Ma del Carmen Adame Rivera

Expediente 1934/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1934/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
25/05/2018

Partes del expediente

  • Ma del Carmen Adame Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1934/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el ventiséis de abril de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1934/2017-III, promovido por MA DEL CARMEN ADAME RIVERA, constante de trescientas tres fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1934/2017-III del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 182/2018-I del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Ma del Carmen Adame Rivera, por propio derecho, en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera Investigadora Cuernavaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 3 a 22 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Cuernavaca, Ma del Carmen Adame Rivera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad, que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO: Se reclama de la Responsable en su doble carácter: 1. La inconstitucional e ilegal resolución de fecha 28 de noviembre de 2017, misma que versa sobre el vehículo Marca Nissan, submarca X-trail, color Perla glaciar, modelo 2010, con placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla con número de serie JN8ATL8T8AW551599, en el sentido de acuerdo de devolución del vehículo improcedente, mismo que se encuentra vinculado en la Carpeta de Investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017. 2. La ilegal retención y aseguramiento del vehículo Marca Nissan, submarca X-trail, color Perla glaciar, modelo 2010, con placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla con número de serie JN8ATL8T8AW551599, mismo que se encuentra vinculado en la Carpeta de Investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017. III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Tiene el doble carácter de Autoridad Ordenadora y Ejecutora: A) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA TERCERA INVESTIGADORA CUERNAVACA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló que no existe tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, la registró bajo el número 1934/2017-III, la admitió a trámite (fojas 23 a 26 del ídem); solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio el treinta de enero de dos mil dieciocho, como consta en el acta visible a foja 286 de autos. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho (foja 289, ídem), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 1934/2017-III, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 182/2018-I; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de treinta de enero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos atribuidos a una autoridad que reside en Cuernavaca, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de amparo de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P. /J. 40/2000 , que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye: a) El acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se acordó la no devolución del vehículo marca Nissan, submarca X-trail, color perla glaciar, modelo 2010, placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla, con número de serie JN8ATL8T8AW551599, que solicitó la quejosa. b) El acuerdo de aseguramiento de siete de marzo de dos mil diecisiete, respecto del mencionado vehículo de motor. Actos reclamados a la siguiente autoridad: 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera Investigadora Cuernavaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera Investigadora Cuernavaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos. (Fojas 31 y 32 del ídem); al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le reclaman. En consecuencia, debe tenerse por cierto tales actos, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó el agente del Ministerio Público responsable a su informe justificado, relativas a la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017, de las que se advierte la existencia de los actos reclamados; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1.- En auto de siete de marzo de dos mil diecisiete, el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Tercera Investigadora Cuernavaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos, decretó el aseguramiento, entre otros objetos, del vehículo Marca Nissan, submarca X-trail, color Perla glaciar, modelo 2010, con placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla con número de serie JN8ATL8T8AW551599 (fojas 35 a 40 del juicio de amparo). 2. El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 45 y 46, ídem), Ma del Carmen Adame Rivera, compareció ante el agente del Ministerio Público investigador; con la finalidad de acreditar la propiedad sobre el vehículo descrito en el punto anterior y solicitó la devolución del mismo. 3.- Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecisiete (foja 59, ídem), Ma del Carmen Adame Rivera solicitó la devolución del vehículo Marca Nissan, submarca X-trail, color Perla glaciar, modelo 2010, con placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla con número de serie JN8ATL8T8AW551599. 4. En auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 61 a 82, ídem), el agente del Ministerio Público responsable, resolvió de la manera siguiente: "PRIMERO.