Ma. del Carmen Cruz Huerta
Expediente 233/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. del Carmen Cruz Huerta
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguese como constancia al presente juicio de garantías, para que obre como corresponda, el escrito signado por la parte quejosa, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de diecisiete de marzo en curso, se desechó la demanda de garantías promovida por - en cuanto tutora legal de -
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, el escrito de cuenta, signado por- en cuanto tutora legal de -, por medio del cual cumple con la prevención formulada en auto de tres de marzo en curso; por tanto se procede acodar conforme a derecho. Ahora, el artículo 113 de la legislación de la materia ya que impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado "IV. ACTOS RECLAMADOS. Del Juez tercero de Primera Instancia en Materia Civil, le reclamo el auto que ordena de fecha 31 treinta y uno de enero de 2022 dos mil veintidós, mismo que se ordena girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado y Director de Catastro del Estado a fin de que en lo determinado en la sentencia definitiva de fecha 31 treinta y uno de enero de dos mil veinte, para que realicen la cancelación de inscripción y a su vez la verificación de la inscripción correspondiente, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil número - mismo que promueve - en contra de -, de igual forma se reclaman todas las actuaciones dentro del referido juicio y las consecuencias procesales." Y de los antecedentes de la demanda de amparo se advierte: "-, es propietaria del bien inmueble "casa", que se ubica en la calle -, inmueble que en la actualidad posee -; sin embargo, al consultar el juicio en cuanto a tutora, me percaté de que - tenía que entregar y desalojar, una fracción del inmueble propiedad." El suscrito estima que procede desechar la demanda respecto de los actos reclamados antes citados por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, el numeral 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquéllos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor. c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el último de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos; además de que el artículo 19 de la ley de la materia, señala claramente los días inhábiles para su presentación. Ahora bien, se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que en cuanto parte procesal en el juicio ordinario civil número - mismo que promueve - en contra de -, tenía la obligación de hacer del conocimiento al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, la existencia de su hermana -, con capacidades diferentes; sin embargo, por una deficiente dirección técnica jurídica se omitió llamarla a juicio, aunado a que en la etapa procesal oportuna para llamarla a juicio la quejosa aduce que carecía de representación legal y que carecía de carácter y legitimación para hacer valer sus derechos, por lo que adquirió la representación legal y obligación posterior a la tramitación del juicio de origen. Sin embargo, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que de las constancias que anexó a su escrito de demanda, tales manifestaciones se desvirtúan, por las siguientes consideraciones: Expediente que otorga la representación Expediente donde deriva el acto reclamado. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán Expediente 86/2019 expediente 1125/2018 Diligencias de jurisdicción voluntaria familiar, que sobre declaración de estado de interdicción y nombramiento de tutor Juicio Ordinario Civil que sobre prescripción positiva y otras prestaciones. sentencia de 09 diciembre de 2019, se declaró el estado de interdicción de -, nombrando como tutora a -. Sentencia 31 de enero de dos mil veinte, se declaró fundada la acción de prescripción positiva, que en la vía ordinaria ejerció -, en contra de la quejosa -. fecha que se hizo sabedora En auto de 01 de septiembre de dos mil veinte, la quejosa -, asume el cargo de guardia y custodia de la incapaz nombrada, declarando firme la sentencia acto reclamado en auto de 31 de enero de dos mil veintidós, se se ordena girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado y Director de Catastro del Estado a fin de que en lo determinado en la sentencia definitiva de fecha 31 treinta y uno de enero de dos mil veinte, para que realicen la cancelación de inscripción y a su vez la verificación de la inscripción correspondiente De lo anterior, deriva que si bien Ma. Del Carmen Cruz Huerta, era parte demandada dentro juicio ordinario civil número - que sobre prescripción positiva y otras prestaciones, lo cierto es que a partir del uno de septiembre del dos mil veinte, asumió el cargo de tutora legal de -, y por ende, ya tenía conocimiento que dentro del juicio de origen se dictó sentencia el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se declaró fundada la acción de prescripción positiva, que en la vía ordinaria ejerció Gonzalo Cruz Huerta, en contra de la quejosa -; en relatadas condiciones, es inconcuso que si la parte quejosa desde ésa fecha [uno de septiembre de dos mil veinte], ya tenía el carácter de tutora legal de -, para promover y proceder conforme a derecho; por tanto, como de la certificación de cuenta, se advierte el término de quince días que prevé la ley de la materia, con que contaba - para promover demanda de amparo, en cuanto tutora legal de -, empezó a computarse del tres al veintiocho de septiembre de dos mil veinte; por tal motivo, es incuestionable que tuvo que haber comparecido dentro de dicho término a solicitar la protección y amparo de la justicia de la unión de - y no hasta ahora. Es por ello que el auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, que ordena girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado y Director de Catastro del Estado a fin de que en lo determinado en la sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil veinte, para que realicen la cancelación de inscripción y a su vez la verificación de la inscripción correspondiente, se advierte que el proveído reclamado es un acto derivado de uno consentido. Cuestión que a juicio de este Tribunal de amparo, sí se demuestra, ya que el juez responsable en ese proveído -treinta y uno de enero de dos mil veintidós- fue a consecuencia de la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, la cual no fue combatida a través del juicio de amparo dentro del término a que hace alusión el numeral 17 de la Ley de Amparo, que es de quince días; por ende resulta extemporánea la demanda de garantías respecto de los actos en cuestión, en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el veintiocho de febrero del año en curso, como se advierte del sello de recibido que obra en autos. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO E LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, que a la letra dice: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los Jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Se comprende, pues, que los motivos manifiestos e indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicas a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece, por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Es aplicable, la jurisprudencia 17, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 12. Tomo VI, parte SCJN, materia común, Quinta Época del Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Igualmente, aplica a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada a foja 52, del Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ... carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, exhibe copia certificada del expediente ... de diligencias de jurisdicción voluntaria familiar, que sobre declaración de estado de interdicción y nombramiento de tutor, tramitado ante el Juez Tercero en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial que adjuntan a su escrito; contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número ...; previo a admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atento a lo establecido en dicho precepto y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional con fundamento en los numerales 108, fracción III, 112, 114, fracción I, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, precise lo siguiente: Informe el estado procesal en que se encuentra el juicio ordinario civil número ..., es decir, si ... por propio derecho, contestó la demanda, si se dictó sentencia, y en su caso, transcriba los puntos resolutivos de la resolución dictada dentro de dicho juicio, y en su caso si promovió recursos o amparo directo. Exhiba o transcriba la sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil veinte y el auto de treinta y uno de enero de dos mi veintidós. Señale la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, y en qué fecha le fueron notificadas las resoluciones reclamadas. Apercibida que de no cumplir con dichas prevenciones en el término concedido, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del mencionado numeral 114 del ordenamiento legal invocado. Asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ordenanzas de Don Vasco número 143, colonia Vasco de Quiroga, en esta ciudad, y por autorizados para tal efecto a las personas a que alude; sin que haya lugar a tener como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ..., toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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