artículo 14 Constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 1/2002 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, 7 Novena Época, registro número 196932, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 56. 8 Novena Época, número de registro 187733, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, página 5.?? DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Por lo anterior, si la peticionaria de amparo aduce ser tercera extraña al juicio natural, tiene la carga procesal de acreditar dos extremos: a) Contar con un título que se sustente en alguna institución jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; y, b) Tener la posesión material del inmueble involucrado en la Litis del juicio de origen. Entonces, atento al carácter con el que se ostenta la parte quejosa, es decir, ajena al juicio de primera instancia y agraviada directa con motivo de la emisión del acto reclamado, resulta imprescindible analizar la eficacia de las probanzas en las que se hace descansar su interés jurídico, conforme a las consideraciones que expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación9, en la tesis 2a. LII/97, que es del contenido siguiente: INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público. En ese contexto, se tiene que la parte inconforme aduce que es propietaria y poseedora del bien inmueble ubicado en **. Para justificar lo anterior, ofreció como material probatorio: 1. Copia certificada del primer testimonio del instrumento notarial **, pasada ante la fe del Notario Público número *, y del Patrimonio Inmueble Federal del municipio de Zimapan, Estado de Hidalgo, relativa a la protocolización del contrato privado de compraventa celebrado entre ** y **, el cinco de octubre de dos mil diecinueve, respecto del bien inmueble ubicado en ** (fojas 72 a 76 de autos); así como copia certificada del citado instrumento notarial que contiene el contrato privado de compraventa que se protocolizó en el mismo (fojas 77 a 87 ídem). 2. Copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número **, volumen **, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, que contiene la protocolización del contrato de compraventa celebrado entre ** y **, respecto del bien inmueble ubicado en **, Guanajuato (fojas 88 a 97 ídem). Empero, las documentales aludidas, son ineficaces para acreditar el interés jurídico indispensable para acudir a la presente controversia constitucional. Cierto, basta con imponerse del libelo de demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa, como sustento del amparo intentado, se duele de que se le pretende privar del derecho de propiedad que le asiste respecto del inmueble ubicado en **, al ser propietaria en virtud de la copia certificada del contrato privado de compraventa de fecha cinco de octubre de dos mil diecinueve, protocolizado ante notario el dieciséis del mismo mes y año, celebrado entre **, en su carácter de vendedor, y la hoy parte quejosa como compradora. Se afirma que se actualiza la causa de improcedencia en mención, atento a las siguientes consideraciones: En la especie, es preciso definir qué clase de acción fue la que dio origen al juicio natural, esto es, si lo fue una de carácter real o una de carácter personal. Al efecto, el artículo 30 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato10, prevé la 10 Artículo 30. Por razón de territorio es juez competente: I. El del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmente sobre el cumplimiento de su obligación; II. El del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación; III. El de la ubicación de la cosa, tratándose de acciones reales sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Si las cosas estuvieren situadas o abarcaren dos o más circunscripciones territoriales, será competente el juez que prevenga en el conocimiento del negocio; IV. El del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales o del estado civil. Si hubiese varios demandados y sus domicilios se ubican en dos o más circunscripciones territoriales de partido, es competente el juez que prevenga en el conocimiento del negocio. Tratándose de responsabilidad civil, es juez competente el del lugar donde se realizó el hecho que le haya dado origen, o el del domicilio del demandado a elección del actor o demandante. En los juicios de alimentos es juez competente el del domicilio del actor o del demandado a elección del acreedor alimentario. V. El juez del lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión en la época de su muerte, tratándose de juicios hereditarios; a falta de ese domicilio será juez competente el de la ubicación de los bienes raíces, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III. A falta de domicilio y bienes raíces es juez competente el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Es también competente el juez de que trata ésta fracción, para conocer: competencia de los órganos jurisdiccionales del estado, distinguiendo de acciones reales y acciones personales. Por su parte el artículo 1899 del Código Civil del Estado de Guanajuato, dispone: "Artículo 1899. