Ma. del Carmen Gomez Padilla

Expediente 672/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
672/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Ma. del Carmen Gomez Padilla

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, quince de agosto de dos mil diecinueve. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo promovido por Fernando Amaya Gracia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura al escrito de demanda, así como a las demás constancias de autos, y con el informe justificado rendido por las autoridades responsables. A lo que el Juez provee: téngase por relacionadas las constancias de autos, y tómense en consideración en el momento procesal oportuno. Enseguida, se abre el período probatorio, dándose cuenta con la documental exhibida por la autoridad responsable, como anexo a su informe justificado (foja 13 y 14). A lo que el Juez acuerda: téngase por admitidas y desahogadas las documentales de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, y tómese en consideración oportunamente. Sin que existan más probanzas por relacionar, se da por terminado el período probatorio. A continuación, se abre y se cierra el periodo probatorio, así como la fase de alegatos, en virtud de que no existen pruebas por relacionar, ni alegatos que tener por reproducidos. Sin que exista promoción pendiente de acordar el Juez pasa a dictar la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 672/2019-2; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Octavo de Distrito, Ma. Del Carmen Gómez Padilla, promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de diez de junio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda con el número 672/2019-2, se ordenó pedir informe con justificación a la autoridad responsable, se dio al representante social de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se desarrolló en los términos que se anotan; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la demanda de amparo fue presentada en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de acordar la petición contenida en el escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, relativa a la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el expediente laboral 319/5/2017 del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Son ciertos los actos reclamados por así reconocerlo en su informe justificado la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidente, por sí y en representación del Actuario adscrito, residente en esta ciudad (foja 12). Además, la citada responsable allegó copia fotostática certificada del acuerdo de uno de julio de este año, en el que acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veintiséis de marzo del año en curso, fijando fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental de liquidación, que al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En apoyo a lo señalado, se cita la Jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Apéndice de 1995, Tomo VI, visible en la página 153, (registro 394182), cuyo rubro y texto marcan: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia que establece el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia. En efecto, la promovente reclamó la omisión de acordar la petición contenida en el escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, relativa a la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral 319/5/2017 del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Por su parte, la autoridad responsable con su informe justificado remitió copia fotostática certificada del acuerdo de uno de julio de este año, en el que acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veintiséis de marzo del año en curso, fijando fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental de liquidación (fojas 14), cuya omisión constituye el acto reclamado en este asunto. Dicha circunstancia actualiza, en la especie, el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que como se dijo han cesado los efectos de la omisión reclamada en esta vía, puesto que ha desaparecido el estado de incertidumbre de forma idéntica a la que habría existido si hubiere concedido el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, dado que al acordarse la promoción presentada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 319/5/2017, es claro que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, y con ello no dejan huella que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal y éste sea restituido en el goce del derecho fundamental violado. Dadas las razones anotadas, al actualizarse en autos de manera plena el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe SOBRESEER este juicio de amparo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 672/2019-2, promovido por Ma. Del Carmen Gómez Padilla, en contra del acto y por el motivo precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. L´JDLS/Cristal

  3. Principal

    672/2019-2cuatro de julio de dos mil diecinueve10465 Reynosa, Tamaulipas, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable rindiendo su INFORME JUSTIFICADO y anexo que acompaña, que se relacionarán en la audiencia constitucional de este juicio para ser tomados en consideración en su oportunidad. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes mediante notificación por lista, para que expongan lo que a su interés convenga.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diez de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda presentada por Ma. del Carmen Gómez Padilla, y copias; regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 672/2019-2. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda signada por Ma. del Carmen Gómez Padilla, que promueve contra acto de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y su Actuario adscrito. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 124 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al que reciba la notificación del presente proveído, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Amparo, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, tal como lo marca el artículo 251 de la ley en consulta. Se reserva el emplazamiento de la tercero interesada, hasta en tanto obren en autos las constancias relativas al juicio de origen y de ellas se corrobore el domicilio donde pueda ser localizada. Como lo solicita la parte promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, el lugar y personas mencionadas en el escrito de demanda. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos leales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario adscrito a este órgano de control constitucional para que proceda a practicar las diligencias encomendadas en este juicio en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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