Ma. del Carmen Cervantes López
Expediente 569/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ma. del Carmen Cervantes López
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, como la promovente del amparo ********************, no recurrió el proveído de dieciséis de junio del año en curso, mediante el cual se desechó su demanda de amparo; con fundamento en el artículo 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para los efectos legales procedentes; archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ma. del Carmen Cervantes López, contra actos de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistentes en la interlocutoria de dos de mayo del año dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad número 281/16-28-01-4, en el que se declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones, promovido en contra del acuerdo de veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró precluído su derecho para formular ampliación de demanda; y la emisión del referido acuerdo de fecha veintidós de febrero del año en curso. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de la Materia disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo texto en el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la interlocutoria de dos de mayo del año dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad número 281/16-28-01-4, en el que se declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones, promovido en contra del acuerdo de veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró precluído su derecho para formular ampliación de demanda; y la emisión del referido acuerdo de fecha veintidós de febrero del año en curso; por tanto, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que van tomando los solicitantes de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales del quejoso, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si los actos reclamados se hacen consistir en la interlocutoria de dos de mayo del año dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad número 281/16-28-01-4, en el que se declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones, promovido en contra del acuerdo de veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró precluído su derecho para formular ampliación de demanda; y la emisión del referido acuerdo de fecha veintidós de febrero del año en curso; es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para que el juez competente dicte la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha por notoriamente la demanda en estudio. Tiene aplicación, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 1086, visible en la página 751, del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." También sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis visible en la página 1206, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CUANDO LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO CONCEDE A LA PARTE ACTORA EL TÉRMINO LEGAL PARA REALIZARLA, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.- Si en la demanda de nulidad el actor niega tanto la existencia de la resolución que rectificó la prima del seguro de riesgos de trabajo, como la interposición del recurso de inconformidad en su contra y la demandada al dar contestación acompañó tales documentos, de conformidad con el artículo 210, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, la parte actora puede ampliar su demanda, pero si la Sala Fiscal se limitó a admitir la contestación de demanda, otorgó a las partes un término para que formularan alegatos y omitió realizar pronunciamiento alguno en cuanto a la ampliación, dicha omisión constituye una violación a las leyes del procedimiento que dan lugar a su reposición, en términos de la fracción IV del artículo 159 de la Ley de Amparo". También sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis visible en la página 916, Tomo III, Marzo de 1996, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA. AMPLIACION DE, VIOLACION PROCESAL CUANDO NO SE PROVEE SOBRE LA.- La omisión en que incurre la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación al no tomar en cuenta el escrito de ampliación de demanda, encuadra en lo dispuesto por el artículo 159 fracción XI de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VI de esa misma disposición legal, en virtud de que aun cuando no se trata de la negativa de la autoridad responsable a conceder un término o prórroga a que la actora tuviera derecho con arreglo a la ley, sin embargo se trata de un caso análogo". Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Con fundamento en el artículo 27, inciso a), fracción III y artículo 29, de la Ley de Amparo, se comisiona a la Actuaria adscrita a este Juzgado, que por esta única ocasión, se constituya en boulevard Santa Ana Tlaxcala número 123, local 1, colonia Industrial, Santa Ana Chiautempan, y le notifique a la parte quejosa este proveído; así también, lo requiera para que dentro del término de tres días, señale domicilio en esta ciudad de Tlaxcala, con apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes se le hará mediante lista de acuerdos que se publiquen en los estrados de este Juzgado. Téngase por autorizados en términos del artículo 12, párrafo primero, primera parte, a Marco Antonio Gutiérrez Rodríguez, en virtud de que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizados únicamente para tales efectos a las demás personas, por no contar con dicho registro. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, se hace saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta en los términos y con las salvedades establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, por lo que de conformidad con los artículos 8° y 61 del citado ordenamiento, tienen el derecho para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente
- Principal
******Vista la demanda de amparo promovida por Ma. del Carmen Cervantes López, contra actos de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistentes en la interlocutoria de dos de mayo del año dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad número 281/16-28-01-4, en el que se declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones, promovido en contra del acuerdo de veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró precluído su derecho para formular ampliación de demanda; y la emisión del referido acuerdo de fecha veintidós de febrero del año en curso. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de la Materia disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo texto en el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la interlocutoria de dos de mayo del año dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad número 281/16-28-01-4, en el que se declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones, promovido en contra del acuerdo de veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró precluído su derecho para formular ampliación de demanda; y la emisión del referido acuerdo de fecha veintidós de febrero del año en curso; por tanto, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que van tomando los solicitantes de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales del quejoso, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si los actos reclamados se hacen consistir en la interlocutoria de dos de mayo del año dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad número 281/16-28-01-4, en el que se declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones, promovido en contra del acuerdo de veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró precluído su derecho para formular ampliación de demanda; y la emisión del referido acuerdo de fecha veintidós de febrero del año en curso; es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para que el juez competente dicte la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha por notoriamente la demanda en estudio. Tiene aplicación, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 1086, visible en la página 751, del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." También sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis visible en la página 1206, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CUANDO LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO CONCEDE A LA PARTE ACTORA EL TÉRMINO LEGAL PARA REALIZARLA, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.- Si en la demanda de nulidad el actor niega tanto la existencia de la resolución que rectificó la prima del seguro de riesgos de trabajo, como la interposición del recurso de inconformidad en su contra y la demandada al dar contestación acompañó tales documentos, de conformidad con el artículo 210, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, la parte actora puede ampliar su demanda, pero si la Sala Fiscal se limitó a admitir la contestación de demanda, otorgó a las partes un término para que formularan alegatos y omitió realizar pronunciamiento alguno en cuanto a la ampliación, dicha omisión constituye una violación a las leyes del procedimiento que dan lugar a su reposición, en términos de la fracción IV del artículo 159 de la Ley de Amparo". También sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis visible en la página 916, Tomo III, Marzo de 1996, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA. AMPLIACION DE, VIOLACION PROCESAL CUANDO NO SE PROVEE SOBRE LA.- La omisión en que incurre la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación al no tomar en cuenta el escrito de ampliación de demanda, encuadra en lo dispuesto por el artículo 159 fracción XI de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VI de esa misma disposición legal, en virtud de que aun cuando no se trata de la negativa de la autoridad responsable a conceder un término o prórroga a que la actora tuviera derecho con arreglo a la ley, sin embargo se trata de un caso análogo". Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Con fundamento en el artículo 27, inciso a), fracción III y artículo 29, de la Ley de Amparo, se comisiona a la Actuaria adscrita a este Juzgado, que por esta única ocasión, se constituya en boulevard Santa Ana Tlaxcala número 123, local 1, colonia Industrial, Santa Ana Chiautempan, y le notifique a la parte quejosa este proveído; así también, lo requiera para que dentro del término de tres días, señale domicilio en esta ciudad de Tlaxcala, con apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes se le hará mediante lista de acuerdos que se publiquen en los estrados de este Juzgado. Téngase por autorizados en términos del artículo 12, párrafo primero, primera parte, a Marco Antonio Gutiérrez Rodríguez, en virtud de que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizados únicamente para tales efectos a las demás personas, por no contar con dicho registro. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, se hace saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta en los términos y con las salvedades establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, por lo que de conformidad con los artículos 8° y 61 del citado ordenamiento, tienen el derecho para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente
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