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente: una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto". Conforme a ese precepto, se entiende que el arrendamiento es un derecho personal, distinto a las acciones reales que son las que nacen de los derechos reales, como pueden ser: dominio, servidumbre, prenda, hipoteca, etcétera. Así la acción real, se dirige a reclamar las cosas que el actor pretende como propias o los derechos reales que pretende sobre ellas, con independencia de la persona del demandado. En cambio, la acción personal, es aquella cuya pretensión tiende al reconocimiento de algún derecho personal del actor y eventualmente a exigir el cumplimiento de alguna obligación. De lo dicho, se tiene que la clasificación de acción real o personal, alude al derecho que es objeto de la pretensión, en donde la real refiere a la cosa misma sin importar la persona; y la personal, como su nombre lo indica se vincula con la persona de la contraparte. Lo anterior encuentra sustento, en la parte conducente, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos cincuenta y uno del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CV, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL (ACCIONES REALES Y PERSONALES). Debe determinarse si la acción ejercitada es real o personal, si la naturaleza de la misma tendrá que servir de base para establecer a cuál de los dos Jueces que contienden, compete legalmente, conocer del juicio. Acción personal es la que corresponde a alguno para exigir de otro el cumplimiento de cualquiera obligación, ya sea que ésta emane de contrato o cuasi a) De las acciones de petición de herencia; b) De las acciones contra la sucesión, antes de la partición y adjudicación de los bienes; y c) De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria; y VI. En los actos de jurisdicción voluntaria, salvo disposición contraria de la ley, es juez competente el del domicilio del que promueve, pero si se trata de bienes raíces, lo será el del lugar en que estén ubicados, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III. VII.?? contrato o nudo pacto, ya de delito o cuasi delito, y acción real es la que nace de alguno de los derechos llamados reales, como son el dominio pleno o semi pleno sobre una cosa, la sucesión hereditaria, la servidumbre, la prenda o la hipoteca, y se llaman reales estos derechos, porque no afectan a la persona, sino a la misma cosa". De lo antes expuesto, se puede válidamente establecer que en el caso concreto, la acción que **, por su propio derecho y en representación de los copropietarios de nombres **, *, *, * y *, todos de apellidos *, intentó en contra de * y/o * y/o *, en el juicio natural, consistente en la desocupación y entrega del local comercial ubicado en *, sin lugar a dudas es una acción de carácter personal. En esas condiciones, debe convenirse en que el derecho personal que ejercitó la actora frente al demandado en el juicio del que emana el acto reclamado, no puede contraponerse al derecho real de la peticionaria de amparo, respecto de la propiedad del inmueble que le corresponde por virtud del contrato de compraventa que exhibió en copia certificada, ello porque a la hoy parte quejosa no se le afecta en modo alguno el derecho que aquí defiende. Se afirma lo anterior, toda vez que el juicio natural se ejercitó con el objeto de que la parte demandada desocupara el inmueble objeto del arrendamiento, e hiciera la entrega de éste a la parte actora, posesión que adquirió a través del contrato de arrendamiento verbal de siete de junio de dos mil dieciséis11, de ahí que el objeto del juicio única y exclusivamente compete a las partes involucradas en él, por lo que todo lo resuelto en éste surtirá efectos solamente a las partes. Dicho lo cual, se evidencia que en ese caso no es dable que se afecte un derecho ajeno al de las partes, es decir el de un tercero, pues no le resultaría el carácter de parte interesada en lo que constituye la materia del juicio, porque lo resuelto en él no podría afectar en modo alguno los intereses de éste, ni tampoco se le afectaría derecho sustantivo alguno protegido por la Constitución Federal a través de las garantías individuales, concretamente el derecho de audiencia, en atención a que tal como se señaló, el ejercitarse una acción personal, únicamente puede vincular a las partes en el juicio, sin que pueda existir un diverso tercero afectado. 11 Foja 3, del tomo I de pruebas. Es por ello que se afirma, que la hoy parte quejosa no resiente con la tramitación de dicho juicio una afectación directa a sus derechos, de ahí que no acredite su interés jurídico en el presente juicio constitucional. Esto es así, porque para que se respete la garantía de audiencia del gobernado, es menester que se acredite la afectación que se haya sufrido en las propiedades, posesiones o derechos con la tramitación del juicio actual, a fin de que exista la obligación por parte de las autoridades responsables de respetar las formalidades y, por ende, dar oportunidad al agraviado (ya sea como parte o como tercero extraño al procedimiento) de exponer todo lo que considere conviene a la defensa de sus intereses, en términos de lo establecido por el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que en el caso no ocurrió, toda vez que la parte quejosa no acreditó el interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional, en virtud de que tal como se estableció