- No ha lugar a acordar favorable la devolución del vehículo marca Nissan, submarca X-TRAIL, año 2010, color Perla glaciar con número de serie JN8ATL8T8AW551599, por los razonamientos vertidos en el cuerpo del presente acuerdo. SEGUNDO. Notifíquese la presente determinación a la C. MA. DEL CARMEN ADAME RIVERA (.)" QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En esa línea de pensamiento, este juzgado federal estima que el presente asunto es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Por su parte, los artículos 61 fracción XII, 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico o interés legítimo. Así en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa, el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta. En ese orden de ideas, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades, para la procedencia del amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido este como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por otra parte, debe precisarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/97, concluyó que legalmente la firma que aparece en el reverso de las facturas que detallan bienes muebles, no constituye un endoso ni una cesión de derechos, sino una operación de compraventa de los bienes muebles detallados en dichos documentos privados. Que las facturas constituyen documentos privados que, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero interesado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados, que bastan para demostrar el interés jurídico para ejercitar la acción de amparo, siempre y cuando se acredite que: a) Estén expedidas a nombre del agraviado; así como que b) Identifiquen dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. En adición a ello, a fin de garantizar la seguridad jurídica de los contendientes en los juicios naturales, el alto tribunal precisó que quien comparece a reclamar la protección de la Justicia Federal, en relación con el derecho de propiedad que dice ejercer sobre determinado bien mueble embargado en un juicio al que se dice ajeno, y que trata de demostrar con una factura en cuyo reverso aparece la firma de la persona titular de los derechos sobre tal bien, debe cumplir con los requisitos que a continuación se precisarán. -Requieren no ser objetados por la contraparte de quien los ofrece, en el caso concreto, del tercero interesado en el juicio de amparo y, -Que sean de fecha cierta, En suma, en la contradicción de tesis se estableció que por lo que ve al tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. El criterio referido del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificado en la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2001 , es del tenor siguiente: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales". En el caso, como se adelantó, el juicio de amparo es improcedente porque la quejosa carece de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, como se verá enseguida. En efecto, de la lectura de la demanda de garantías se aprecia que la quejosa comparece a esta instancia constitucional a defender la propiedad que dice tener del vehículo marca Nissan, submarca X-trail, color perla glaciar, modelo 2010, placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla, con número de serie JN8ATL8T8AW551599. Para acreditar la propiedad del citado vehículo de motor, así como el interés jurídico la peticionaria de amparo no exhibió documento alguno. No obstante lo anterior, de las copias relativas a la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017, las cuales allegó el agente del Ministerio Público responsable, se advierte copia certificada de la factura 016617, expedida por Nissautos Cholula, S.A. DE C.V. a favor de José Torres Tapia, respecto del vehículo (fojas 14 y 273) :  Marca Nissan, submarca X-trail, color perla glaciar, modelo 2010, placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla, con número de serie JN8ATL8T8AW551599 En el reverso de la factura, aparecen las siguientes leyendas: 1Cedo los derechos de la presente factura a la Sra Miriam Rodríguez Rosas 15 agosto 2014. (firma ilegible). 2Cedo los derechos de la presente factura al Sr. José Romero Hernández 20 julio del 2015, Puebla, pue. Raúl González Cedo los derechos (firma ilegible) de la presente factura a Ma. Del Carmen Adame Rivera. En esas condiciones, la factura 016617, expedida por Nissautos Cholula, S.A. DE C.V. a favor de José Torres Tapia, no resulta suficiente para tener por acreditado plenamente el interés jurídico de la quejosa, por las razones que se explican a continuación. De la lectura de la copia certificada de la factura que obra en autos, por una parte, pone de relieve que el adquirente originario lo es José Torres Tapia; asimismo se desprende que quien cedió los derechos a la quejosa lo fue supuestamente Raúl González, a quien, del documento analizado, no se advierte que alguien le haya cedido los derechos que ampara tal factura. Además, la factura aportada a los autos es ineficaz para justificar el interés jurídico de la quejosa, en atención a que carecen de fecha cierta los endosos que obran al reverso de esta. Ello es así, pues el acto jurídico traslativo de dominio no se advierte que se hubiese inscrito en un Registro Público; se haya presentado ante fedatario público o funcionario autorizado con tal facultad; o que hubiere fallecido cualquiera de los firmantes. No se soslaya que en el presente juicio de amparo obren diversos pagos de tenencia y uso de vehículo, así como copia de la tarjeta de circulación relativos al vehículo marca Nissan, submarca X-trail, color perla glaciar, modelo 2010, placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla, con número de serie JN8ATL8T8AW551599 (fojas 49 a 58); sin embargo tales documentales no están a nombre de la quejosa, sino de diversas personas. Además, el hecho de que la quejosa haya comparecido a solicitar la devolución del vehículo marca Nissan, submarca X-trail, color perla glaciar, modelo 2010, placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla, con número de serie JN8ATL8T8AW551599, la cual se acordó desfavorable, es insuficiente para estimar que acredita su interés jurídico en el presente juicio de amparo, pues no demostró plenamente ser la propietaria de vehículo descrito. De ahí que la aludida documental analizada, resulta insuficiente por sí sola para acreditar el interés jurídico de la quejosa. La conclusión anterior, no implica que se esté realizando un pronunciamiento sobre la legalidad del acto traslativo de dominio, sino únicamente se están significando datos que influyeron al valorar tal documental relativa para efectos del presente juicio constitucional. Por lo expuesto se concluye que la quejosa carece de interés jurídico para instar la acción constitucional y, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma del Carmen Adame Rivera, respecto de los actos reclamados de la autoridad responsable precisados en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma José Alfredo Sánchez García, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que firma y da fe, hoy veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiséis de abril y dos de mayo del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca Morelos dos