Ma. del Carmen Gómez Salinas

Expediente 1417/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1417/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Ma. del Carmen Gómez Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ... Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por el Juez, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Ma. del Carmen Gómez Salinas, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero, fracción V, en relación con el ordinal cuarto del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de depuración , en su caso, así que una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. ...Finalmente, agréguese a los autos sin mayor trámite el informe justificado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Estados al Servicio del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, al encontrarse concluido en definitiva el presente asunto. ..

  2. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las once horas del doce de noviembre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1417/2019-3, promovido por Ma. del Carmen Gómez Salinas El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. Enseguida, el Secretario procede a dar lectura al escrito de demanda, así como a las demás constancias de autos; posteriormente, dicho funcionario hace constar que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue omiso en rendir informe justificado dentro del término de quince días, a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio 22168/2019, en que se le solicitó el informe de mérito, como se advierte de la constancia que obra en autos (foja 24). A lo que el Juez acuerda: téngase por relacionadas las constancias de autos, y al Secretario asentando tal certificación para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, en el periodo probatorio, se hace constar que no existen pruebas por relacionar. Posteriormente, en la fase de alegatos, se da nueva cuenta con la intervención ministerial 810/2019 formulada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 9 y 10). A lo que se acuerda: téngase por reproducidos los mismos. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 1417/2019-3; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Ma. del Carmen Gómez Salinas promovió juicio de amparo contra acto del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de tres de diciembre siguiente, se admitió la demanda con el número 1417/2019-3, se ordenó dar los trámites administrativos comunes, pedir informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia que el presente asunto estuvo suspendido del diecisiete de marzo al diecinueve de agosto de dos mil veinte, en que se reanudó con motivo de la contingencia de salud derivada del virus COVID-19. Finalmente, la audiencia constitucional se desarrolló en los términos que se anotan; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el cinco de abril de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 1115/M/2017. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado, con asiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue omiso en rendir informe justificado dentro del término de quince días, no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio 22168/2019, a través del cual se le solicitó el informe de mérito, como se advierte de la constancia que obra en autos (foja 24), por lo que con apoyo en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se presume cierto el acto que se le atribuye. En consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado a la mencionada autoridad responsable. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 7/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206350, que textualmente establece: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." CUARTO. En virtud de que quien esto resuelve no advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, ni las partes alegan la configuración de alguna, se procede al examen de los conceptos de violación que se hacen valer, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese sentido, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, (registro 164618), cuyo rubro y texto marcan: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Cabe precisar que en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe con justificación, y tomando en cuenta que el acto reclamado por el peticionario amparo lo constituye la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de abril de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 1115/M/2017, cabe decir que no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que la constitucionalidad o inconstitucionalidad depende del estado procesal en que se encuentre el asunto; lo cual no se puede determinar con la presunción de certeza de que aún no se han dictado la resolución correspondiente, así como las notificaciones y tramitado el juicio natural en términos de ley, sino que es necesario tener a la vista las constancias del expediente del que deriva el acto reclamado, para así estar en condiciones de analizar si la omisión que se atribuye a la responsable es inconstitucional, lo cual de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde demostrar a la parte quejosa. Resulta preciso transcribir lo que dispone dicho numeral y párrafo: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. . Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. ..". De la transcripción del citado dispositivo legal, se advierte que la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, y las garantías que dice la quejosa se violan en su perjuicio, queda a cargo de la parte que solicita el amparo, y al no haber aportado prueba alguna para demostrar tal circunstancia, no se está en posibilidad de analizar si el acto reclamado por la parte quejosa es o no inconstitucional, y que además se violen en su perjuicio las garantías constitucionales que refiere en su demanda de garantías. Ello, pues no basta el simple hecho de que la impetrante de amparo, en su escrito de demanda, manifieste que se violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 8 y 17 Constitucionales. Sin embargo, al haber sido omisa la autoridad responsable en rendir su informe justificado, y atento a lo establecido en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde a la quejosa la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del hecho, y la violación de los derechos fundamentales de que dice es objeto con el actuar de la responsable. Es decir, demostrar que realmente existe un juicio en el que es parte la quejosa, y que se ha omitido acordar el escrito en el expediente 1115/M/2017, de ahí que lo constitucional o inconstitucional del acto reclamado por la impetrante, dependa en principio de la existencia del juicio y de la omisión que refiere, y de acreditarse éstos supuestos -que en la especie no aconteció-, del estado procesal del juicio natural, así como de las pruebas o datos que la responsable tenga en consideración para mantener su conducta omisiva, como lo refiere la impetrante de amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 279 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 232, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, Novena Época, registro 917813, que es del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." (Énfasis añadido). También apoya tal argumento, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, identificada con el número III. 1o. A. 59 K en la página 402, tomo XIV, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 209904, que textualmente dispone: "ACTO RECLAMADO. LA NATURALEZA DE LA VIOLACIÓN ALEGADA NO ES LO QUE DETERMINA SI ES O NO INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO EL. No es la naturaleza de la violación que se alegue, lo que determina si un acto reclamado en amparo es o no inconstitucional en sí mismo, sino que, para establecer cuándo tiene ese carácter, debe estarse a lo que dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual señala substancialmente, que un acto no es en sí mismo violatorio de garantías, cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto; de lo que resulta, que cuando el acto reclamado pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no debe ser tenido, en sí mismo, como violatorio de garantías, y en cambio, cuando en ningún caso la responsable pueda realizar el acto impugnado, llenando o no requisito alguno, debe estimarse como violatorio de garantías en sí mismo." Entonces, al no haber demostrado la parte quejosa con prueba alguna la inconstitucionalidad del acto que reclama, lo que procede es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Ma. del Carmen Gómez Salinas, respecto del acto consistente en la omisión que aduce sin demostrarla en el expediente 1115/M/2017, atribuido al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Ma. del Carmen Gómez Salinas, en el juicio de amparo 1417/2019-3, respecto del acto consistente en la omisión que reclamó sin demostrarla en el expediente 1115/M/2017, atribuido al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por los motivos anotados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...se advierte que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Tamaulipas, con asiento en Ciudad Victoria... remítase por segunda ocasión copia de la demanda de amparo, a fin de que esté en posibilidad de rendir su informe justificado. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa... se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fija las once horas del doce de noviembre de dos mil veinte....

  4. Principal

    ...se advierte que a la fecha no ha rendido su informe justificado el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria... se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se fijan para su celebración a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE...

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