en líneas que preceden, la litis del juicio natural atañe única y exclusivamente a las partes involucradas en el mismo al tratarse de un juicio en el que se ejercitó una acción personal, como lo es la rescisión del contrato verbal de arrendamiento de fecha siete de junio de dos mi dieciséis, mismo que constriñe sólo a las partes en el juicio natural. Ello, porque el derecho de propiedad que afirma la accionante de la tutela federal que le asiste, no se ve afectado con la tramitación del juicio en comento, porque como se analizó con antelación, solamente incumbe a las partes en él al derivar de la acción personal que se ejercitó. Esto es, si la tutela a sus derechos fundamentales versó en el hecho de que no fue oída ni vencida en el juicio de origen, porque la parte quejosa es propietaria del bien controvertido, es incuestionable que ello constituye la defensa de un derecho diverso al que fue materia de la mencionada controversia, y por ello, su intervención en ese juicio, no podría tener por efecto que se examinara el derecho real que ostenta, en tanto en el litigio de origen, se analizó una acción que por su naturaleza es diversa de aquélla en la que su objeto lo constituye el examen de un derecho de propiedad. Luego, si en el juicio de amparo, la parte quejosa reclamó, en su carácter de tercera extraña, que no se respetó su garantía de audiencia en el juicio natural, en tanto que no fue oída ni vencida, debe decirse que la tramitación de ese procedimiento no justifica la afectación a su derecho de propiedad, pues la determinación que de dicha controversia derive, sólo perjudican a quienes fueron parte en el mismo, por tratarse de una acción personal, que se??? ejerció con el objeto de que se rescindiera el contrato verbal de arrendamiento de fecha de siete de junio de dos mil dieciséis y en consecuencia, que el demandado desocupara el inmueble materia de la litis, e hiciera la entrega del mismo a la parte actora. Esto, porque las determinaciones allí pronunciadas, sólo se ocuparon de las cuestiones que fueron materia de la litis en ese procedimiento, sin que exista razón legal para que, a través del juicio de amparo se ordene llamar a un tercero, si no fue parte del litigio y, por lo mismo, que el derecho real que refiere para justificar su interés jurídico, carezca de sustento para su procedencia, en tanto la controversia reclamada ventiló derechos distintos al de propiedad que reclama, los cuales no prejuzgan ni nulifican los que dice tener la parte quejosa, pues no existe acto de autoridad alguno que permita establecer la privación de ese derecho. Así, la circunstancia de que haya exhibido pruebas que a su juicio pudieran acreditar la propiedad del bien inmueble ubicado en Avenida América, número 1322 colonia Modelo en Moroleón, Guanajuato, no es razón suficiente para comprobar la afectación a su esfera jurídica de derechos con motivo de la tramitación del juicio en el que dice no fue oída ni vencida, pues con independencia de la propiedad del bien que ostenta, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe estar relacionada con el acto de autoridad que dice le agravia, pues es a partir del perjuicio que éste ocasione y la demostración del derecho que le asiste, que se actualiza su interés jurídico. Ello, porque la afectación que ocasiona el acto de autoridad, requiere de una vinculación entre éste y la esfera jurídica de los derechos del gobernado, por esto, si en el juicio de origen se involucraron derechos personales derivados del contrato verbal de arrendamiento de siete de junio de dos mil dieciséis, distintos a los que refiere derivan de la propiedad del referido bien, es incuestionable que la garantía de audiencia que reclama no podría verse afectada con lo actuado en ese procedimiento, al examinar una acción distinta de aquélla en que sustentó su intervención al mismo y que, por ello, no existe obligación de este juzgador para examinar las pruebas que indica. Es de exacta aplicación, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, Julio de 1997, página 397, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA DE AUDIENCIA. NO ES NECESARIO OTORGARLA A TERCEROS RESPECTO DE LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE ACCIONES PERSONALES. Cuando en el juicio de garantías, el acto reclamado se haga consistir en que no se otorgó la garantía de audiencia a un tercero extraño en los juicios que versen sobre acciones personales, como lo es el de otorgamiento de escrituras, en aquél debe sobreseerse porque este último no afecta el interés jurídico del tercero, pues el citado juicio versó sobre una acción personal que se ejercita con el objeto de que la parte demandada otorgue la escrituración al actor del inmueble respecto del cual había celebrado contrato de compraventa, de tal manera que en este caso, el objeto del juicio sólo interesa a las partes, pues la sentencia que en éste se dicte exclusivamente surte efectos entre ellas, por lo que no existe razón legal para que se llame a juicio al tercero, ya que a éste no le resulta el carácter de parte interesada en lo que fue materia del referido litigio y, por ende, la resolución que en el mismo se dicte, no le afecta ningún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales y menos aún la de audiencia, porque para que su otorgamiento se haga procedente es indispensable que se pretenda privar o se prive al gobernado de alguno de los derechos enunciados en el artículo 14 constitucional, lo que no ocurre con el dictado de la sentencia en el juicio de referencia, pues ésta no puede afectar los derechos de propiedad o posesión que algún tercero haya adquirido respecto del inmueble de cuya escrituración se trate, porque los efectos de dicha sentencia sólo se limitan al derecho del actor de que se le otorgue la escrituración, pero no prejuzga ni nulifica la existencia de los derechos de terceros ajenos al juicio en que se emita, salvo que con base en ella se pretenda, en ejecución, privar al quejoso de sus derechos de propiedad o posesión." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número IV.3°. J/26, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 41, tomo 66, Junio de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. Si la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso, y si de todo lo actuado en el juicio civil de donde emana el acto de molestia no se advierte pronunciamiento alguno que pudiese afectar la esfera jurídica de los intereses del solicitante de garantías, entonces, éste carece de la debida legitimación para ejercitar la acción constitucional que por sus propios derechos pretende, en virtud de que el artículo 4° de la Ley de Amparo, ello sólo es dable a quien perjudique el acto reclamado." Consecuentemente, al centrarse la litis del mencionado juicio de origen en la rescisión del contrato verbal de arrendamiento de siete de junio de dos mil dieciséis, así como en la desocupación y entrega del bien inmueble controvertido a la parte actora, entre otras cosas, en el que si bien se involucró el inmueble que defiende la parte?? quejosa, en todo caso, la propiedad del mismo será materia de examen de la controversia correspondiente, en la que la autoridad analice el pacto de voluntades de que se trata, pero en función del mencionado derecho real que dice le asiste y no por medio de una acción distinta. Tan es así, que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que ya ejercitó acción en contra de **, aquí tercera interesada ante el Juzgado de Partido Único Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato, radicado bajo el expediente **, donde defiende la propiedad del inmueble cuya afectación aquí reclama. Por tanto, es evidente, que en el contradictorio de origen (que versa sobre el ejercicio de rescisión de contrato verbal de arrendamiento), no se discute la titularidad de ningún bien o derecho real, mucho menos afecta con gravamen de la naturaleza indicada al inmueble que aquí defiende la quejosa, en atención a que, dada la naturaleza jurídica de la acción de que se trata, con ella solo se persigue la desocupación del bien otorgado en arrendamiento, así como, el pago de las rentas causadas y no cubiertas, de donde es claro, que el derecho ejercido dimana de un contrato de alquiler, y por consecuencia lógica, las excepciones que pueda oponer el inquilino, también encontrarán su fundamento en el propio contrato y en cuanto a las prestaciones recíprocas que se prestan arrendador y arrendatario, deben reputarse como índole meramente personal, pues el primero está obligado a conceder el uso o goce de una cosa, y al otro en cambio se le impone pagar un precio cierto, situaciones que en nada afectan el derecho real de propiedad de la cosa arrendada, de ahí la falta de interés de la parte agraviada, para que sea llamada al juicio de origen del que derivan los actos reclamados. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por no haber acreditado la quejosa su interés jurídico para impugnar el acto reclamado; se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, de conformidad con la jurisprudencia 50912, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos 12 Séptima Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, tomo VI, página 335. tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la actuaria adscrita al Juzgado Único Civil de Parido y de Moroleón, Guanajuato; en virtud de que no se impugnaron por vicios propios, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia13, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Sin que haya lugar a contestar los alegatos formulados por la tercera interesada en su escrito registrado con número 2371, toda vez que estos no forman parte de la litis. Lo narrado hace patente, en lo que aquí interesa, la existencia de un juicio de amparo anterior, promovido por la misma quejosa, esto es, **, en contra de las mismas autoridades responsables (Juez Único de Partido Civil de Moroleón, Guanajuato y actuario de su adscripción) y respecto del "infundado e injusto auto en el que ordena la desocupación y entrega del inmueble de mi propiedad, siendo que nunca he sido llamada o vencida en juicio alguno; por lo que hace a la autoridad ejecutora, se reclama la ejecución que lleva a cabo del infundado e injusto auto de ejecución dictado"; por lo que, con ello, se estiman satisfechos los dos primeros requisitos necesarios para que se surta la causal de improcedencia que se examina. Ahora bien, respecto a la tercera de las condiciones de mérito, esto es, que se haya dictado ejecutoria en el