de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1934/2017-III, promovido por MA DEL CARMEN ADAME RIVERA, constante de trescientas tres fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1934/2017-III del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 182/2018-I del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Ma del Carmen Adame Rivera, por propio derecho, en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera Investigadora Cuernavaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 3 a 22 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Cuernavaca, Ma del Carmen Adame Rivera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad, que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO: Se reclama de la Responsable en su doble carácter: 1. La inconstitucional e ilegal resolución de fecha 28 de noviembre de 2017, misma que versa sobre el vehículo Marca Nissan, submarca X-trail, color Perla glaciar, modelo 2010, con placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla con número de serie JN8ATL8T8AW551599, en el sentido de acuerdo de devolución del vehículo improcedente, mismo que se encuentra vinculado en la Carpeta de Investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017. 2. La ilegal retención y aseguramiento del vehículo Marca Nissan, submarca X-trail, color Perla glaciar, modelo 2010, con placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla con número de serie JN8ATL8T8AW551599, mismo que se encuentra vinculado en la Carpeta de Investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017. III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Tiene el doble carácter de Autoridad Ordenadora y Ejecutora: A) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA TERCERA INVESTIGADORA CUERNAVACA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló que no existe tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, la registró bajo el número 1934/2017-III, la admitió a trámite (fojas 23 a 26 del ídem); solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio el treinta de enero de dos mil dieciocho, como consta en el acta visible a foja 286 de autos. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho (foja 289, ídem), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 1934/2017-III, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 182/2018-I; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de treinta de enero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos atribuidos a una autoridad que reside en Cuernavaca, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de amparo de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P. /J. 40/2000 , que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye: a) El acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se acordó la no devolución del vehículo marca Nissan, submarca X-trail, color perla glaciar, modelo 2010, placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla, con número de serie JN8ATL8T8AW551599, que solicitó la quejosa. b) El acuerdo de aseguramiento de siete de marzo de dos mil diecisiete, respecto del mencionado vehículo de motor. Actos reclamados a la siguiente autoridad: 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera Investigadora Cuernavaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera Investigadora Cuernavaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos. (Fojas 31 y 32 del ídem); al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le reclaman. En consecuencia, debe tenerse por cierto tales actos, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó el agente del Ministerio Público responsable a su informe justificado, relativas a la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017, de las que se advierte la existencia de los actos reclamados; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1.- En auto de siete de marzo de dos mil diecisiete, el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Tercera Investigadora Cuernavaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos, decretó el aseguramiento, entre otros objetos, del vehículo Marca Nissan, submarca X-trail, color Perla glaciar, modelo 2010, con placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla con número de serie JN8ATL8T8AW551599 (fojas 35 a 40 del juicio de amparo). 2. El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 45 y 46, ídem), Ma del Carmen Adame Rivera, compareció ante el agente del Ministerio Público investigador; con la finalidad de acreditar la propiedad sobre el vehículo descrito en el punto anterior y solicitó la devolución del mismo. 3.- Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecisiete (foja 59, ídem), Ma del Carmen Adame Rivera solicitó la devolución del vehículo Marca Nissan, submarca X-trail, color Perla glaciar, modelo 2010, con placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla con número de serie JN8ATL8T8AW551599. 4. En auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 61 a 82, ídem), el agente del Ministerio Público responsable, resolvió de la manera siguiente: "PRIMERO.- No ha lugar a acordar favorable la devolución del vehículo marca Nissan, submarca X-TRAIL, año 2010, color Perla glaciar con número de serie JN8ATL8T8AW551599, por los razonamientos vertidos en el cuerpo del presente acuerdo. SEGUNDO. Notifíquese la presente determinación a la C. MA. DEL CARMEN ADAME RIVERA (.)" QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En esa línea de pensamiento, este juzgado federal estima que el presente asunto es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Por su parte, los artículos 61 fracción XII, 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico o interés legítimo. Así en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa, el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta. En ese orden de ideas, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades, para la procedencia del amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido este como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por otra parte, debe precisarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/97, concluyó que legalmente la firma que aparece en el reverso de las facturas que detallan bienes muebles, no constituye un endoso ni una cesión de derechos, sino una operación de compraventa de los bienes muebles detallados en dichos documentos privados. Que las facturas constituyen documentos privados que, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero interesado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados, que bastan para demostrar el interés jurídico para ejercitar la acción de amparo, siempre y cuando se acredite que: a) Estén expedidas a nombre del agraviado; así como que b) Identifiquen dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. En adición a ello, a fin de garantizar la seguridad jurídica de los contendientes en los juicios naturales, el alto tribunal precisó que quien comparece a reclamar la protección de la Justicia Federal, en relación con el derecho de propiedad que dice ejercer sobre determinado bien mueble embargado en un juicio al que se dice ajeno, y que trata de demostrar con una factura en cuyo reverso aparece la firma de la persona titular de los derechos sobre tal bien, debe cumplir con los requisitos que a continuación se precisarán. -Requieren no ser objetados por la contraparte de quien los ofrece, en el caso concreto, del tercero interesado en el juicio de amparo y, -Que sean de fecha cierta, En suma, en la contradicción de tesis se estableció que por lo que ve al tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. El criterio referido del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificado en la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2001 , es del tenor siguiente: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales". En el caso, como se adelantó, el juicio de amparo es improcedente porque la quejosa carece de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, como se verá enseguida. En efecto, de la lectura de la demanda de garantías se aprecia que la quejosa comparece a esta instancia constitucional a defender la propiedad que dice tener del vehículo marca Nissan, submarca X-trail, color perla glaciar, modelo 2010, placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla, con número de serie JN8ATL8T8AW551599. Para acreditar la propiedad del citado vehículo de motor, así como el interés jurídico la peticionaria de amparo no exhibió documento alguno. No obstante lo anterior, de las copias relativas a la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017, las cuales allegó el agente del Ministerio Público responsable, se advierte copia certificada de la factura 016617, expedida por Nissautos Cholula, S.A. DE C.V. a favor de José Torres Tapia, respecto del vehículo (fojas 14 y 273) :  Marca Nissan, submarca X-trail, color perla glaciar, modelo 2010, placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla, con número de serie JN8ATL8T8AW551599 En el reverso de la factura, aparecen las siguientes leyendas: 1Cedo los derechos de la presente factura a la Sra Miriam Rodríguez Rosas 15 agosto 2014. (firma ilegible). 2Cedo los derechos de la presente factura al Sr. José Romero Hernández 20 julio del 2015, Puebla, pue. Raúl González Cedo los derechos (firma ilegible) de la presente factura a Ma. Del Carmen Adame Rivera. En esas condiciones, la factura 016617, expedida por Nissautos Cholula, S.A. DE C.V. a favor de José Torres Tapia, no resulta suficiente para tener por acreditado plenamente el interés jurídico de la quejosa, por las razones que se explican a continuación. De la lectura de la copia certificada de la factura que obra en autos, por una parte, pone de relieve que el adquirente originario lo es José Torres Tapia; asimismo se desprende que quien cedió los derechos a la quejosa lo fue supuestamente Raúl González, a quien, del documento analizado, no se advierte que alguien le haya cedido los derechos que ampara tal factura. Además, la factura aportada a los autos es ineficaz para justificar el interés jurídico de la quejosa, en atención a que carecen de fecha cierta los endosos que obran al reverso de esta. Ello es así, pues el acto jurídico traslativo de dominio no se advierte que se hubiese inscrito en un Registro Público; se haya presentado ante fedatario público o funcionario autorizado con tal facultad; o que hubiere fallecido cualquiera de los firmantes. No se soslaya que en el presente juicio de amparo obren diversos pagos de tenencia y uso de vehículo, así como copia de la tarjeta de circulación relativos al vehículo marca Nissan, submarca X-trail, color perla glaciar, modelo 2010, placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla, con número de serie JN8ATL8T8AW551599 (fojas 49 a 58); sin embargo tales documentales no están a nombre de la quejosa, sino de diversas personas. Además, el hecho de que la quejosa haya comparecido a solicitar la devolución del vehículo marca Nissan, submarca X-trail, color perla glaciar, modelo 2010, placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla, con número de serie JN8ATL8T8AW551599, la cual se acordó desfavorable, es insuficiente para estimar que acredita su interés jurídico en el presente juicio de amparo, pues no demostró plenamente ser la propietaria de vehículo descrito. De ahí que la aludida documental analizada, resulta insuficiente por sí sola para acreditar el interés jurídico de la quejosa. La conclusión anterior, no implica que se esté realizando un pronunciamiento sobre la legalidad del acto traslativo de dominio, sino únicamente se están significando datos que influyeron al valorar tal documental relativa para efectos del presente juicio constitucional. Por lo expuesto se concluye que la quejosa carece de interés jurídico para instar la acción constitucional y, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma del Carmen Adame Rivera, respecto de los actos reclamados de la autoridad responsable precisados en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma José Alfredo Sánchez García, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que firma y da fe, hoy veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos del presente juicio, y en virtud de que, mediante oficio SEADS/362/20188 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura, con sede en la Ciudad de México, informó que la Comisión de Adscripción del citado órgano, en sesión celebrada en esa misma fecha, determinó la readscripción del Juez Jorge Isaac Lagunes Leano, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. En consecuencia, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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