Ma. Del Carmen Arizmendi Herrera
Expediente 1398/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1398/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Ma. Del Carmen Arizmendi Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado por **, por medio del cual solicita le sean devueltos los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes Ahora bien, dígasele que mediante proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, se remitió al archivo el presente juicio de amparo y se acordó lo conducente en relación a la devolución de los documentos exhibidos en su escrito inicial de demanda, por lo que deberá estarse a lo acordado en dicha fecha. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA IV CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa, pues se notificó electrónicamente el siete de noviembre del año en curso y dicha notificación surtió efectos ese mismo día, por lo que el plazo para recurrir dicha determinación transcurrió del ocho al veintidós de noviembre del año que transcurre; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio del dos mil veintitrés, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente juicio (artículo 20, fracción I, del acuerdo en cita). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de conservación, pues se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados (artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General) 3. Asimismo a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, será transferido a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos. VISTA DOCUMENTOS. Ahora, dese vista a la parte quejosa, para que por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger el original del documento, que exhibió a su escrito inicial de demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo, dicha constancia podrá ser destruida junto con el expediente. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y de manera electrónica a la parte quejosa.
- Incidental
Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, las misivas firmadas por el apoderado legal de las autoridades responsables, por medio de las cuales anexa copia del comprobante de pago de quince de octubre de dos mil veintitrés, del cual, se evidencia que se realizó el pago total de la pensión, así como todas y cada una de las prestaciones a las que tiene derecho en su calidad de pensionada, la quejosa ********************por un importe neto pagado de $53,916.23, tal como obra en la imagen que se inserta para mayor referencia: Asimismo, se ordena agregar copia certificada de los oficios de cuenta al expediente principal del que deriva el presente juicio de amparo para los efectos legales conducentes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y vía electrónica a la quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la copia certificada del oficio firmado por el apoderado legal de las autoridades señaladas como responsables, mediante el cual, anexa copia del comprobante de pago de quince de octubre de dos mil veintitrés, del cual, se evidencia que se realizó el pago total de la pensión, así como todas y cada una de las prestaciones a las que tiene derecho en su calidad de pensionada, la quejosa Ma. del Carmen Arizmendi Herrera por un importe neto pagado de $53,916.23; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes. En diverso orden de ideas, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, fue presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el uno de septiembre del año en curso, en la que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta al escrito de aceptación de pensión, presentado por la quejosa el catorce de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Atención al Derechohabiente Ixtapan de la Sal, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; y como consecuencia la programación del pago de su pensión. Al respecto, en relación con el acto reclamado que ha quedado precisado (en párrafos precedentes), las autoridades señaladas como responsables que se indican a continuación, rindieron sus informes justificados en los siguientes términos: Autoridades responsables Sentido del informe. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Acepta COORDINACIÓN DE PRESTACIONES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Acepta DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Acepta SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PARA EL RETIRO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Acepta COMITÉ DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Acepta CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Acepta DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Acepta Como se advierte del cuadro anterior, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado (precisado anteriormente). No obstante lo anterior, en esta fecha se agregaron las copias certificadas del oficio por el que el apoderado legal de las autoridades señaladas como responsables remitió las constancias del pago de la pensión a la quejosa. Actuaciones a las que se otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. En tales condiciones, atento al estado procesal de los autos, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que rezan: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Ahora tomando en consideración que el acto reclamado es de carácter omisivo, este Juzgador en principio, debe determinar la obligación por parte de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, si le era exigible realizar el acto que se le reclama; es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones de realizar el pago de "pensión por jubilación". Sobre el particular se invoca, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a. XXIV/98, registro 196080, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, junio de 1998, página 53, Materias Común y Administrativa, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.". En ese sentido, dentro de las funciones de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, previstas en el apartado 207C0401520101L, del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se encuentra entre ellas la de calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones y estímulo por permanencia en el servicio, así como aplicar el monto autorizado por el Consejo Directivo para el pago del seguro por fallecimiento; y la de ejecutar las acciones relacionadas con el otorgamiento de pensiones, verificando que el cálculo de los montos diarios se realice conforme a los parámetros establecidos. En el caso, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que en el incidente de suspensión en el que deriva del presente amparo, se aprecia el comprobante de pago de quince de octubre de dos mil veintitrés, en el que se realizó el pago total de la pensión a la parte quejosa, así como todas y cada una de las prestaciones a las que tiene derecho en su calidad de pensionada, por un importe neto pagado de ********************, tal como obra en la imagen que se inserta para mayor referencia: Documental, que fuera remitida por el apoderado legal de las autoridades señaladas como responsables, la cual, adquiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, al tratarse de documento público expedido por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, se acredita que han cesado los efectos de los actos reclamados, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo al quejoso en el pleno goce de sus derechos como si se hubiera concedido el amparo. Por ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada en la página 198, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 1993, materia común, Octava Época, con número de registro 216806, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para las once horas con cuarenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y de manera electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Norah Ilian Pérez de León, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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