juicio 13, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo 90 Tercera Parte, página 41.? de amparo invocado, se observa que la sentencia de referencia emitida en el juicio de amparo **, se declaró que causó ejecutoria por auto de once de octubre de dos mil veintiuno, como se advierte de la siguiente transcripción: "Celaya, Guanajuato, once de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en la que este Juzgado sobreseyó en el juicio de amparo promovido por **, no fue recurrida en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; mientras que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a) del propio acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración; ambos supuestos, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio y se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación, así como el presente acuerdo que ordena el archivo del asunto como totalmente concluido." Información la anterior, que, se insiste, constituye un hecho notorio para quien resuelve en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de resoluciones publicadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación (S.I.S.E.), cuyo acceso es para el personal autorizado de los diversos órganos del mencionado Poder Judicial. En las relatadas condiciones, al existir un juicio de amparo en el que hay identidad de promovente ** autoridades responsables (Juez Único de Partido Civil de Moroleón, Guanajuato y actuario de su adscripción) y acto reclamado (auto que ordena la desocupación y entrega del inmueble ubicado en **, emitido dentro del juicio ordinario civil número ** del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato); respecto del cual este órgano jurisdiccional, se pronunció sobreseyendo el juicio de amparo, en virtud de la falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley, por parte de la quejosa para que fuera llamada al contradictorio de origen, ante la ausencia de agravio personal y directo; determinación que causó ejecutoria el pasado once de octubre de dos mil veintiuno, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia analizada. No es obstáculo para considerar que se da la causal de improcedencia de cosa juzgada el hecho de que en el primer amparo se haya decretado el sobreseimiento del juicio, ello en virtud de que si bien por regla general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; sin embargo, también ha establecido nuestro Máximo Tribunal, que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, la improcedencia por falta de interés Jurídico puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Siendo que en los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico. Lo que sucede en el presente caso, pues se desestimó la falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley, para que la quejosa fuera llamada al contradictorio de origen, dado que se estableció, entre otras cosas, que la quejosa no resiente con la tramitación de dicho juicio una afectación directa a sus derechos, de ahí que no acredite su interés jurídico en el presente juicio constitucional, pues el derecho personal que ejercitó la actora frente al demandado en el juicio del que emana el acto reclamado, no puede contraponerse al derecho real de la peticionaria de amparo, respecto de la propiedad del inmueble que le corresponde por virtud del contrato de compraventa que exhibió en copia certificada, ello porque a la hoy parte quejosa no se le afecta en modo alguno el derecho que aquí defiende. De ahí que se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues aceptar lo contrario, es tanto como permitir que una cuestión que ya ha sido materia de otro juicio, pueda ser reclamada por el gobernado cuantas veces lo considere, lo que conllevaría el menosprecio y final desconocimiento de la jurisdicción de los tribunales que en principio resolvieron el asunto; incluso a emitir resoluciones contradictorios, lo cual es lo que se pretende evitar la causal de improcedencia analizada. Es por ello que al haber quedado firme el sobreseimiento en el diverso juicio de garantías **, del índice de este Juzgado, ya que, además, la peticionaria omitió impugnar esa determinación a través del recurso de revisión, opera de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede procede desechar de plano la presente demanda. Resulta aplicable a lo anteriormente citado, la jurisprudencia por contradicción de tesis con registro digital IUS 2022434, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en? el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza." (lo subrayado es propio). Finalmente, se ordena agregar al presente cuaderno copia certificada de la sentencia y proveído que la declaró firme, del diverso juicio de amparo ** de la estadística de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la promovente el señalado en su demanda de amparo y como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ** toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que tiene su cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y en términos restringidos del citado numeral a las demás personas que menciona, por no contar con dicho registro, sin perjuicio de que pueda realizarlo y acreditarlo ante este juzgado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano