Ma. de Lourdes Velazquez Villanueva
Expediente 227/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. de Lourdes Velazquez Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite con el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 28/2021. Destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por ser innecesarias. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se declaró infundada la queja interpuesta contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; se precisa que este expediente es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, sin que obre en el citado expediente, algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de abril de dos mil veintiuno. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 28/2021. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa y cinco copias que se acompañan, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Ma. de Lourdes Velázquez Villanueva, contra actos del Fiscal General del Estado y otra autoridad, con copias y anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 227/2021-IV. Ahora bien, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama en la presente instancia como acto destacado: El proyecto de resolución del no ejercicio de la acción penal, dictada en la carpeta de investigación 22845/2017. En efecto, no obstante que la quejosa señale como autoridades responsables al Fiscal General del Estado y Fiscal adscrito a la Unidad de Trámite Común módulo 4, de esa Fiscalía, lo cierto es que del contenido de su demanda, se deriva que el acto por el cual acude a solicitar la protección constitucional, es el proyecto de resolución de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación citada, emitida por el Agente Fiscal Jefe de la Unidad de Trámite Común. Lo anterior ya que además de que acompaña copia de esa resolución, que menciona, se le notificó el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, al solicitar la suspensión indica que deberá concederse para el efecto de que el Fiscal General del Estado, se abstenga de autorizar en definitiva dicho proyecto. Luego entonces, resulta evidente que el acto materia del presente juicio es el antes precisado. Ahora bien, la suscrita advierte que respecto de ese acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como enseguida se explica. Conforme al invocado numeral, para la promoción del juicio de amparo se requiere que el quejoso acredite el interés jurídico con que asiste a la instancia constitucional, esto es, que el acto de autoridad produzca en su perjuicio una afectación real y actual, siendo indispensable, además, que en tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, que aduzca ser titular de un derecho subjetivo que resulte afectado de manera personal y directa. En ese orden de ideas, la determinación de que se trata per se constituye un mero proyecto cuya aprobación queda sujeta a la revisión que efectué el superior, de modo que no puede estimarse transgresora de algún derecho de la parte quejosa y, por ende, no lo dota de interés jurídico para reclamarla vía amparo. Lo que se confirma con el contenido de la propia resolución, ya que en la misma se ordena enviar la carpeta de investigación al Vicefiscal del Estado para efectos de autorización. De ahí que, la resolución relativa a la propuesta de no ejercicio de la acción penal no afecta intereses jurídicos, por lo que, es inconcuso que la peticionaria del amparo carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional lo que no podrá variar con las constancias que confirmen el dicho de la quejosa vía informe justificado, al tratarse de una cuestión de mero derecho la naturaleza jurídica de una propuesta de no ejercicio de la acción penal, como mera opinión sujeta a confirmación por el Fiscal General del Estado, quien incluso puede llegar a determinar asumir el conocimiento y resolver lo que estime conforme a derecho; lo cual constituirá la resolución que eventualmente cause agravio y, por consiguiente, es evidente que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; motivo por el cual, con apoyo además en el numeral 113 de dicho cuerpo de leyes, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la materia, a las personas que refiere, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese; hágase personalmente a la quejosa.
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